Tensiones y transiciones en las relaciones internacionales

De esta forma, a continuación se desarrollan brevemente cinco aprendizajes que han sido destacados en la literatura especializada, pistas que parece ofrece el caso chino y que pueden ser relevantes para otras economías en desarrollo. Estos cinco aspectos dejan de lado, en la medida de lo posible, las cuestiones referentes a las características peculiares de China señaladas antes y que difícilmente pueden encontrarse en otros países.

Un primer punto tiene que ver con que los dirigentes chinos cuentan con la humildad y apertura para aprender de otros. Por ejemplo, Li, Broadsgaard y Jacobsen reconocen que los líderes chinos son conscientes de la importancia de localizar, pero también de apropiarse “de las mejores prácticas” a nivel mundial, siempre en función de las circunstancias propias (2009, p.301); elemento que puede encontrarse en el llamado por Deng Xiaoping, “pensamiento de Mao”. El desarrollo no es concebido entonces como un proceso que se construye a partir de la aplicación de recetas de carácter universal sino como el proceso de construir instituciones y llevar a cabo prácticas ventajosas para una circunstancia y un contexto específicos.

Un segundo aprendizaje obedece al papel que juega el estado en la economía. Chen y Goodman destacan que la labor del gobierno central chino “va más allá del control macroeconómico ejercido por estados–nación que actúan como reguladores” tal como supone el modelo neoliberal. En China, continúan los autores, el estado establece las condiciones necesarias para “garantizar y dirigir la competencia”, lo que tienen un impacto positivo en la productividad (Chen & Goodman, 2011, p.39). De manera similar, Li, Broadsgaard y Jacobsen coinciden en que parte del éxito económico radica en el hecho de que el estado chino no es un simple regulador sino un planificador de la actividad económica, fundamental para “fomentar la competencia entre empresas y entre industrias”, permitiendo una actualización y mejora constante de los bienes y servicios de ese país (2009, pp. 305–306). Dilip K. Das (2015) también enfatiza la importancia de la dirección estatal en la planeación, estableciendo políticas industriales claras que mejoran la interacción entre distintos actores. Así, instituciones y prácticas que fomenten la competencia, en conjunto con una planeación con metas coherentes y políticas industriales que contribuyan a ellas, han resultado esenciales para China.

El pragmatismo, como se puede inferir de lo antes dicho, es un elemento clave del éxito económico. Al respecto, Juan González García (2012) y Das (2015) sostienen que el proceso de desarrollo de China tras la reforma y apertura ha sido sumamente flexible, alejado de dogmas ideológicos y basado en el empirismo. Los dirigentes son conscientes pues de que las circunstancias y condiciones son cambiantes. No obstante, en este tercer punto lo que se quiere destacar es que la práctica del pragmatismo requiere el ejercicio de la autodeterminación; sin ella, se ve mermada la libertad de los países para elegir sus propias instituciones y prácticas de desarrollo (Li, Broadsgaard & Jacobsen, 2009).

El cuarto punto se relaciona con la construcción de un ambiente político estable. Gary H. Jefferson (2008), por ejemplo, reconoce que la estabilidad política ha sido una de las condiciones que ha facilitado la trasformación económica del gigante asiático. Igualmente, Li, Broadsgaard y Jacobsen señalan que uno de los aciertos de los dirigentes comunistas ha sido notar que “un ambiente político a nivel doméstico e internacional es una precondición para el desarrollo económico” (2009, p.304). En este sentido, a nivel interno la práctica del gradualismo en la aplicación de políticas ha resultado fundamental para evitar la agitación social que pueda minar la estabilidad (Zweig, 2010). Mientras que la idea de una China pacífica que quiere construir “relaciones internacionales harmoniosas”, así como su acercamiento a los foros internacionales, busca hacer lo propio en el nivel internacional (Mao, 2007, p.210). Ahora bien, este es uno de los retos más importante que enfrentan los dirigentes chinos. A nivel doméstico, cada vez son más las protestas y movilizaciones sociales en China. Por ejemplo, Elizabeth C. Economy señala que existen “alrededor de 90 mil protestas anuales en China” (2011, p.1; véase también Hung, 2016, p.177). Asimismo, son cada vez más evidentes las tensiones de China no solo con sus vecinos en la región (Reuters, 2017) sino también con Estados Unidos (Danzhi, 2017).

