Poder Judicial y conflictos políticos. Volumen I. (Chile: 1925-1958)

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El diario identificó como culpables a los comunistas. Otros diarios harían lo mismo. El Diario Ilustrado del 26 de diciembre titulaba en la portada: «Trescientos comunistas intentaron tomarse el regimiento Esmeralda en Copiapó». El 27 de diciembre El Mercurio de Valparaíso titularía «Comunistas disfrazados de soldados», al informar sobre los sucesos de Copiapó y Vallenar. El 28 de diciembre El Amigo del País tituló: «Los comu-nistas tiñeron con sangre de humanos la fiesta divina de la Paz»193.
Con el paso del tiempo, la prensa había hecho crecer el número de asaltantes de 100 a 300194. Más de un mes después, la prensa continuaba informando de lo ocurrido de la misma manera. La revista Zig-Zag de Santiago, de 2 de febrero de 1932, titulaba: «La encarnizada lucha entre comunistas y las fuerzas armadas durante el asalto al regimiento Esmeralda». En febrero de 1932 el semanario Bandera Roja, órgano oficial del Partido Comunista, publicó una versión heroica de lo ocurrido, afirmando que formaba parte de la lucha por la revolución y la toma del poder. Reivindicaba a las víctimas y afirmaba que los muertos pasaban de cien, reconociendo un protagonismo partidario que no hacía sino confirmar las versiones anteriores de la prensa195.
Los telegramas y oficios intercambiados entre las autoridades locales y entre las autoridades de la provincia de Atacama y el Ministerio del Interior comprobarían que las autoridades estaban en conocimiento de la existencia de un complot. Sabían que el capitán Guillermo Villouta, comisario de Copiapó, había participado en algunas de las reuniones previas, comunicándolas oportunamente. Por su parte, los conspiradores contaban con él y lo consideraban uno de los suyos. Las autoridades policiales hicieron numerosas detenciones y realizaron diversas pesquisas que informaron a la Dirección General de Carabineros y a través suyo al Ministerio del Interior. También fueron detenidos elementos militares y de Carabineros, entre ellos el capitán Villouta.
El intendente Igualt hizo presente su preocupación al Ministerio del Interior insinuando que la persecución a carabineros era injusta. Decía: «Cada vez menos explícome complicaciones que va sustentando proceso en el cual carabineros que estuvieron en sus puestos sufren moralmente y nada oficialidad del Esmeralda que no atendió medidas previsión. Ruego a US. quiera considerar esta situación creada»196.
El ministro del Interior, Marcial Mora, insistía en la necesidad de dilucidar los orígenes de lo sucedido, lo que parecía inquietar cada vez más a las autoridades locales. El ministro le dirigió un oficio al intendente de Atacama indicándole que le comunicara verbalmente al fiscal que investigara las comunicaciones anteriores a los sucesos y señalaba que bastaba que el fiscal impartiera la orden judicial correspondiente al Telégrafo del Estado para que realizara «una revisión de toda correspondencia telegráfica cambiada durante un mes anterior asalto Esmeralda. Telégrafo del Estado tiene instrucciones dar toda clase de facilidades». Agregaba que el Ministerio conocía algunos de esos telegramas y los consideraba «de interés para sumario»197. En esa fecha el ministro del Interior designó al teniente coronel de Carabineros señor Carlos Morán Bañados para hacerse cargo de la Prefectura de Carabineros de Atacama y envió como delegado del gobierno con instrucciones especiales a Julio Bustamante198.
Los sucesos de Vallenar
El 30 de diciembre mediante el oficio N.º 2552 «Acerca de los sucesos de Vallenar en tarde y noche del 25 de diciembre», el gobernador de Huasco, Aníbal Las Casas, informó al Ministerio del Interior sobre lo que había ocurrido, dejando constancia de que «50 cívicos armados prestaban su servicio de patrullaje en la ciudad y secundaban valientemente la acción de la tropa». En el oficio reconocía 21 muertos comunistas.
