Poder Judicial y conflictos políticos. Volumen I. (Chile: 1925-1958)

Sublevación de la Escuadra

Al renunciar Ibáñez a la Presidencia de la República asumió Pedro Opaso Letelier, presidente del Senado, como vicepresidente provisional. Juan Esteban Montero se mantuvo como ministro del Interior. Opaso renunció al otro día, dejando a Montero como vicepresidente de la República. Montero llamó a elecciones presidenciales, renunciando a la vicepresidencia el 20 de agosto para presentarse como candidato presidencial, quedando el ministro del Interior Manuel Trucco como vicepresidente hasta el 15 de noviembre, cuando Montero, victorioso en las elecciones, asumió la Presidencia.

Durante la vicepresidencia de Manuel Trucco, en plena época electoral, entre el 31 agosto y el 7 de septiembre de 1931, se produjo en el país la dramática sublevación de la Escuadra114. Al principio apareció como una protesta motivada por la rebaja de salarios de tripulantes y oficiales decretada por el gobierno de Ibáñez y fue caracterizada como un motín115. A la rebaja de los salarios se habían sumado reducciones en el presupuesto militar y los servicios públicos, siendo, en cierta medida, «la última gota», que afectó no solo a las fuerzas militares y navales116.

Diversas voces en la prensa y en el Congreso señalaron que los partidarios de Carlos Ibáñez del Campo y el Partido Comunista eran los principales responsables de haber incitado el movimiento. Se sindicó que los cabos despenseros del acorazado Latorre, Manuel Astica y Augusto Zagal, eran agitadores profesionales e instigadores del motín y que habrían estado vinculados al Partido Comunista. El senador Manuel Hidalgo, quien pertenecía a una facción disidente del Partido Comunista, rechazó formalmente que su partido tuviera responsabilidad en el movimiento: «...los comunistas no hemos tenido participación alguna en estos sucesos y que el día que tengamos responsabilidades las asumiremos sin ambages [...]»117.

Volodia Teitelboim (P. Comunista), citado por Jorge Arrate, recordaría que Bernardo Leighton, en su calidad de dirigente estudiantil, con un grupo de estudiantes de la Universidad Católica, intentó convencer a los amotinados que desistieran de su «loca aventura»118. El presidente de la federación de estudiantes de la Universidad de Chile, Julio Barrenechea, convocado a esta misión, se negó, señalando que «era anarquista y que si iba a Coquimbo sería para plegarse a las tripulaciones, arengándolas para que no cedieran en su rebeldía». Teitelboim afirmaría que «una delegación de trabajadores de la Federación Obrera de Chile (FOCH) entregó a los insurrectos su adhesión»119. Ella implicaba el apoyo del Partido Comunista, que hasta entonces no había tenido participación en el movimiento120. Una declaración en el mismo sentido la haría Elías Lafferte (P. Comunista): «No tengo por qué atribuirme cosas que no he hecho ni tampoco cargarlas al haber del Partido. Nosotros consideramos que aquel movimiento fue un intento revolucionario honesto y heroico de la marinería en la lucha por el pan [...] ayudamos [...] a la sublevación y a sus protagonistas, una vez vencida ésta. Pero en su gestación, el Partido fue ajeno»121. Patricio Manns investigó la sublevación de la Escuadra cuarenta años después, basándose en la documentación del almirante Edgardo von Schroeders, negociador oficial de la Marina con los sublevados. Entrevistó también a algunos de los participantes. Entre ellos, al excabo Manuel Astica, uno de los protagonistas, quien le confirmaría que las «deliberaciones eran exclusivamente reivindicativas» en sus inicios, pero que empezaron después a tomar un carácter político122.