El quinto punto de aprendizaje gira en torno a la prudencia financiera. Kennedy (2010) cuestiona, como se dijo antes, que la liberalización financiera ha sido uno de los puntos en que menos ha avanzado China tras la reforma y apertura. Sin embargo, para otros autores ello ha sido uno de los principales aciertos de los dirigentes comunistas, quienes han sido capaces de reconocer, a partir de la experiencia de otros países, “el riesgo que conlleva una rápida liberalización financiera” (Li, Broadsgaard & Jacobsen, 2009, p.307). Esto ha permitido al país salir adelante, sin graves secuelas, de las crisis financieras de 1997 en Asia y la crisis global en 2009 (Bloomberg, 2016; Hsu, 2016).

Revisiones posteriores de estos cinco aspectos pueden permitir la identificación de instituciones y prácticas específicas en cada uno, que han sido detonantes del crecimiento económico de la RPC. De esta manera, el estudio del “camino chino”, pese a no tratarse de un modelo coherente, sí puede ofrecer una alternativa distinta al modelo neoliberal. Pero, ¿eso equivale a decir que este ofrece una alternativa de desarrollo loable?

Para avanzar en la respuesta es importante señalar que entre las posturas que hasta este momento se han identificado hay una tercera. Es decir, entre quienes señalan que el “camino chino” constituye una alternativa distinta al neoliberalismo y quienes afirman que no lo es, se encuentran aquellos que enfatizan que más allá de si representa o no una alternativa al modelo neoliberal, el éxito chino es insostenible en el mediano y largo plazos y, por lo tanto, no debe suponer un “camino alternativo” para otros (Hong, 2015; Hung, 2016). Desde esta postura, la discusión acerca de la trayectoria de desarrollo de China, como se ha hecho en gran parte de la literatura, resulta fútil.

Al respecto, algunos académicos suponen que la disminución de la tasa de crecimiento actual conducirá al colapso del régimen comunista debido a las disparidades y descontento sociales existentes (Bell, 2015). Otros observadores, por su parte, sugieren que las prácticas implementadas por el gobierno son difíciles de mantener en las condiciones actuales. En este sentido, sostienen que el derrotero de un estado autoritario “avasallador y corrupto”, al tiempo que se consolida una clase media demandante de mayores libertades políticas, económicas y sociales, será el fin del gobierno comunista y el cambio en la estrategia de desarrollo del país (Jiang, 2011, p.340). Para los adherentes a ambas posturas, son los altos costos sociales que ha implicado el desarrollo económico de China los que ponen en duda la alternativa china de desarrollo. Empero, en el siguiente apartado se destaca un elemento que constituye, o debería hacerlo, la principal crítica no solo a la alternativa que, para muchos, ofrece el “camino chino” sino a las reflexiones actuales sobre el desarrollo: su relación con la naturaleza.

EL LLAMADO DE LA ECOLOGÍA POLÍTICA

Resulta llamativo, quizá preocupante y también decepcionante, el hecho de que las discusiones en cuanto al desarrollo económico de China sigan girando, sobre todo, alrededor de conceptos como urbanización, industrialización y crecimiento económico. Es decir, que en los textos académicos se privilegie el estudio y análisis de las estrategias o las políticas implementadas por los gobernantes o funcionarios estatales, que han sido exitosas en términos del incremento de la productividad de bienes y servicios. La acumulación del capital, por decirlo de otro modo, sigue acaparando los esfuerzos de los estudiosos que buscan entender cómo ha ocurrido el desarrollo y cómo puede volver a ocurrir obviando, en muchos de los casos, el tema de lo ambiental.