Fuera de la ley los criminales se usó con ellos todo el rigor, todo medio para acabar con ese semillero de comunistas y se persiguió a los que andaban dispersos, a los que en actitud provocativa cerca de la línea férrea, sabe Dios, que anárquicos proyectos tenían. Posiblemente ahora se criticará que hubo excesivo rigor, demasiado celo, posiblemente un poco de exageración [...] no pesa sobre mi conciencia, como no pesa sobre la de los valientes Jefes, Oficiales, clases y tropa de Carabineros, ni una sombra de cargo y los muertos que hubo, no turban nuestro sueño ni tenemos remordimiento alguno199.
Este documento como otras comunicaciones entre las autoridades fue agregada al expediente. El gobernador Las Casas protestó por la publicidad de esta información, afirmando que ese intercambio era confidencial200.
Por su parte, la Prefectura de Atacama, por oficio N.º 168, Confidencial, de 31 diciembre, resumió los hechos sucedidos el 25 de diciembre y envió una versión oficial a la Dirección General de Carabineros. Dicha Dirección la reenvió al Ministerio del Interior casi diez días después de ocurridos los hechos201. En el documento se establecía que el capitán comisario de la 3ª Comisaría de Vallenar, don Francisco Bull Sanhueza, había tenido conocimiento que los asaltantes del cuartel del II Batallón Esmeralda de Copiapó se trasladaban en un camión hacia Vallenar. Para evitar nuevos hechos sangrientos, dispuso que el brigadier don Rafael Huerta Vargas, al mando de cinco hombres, interceptara al grupo. Estos observaron que en un faldeo del cerro Los Apestados se ocultaba un grupo de siete personas y al acercarse fueron atacados con cinco bombas de mano, «las que afortunadamente, al estallar, no hirieron a ningún carabinero. El brigadier Huerta ordenó hacer fuego sobre el grupo y los siete individuos quedaron sin vida en el terreno en que se combatía»202.
A las 14 horas, en una casa de la calle Serrano esquina Maule, se encontraban reunidos los comunistas. El capitán Bull ordenó rodear la casa con diez hombres y se afirmó que fueron recibidos «con una nutrida descarga», hiriendo a varios carabineros y resultando muertos posteriormente dos de ellos. En ese enfrentamiento, de acuerdo a la información oficial, murieron nueve comunistas de Vallenar y cuatro desconocidos; que se habían encontrado en el lugar: 7 bombas, 15 cartuchos de dinamita, 3 revólveres; un sable, un fusil Comblaint Preveté, una escopeta, un cuchillo, 66 balas de distintos modelos y un laque. Se detuvieron cinco hombres y dos mujeres. El sastre Zenón Kravictz Kravictz, vecino del lugar, fue detenido acusado de estar vinculado a los hechos. El documento establecía también que el presidente del Partido Comunista de Vallenar, Aníbal Cuadra, fue muerto por dos agentes policiales a la bajada del tren203. En un telegrama del gobernador de Huasco, Aníbal Las Casas, al Ministerio del Interior enviado a las 23 horas del día 25 de diciembre informaba que:
Carabineros lograron entrar casa en que encontrábanse comunistas donde había cuatro muertos y dos heridos punto a dinamita se han botado tapias y murallas para poder seguir penetrando huertos en donde hay muchos refugiados punto se sigue procediendo sin contemplaciones de ninguna especie y conforme lo ordenado cueste lo que cueste será ahogado el movimiento punto toda la manzana sigue rodeada por tropa que abnegada y valerosamente avanza punto acabo hablar con jefe de la fuerza capitán Bull quien manifiéstame que en el curso de esta noche espera tener todo terminado punto en el local ocupado por comunista encontróse bombas y armas de fuego espero mañana primera hora poder dar US noticias más satisfactorias partiendo de la base de que se mantiene inalterable el ánimo de la tropa de la guardia y de las autoridades204.
En un criptograma dirigido al Ministerio del Interior el día 26, el gobernador Las Casas describió la situación de manera concisa: «Situación completamente dominada. Reina tranquilidad. Vuelta calma a población. Vengo de visitar morgue en donde hay 20 cadáveres comunistas. Último muerto fue un cabecilla venía de Copiapó por línea férrea vestido traje militar»205.