El Gobierno consideró que varios actores políticos eran sospechosos de haber participado o instigado el motín. La cercanía de Carlos Frödden con algunos de los amotinados llevó al Gobierno a ordenar su detención, aunque fue liberado a los pocos días por el general Carlos Vergara Montero, ministro de Guerra123. Los temores en relación con la influencia de Arturo Alessandri en la gestación del movimiento, así como las constantes acusaciones al Partido Comunista mostraban el amplio abanico de posibles responsables. La afirmación de un antiguo agente del Komintern, J. H. Krebs, acerca de que habría llevado fondos para la sublevación, y un editorial de Pravda en esa época, que hablaba de los «activistas revolucionarios en la Armada, encabezados por el Partido Comunista», eran muestras de que el movimiento podría responder a influencias internacionales del Komintern. Los diversos indicios de un conjunto de influencias diversas y contradictorias permitieron que se construyeran diversos relatos sobre el motín124.

La imposibilidad de conocer el contenido de los procesos judiciales realizados por la Justicia Militar con posterioridad al alzamiento mantuvo, por décadas, las interpretaciones iniciales. Sin embargo, ni por los trascendidos publicados en la época sobre el juicio seguido contra los amotinados ni en las investigaciones históricas posteriores ha sido posible demostrar que la gestación y operación del motín se debió a la acción del Partido Comunista o de otros grupos políticos específicos. Los grupos mencionados u otros pudieron tener cierta influencia sobre el desarrollo del movimiento o pudieron intentar capitalizarlo para sus haberes políticos, como parece desprenderse de las proclamas y panfletos revolucionarios difundidos en distintas partes del país durante el alzamiento125. Pero, ante el fracaso de la sublevación, no parecía haber interesados en reconocer la paternidad del movimiento. No obstante, con el paso del tiempo se fue constituyendo el mito de que la sublevación de la Escuadra fue un verdadero intento revolucionario, cuyo fracaso se debió a que las condiciones no estaban maduras para tal proceso. Elías Lafferte se refirió específicamente a ese punto y atribuyó el resultado a varios factores:

Desde luego, faltó una dirección segura, una espina dorsal ideológica a ese movimiento, que fue esencialmente emocional, una improvisación que respondía a un clamor que hacía presa en el ánimo de los marineros y suboficiales. Pero ellos no sabían a dónde ir ni qué hacer. ¿Qué habrían hecho, de triunfar su movimiento? Se levantaron, en realidad, en respuesta a una indignación desesperada, a un justo temor de perder su pan, pero carecían de organización y dirección políticas. Sus jefes mismos, comenzando por Ernesto González, no eran capaces para dirigir y encauzar el heroico impulso de sus hombres126.

La Sublevación: 31 de agosto- 7 de septiembre de 1931

El movimiento empezó en el acorazado Latorre que se encontraba en la bahía de Coquimbo127. Los oficiales fueron encerrados en sus camarotes. Un radiograma informó al Gobierno de los planteamientos de los amotinados en el acta siguiente:

En la noche del 31 de agosto al 1 de septiembre de 1931, las tripulaciones de la Armada, que hasta aquí han sido esencialmente obedientes, y que no han deliberado jamás ante los flujos y reflujos de los apasionamientos políticos, sino que por el contrario han sido juguete de los mismos, empleándoseles para levantar y derrocar gobiernos, han visto que todas esas maniobras no han hecho otra cosa sino que hundir cada día más al país, en la desorganización, en el descrédito e insolvencia.

Hoy, inspiradas las Tripulaciones de la Armada, en los más nobles propósitos de bien nacional, impulsados por un fervor incontenible, sin desconocer sus deberes indiscutibles de trabajo en tiempo de paz, y defensa de la patria en caso de guerra exterior, hace uso de su sagrado derecho de pensar y deliberar y manifiesta a la faz del país los siguientes acuerdos, previa la siguiente declaración:

Las Tripulaciones se levantan, no antes sus Jefes a los que respetan, no ante la disciplina que la mantendrán férreamente, no ante el país que debe confiar en ella, sino ante la incapacidad de la hora y ante el apasionamiento político y fratricida próximo a desbordarse.