En este sentido, es evidente que, como sugiere Maristella Svampa (2012) cuando habla de la visión “eldoradista” de los recursos naturales, en el imaginario social de las comunidades de práctica del desarrollo, los recursos naturales siguen siendo considerados como simples insumos para la actividad humana. O, en el mejor de los casos, cuando se reconocen como limitantes para dicha actividad, se convierten en elementos que deben ser trasformados o re–trabajados para que “permitan la creciente y continua expansión del capital” (Bridge, McCarthy & Perreault, 2015, p.626). Así pues, a pesar de que el tema ambiental se haya convertido en una de las mayores preocupaciones de la comunidad internacional (The Worldwatch Institute, 2015), el debate sobre el desarrollo sigue enfrascado y enfocado en temas relacionados con la mejora de la competitividad y el aumento de la producción y el consumo. Lo anterior puede explicar que, como acusa la propia Svampa (2012), sean comunes, permitidas y hasta justificadas las prácticas de extracción de recursos naturales a nivel mundial, así como las relaciones sociales de producción y de consumo que ensombrecen, por decir lo menos, el futuro de la humanidad (Bridge, McCarthy & Perreault, 2015). Todo ello, a pesar del logro relativo que significa la emergencia de narrativas acerca del desarrollo sostenible, que de poco sirven si en la práctica no tiene lugar el cambio sustancial (Naredo, 2010).

Ante tal panorama, la toma de conciencia sobre las consecuencias que en el mediano y largo plazos tendrá esta falta de miramiento de los asuntos ambientales con respecto a la actividad humana, debe convertirse en una de las preocupaciones centrales del sector académico. Es decir, eliminar el divorcio existente entre el desarrollo económico y el ambiente, y combatir el entendimiento que se tiene acerca de los recursos naturales y los ecosistemas como simples insumos o locaciones para la sociedad, son retos clave para encaminar el diseño de estrategias y la elaboración de políticas que devengan en una alternativa loable de desarrollo. A falta de un cambio radical en la manera en que se concibe la relación sociedad–naturaleza, el desarrollo y crecimiento económicos de China, y de cualquier otro país, están condenados al fracaso. El cambio pues es tan necesario como urgente.

Precisamente la ecología política (EP), que ha tenido un “ascenso meteórico” como campo de investigación en los últimos años, puede ofrecer pistas importantes para avanzar en la dirección señalada (Bridge, McCarthy & Perreault, 2015, p.3). Y es que, como señala uno de sus máximos exponentes en Latinoamérica, parte de la convicción de que la naturaleza ha sido subordinada a las ciencias y la producción (Leff, et al, 2002). De ahí que, como apunta Paul Robbins, la mayoría de los investigadores que se adhieren a ella aboguen “por cambios fundamentales en la gestión de la naturaleza…” que desafíen “las condiciones actuales” (2012, p.13). Pero, ¿qué es la economía política? y ¿por qué puede ser importante para el estudio del desarrollo?

Definir la EP no es una tarea fácil. Su marcado carácter interdisciplinar y la diversidad de los marcos analíticos que involucra imposibilitan definirla como una “disciplina o subdisciplina en el sentido académico convencional” (Bridge, McCarthy & Perreault, 2015, p.621). Los mismos autores afirman que se trata más bien de un término “paraguas”. Es decir, un término amplio que da cabida a diversos objetos de estudio y marcos analíticos que ven lo ambiental no solo como el resultado de procesos políticos sino también como un actor político (Bridge, McCarthy & Perreault, 2015). Siguiendo esta discusión, Robbins identifica un total de siete acepciones que se han dado desde 1979 a la EP y además cinco narrativas principales que investigan los ecologistas políticos (2012, p.15). (24)