El Mercurio de Valparaíso en su edición del 30 de diciembre de 1931 anunciaba como primicia el «Plan general de los comunistas de Vallenar». Con el documento se pretendía comprobar que lo ocurrido formaba parte de un plan vinculado con Moscú206. La revista Sucesos se refirió a los hechos de Vallenar como «Un episodio heroico para la historia de Chile» en su edición del 7 de enero de 1932. Identificaba a los comunistas como enemigos de la patria:
Fue en ese instante cuando los viejos vecinos de Vallenar vieron con lágrimas en los ojos, rememorar en un cuadro vivo las gloriosas tradiciones del pasado. Un pelotón de muchachos, nietos y bisnietos de veteranos del Atacama con pañuelos en la cabeza y sin armas de fuego, tal como peleaban los atacameños del 79 al grito de Viva la Patria habían saltado sobre las murallas caídas y corvo en mano se dejaban caer sobre la fortaleza que ya empezaba a humear por todas partes. El cuartel comunista iba cayendo en poder de la Guardia Cívica, palmo a palmo, metro a metro, hasta que después de 30 minutos, por el lado de la calle se oyeron unos aplausos. Era la bandera chilena que flameaba sobre la más alta muralla del cuartel comunista207.
La prensa, de manera casi unánime, atribuyó los sangrientos sucesos a los comunistas y justificó las ejecuciones de estos ocurridas en Vallenar, construyendo una visión épica de la actuación policial.
José Vega Díaz escribiría años después sobre estos acontecimientos, señalando que como el asalto del regimiento en Copiapó fue atribuido a los comunistas, «fueron asaltados los hogares comunistas la misma noche de Pascua»208. Indica que algunos fueron fusilados, otros cayeron defendiendo sus hogares y otros fueron fusilados a las orillas de los caminos. Agrega que algunos peones habían sido fusilados por haber presenciado algunos asesinatos y que, «Aníbal Cuadra, dirigente comunista, hijo de Vallenar, ex regidor de la Municipalidad de ese pueblo fue asesinado por el policía Luis Sepúlveda. Llegaba a la estación ferroviaria, cuando el policía, sin decir una palabra le dio un tiro de pistola en la cabeza»209.
José Vega señaló que el presidente Juan Esteban Montero dio fe a los informes de las autoridades de Copiapó y Vallenar. Y agregaba: «La ‘Pascua Negra’ de Copiapó fue realizada por radicales. Radicales eran: el intendente Víctor Igualt; el gobernador Aníbal Las Casas; el fiscal de Carabineros Osvaldo Fuenzalida Correa y el ministro del Interior Marcial Mora Miranda»210. Vega proporcionó un listado de veintiún comunistas asesinados en Vallenar y siete en Copiapó, entre dirigentes y militantes.
Reacciones políticas en la prensa y el Congreso
El suplemento del periódico de Copiapó El Amigo del País del 2 de enero de 1932, quedó registrado en las actas del Senado211. La publicación fue leída, comentada y criticada por el senador por Atacama y Coquimbo, Aquiles Concha Stuardo, (P. Demócrata), quien fue uno de los senadores más activos en denunciar los acontecimientos y la responsabilidad de las autoridades. En la Cámara de Diputados, en la sesión del 28 de diciembre de 1931, el diputado Ramón Sepúlveda Leal, en ese entonces del Partido Comunista, intervino diciendo:
[...] Ateniéndonos a las informaciones oficiales del Gobierno y a las publicaciones de la prensa del país, según el decir de estos informes que yo considero parciales, grupos de obreros asaltaron un regimiento en Copiapó. Se llevaron armas y huyeron según la expresión oficial. Al otro día las tropas del Gobierno, ateniéndome a la información oficial, en medio de un feroz combate, según ellas, en medio del más terrible de los combates, en medio del más sanguinario de los combates, reprimían a los elementos subversivos en Vallenar, haciendo bajas entre los elementos obreros que se estiman en veintitantos hombres. La tropa no tuvo más que una baja. No hay duda que el combate fue grande, pero la farsa ha sido más212.