Considerando:

1º Que un deber de patriotismo obliga a las Tripulaciones de la Armada a no aceptar dilapidaciones ni depreciaciones en la Hacienda del país, por la incapacidad imperante del gobierno actual y la falta de honradez de los anteriores.

2º Que aceptarles inconcebibles rebajas de sueldos sería acatar la política de bandidaje gubernativo, seguida hasta la fecha.

3º Que los actuales gobernantes para solucionar la situación económica solo han recurrido a la misma política de sus antecesores, con una falta absoluta de iniciativa y comprensión.

Por lo tanto, acuerda:

1º No aceptar por ninguna causa que los elementos modestos que resguardan la Administración y la paz del país sufran cercenamiento y el sacrificio de su escaso bienestar para equilibrar situaciones creadas por malos gobernantes y cubrir déficits producidos por los constantes errores y falta de probidad de las clases gobernantes.

2º Los Poderes competentes pedirán la extradición de los políticos ausentes y para deslindar responsabilidades, se les juzgue y sancione conforme a derecho.

3º Que el Gobierno, en su deber de velar por los derechos sagrados de todos los ciudadanos, civiles, militares o navales, por un principio de prestigio de la Libertad que defiende, debe evitar que se forme un ambiente hostil a las fuerzas armadas.

4º Que las Tripulaciones de la Armada, en su propósito firme de que se consideren sus aspiraciones y derechos exige que las Escuadras se mantengan al ancla en esta bahía, mientras no se solucionen satisfactoriamente los problemas que presentaremos a la consideración del Gobierno.

5º Que jamás, mientras haya a bordo un solo individuo de tripulación, los cañones de un barco de guerra chileno serán dirigidos contra sus hermanos del pueblo.

6º A objeto de prolongar situaciones molestas para el país, las Tripulaciones de la Armada dan un plazo de 48 horas para que se conteste satisfactoriamente a las aspiraciones que se contemplan en esta nota.

7º Queremos dejar constancia que no hemos sido influenciados por ninguna idea de índole anárquica, y que no estamos dispuestos a tolerar tendencias que entreguen al país en un abismo de desorientación social. No hay el anhelo de defendernos, exclusivamente, sino y en forma especial, de ayudar también a nuestros conciudadanos que actualmente sufren la privación de trabajo y ser la culpa de la incapacidad gubernativa128.

Conocido este planteamiento, las autoridades de la Armada analizaron las consecuencias que tendría reprimir el movimiento o negociar con ellos. Inicialmente optaron por negociar. El mismo dilema se le planteó al Gobierno el que, finalmente, fue de la opinión de enviar un mediador a Coquimbo, designándose al almirante Edgardo von Schroeders. A menos de dos días, los planteamientos de los sublevados variaron, incluyendo temas nacionales de orden económico y político.

En el intertanto, el movimiento se había propagado a los buques que estaban en Talcahuano, Valparaíso, Quintero y Coquimbo129. En Valparaíso la Escuela de Comunicaciones, la radio estación naval de Playa Ancha, la base aeronaval de Quintero y los regimientos Arica (La Serena) y Maipo (Valparaíso) del Ejército de Chile fueron tomados por suboficiales y tropas. En Talcahuano estaba la Escuadra del Sur. Se sumaron al movimiento la Base Naval, el personal del Apostadero Naval, las Escuelas Politécnicas Navales, la artillería costera, la radio estación naval, la Escuela de Grumetes de la Isla Quiriquina y los obreros de los astilleros fiscales130.

El 4 de septiembre de 1931 se produjo en Quintero el alzamiento del Grupo 2 de la Fuerza Aérea, adhiriendo al movimiento de las tripulaciones. Los sargentos Manuel Poblete y Reinaldo Meneses ocuparon la base y detuvieron a los oficiales. Poco después ocuparon Quintero, controlaron las comunicaciones y cerraron los bares. Hicieron una proclama y un conjunto de demandas transmitida por radio, expresando su apoyo al movimiento de la marinería. Los sublevados les prometieron enviar el destructor Aldea para proteger su posición131.

