No lo sé, no recuerdo, no me consta
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—Ya está. ¡Y el representante legal soy yo y punto!
—¡Ea! ¡Y ya está! Eso sí, el adjudicatario de la parcela tiene que estar al corriente de pago de la Seguridad Social y presentar el correspondiente aval.
—Sí, claro, todas las cosas legales.
—Y al día siguiente, la empresa le está soltando el millón de pavos al Ayuntamiento. Es lo que me está haciendo falta. Y ya está, ese va a ser el objetivo y no va a ser otro, sino este señor con la empresa que venga. Me suda la polla de quién sea, ya lo sabré cuando esté en el concurso.
La sumisión del exconcejal al empresario era tal que, en otra conversación registrada con autorización judicial, Hernández enviaba saludos a Marjaliza de parte del arquitecto municipal y de un tercer técnico del Ayuntamiento, ambos encargados de adjudicarle la parcela que pretendía. «Estoy aquí con tus dos… Estamos los tres juntitos, ¡a tus órdenes!».
Marjaliza —en nombre de Granados, según el juez— hacía su santa voluntad en los ayuntamientos y en los bancos en los que, una semana sí y otra también, ingresaba enormes cantidades de dinero que difícilmente podían justificarse con actividades legales. En una tercera conversación telefónica, la secretaria del constructor se quejaba ante el director de la sucursal de que el conductor de la empresa no pudiera ingresar 3.000 euros en efectivo sin más formalismos. Al final, entre los dos lograban convencerle para que se hiciera responsable de la operación. Comienza hablando el director de la sucursal y responde la secretaria:
—Tenemos un problema con un ingreso, el de los 3.000 euros del cantante. La ley ha cambiado y ahora es necesario identificar a la persona que hace el ingreso en efectivo.
—¿Cómo que no puede ingresar dinero en efectivo? O sea, ¿yo no puedo ingresar en la cuenta de mi madre dinero si quiero ingresárselo?
—Sí, porque eres hija. Pero si no, no. Que no lo sé, que es un rollo patatero, no te puedo dar explicaciones. El ordenador no me deja o sea que… ese es el problema. Haz un garabato, Andrés. Andrés irá a la cárcel, ¿eh?
—No. Qué lástima, dile que luego le llevamos los bocadillos, que no pasa nada, jajaja. ¡No le digas eso al chiquillo! ¡Ay, qué lástima! Cada vez complican más, en vez de facilitar.
—No te quepa la menor duda. Di que, como yo solo atiendo cuando viene alguno como vosotros, no me entero, porque si no mandaría a cascar a más de una.
—A tomar por culo, sí, a tomar por culo. Que mandarías a tomar por culo a más de uno, ¿no?
—Bueno, a los que hacen las leyes estas, que estoy hasta los huevos de ellos.
Aparte de las cuitas en los bancos, los contratos podían amañarse porque en las administraciones públicas había técnicos y funcionarios que se corrompían y que acababan firmando los informes que les pedían. En el sumario de la trama Púnica13 consta que cargos públicos vinculados con la red «presionaban, amenazaban e incluso acosaban» a los trabajadores de los ayuntamientos que se resistían a avalar las licitaciones irregulares. Es el caso de un técnico de Urbanismo del Ayuntamiento de la localidad madrileña de Collado Villalba, quien declaró ante la Guardia Civil que sus dudas para amañar uno de los concursos de eficiencia energética —que los ayuntamientos pusieron de moda para seguir haciendo chanchullos después de la crisis— le pasaron factura en su vida personal. El funcionario explicó que sus reticencias respecto a la forma de licitar un contrato de 50 millones de euros le hicieron objeto de «un acoso intenso» que le obligó a tomar ansiolíticos. «Dos empleados me amedrentaron y me instaron a firmar los pliegos», aseguró. Sus reparos comenzaron al comprobar la extraña participación de uno de los directivos de Cofely, empresa que pretendía el contrato, durante la fase de redacción del concurso. Según su relato, el representante de Cofely le llamó para darle indicaciones sobre determinados puntos del contrato que tenía que modificar. En esa tesitura, el técnico se quejó al concejal de Urbanismo y le indicó que no firmaría los pliegos de un contrato que iba a ser amañado. Esa comunicación, según se recoge en el sumario, provocó un gran enfado del cargo público, quien se dirigió al técnico con «gritos y amenazas». Llegó a decirle que, «si no seguía redactando el pliego, se atuviese a las consecuencias».
