Distancia social

El epitafio de los coroneles

Cuando los votos ya estaban listos, cuando la suerte de Andrés Chadwick ya estaba echada, hubo aún un último discurso. El senador Juan Antonio Coloma tomó la palabra para hacer una apasionada defensa de quien estaba a punto de ser condenado por el Senado.

El penúltimo de los coroneles era defendido por el último de sus pares.

Minutos después, la votación selló la condena de Chadwick por las graves violaciones a los derechos humanos bajo su gestión. Es el fin de una era. El histórico grupo de los coroneles de la UDI se formó bajo el alero de una dictadura que violaba los derechos humanos, y su simbólico funeral se produjo en un déjà vu de esa tragedia. Jovino Novoa, Pablo Longueira, Andrés Chadwick y Juan Antonio Coloma fueron los cuatro «coroneles» de Jaime Guzmán, el indiscutido general de ese regimiento de disciplina leninista que era la UDI. Tras su asesinato, fueron los herederos incuestionados: entre 1992 y 2012, salvo un breve período de Hernán Larraín, los coroneles se turnaron para ocupar la presidencia del partido.

Fueron ellos los encargados de continuar la improbable alianza que Jaime Guzmán selló con Miguel Kast y sus Chicago Boys durante la dictadura y que marcó a fuego, hasta hoy, a la derecha chilena. Esta alianza reemplazó la reflexión política por la ortodoxia económica, interpretada de acuerdo a un único evangelio: un neoliberalismo funcional a los intereses de los grandes grupos económicos. Las prioridades son claras. En palabras del propio Guzmán: “El derecho de propiedad encierra relieves más esenciales para el ser humano que el derecho a participar en los asuntos políticos nacionales”.

Esta neoliberalización de la política fue más allá de la UDI. También en RN las ideologías nacionalistas, socialcristianas y populistas fueron desplazadas y los herederos de los Chicago Boys tomaron el control. Un dato decidor: desde la vuelta a la democracia, salvo la anecdótica campaña de Alessandri Besa en 1993, todos los candidatos presidenciales de RN y la UDI han sido economistas: Hernán Büchi (1989), Joaquín Lavín (1999 y 2005), Sebastián Piñera (2005, 2009 y 2017) y Evelyn Matthei (2013).

Mientras, el Instituto Libertad y Desarrollo (LyD), financiado por los grandes grupos económicos, tomaba el control ideológico de la derecha. Cristián Larroulet, gremialista y Chicago Boy, cerebro de LyD y de los gobiernos de Piñera, simboliza esa fusión. La misma senda seguiría luego la Fundación para el Progreso (FPP).

Al mismo tiempo, la política se subordinaba a la gran empresa. Ya en 1993, cuando el gobierno de Aylwin quiso negociar una reforma tributaria, optó por el camino más directo. “En lugar de dirigirse a la oposición, se inició una serie de contactos con el sector empresarial”, recuerda el entonces asesor de Hacienda y actual presidente del Banco Central, Mario Marcel. Con el empresariado “se logró un acuerdo básico que permitió poner en marcha las negociaciones políticas con la oposición”. La práctica se hizo habitual. Lagos negoció directamente con el presidente de los grandes empresarios una agenda de reformas, y el gobierno de Bachelet hizo lo propio en la “cumbre de las galletitas”, cuando el ministro de Hacienda concordó la ley tributaria con directores de empresas de los grandes grupos económicos.

Las actuaciones de los coroneles muestran qué tan íntimo llegó a ser este concubinato entre dinero y política. Jovino Novoa ocultó las donaciones ilegales de Penta mediante boletas falsas que pasaban a la contabilidad del grupo con un “JN” escrito al reverso. Pablo Longueira acogió las sugerencias de SQM que beneficiaban a la empresa en la ley del royaltyminero, y cercanos a él recibieron $ 730 millones de la minera. Novoa, confeso, fue condenado a pena remitida. Longueira, salvado del delito tributario gracias a la gentileza del Servicio de Impuestos Internos, aún espera juicio por cohecho.