En otra sesión, algunos días después, el diputado volvió a aludir a los sucesos, señalando que se había equivocado al referirse a los sucesos de Vallenar, ya que no había evidencias de algún «intento contra el orden constituido en esa ciudad (....) como represalia a hechos ocurridos en Copiapó, la Guardia Cívica, apoyada por los carabineros, ha asesinado a mansalva a 25 ciudadanos [...]. Asesinatos cubiertos de impunidad por el oficialismo imperante»213.
El senador Aquiles Concha hizo referencia a la publicación de una lista de 22 personas en El Mercurio, quienes fueron detenidas por los sucesos de Copiapó, acusados de ser comunistas e instigadores del movimiento. Identificó a los detenidos, uno por uno, indicando que los conocía personalmente, afirmando que la mayoría de ellos pertenecían al P. Democrático y que ninguno era comunista como afirmaba el diario214. Afirmó: «Si se reflexiona tranquilamente, se llega a la conclusión de que la prensa informa erróneamente sobre los hechos que ocurren. Se ve claramente que las cosas no han sucedido como dicen los diarios»215.
El senador Manuel Hidalgo, en esa época todavía miembro del P. Comunista, propuso que se designara a una comisión investigadora para esclarecer lo ocurrido y analizar sus causas216. La proposición fue discutida largamente. El senador Alfredo Barros Errázuriz (P. Conservador) la objetó, argumentando que las atribuciones constitucionales del Senado no le permitían fiscalizar los actos del Gobierno en la mantención del orden público y que una comisión como la que se proponía intervendría en las esferas del Poder Judicial. Aprobar una comisión de esa naturaleza «importaría una manifestación de desconfianza para con el Gobierno, ya que invadiríamos facultades que le son privativas, cuando todo aconseja que nos unamos a su alrededor»217.
El senador Hidalgo subrayó que su interés era esclarecer lo sucedido y evitar las acusaciones infundadas sobre personas «por el hecho de profesar estas o aquellas ideas [...]. No podemos entregar a los obreros a persecuciones semejantes a las del Santo Oficio, porque no participan de determinado modo de pensar»218. Después de fuertes intercambios se votó negativamente la indicación de crear una comisión para investigar e informar sobre los sucesos de Copiapó y Vallenar, por 23 votos contra 6219.
La discusión se mantuvo muy polarizada en esa sesión y en las siguientes. La exageración de la prensa había generado desinformación y desconfianzas recíprocas. El senador Concha denunció que había recibido telegramas y cartas «del norte, en los que me comunican que han tomado presos a diversos ciudadanos, sin orden de autoridad competente y sin forma alguna de proceso»220. Días después, en otra sesión, el senador Concha pidió la visita de una comisión de gobierno que investigara con honradez la verdad de lo acaecido y averiguara el número exacto de «ciudadanos fusilados y muertos a palos y bayonetazos»221. El senador Ladislao Errázuriz (P. Conservador) le respondió que «gracias a la oportuna y atenta vigilancia de las autoridades, fracasó el movimiento, que son de aquellos que deben ser reprimidos con manos de hierro [...]. Esa obra de previsión hizo que murieran aquellos que trataban de matar. ¡Bien muertos están los que fraguaban asesinatos!»222. El senador Concha insistió que «no es posible que se haya asesinado en Vallenar a tanta gente sin saberse quienes lo hicieron, y no es propio echar tierra sobre este asunto»223.
La disputa sobre lo sucedido se mantuvo por varias sesiones. El senador Concha reiteró que le importaba «muy poco que fueran o no comunistas los asesinados» y protestó «que se privara de libertad a los ciudadanos y de que se les haya asesinado, habiendo justicia en Chile»224. Llegó a tal punto la intensidad de la polémica que el presidente del Senado, el senador Pedro Opaso (P. Liberal Unido) señaló: «Es conveniente eliminar de los debates del Senado la palabra asesinados y ruego a su señoría no volverla a emplear, porque me vería en la necesidad de llamar la atención del honorable Señor Senador»225.