En aquella época, entré en contacto con un funcionario de la Comunidad de Madrid que me contó cómo la sobrina de un alto cargo del Gobierno de Aguirre había ascendido varias categorías laborales de forma meteórica al poco de ocupar su puesto. Tras cotejar toda la información en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, conseguí dar la noticia, a pesar de que los responsables de prensa de la consejería nos tuvieron casi una hora al teléfono intentando convencernos para que no la contáramos. El caso tuvo cierta repercusión y el diputado de IU Eduardo Cuenca presentó varias preguntas escritas sobre la cuestión. El PSOE prefirió no entrar en el asunto. «Si les sacas a los suyos, ellos nos sacan a los nuestros», me dijeron en la Asamblea. El mismo funcionario que me había puesto sobre la pista de la sobrina me contó que había infraestructuras que se llegaban a inaugurar varias veces, y que las presiones que recibían para informar en un determinado sentido iban en aumento con el paso de los años. Para escribir este libro, quince años después, intenté volver a contactar con él, a través de una persona próxima, para que me refrescara la memoria. Tras declinar educadamente la invitación, contestó con un mensaje que no quiero dejar de reproducir: «No os puedo ayudar. Desde hace un tiempo formo parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid y dedico todo mi esfuerzo profesional a que [el cargo] que me han encomendado sea un éxito». El funcionario filtrador acabó prosperando.
En abril de 2021, un día antes de que comience la campaña electoral madrileña que encumbró de manera incontestable a Isabel Díaz Ayuso como presidenta, charlo con Esperanza Aguirre y le pregunto por los indicios de corrupción que pesan sobre sus dos lugartenientes, Ignacio González y Francisco Granados. Aguirre rechaza todas las imputaciones, con este primer argumento:
—Mi opinión es que la instrucción ahora es una investigación. Entonces, en lo que hay condenas es en la primera etapa de Gürtel. En Púnica ni siquiera se ha abierto el juicio oral, en Lezo creo que sí, pero no estoy muy segura. ¿Y el otro cuál era?
—Básicamente, las piezas de Lezo, Púnica y Gürtel. Yo lo que quiero preguntarle es si nunca supo usted en realidad a qué se dedicaban, presuntamente, el señor Granados y el señor González.
—Vamos a ver, yo, de ninguna manera, Alfonso, puedo condenar a gentes que no han sido ni tan siquiera juzgadas. La presunción de inocencia es la columna vertebral del sistema de justicia penal y, por lo tanto, cuando el juez investigue y les condene y la condena sea en firme, te diré algo.
—Pero hay muchos indicios [de corrupción] sobre González y Granados.
—¡Pero yo no soy el juez! Ignacio González y Francisco Granados tendrán sus abogados defensores y yo les concedo la presunción de inocencia.
—Pero, señora Aguirre, eran su número dos en el Gobierno y su número dos en el partido. Más allá de la responsabilidad in vigilando…
—Les concedo, les concedo la presunción de inocencia, ¿vale? Se la concedo. Yo he dimitido en los dos casos cuando les han detenido. ¿Por qué? Pues porque entiendo que, si un juez detiene a alguien, será porque ha encontrado indicios suficientes. Pero hasta que esos indicios no se transformen en pruebas, yo no les voy a quitar la presunción de inocencia. ¿Me entiendes?
—Sí, perfectamente. Le quería preguntar otra cosa: hay una grabación de Ignacio González en el caso Lezo en la que afirma que López Viejo estaba «chantajeando con la agenda de la presidenta». Llega a decir que se lo dijo a usted, que le avisó de esa circunstancia y que usted no hizo nada. ¿Qué le parece esa grabación que, insisto, es de Ignacio González y aparece en el sumario?
—Lo que me parece es que yo cesé a López Viejo. Y ya no te voy a contar más cosas, querido Alfonso. Me parece muy bien y te deseo mucho éxito con tu libro, ¿vale?
—No sé si le puedo preguntar una última cosa…
—La anterior era la última, macho.
—La penúltima.
—No, no, esta es la última.