La caída de Longueira y Novoa comenzó los dolores de parto de lo que puede ser una nueva derecha y la condena de Chadwick los agudiza. “El experimento neoliberal está completamente muerto”, proclama el economista ex-Chicago Sebastián Edwards. Pero esa muerte no tiene por qué arrastrar a ese sector político. La hegemonía neoliberal es desafiada por una nueva camada de académicos de derecha que pretenden independizarla de la ortodoxia económica. Hugo Herrera acusa a LyD y la FPP de “oscuro financiamiento”, “extremismo” y “economicismo sin matices”. Pablo Ortúzar dice que la derecha “no tiene visión política” y sufre de una “tosquedad intelectual brutal”.

¿La derecha ha muerto, viva la derecha?

Mientras los coroneles desaparecen, RN se desembarca de la ortodoxia y empuja reformas sociales de gran calado. Hasta el ministro de Hacienda exhibe una flexibilidad inédita en esas oficinas.

La derecha chilena busca a tientas un nuevo camino desde las ruinas del matrimonio del gremialismo y los Chicago Boys y, por primera vez, los coroneles no estarán en posición de frenar ese debate. Nadie sabe para quién trabaja.

Diciembre de 2019

De qué estamos hablando

Bastó que, en una entrevista radial, la periodista Verónica Franco preguntara al presidente Piñera por un “cambio de modelo” para que se produjera este monólogo:

–Si usted cuando me habla de cambio de modelo está pensando en el modelo venezolano…

–No…

–… donde destruyeron la democracia…

–No…

–… donde atropellan los derechos humanos todos los santos días, donde tienen al pueblo entero condenado a la muerte por hambre o por falta de medicamentos…

–… Es que no es dicotómico, Presidente…

–Entonces cuando hablamos de cambio de modelo, yo quiero decir, ¿de qué estamos hablando?

Le dicen “cambio de modelo” y él escucha “Venezuela”. El abismo entre la burbuja presidencial y el resto del país es enorme. Entonces, ¿de qué estamos hablando?

Ni en las protestas abundan las banderas venezolanas, ni en la consulta de los municipios los ciudadanos votaron por un régimen chavista, ni en ninguna encuesta seria los chilenos piden convertirse en Chilezuela. Esa fantasía solo existe en las mentes de un puñado de extremistas de izquierda y derecha (algunos, lamentablemente, muy escuchados en La Moneda). Lo que los chilenos exigen se parece mucho más a cualquier informe de organismos internacionales capitalistas que a alguna asamblea revolucionaria.

La calle y la OCDE hablan a coro. Veamos.

Más del 94% de los 2 millones y medio de votantes de la consulta ciudadana está a favor de un IVA menor para productos de primera necesidad. Coinciden en ello con una de las principales críticas de la OCDE a nuestro país: que nuestro sistema tributario está patas arriba. Se basa en impuestos al consumo, que golpean a los más pobres, y no en los tributos a la riqueza. Chile recauda el 41% de sus impuestos a través del IVA, contra apenas el 20% de promedio en la OCDE. Por eso, el organismo nos recomienda “incrementar impuestos ambientales, sobre la propiedad y a la renta para aumentar la equidad y estimular el crecimiento”. Un modelo en que paguen más no los que compran pan o leche sino los que más contaminan, más ganan y más tienen. De eso estamos hablando.

La calle también exige frenar la destrucción del medio ambiente y los efectos de la privatización del agua. En la consulta municipal de Coquimbo, 90% apoyó que el agua sea pública. Pues bien, según la Cepal, somos el país OCDE que menos invierte en proteger el medio ambiente: 0,1% del PIB. Y la OCDE advierte que en Chile “la contaminación atmosférica de las zonas urbanas es permanentemente alta, el agua es escasa y está contaminada, se está perdiendo hábitat y existe gran vulnerabilidad al cambio climático”. Por eso, el club de los países desarrollados nos exige tipificar el delito ambiental, con penas de cárcel efectiva. Un modelo que cuide el medio ambiente y castigue a los que lo destruyen. De eso estamos hablando.

“Mejorar las pensiones” es la primera prioridad de los chilenos, según la consulta municipal. Nuestra tasa de reemplazo (la jubilación comparada con los últimos sueldos) es de 33,5% en los hombres y de 30,3% en las mujeres, la mitad del promedio OCDE (63%). El Centro Internacional para la Gestión de Pensiones advierte que “la crisis de las pensiones chilenas no se puede resolver dentro de los límites del sistema actual” y que es necesario crear un “tercer pilar” (junto al ahorro individual y las pensiones solidarias) que “incluya elementos colectivos para mitigar riesgos entre generaciones”. Un modelo de pensiones mixto y sustentable. De eso estamos hablando.