La FOCH, dirigida por Elías Lafferte, decidió en esos días efectuar una huelga general en apoyo del movimiento. El 4 de septiembre las ciudades de Santiago y Valparaíso amanecieron sin transporte colectivo. No hubo servicio de extracción de basura en varias ciudades. Los huelguistas exigían solidaridad con los tripulantes amotinados y hacían una demanda explícita para que se derogaran las medidas de reducciones salariales132. Se inició también una huelga ferroviaria y los trabajadores del carbón de Lota y Coronel se unieron a los amotinados de Talcahuano.

En Coquimbo, una delegación de los comités locales de la FOCH concurrió hasta los buques en la bahía, para solidarizar con el movimiento de las tripulaciones. En Talcahuano, varios piquetes de obreros se sumaron a los marineros que tenían en sus manos el apostadero, el puerto y los arsenales, además de los destructores Riveros y Prat, sumando aproximadamente 500 hombres armados. En Valparaíso, varios obreros del Partido Democrático hicieron lo propio, vinculándose incluso con suboficiales del regimiento Maipo, el cual se insubordinó a favor del alzamiento de la Armada133. Entre tanto, el Gobierno había solicitado al Congreso la declaración de estado de sitio en todo el territorio de la República por 30 días. Promulgada la ley de estado de sitio, se restringieron las libertades individuales, el derecho de reunión y la libertad de prensa. Bajo esas condiciones algunas ciudades fueron ocupadas por las Fuerzas Armadas para garantizar el orden público.

Ante la inminente huelga en Ferrocarriles del Estado, el 3 de septiembre, el Gobierno había dictado el decreto 1.361 que autorizaba a los Comandos de División para tomar el control de Ferrocarriles, disponiendo que la superioridad de ese servicio quedara a las órdenes del jefe de plaza respectivo. Disponía además que el personal de la empresa puesto a disposición de los Comandos de División o Comandantes de Plaza, quedaría sometido a la jurisdicción militar en cuanto a la secuela o juzgamiento, y al Código Penal en cuanto a la sanción que correspondiera134.

Después del segundo manifiesto de las tripulaciones, la negociación se endureció. El almirante Edgardo von Schroeders debió subir al acorazado Latorre, ya que los sublevados se negaron a que la reunión tuviera lugar en tierra. Von Schroeders no les garantizó a los amotinados que serían amnistiados, pero les aseguró que la Armada no los sancionaría hasta que no se investigara exhaustivamente lo sucedido. El 5 de septiembre el Gobierno informó a la opinión pública que las negociaciones habían fracasado y que se veía en la necesidad de adoptar otras medidas para someter a los amotinados: «El Gobierno sobre el cual pesa el deber supremo de salvar las instituciones y la cultura del país, solicita la cooperación patriótica de todos los chilenos. La hora es solemne. Debemos afrontarla con serenidad, resolución y confianza»135. Después de ello, el Gobierno envió un ultimátum conminando a la rendición incondicional de los sublevados:

Diga U.S. tripulaciones escuadra que agotados ayer los medios conciliatorios y comenzadas las operaciones de fuerza, se exige ahora rendición incondicional, desembarcando inmediatamente las tripulaciones desarmadas y sometiéndose a las órdenes del comandante de la plaza. Si así lo hicieron Gobierno atenuará rigor de las sanciones; de otro modo aplicará ley marcial en toda su fuerza. Conceda U. S. dos horas de plazo para contestar y comuniquemos hora en que se vencerá dicho plazo. Vicepresidente y Ministros136.