—Esta es la última. Pasados ya los años, con el reposo que da todo este tiempo que ha transcurrido, ¿qué fue exactamente el «Tamayazo», en su opinión?
—Pues el «Tamayazo» fue la decisión de dos diputados socialistas que llevaban dos legislaturas allí, que no eran unos desconocidos, de ausentarse el día de la constitución de la Asamblea. Que todos los periodistas que no estábais entonces en eso…
—Sí, sí, yo aquel día estuve allí.
—¡Ah, vale! Que no fue la investidura de Simancas, que fue, como tú sabes si tú estabas allí, la sesión constitutiva y la elección de la Mesa de la Asamblea. ¿Por qué hicieron estos dos eso? Pues los del PSOE decían que era una trama inmobiliaria del PP. Han pasado dieciocho años y ninguno de los dos [Tamayo y Sáez] han cambiado de vida, ni les han dado dinero, ni hay trama inmobiliaria, ni nada de nada de nada. ¿Mi opinión? Es que un grupo dentro de la… ¿cómo se llama la cosa socialista?
—La FSM.
—¡La FSM! Un grupo liderado por este cuyo nombre me he olvidado ya...
—Tamayo.
—¡No!
—Balbás.
—¡Balbás, Balbás! No estaban de acuerdo con el reparto que Simancas había anunciado que iba a hacer de las consejerías, que le iba a dar... me parece que era Educación y Medio Ambiente a Izquierda Unida. Y le pareció que era una manera de presionar a Simancas que se ausentaran estos dos en esa Asamblea. A mí me vino Simancas y me dijo (está la grabación) que no era un retraso, sino un plante. Mi punto de vista es que fue un error garrafal de Rubalcaba y de Zapatero, que obligaron ese mismo día a mediodía a romper todos los lazos con estos y a… Yo creo que, si Simancas hubiera llamado a esta pareja y les hubiera dicho: «Venga, machos, vamos a hablar, ya veremos lo que haremos con las consejerías de IU, no sé qué, tal, y venid a la investidura que va a ser tal día...».
—Entiendo que, en su opinión, no tuvo nada que ver con el hecho de la «burbuja inmobiliaria» o de la construcción desaforada que había en aquella época en la Comunidad de Madrid.
—¿Pero qué burbuja inmobiliaria? [risas] Mira, si yo no estaba en la Comunidad de Madrid, estaba Alberto Ruiz-Gallardón. Pero fíjate, se lo puedes preguntar a Simancas, si quieres. Cuando se inauguró una Ciudad del Atleti en Alcorcón o algo así, algo del Atlético de Madrid en Alcorcón, de repente le digo yo a Simancas: «¡Ahí va! ¿Pero esto no era la trama inmobiliaria del PP?». Y es que se cascaba de risa. A ver, ¡no! No ha habido ninguna prueba y ha pasado ya suficiente tiempo para que encontraran pruebas y eso. Pregúntale a Pepe Blanco [exsecretario de Organización del PSOE], que al principio pensaba que sí las había y no. Es que fue así de sencillo, esta chica, que no me acuerdo de cómo se llamaba, yo les llamaba Tamayo y Baus…
—María Teresa Sáez.
—Se llamaba Sáez, esta. Pues me parece que era auxiliar administrativa en el 12 de Octubre y siguió siéndolo hasta que se haya jubilado. Supongo ya que se habrá jubilado...
En mayo de 2007 se celebraron elecciones autonómicas, en las que Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz-Gallardón arrollaron a sus competidores del PSOE, Rafael Simancas y Miguel Sebastián, respectivamente. Catapultada por la ampliación del Metro, la construcción de siete hospitales y cincuenta centros de salud, y por la cuestionada reducción de las listas de espera en la sanidad pública, Aguirre sacó diez escaños más que en las segundas elecciones de 2003. Simancas perdió tres diputados y presentó su dimisión. Una nueva etapa se abría en la política madrileña. También para mí, con un nuevo destino en la sección de Nacional y, concretamente, en el departamento de Tribunales, en el que, como tardaría poco en comprobar, me volvería a cruzar con muchos de los protagonistas de aquella época.