El 97,4% de los votantes en la consulta apoya sanciones más duras para la corrupción. Un informe de la Comisión para el Mercado Financiero recomienda lo mismo: la pena máxima para el uso de información privilegiada hoy es una multa de hasta $ 420 millones, sin cárcel efectiva. En Estados Unidos o Corea del Sur, esos delitos suponen hasta 20 años de prisión. Un modelo que se tome la libre competencia en serio y, por lo tanto, castigue a quienes hacen trampa. De eso estamos hablando.

La crítica al sistema extractivista se da por igual en cabildos, organizaciones sociales y en la academia. “Chile debe diversificar su economía hacia actividades no relacionadas con los recursos naturales. La economía sigue siendo muy dependiente del cobre (…) los bajos niveles de inversión en innovación e investigación y desarrollo (I+D) frenan la productividad”, dice la OCDE.

Un modelo que no se base en extraer piedras sino en generar conocimiento e innovación, lo que nos haría salir de nuestro vergonzoso puesto de colistas de la OCDE en I+D. De eso estamos hablando.

Quien mejor resume el desafío de Chile es el físico César Hidalgo, cocreador del Índice de Complejidad Económica, un ranking en el que llevamos 40 años estancados (en 1980 éramos 61º; hoy somos 60º). Los datos del índice demuestran que crecimiento e igualdad no son metas contradictorias: ambas dependen de que Chile se vuelva más complejo y deje atrás “una economía primitiva y estática”, dice Hidalgo. Ya lo hicieron en su momento países que eran más pobres que nosotros, como Corea o Singapur: pasaron de un modelo básico, extractivista y vertical, que ya dio todo lo que podía dar, a uno basado en la innovación y el conocimiento.

Presidente: de eso estamos hablando.

Diciembre de 2019

No fue boicot

En la Irlanda de 1880, la propiedad de la tierra se concentraba en unos pocos terratenientes ingleses, cuyos administradores cobraban elevadas rentas a los agricultores locales. Ese año, las cosechas habían sido pobres y los arriendos resultaban impagables. El nombre de uno de esos administradores pasaría al diccionario. El capitán Charles Boycott amenazó con expulsar de sus tierras a los agricultores que no podían pagar. Entonces, la comunidad local decidió que resistiría de manera pacífica y se organizó para aislar a Boycott. Sus jornaleros dejaron de trabajar, el cartero no le llevó el correo, los comerciantes se negaron a venderle comida.

Las expulsiones no se concretaron. Al revés, fue Boycott quien debió dejar Irlanda. Un nuevo verbo había nacido: boicotear.

En 1955, una secretaria negra, Rosa Parks, se negó a ceder su asiento a un pasajero blanco, como exigían las leyes racistas de Alabama. Parks fue arrestada y Martin Luther King organizó un boicot: la comunidad negra no volvió a usar los buses hasta que la Corte Suprema de Estados Unidos acabó con la segregación en el transporte público.

Cuando India buscaba la independencia del Imperio Británico, Mahatma Gandhi lideró el movimiento de protesta por el cual los indios no comprarían ropa ni alimentos importados, ni pagarían el impuesto a la sal ordenado por los británicos. Eso es un boicot. La resistencia civil pacífica contra leyes o acciones abusivas. Y es precisamente lo que no pasó en el sabotaje de la PSU esta semana en Chile. Un boicot hubiera existido si, como en Irlanda, Alabama e India, una gran parte de la comunidad se hubiera organizado para dejar de colaborar con el sistema. Si decenas de miles de estudiantes se unieran en una “huelga de lápices caídos”, negándose voluntariamente a rendir la PSU, ese boicot derribaría la prueba de modo legítimo e incuestionable. En cambio, una ínfima fracción de los 298.000 inscritos decidió impedir que los demás pudieran rendir el examen. Atacaron los locales y desalojaron a sus compañeros de las salas, incluso quemaron facsímiles a medio contestar y celebraron la filtración de la prueba de Historia.

No fue un boicot, fue matonaje de unos pocos contra muchos.