Haciendo una revisión del trabajo de Robbins, para Rafael Calderón–Contreras la ecología política puede ser considerada como una comunidad de prácticas que busca, mediante el análisis crítico, mejorar la comprensión de la dicotomía entre el hombre y el ambiente, al correlacionar los procesos político–socioambientales en escalas que van de lo local a lo global y en los que participan una multiplicidad de actores (Calderón–Contreras, 2013). Esto, con la firme convicción, señala Robbins, de que existen mejores maneras, “menos coercitivas, menos explotadoras y más sustentables” para llevar a cabo las actividades humanas (2012, p.20). En síntesis, la EP es entonces un “modo distinto de producción de conocimiento”, un lente teórico y político por medio del cual el investigador reta “las formas dominantes” para investigar la relación entre lo político y lo ambiental (Bridge, McCarthy & Perreault, 2015, p.8). De ahí que el manejo de los recursos, el medio ambiente y el cambio climático figuren ente los tópicos que han ganado terreno entre ecologistas políticos, quienes buscan alternativas a la manera en que estados y elites corporativas manejan los “recursos y el ambiente” (Bridge, McCarthy & Perreault, 2015, p.9).

En virtud de lo anterior, se puede establecer de manera clara el vínculo entre la novel propuesta y los estudios del desarrollo. Y es que el desarrollo, entendido de la manera habitual —esto es, con el énfasis puesto en la acumulación de capital y en las relaciones sociales de consumo y de producción a las que da lugar—, ha tenido importantes consecuencias ambientales al incidir directamente en la manera en que se conciben y gestionan los recursos naturales y ecosistemas. Es decir, la dinámica de desarrollo actual ha contribuido “a la transformación, degradación y al conflicto ambiental” (Bridge, McCarthy & Perreault, 2015, p.621). Ha favorecido además a unos cuantos a costa de muchos otros, debido a que el mal manejo y la explotación desmedida de recursos naturales y ecosistemas facilitada por el “desarrollo” de los estados y por la “integración de los mercados regional y global” ha generado marginación y pobreza (Robbins, 2012, p.21). En consecuencia, se busca generar una “relación alternativa no–capitalista entre naturaleza y sociedad” para cambiar la “geografía de producción y consumo” y crear una nueva gobernanza ambiental (Bridge, McCarthy & Perreault, 2015, pp. 625–626).

Un ejemplo de lo anterior puede encontrarse en el trabajo de Svampa (2012), cuando al hablar del llamado “giro ecoterritorial” argumenta, a grandes rasgos, en favor de la construcción de una alternativa de desarrollo a partir de una nueva institucionalidad ambiental que conjugue los discursos comunitarios y ambientalistas, al tiempo que se defienda el territorio y los intereses de los grupos marginados de la sociedad. Por su parte, la propuesta ecuatoriana en torno a “Los Derechos de la Naturaleza” y la idea del “Buen Vivir” que, como proyecto colectivo han permeado de manera importante en Ecuador y Bolivia, también constituyen intentos valiosos que asumen una postura crítica a la teoría del desarrollo y buscan en la práctica nuevos modos para interactuar con la naturaleza (Escobar, 2012).

Así pues, un pequeño pero importante avance en la dirección señalada consiste en acudir al llamado que se hace desde la EP. Ahora bien, aceptar este significa reconocer, siguiendo nuevamente la revisión que hace Calderón–Contreras del trabajo de Robbins, tres principios fundamentales, a saber: (1) “que la conservación y el manejo de los recursos naturales involucran a una multiplicidad de actores con sus propias percepciones y perspectivas”; (2) que los problemas relacionados con la base material de la sociedad, y que condicionan su porvenir, tienen que ver tanto con “fallas en la implementación de políticas públicas”, como con una dinámica política y económica a nivel global que incide en éstos; y por todo lo dicho anteriormente, (3) existe una urgente necesidad de cambiar la “forma en que se concibe la economía política local y global”; o, dicho de otra forma, las instituciones y las prácticas mediante las cuales se han buscado el desarrollo local y global (Calderón–Contreras, 2013, pp. 567–568).