CAPÍTULO 4
LA ESPAÑA DE LOS VOLQUETES
La España de los años locos y la corrupción descontrolada, que se desarrolló desde finales de los noventa hasta bien entrada la segunda década del siglo XXI, recuerda a la que reflejó el cineasta Luis García Berlanga en La Escopeta Nacional para ilustrar el tardofranquismo. Las adjudicaciones se cerraban en cacerías, bares, discotecas o prostíbulos. La clase política y empresarial que perpetraba el saqueo se desenvolvía con unas formas y un lenguaje dignos del policía Torrente, «el brazo tonto de la ley», otro personaje de ficción que describe a los protagonistas de esta historia. Si hay belleza en lo cutre, España es uno de los países más hermosos del mundo.
En pleno siglo XXI seguían celebrándose reuniones como las de Berlanga, con Granados, número dos de Aguirre en el PP madrileño, como personaje central. El promotor de la constructora Dico, David Merino, describió en un manuscrito que llegó a la Fiscalía Anticorrupción una cacería que tuvo lugar en febrero de 2006 en la finca La Parrilla, en la localidad toledana de Los Yébenes, en la que se juntaron empresarios, políticos e incluso algún juez ya fallecido. Todos querían pasar un buen rato y hablar de negocios. Merino cuenta que él mismo abatió un venado y un jabalí: «Eran mis primeras piezas en una cacería oficial, por lo que los demás cazadores me hicieron lo que se llama un “bautizo de sangre”». El rito, que parece de otro tiempo, lo ofició Granados: extrajo las vísceras sanguinolentas del jabalí y se las puso a Merino sobre la cabeza, como recogió el periodista Javier Chicote en una información publicada en el diario ABC1. Las cacerías empezaban un viernes y acababan el domingo. Al llegar la noche, los invitados se empujaban suculentas mariscadas —en una ocasión, trajeron el género en helicóptero— y después participaban en largas partidas de póker con billetes de quinientos euros encima de la mesa. «Si el cazador de turno así lo deseaba, por la noche se le ofrecían prostitutas, de las que podía disfrutar en la finca o en los hoteles cercanos en los que se alojaban algunos de ellos», cuenta Chicote.
El negocio de la corrupción iba viento en popa y, con él, otros igual de sórdidos, como la prostitución. A Granados se le atribuye, erróneamente, una de las frases más vergonzosas pronunciadas por un político en los últimos años: «Habéis declarado muy bien, hay que celebrarlo con un volquete de putas». En realidad, la egregia sentencia la pronunció supuestamente el exviceconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid Alejandro Halffter, según el testimonio de un agente de la Guardia Civil que había sido imputado en un caso en el que se investigaba si el Gobierno regional había espiado a los compañeros de partido que se separaban de la línea oficial del «aguirrismo». Durante una entrevista, a Granados le preguntaron si «un volquete de putas» podía llegar a constituir en algún momento «una compensación en política», a lo que respondió: «Es una expresión desafortunada, pero no puedo contestar porque nunca me he dedicado al asunto de los volquetes»2.
Los intereses de la red Púnica estaban centrados en las licencias urbanísticas y en la adjudicación de contratos públicos. Cuando Granados comentó al otro cerebro de la trama, el empresario David Marjaliza, que estaba siendo vigilado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), el empresario hizo dos cosas. Primero, preguntar «qué es la UCO», y después, llamar a su secretaria para que comprobara si algún agente estaba apostado en ese momento en la puerta de su oficina. «Como la gente es así de gilipollas, lo mismo va cualquiera y se piensa que nos dedicamos al tráfico de armas, o de blancas, o de putas o yo qué sé. Échale un vistazo a ver si hay alguien», le dijo3. Los investigadores de la UCO —que llegaron a conocer muy bien a Marjaliza, según sus informes— comprobaron las numerosas «atenciones» que recibían los cargos públicos investigados en el sumario, caso de la compra de «dos pisos en Barcelona para dos señoras» con las que solían verse Granados y el también exalcalde de Valdemoro José Miguel Moreno —este último pasará a la historia por un alarde de sinceridad en las escuchas judiciales que refleja el verdadero objetivo de muchos cargos públicos: «¡Aquí estoy, tocándome los huevos, que para eso me hice diputado!»—. Las mencionadas viviendas de Barcelona, situadas a cinco minutos andando desde la Sagrada Familia, fueron adquiridas por Marjaliza en 2003. Pagó 186.000 y 219.000 euros por cada una y luego, supuestamente, se las alquiló a las amigas de los políticos populares. Sin embargo, según le contó al juez Manuel García-Castellón, el propio empresario se abonaba a sí mismo la renta de forma ficticia4. El magistrado también sospecha que Granados utilizó «fondos de origen desconocido» para amueblar un piso del que disfrutaba una amiga de nacionalidad brasileña, a la que también abonó facturas médicas por valor de ochocientos euros. La mujer declaró como testigo, pero salvó la cara de Granados y negó los pagos: «Es la forma de ser de Paco. Él dice que sí a todo y al final no lo hace».