En la sesión de 12 de enero de 1932 el senador Concha leyó una carta que le llegó de parte del Dr. Osvaldo Quijada, detenido en Copiapó226. En ella le decía que se encontraba detenido y que se le había negado la excarcelación bajo fianza, aduciendo un delito de cooperación con un atentado revolucionario, según el Código de Justicia Militar. Quijada le señalaba que había tenido un solo interrogatorio, pero que todos los otros detenidos habían sido interrogados acerca de él. Concha era muy crítico acerca del curso que habían tomado las acontecimientos y dudaba que el sumario en desarrollo permitiera conocer lo que efectivamente ocurrió, ya que «[...] se deja en sus puestos a las mismas autoridades que actuaron en las matanzas, que dieron las órdenes con ese objeto y que finalmente engañan al Gobierno. ¿Es propio que se deje en su puesto al gobernador de Vallenar? ¿Es propio que se deje ahí a las mismas autoridades de Carabineros»?227.
Al senador Concha le preocupaba que se justificara la muerte de personas en razón de sus ideas políticas:
El Honorable Senador don Ladislao Errázuriz me dijo que los comunistas de Vallenar habían pretendido establecer el soviet en Chile. Pues bien señor presidente, yo esto ni siquiera lo discuto porque desde el momento en que son comunistas, lo lógico es pensar que deseen establecer el soviet en Chile, ya sea empezando su obra en Vallenar o en cualquier otro punto de la República; esa es la tendencia de la doctrina comunista y nunca he tenido conocimiento de que estos sean perseguidos en el país por sustentar tales doctrinas. Han tenido libertad hasta para llevar un candidato del partido a la pasada elección presidencial; cuentan con dos representantes de su partido en el Senado de la República y jamás el gobierno los ha hecho callar o los ha perseguido por exponer aquí sus ideas y principios. De manera, pues, señor Presidente, que el hecho de que los comunistas tengan el propósito de establecer el soviet en Chile, no autoriza a los carabineros para matarlos228.
Los senadores se alineaban en su mayoría con la versión oficial entregada por las autoridades que, hasta fines de enero, mantenía la acusación contra los comunistas. El día 17 de febrero, el diario Crónica publicó el informe final del sumario del fiscal José María Santa Cruz Errázuriz acerca de la investigación que hiciera sobre los sucesos de Vallenar, en el que se daba cuenta de las circunstancias en las que algunos comunistas encontraron la muerte. El senador Juan Luis Carmona (P. Comunista) leyó el informe en la sesión y el texto quedó incluido en el acta. El senador Carmona subrayó que lo sucedido en Vallenar «[...] no ha sido sino una repetición de lo que pasó hace algún tiempo en San Gregorio, en Antofagasta, en Tocopilla, en La Coruña. Estas masacres de ahora, son como las anteriores»229.
En la sesión del 24 de febrero, el senador Concha informó que el día anterior, el general director de Carabineros Manuel Concha Pedregal, antes de que terminara el juicio, había separado de sus cargos a tres oficiales de Carabineros con relación a sus actuaciones en Vallenar, ya que de acuerdo al informe del fiscal Santa Cruz, los oficiales Huerta y Morales eran responsables de haber dirigido y llevado a término el asesinato de 17 detenidos. El diario Crónica había reproducido también la intervención del abogado Jorge Neut Latour en la audiencia de la Corte Marcial de la mañana del 16 de febrero que completaba la información acerca de la participación de esos oficiales.
El senador Concha agregó que con la medida tomada por el general director volvía «carabineros por su prestigio, en cuanto se relaciona con lo sucedido en aquella localidad»230. En la misma sesión el senador denunció las torturas a las que fue sometido un ciudadano lituano, mencionado como ruso en los textos del gobierno y la prensa, que residía en Chile más de 40 años, quien fue sindicado como secretario de los comunistas y que estaría siendo expulsado del país. Se refería a Zenón Kravitcz. La situación del ciudadano lituano fue materia de nuevas denuncias en el Senado. El 31 de marzo el senador Concha informó que Kravitcz había sido absuelto por la Corte Marcial en el proceso seguido en Vallenar por no tener relación con la situación allí ocurrida. Sin embargo, la expulsión del país había sido procurada por el gobernador Las Casas el 28 de enero, solicitando que se le aplicara la ley de residencia231. Zenón Kravitcz era sastre, vivía a media cuadra de la casa asaltada por las fuerzas policiales y era testigo sobreviviente de los sucesos de Vallenar. Señaló también que, al mismo tiempo que la Dirección General de Carabineros destituía a los tres oficiales, se había enviado un telegrama de felicitaciones por la actuación de esos oficiales desde Vallenar232.