Al hacerse público el fracaso de las negociaciones, las tripulaciones radicalizaron sus planteamientos y calificaron la respuesta del Gobierno como «[...] intransigencia antipatriótica, [...] y al considerar que el único remedio para la situación es el cambio de régimen social hemos decidido unirnos a las aspiraciones del pueblo y zarpar junto con nosotros una comisión de obreros que representen el sentir del proletariado de la Federación Obrera de Chile y del Partido Comunista. La lucha a que nos ha inducido el Gobierno se transforma en estos momentos en una revolución social»137.

El ministro de Guerra, general Carlos Vergara Montero, movilizó tropas a los puntos críticos: Valparaíso, la base de Quintero y la base de Talcahuano. Bajo el mando del general Guillermo Novoa, Talcahuano fue atacado el 5 de septiembre por dos regimientos del Ejército y una compañía de oficiales navales y fue capturada después de una lucha corta. En algunos escritos se le menciona como «Combate de la Puerta de Los Leones». Diversos autores, incluidos algunos de los protagonistas de los acontecimientos, han detallado los combates relatando las circunstancias en las que se produjo la derrota138. Finalmente, el 7 de septiembre, los sublevados depusieron el movimiento y hubo más de mil detenidos. Los comandantes y oficiales de los barcos fueron reinstalados en sus puestos. Astica y otros dirigentes del movimiento fueron desembarcados en Tongoy, lugar donde se rindió el Latorre. El 9 de septiembre los buques terminaron de regresar a Valparaíso con sus respectivas oficialidades al mando.

La sublevación provocó (o más bien, exacerbó) divisiones internas de la Armada y también del Ejército, dejando como saldo, según varias fuentes, desde centenas hasta menos de dos decenas (el número nunca fue revelado) de muertos, heridos, además de los daños de barcos e instalaciones militares, como ocurrió en el combate en Talcahuano, donde el general Guillermo Novoa comandó la fuerza militar que atacó a la base naval139.

Desde 1891, existían amenazas de una nueva guerra civil con enfrentamientos entre las fuerzas de mar y tierra, e incluso, entre facciones internas de ambos. Desde 1924 esta posibilidad se había intensificado con los movimientos militares asociados con las Juntas militares de 1924-25 y luego la caída de la dictadura de Ibáñez140. La sublevación de la Escuadra pudo haber hecho realidad esta pesadilla; de hecho, los sublevados amenazaron el 6 de septiembre con destruir con los cañones de los barcos las ciudades de La Serena y Coquimbo si el Gobierno no aceptaba sus demandas. La reacción de la oficialidad institucional fue casi unánime: había que castigar a los rebeldes.

El proceso judicial

Los tripulantes y suboficiales fueron sometidos a consejos de guerra en Talcahuano, Valparaíso, San Felipe y La Serena, de acuerdo al Código de Justicia Militar adoptado en 1926 por el Ejército y 1927 por la Armada. La Corte Marcial de La Serena enjuició a la tripulación del O’Higgins. La Corte Marcial establecida en San Felipe procesó a la tripulación del Latorre y la Corte Marcial de Valparaíso enjuició al resto de los detenidos provenientes de los barcos, submarinos y destructores y de las instalaciones en tierra que participaron en el motín141. Los líderes y participantes de la sublevación fueron condenados a diferentes penas, incluyendo sentencias de muerte; otros fueron absueltos142. Estando el país bajo estado de sitio, declarado el 5 de septiembre y de acuerdo al Código de Justicia Militar, se trataba de delitos «en tiempo de guerra». Los sublevados fueron acusados por los siguientes delitos:

1 Levantarse en armas contra los oficiales y después contra el país.

2 Apresar a los jefes y oficiales, incomunicándolos en sus camarotes.

3 Tomar el mando de los buques, designando individuos de la tripulación como comandantes, llegando hasta constituir un Estado Mayor.