Los corruptores no escatimaban para tener bien atendidas las braguetas de los corrompidos. Un directivo de Cofely —la empresa que supuestamente amañaba los contratos de eficiencia energética de los edificios municipales— fue grabado mientras proponía a un tercero invitar a «un sitio con masajes relajantes», llamado Sensuality Wellness, a un exalcalde de la localidad madrileña de Moraleja de Enmedio, alcalde que le había adjudicado un contrato para la gestión del alumbrado exterior del municipio durante quince años. «El alcalde es un descojone, es del PP. Y si luego le dices que le llevas al sitio ese de masajes, se sube por las paredes», se escucha en la conversación. No consta que el regidor —que mostraba en sus redes sociales una feliz vida familiar— aceptara la propuesta.
En otros escándalos de corrupción que afectaron a la Junta de Andalucía también apareció el pago de prostitutas con dinero público. En noviembre de 2020, el juez de Instrucción número 6 de Sevilla propuso juzgar a Fernando Villén, ex director técnico de la Fundación Fondo Andaluz de Formación y Empleo (FAFEE) —dependiente de la Consejería de Empleo—, y a Ana Valls, antigua directora financiera, por autorizar pagos por valor de 32.566 euros en clubes de alterne entre los años 2004 y 2011. Los directivos investigados dentro de la causa utilizaban presuntamente las tarjetas de crédito del organismo público en varios prostíbulos. En la relación de extractos bancarios enviada al juzgado figuraban nombres como Don Angelo, Sala Delux Pub La Movida, La Casita o Top Show Girls5.
CAPÍTULO 5
PACTO DE SILENCIO ALREDEDOR
DE UNA TARJETA BLACK
Mientras la corrupción se iba adueñando de todo en Madrid, los medios de comunicación miraban para otro lado. Entre otras razones, por la ingente publicidad institucional que recibieron de la Comunidad durante esos años. Según los datos que manejaba el PSOE, solo en 2007 el Gobierno autonómico gastó noventa millones de euros en publicidad, el triple de lo destinado a las ayudas a la vivienda1. Telemadrid se convirtió en el aparato más eficaz de propaganda del Ejecutivo, aunque, a medida que incrementaba la manipulación informativa, se iban despeñando sus índices de audiencia. En agosto de 2012, Esperanza Aguirre fue a visitar los trabajos de extinción de un incendio en el municipio de Valdemaqueda y se topó con un cámara y con una redactora de la cadena: «¿Quién les ha dicho a ustedes que vengan?»2, les espetó visiblemente enfadada. Su jefe de prensa, que contemplaba la bronca, no sabía dónde meterse. Unos meses después, la televisión anunció un expediente de regulación de empleo (ERE) en el que fueron despedidos 861 trabajadores, muchos de ellos remisos a colaborar con la estrategia informativa de la dirección del ente. En 2013, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid declaró que el ERE no era «ajustado a derecho», al entender que la situación económica de la cadena no justificaba el volumen de despidos. Cerca de sesenta trabajadores fueron readmitidos, pero el resto tuvo que conformarse con la indemnización que les correspondía por haber sido despedidos de forma improcedente.