Es que el camino del boicot no es fácil. Se requiere coordinar miles de voluntades, con una organización representativa y un liderazgo creíble. Nada de eso existe hoy en Chile, ni en los secundarios ni en ningún otro segmento de la sociedad. En vez de emular a King o Gandhi, los líderes de la ACES se proclamaron vanguardia iluminada, capaz de decidir por los demás qué es lo correcto y a imponerlo por la fuerza. Como suele pasar en Chile, hay en todo esto un nauseabundo tufillo clasista.

“Somos los hijos de los trabajadores y trabajadoras de este país, quienes no han podido ingresar a la educación superior”, dijo el vocero Víctor Chanfreau, quien en verdad es hijo de un doctor en Historia de la State University de Nueva York. El perfil de casi todos los voceros que ha tenido la ACES es similar: suelen ser estudiantes de colegios pagados o liceos emblemáticos de Providencia, Ñuñoa y Santiago. Nada nuevo bajo el sol. Los líderes del MIR y el MAPU eran hijos de connotados rectores, diputados y abogados, ansiosos por salvar al pueblo. Una vanguardia redentora que se vuelve impaciente cuando el pueblo se resiste a ser redimido.

Entonces, si ese adolescente de San Bernardo o La Granja pese a todo insiste en rendir la PSU, los redentores tendrán que enseñarle el camino correcto. Por la razón o la fuerza.

Lo más incomprensible es el entusiasmo de tantos adultos que parecen proyectar sus sueños revolucionarios frustrados en la generación de sus hijos. Una exaltación que llegó a lo patético cuando el director de la carrera de Pedagogía en Historia de la Universidad Austral ofreció arbitrariamente un cupo en su carrera al vocero de los estudiantes (el propio Chanfreau puso cordura y rechazó de plano la oferta).

Los efectos de la violencia desatada por este grupo de estudiantes son los obvios: fortalecer a los extremos. Los grandes ganadores fueron quienes, al calor de estos incidentes, ya hablan de derribar el acuerdo constituyente. “No están las condiciones para llevar adelante el plebiscito”, dijo este viernes la presidenta de la UDI. Ese sería un desenlace feliz para los redentores de la ACES, que trataron de “traidores” a los firmantes de ese acuerdo para poner fin a la Constitución de Pinochet. Ellos ya han mostrado antes su desprecio por la democracia, con campañas y tomas para obstaculizar las últimas elecciones municipales y presidenciales.

La democracia consiste en que la gente exprese libremente sus preferencias. Una aberración inaceptable para quienes suponen que la verdad ya está revelada y que sus únicos portadores, por cierto, son ellos mismos.

Enero de 2020

¡Traición!

El filósofo Francesc Torralba definió el fanatismo como una “miopía espiritual”, que confunde la propia percepción de la realidad con una verdad universal que debe ser aceptada por todos. En estos días abundan los miopes. Basta cualquier chispa para desatar la furia de los fanáticos.

Insultos. Hostigamientos. Amenazas de muerte. El blanco: la jueza de garantía Karen Atala. Su pecado: decretar prisión preventiva contra un imputado por lanzar bombas mólotov. En su contra opera una curiosa lógica. Sus acosadores la tratan de traidora por ser ella misma víctima de discriminación. “No puedo creer que una mujer que perdió injustamente a sus hijas por ser lesbiana y fue apoyada por organizaciones civiles para demandar al Estado hoy haya sido tan miserable (…). Traidora”, decía un tuit con más de 1.100 likes, jalonado con comentarios como “cómplice”, “facha encubierta”, “basura”, “malvada”, “mierda de mujer”. Los insultos, amenazas y acusaciones de traición también se extendieron a la Fundación Iguales, de la cual es directora.

Se inventó que Atala se había negado a ver el video de la detención y había prohibido el ingreso de familiares del detenido. Ambas acusaciones eran falsas, pero fueron difundidas sin evidencia alguna por miles de cuentas en redes sociales.

“Una vez que las personas se unen a un equipo político, quedan atrapadas en una matriz moral”, afirma el sicólogo social Jonathan Haidt. “Ven confirmaciones de su narrativa en todas partes”. Como en la célebre frase de la vicepresidenta argentina Cristina Fernández: “No tengo pruebas, pero tampoco dudas”.