Partiendo de lo antes expuesto, el investigador que atiende al llamado de este novel campo de investigación requiere comprometerse teórica, metodológica y de manera política. De hecho, para Gavin Bridge, James McCarthy y Tom Perreault son estos compromisos, y no los objetos de estudio, los que dan coherencia al disconforme ámbito de la EP y a los trabajos que desde ahí se producen (2015).

En términos teóricos, la EP se asocia estrechamente con la teoría crítica y es influenciada por el postestructuralismo y el postcolonialismo, lo que tiene implicaciones importantes para el investigador. Primero, como ya se dijo, el ecologista político es, por esencia, un crítico del “establishment”. En segundo lugar, el nexo con las perspectivas “post” significa, de facto, un “rechazo de los enfoques positivistas hacia las relaciones sociales y la ciencia ambiental” (Bridge, McCarthy & Perreault, p.7), así como la no aceptación en cuanto al empleo de conceptos reificados. Se reconoce entonces que los conceptos como el desarrollo son “creaciones políticas fluidas” que no deben darse por sentado y pueden trasformarse mediante la actuación del agente que les da sentido con sus discursos y prácticas (p.623). En tercer lugar, el hecho de que la EP haya surgido del “encuentro entre el marxismo y los problemas ambientales contemporáneos”, orienta al investigador a optar por marcos analíticos que faciliten “el entendimiento estructural de las conexiones, los procesos y las relaciones” entre la política, la economía y el ambiente, lo que repercute, a su vez, en el compromiso metodológico (p.621).

En este tenor, el investigador suscrito a este campo necesita una metodología que facilite el entendimiento a profundidad “de las relaciones sociales de producción e intercambio, y de las prácticas ambientales” (p.7), teniendo en cuenta el contexto y la historia, así como las voces de los actores participantes. Por ello se explica la inclinación de los ecologistas políticos por el uso de metodologías interpretativas y métodos y técnicas cualitativas. No obstante, Robbins se inclina por el empleo de la cadena de explicación. Para este autor, según Caderón–Contreras, esta es la metodología por antonomasia para los ecologistas políticos, pues facilita la contemplación de las diversas escalas en que tienen lugar los problemas socioterritoriales, del cúmulo de actores que participan en ellos, y además permite identificar con mayor claridad “las dinámicas económicas y políticas que tienen repercusiones” ambientales (Calderón–Contreras, 2013, p.564). Las herramientas señaladas pueden resultar en un aporte interesante para el estudio del desarrollo en el que, en la mayoría de las ocasiones, se privilegian metodologías cuantitativas más asociadas a la disciplina de la economía y las ontologías positivistas.

Por último, el tercero de los compromisos que adquiere el investigador es el político. En este sentido, quienes se inscriben a este marco de pensamiento, a decir de Bridge, McCarthy y Perreault, “tienen un compromiso político con la justicia social y el cambio político estructural” a favor de los grupos marginados de la sociedad, ya sean los campesinos, las comunidades indígenas, las mujeres o las poblaciones con menores capacidades y recursos de poder (2015, p.8). De tal manera que la EP “es explícitamente normativa”, por lo que es común que el investigador de dicho campo haga “juicios normativos sobre los actores y los sistemas que se estudian”, pues al final el ecologista político busca relaciones justas, equitativas y provechosas entre sociedad y naturaleza (p.622). Aunado a ello, suele ser común, y sobre todo deseable, que los ecologistas políticos, a diferencia de otros académicos, se comprometan de manera importante con “la política y la práctica política” y que entablen relación directa con agencias de gobierno, organizaciones no gubernamentales (ONG), movimientos sociales y otros activistas políticos (p.627). Estamos pues ante un tipo de investigación–acción que permite al estudioso fungir como un agente con potencial trasformador de las condiciones actuales.