El senador Concha criticó la actuación del ministro de Justicia, del ministro del Interior, la conducta del intendente y la actuación del oficial Guillermo Villouta en Copiapó, reponsabilizándolos por la tortura de los detenidos en Vallenar. Agregó que, «el señor Concha Pedregal me manifestaba en la mañana de hoy que la toma del cuartel Esmeralda pudo evitarse con toda tranquilidad; nada costaba hacerlo y sin embargo ni el capitán Villouta ni el Intendente lo hicieron»233. Finalmente mencionó que como desenlace de los sucesos de Copiapó y Vallenar, el gobernador Aníbal Las Casas había sido nombrado intendente de Bío Bío, señalando que sobre la base de la nueva información ahora publicada, el ministro del Interior «tomará las medidas conducentes en contra de este funcionario que no supo cautelar los intereses del país en Vallenar y menos lo sabrá hacer en un cargo más elevado»234.
El proceso judicial
Los sucesos de Copiapó y Vallenar dieron lugar a tres sumarios realizados por fiscales militares. El sumario en relación con los sucesos de Copiapó (sumario A) fue conducido por el fiscal mayor Víctor Labbé en relación con la culpabilidad de los acusados del asalto al batallón Esmeralda. El sumario sobre el comportamiento de los oficiales y tropa del Batallón Esmeralda (sumario B) fue realizado por el fiscal mayor Florencio Feliú Velasco235. En su investigación se intentaría esclarecer la «actuación del personal de oficiales y tropa [...] con motivo del asalto hecho al cuartel la noche del 25.XII.1931». Fue realizado en la ciudad de Copiapó entre el 29 de diciembre de 1931 y el 10 de enero de 1932236. El sumario C correspondía a los sucesos de Vallenar y fue realizado por el fiscal capitán José María Santa Cruz Errázuriz237.
En relación con los delitos investigados en el sumario A, se detuvieron varias personas238. Entre ellos estaba el Dr. Quijada, quien era sindicado como uno de los cabecillas por su vinculación con el practicante Meneses y sus ideas consideradas avanzadas. El fiscal decidió interrogarlo al final. Los detenidos estuvieron presos en el Batallón Esmeralda durante diez días «y la mayoría fue cargada con pesados grillos, que debían arrastrar penosamente cada vez que tenían necesidad de salir de sus calabozos, mientras un soldado con bayoneta calada les seguía los pasos»239.
Fue detenido también el capitán Villouta. Las condiciones de su detención fueron representadas por la Dirección General de Carabineros al Ministerio del Interior por considerar que dañaban el prestigio de la institución. Villouta había sido conducido incomunicado desde el cuartel Batallón Esmeralda al local en que funcionaba el consejo de guerra a pie, por las calles, con centinela, junto con otros reos a cargo de un oficial. «[...] Como ese Ministerio tiene conocimiento, esta Dirección General no defiende al Capitán señor Villouta, ya que los antecedentes acumulados hasta ahora parecen comprobar su culpabilidad, pero no puede dejar de representar a ese Ministerio la vejación que significa ese hecho para el uniforme de Carabineros»240.
El fiscal Labbé sintetizó los antecedentes reunidos para la acusación y estableció que «se trataba de realizar un movimiento destinado a derrocar al gobierno actual, para sustituirlo por otro, de acuerdo con las diversas tendencias que cada uno de los declarantes representaba o servía. El único punto de unión de estas tendencias, consistía en la idea del remplazo del actual gobierno»241.