Y en momentos de conflicto, cuando dominan emociones como la rabia y el miedo, las alertas se encienden cuando es uno de los supuestamente “nuestros” quien nos traiciona. ¿A qué se parece esto? Al fanatismo religioso. En todas las religiones, los peores traidores son el hereje, que cuestiona los dogmas, y el apóstata, que renuncia a la fe. El destino de ambos es la horca, la hoguera o, en casos más civilizados, la excomunión.

Chile se llena de excomulgados. A Gabriel Boric lo atacan desde la izquierda, lanzándole cerveza al grito de “¡traidor!” por firmar el acuerdo que permitiría derogar la Constitución de Pinochet. A Mario Desbordes lo insultan desde la derecha (“¡traidor!”), por negociar con la oposición.

Nadie está a salvo. La cantante Paloma Mami sufrió una masiva campaña en redes sociales para “cancelarla”. ¿Su pecado? Se demoró cuatro días en reaccionar al estallido social y cuando lo hizo su declaración no fue lo suficientemente enérgica. Arturo Vidal fue “cancelado” por subirse a un helicóptero y compartir con el billonario Andrónico Luksic. Y suma y sigue.

La cancelación es la nueva excomunión, sin espacio para matices ni razones: se es inocente o culpable, se está del lado del bien o del mal. Un fanatismo que se extiende al trabajo del Congreso. Esta semana tuvimos dos ejemplos. Uno fue el fracaso, por falta de cuórum, del proyecto para reponer el voto obligatorio. Un tema debatible (la mayoría de las democracias más consolidadas del mundo tienen voto voluntario), pero que fue tratado como un artículo de fe. Esta vez la diputada Pamela Jiles fue la “traidora” y “cancelada” por votar en contra. Una curiosa reversión de la suerte: en 2011, cuando se estableció el voto voluntario, fue celebrado como un avance democrático desde la UDI al Partido Comunista.

Lo mismo ocurrió con el fracaso de la fórmula de la oposición para asegurar paridad en la Convención Constituyente. Una opinable técnica electoral pasó a ser tratada como un dogma que separa a los justos de los machistas y misóginos.

El problema es que la democracia se sostiene sobre consensos mínimos: reglas de mayoría, igualdad ante la ley, respeto a los derechos humanos, probidad. Todo lo demás debe quedar abierto al debate y la negociación. Porque, como advierte el intelectual colombiano Moisés Wasserman, “en tanto más diversas y complejas sean las sociedades y sus problemas, más insignificante será el mínimo sobre el cual se logre consensuar”. Una democracia moderna no puede funcionar si se repleta de dogmas, cuya violación supone la excomunión.

Esta es, en parte, una reacción a la cultura política de la transición, que, en el otro extremo, entendió que todo era negociable. ¿Sentar a Pinochet en la testera del Senado? Claro. ¿Recibir dinero de los poderes económicos favorecidos por la legislación? Perfecto. Del relativismo amoral pasamos sin escalas al moralismo fanático. Pero aún tenemos patria, ciudadanos. En la última encuesta CEP sube de 58% a 78% la cantidad de personas que pide a los líderes políticos priorizar los acuerdos por sobre sus propias posiciones. O sea, actuar como políticos laicos y no como guardianes de una fe revelada.

Una vez más, el sentido común de los chilenos emerge como antídoto al fanatismo. Y si esos millones de chilenos se pronuncian fuerte y claro en el plebiscito, abriendo la puerta para un nuevo pacto social basado, precisamente, en el diálogo y la negociación, entonces no habrá campaña de matonaje capaz de “cancelarlos”.

Enero de 2020

La mala raza

“La democracia, que tanto pregonan los ilusos, es un absurdo en los países como los americanos, llenos de vicios y donde los ciudadanos carecen de toda virtud”.

Eso escribía en 1822 Diego Portales, comerciante y futuro dueño del monopolio del tabaco en Chile. Dos siglos después, otro relevante líder patronal marca la diferencia entre el ideal de la democracia y lo que según él es posible en Chile. Juan Sutil dice que, si él viviera en un país anglosajón, “sin duda votaría Apruebo, porque tendría la confianza de que vamos a construir un país mejor”. Pero, como vivimos en Chile no más, votará Rechazo a la posibilidad de construir una Constitución en democracia.