4 Proclamar radio telegráficamente ante el país la revolución social.

5 Provocar al Gobierno por medio de un radio firmado «Jefe del Estado Mayor».

6 Disparar con todo el armamento disponible contra las fuerzas del Gobierno.

7 Ordenar a los destructores Blanco y O’Higgins el bombardeo de La Serena, bombardeo que no se realizó por oposición de la tripulación de este último buque, y

8 Ejercer la piratería apresando al vapor Flora143.

Ante la Corte Marcial de San Felipe la acusación solicitó condenas a muerte para los dirigentes del movimiento y 20 años de reclusión para otros involucrados. Los hechos estaban probados. La Corte Marcial deliberó por tres días y pidió la pena de muerte para seis de los procesados; presidio perpetuo para los despenseros Manuel Astica y Augusto Zagal, quienes, a pesar de su responsabilidad en los hechos recibieron una pena menor porque no formaban parte de la planta de la Escuadra. Se solicitaron quince años de prisión para Manuel Bastías, cabo; Moisés Pino, sargento; René Jara y Juan B. Méndez, cabos; y diez años de prisión para los cabos Heliodoro Labra y José González. Guillermo Steembecker fue absuelto a pesar de que se le atribuyeron funciones de dirigente en la sublevación144.

En el proceso de la tripulación del Latorre, los abogados defensores argumentaron al inicio, que los tribunales establecidos al efecto no tenían jurisdicción; también algunos de los procesados alegaron haber sido forzados a unirse al motín, pero ninguno de estos esfuerzos dio resultado y el juicio se desarrolló como se había previsto. La sentencia del consejo de guerra de San Felipe se dictó el 17 de septiembre. Al conocer la sentencia, el vicepresidente Trucco y los ministros deliberaron hasta altas horas de la madrugada y enviaron un oficial para comunicar que se postergaba la ejecución de dicha sentencia145.

El juicio en la Fuerza Aérea empezó después que el juicio en San Felipe había terminado. Los acusados tenían poco que alegar en su favor. La abogada Fanny Leibovich argumentó que sus defendidos se alzaron para apoyar a los sublevados de la Escuadra. No obstante, la Corte condenó a muerte a los cabecillas y a los otros a largas condenas de prisión y censuró la conducta del comandante Humberto Marín, que no evitó la insubordinación ni actuó eficazmente cuando el motín se había desencadenado146.

En el Ejército se enjuició a los hombres del regimiento Maipo. El consejo de guerra tuvo lugar en San Bernardo. Juan B. Rossetti, uno de los abogados defensores, argumentó que los acusados habían ejercido únicamente el derecho ciudadano a petición, al enviar el telegrama. No obstante, aunque no pudo probarse que habían participado en el motín, el consejo de guerra y el Comando de la Segunda División de Ejército condenó a separación y expulsión del servicio a 28 miembros del Ejército y al comandante del regimiento, Ernesto García Fernández, quien fue remplazado por Ariosto Herrera (quien conspiraría contra el Presidente Pedro Aguirre Cerda algunos años más tarde). El gobierno cambió el nombre del regimiento que pasó a llamarse regimiento de infantería Valparaíso147.

Como resultado de los juicios se dictaron 16 condenas a muerte, entre ellas la de Ernesto González Brion, suboficial escribiente; Lautaro Silva, despensero; Víctor Villalobos, cabo artillero; Luis Pérez, cabo primero, Victorino Zapata, sargento, así como para otros. A presidio perpetuo se condenó a los despenseros Manuel Astica y Augusto Zagal. A quince años de prisión a Manuel Bastías, cabo; a Moisés Pino, sargento; René Jara y Juan B. Méndez, cabos; y diez años de prisión para los cabos Heliodoro Labra y José González. Se dictaron diez condenas a presidio perpetuo, ciento veinte penas de presidio desde más de cien días hasta 15 años y se dispuso la exoneración de 865 tripulantes y obreros del Arsenal Naval de Talcahuano148. Muchos fueron sentenciados por las Cortes Marciales y otros fueron sancionados por comisiones administrativas. El número de sancionados era equivalente al 23 % del personal en servicio en 1931149.