Desde la perspectiva más amplia de la EP, la experiencia china de desarrollo pierde relevancia o, al menos, invita al observador a ser más cauteloso en cuanto a considerarla como una pauta a seguir por otras economías. En este sentido, los hacedores de política y tomadores de decisión en China, como ha sido común entre quienes comparten una visión desarrollista, han mantenido una actitud que atinadamente Peter Zabielskis asocia con la frase de “enriquecerse ahora y limpiar después” (2014), lo que ha favorecido la implementación de una estrategia de desarrollo que ha implicado altos costos en términos ambientales.

Así, a pesar de los esfuerzos realizados por los dirigentes chinos desde 1979, año en que se promulgó la primera ley ambiental en ese país, y a partir de la cual han tenido lugar nuevas regulaciones e instituciones, la cuestión ambiental se ha convertido en un reto cardinal para la RPC y es que, en realidad, los esfuerzos se han quedado en el papel y el discurso (Zabielskis, 2014). (25) El tamaño y la población del país (la producción y el consumo), pero, sobre todo, la corrupción y la falta de aplicación de la ley, han agravado la situación ambiental en el país (Zabielskis, 2014).

De esta forma, la producción necesaria para satisfacer tanto el consumo doméstico como el internacional que se demanda a China ha devenido en la escasez de recursos en términos de tierra utilizable para la agricultura y agua para consumo humano, así como en un aumento en los niveles de contaminación. Al respecto, Zabielskis señala que actualmente 60% de las 669 ciudades chinas han experimentado escasez de agua; mientras que en 76 de las 118 ciudades más pobladas el agua sufre de altos niveles de contaminación (2014, p.264). Empero, la contaminación de ríos y agua subterránea no es el único problema, ya que el aire también ha alcanzado niveles de contaminación letales (Hung, 2016, p.178).

El aumento de la producción en China, como apunta Shambaugh (2013), se traduce en un apetito insaciable por la energía, el cual se incrementa año con año. Si se tiene en cuenta que alrededor de 70% de la energía que consume el país asiático es producida mediante el encendido de carbón (Zabielskis, 2014, p.266), se entiende que China se haya convertido desde 2010 en el principal emisor de dióxido de carbono en el mundo (Shambaugh, 2013), además de uno de los principales consumidores de petróleo junto con Estados Unidos y Japón. Esto significa que la industria china, y por ende su estrategia de desarrollo económico, ha descansado en buena medida en energías fósiles. Aún más, los altos niveles de contaminación por dióxido no solo han afectado a las ciudades chinas dando lugar a numerosas protestas ambientales cada semana (Zabielskis, 2014, p.262) sino que también ha tenido implicaciones para vecinos en la región como Corea del Sur y Japón e incluso en las costas de Estados Unidos y Canadá, lo que ha derivado en presiones por parte de la comunidad internacional (Chan, Lee & Chan, 2008).

Sin embargo, en el ámbito internacional China se ha mostrado comúnmente reacio a suscribir e implementar los compromisos internacionales; ha defendido un argumento a favor de una “cuota de destrucción” o un “trato común diferenciado” que dé mayor flexibilidad a los países en desarrollo en tanto estándares ambientales con miras a alcanzar el nivel de industrialización de los países occidentales (Chan, Lee & Chan, 2008). (26) Más allá de reflexionar acerca de lo valido o no del argumento, lo cierto es que las estrategias de desarrollo en esa lógica son insostenibles por los limitantes que imponen los recursos finitos, pero también por las relaciones internacionales a las que están dando lugar, que apuntan hacia escenarios de conflicto e inestabilidad.

CONCLUSIONES

El objetivo del presente trabajo es el de contribuir al debate en torno a la alternativa que ofrece o no el proceso de desarrollo económico que ha tenido lugar en China desde fines de la década de los setenta. Con esa intención, en el primer apartado se presentaron una serie de indicadores económicos y sociales tanto de China como de dos países latinoamericanos —México y Brasil— para dimensionar el avance logrado por el país asiático. Los datos son contundentes y no dejan duda con respecto al porqué China ha acaparado la atención de los estudiosos y analistas del desarrollo en los años recientes.