En esa situación de corrupción generalizada, todo el mundo parecía mirar para otro lado. ¿Por qué la oposición no denunciaba los desmanes evidentes con más fuerza? ¿Por qué los medios de comunicación no cumplían con su función de informar al ciudadano y controlar al poder político? En muchas ocasiones, me pareció que existía un pacto de silencio no escrito entre el Gobierno de Aguirre, la oposición y los sindicatos, que compartían sillones en el Consejo de Administración de Caja Madrid, presidido por Miguel Blesa. Todos los directivos de la entidad disfrutaban de una tarjeta black a efectos fiscales, es decir, que no tributaba a Hacienda, tarjeta que utilizaban para gastos personales de los que no tenían que dar cuenta a los órganos de dirección. Recuerdo cómo muchos dirigentes socialistas me decían: «Pregúntale a Antoñito por la tarjeta esa que le dan». Al ser solo rumores sin mayor soporte documental, nada se podía publicar, pero la existencia de las tarjetas black era conocida por todos. Antoñito era Antonio Romero Lázaro, secretario de Organización y número dos de la FSM, y la famosa tarjeta era la misma con la que, según los extractos validados por el Tribunal Supremo, se gastó 900 euros en una agencia de viajes el día que a Simancas le birlaron la presidencia regional. El día que se jodió Madrid.
En mi entrevista con Simancas, le recuerdo esa presencia de los socialistas madrileños en el Consejo de Administración de Caja Madrid. Se produce el pasaje más tenso de la conversación justo cuando le pregunto lo siguiente:
—Allí todo el mundo estaba metido: representantes de los partidos políticos, de los empresarios, de los sindicatos… Y todos han sido condenados. ¿Había un pacto de silencio en torno a Caja Madrid?
—Distingamos la financiación de operaciones urbanísticas y de otras empresas extrañas e irregulares en las que entró Caja Madrid del caso de las tarjetas black, en el que hay involucrados, procesados e incluso condenados de varias formaciones políticas y sindicales, incluida la mía. En lo primero no estaban todos, estaba el PP. En lo de las tarjetas, sí.
—Me refiero a Caja Madrid. Estaban todos los partidos, todos y, de hecho, había peleas grandes por tener un sillón. Lo sabes y lo sé.
—Sí, sí, pero las grandes operaciones las manejaban quienes las manejaban: los que mandaban en Caja Madrid. La representación de algunos partidos políticos, a través de la Asamblea de Madrid o de los ayuntamientos, eran puestos en la Asamblea General de la Caja, que se reunía dos veces al año en Ifema, acuérdate.
—Y en el Consejo de Administración también.
—Sí, sí, es que no me has dejado terminar. Y en el Consejo de Administración. Pero, vamos, que mandaban y se enteraban de lo que se enteraban. El equipo directivo era el que mandaba. No quiero eludir responsabilidades, es evidente que ahí había una responsabilidad compartida en algunas cosas. Las decisiones importantes las adoptaba el equipo directivo que encabezaba Blesa, que era el amigo de Aznar. No obstante, el papel del Consejo de Administración en ese entramado no fue, por lo que yo sé, muy protagonista.
—Pero todos los miembros del Consejo de Administración tenían una tarjeta black que iba a la cuenta de quebrantos y que utilizaban para gastos personales.
–Sí. Eso se investigó, se enjuició, se procesó a los culpables y han estado en la cárcel, efectivamente.
—Y como líder del PSM, ¿no cabría asumir algún tipo de responsabilidad también por eso?
—En cuanto supimos lo que ocurrió, lo que hicimos fue separar a esas personas inmediatamente del partido. En algunos ayuntamientos hubo corruptelas. ¡Yo eché a seis alcaldes en ejercicio, eso no lo ha hecho nadie en este país!
El banquillo de las tarjetas juntó a dos protagonistas del «Tamayazo» en una imagen icónica de una época: Antonio Romero, número dos de Simancas en la FSM, y Ricardo Romero de Tejada, el ex secretario general del PP madrileño que se enteró por la prensa de que iba a dimitir de su cargo, y también el mismo dirigente que había recibido al empresario que pagó el hotel en el que se alojaron Tamayo y Sáez. Sentados delante del tribunal, olvidadas las rencillas que les habían hecho enfrentarse a cara de perro, Romero y Romero de Tejada compartieron —además de apellido— el argumento de que sus dispendios con las tarjetas eran perfectamente legales. «Los gastos eran adecuados todos», dijo Romero de Tejada para justificar que empleara el dinero en puros, armas o lotería. O para explicar por qué el día más luctuoso de la historia reciente de España, el 11 de marzo de 2004, en el que murieron casi doscientas personas por los atentados terroristas en los trenes de Atocha, pagó 347 euros en lotería3. Por su parte, el socialista Antonio Romero defendió que, «si tenía cargos en días festivos y fines de semana, era porque tenía actividades».