El sistema financiero a finales de la Edad Media: instrumentos y métodos

14 Miguel Ángel Ladero Quesada: Las ferias en Castilla. Siglos XII a XV, Madrid, Comité Español de Ciencias Históricas, 1994.

15 Sheilagh Ogilvie y André W. Carus: «Institutions and Economic Growth in Historical Perspective», en Philippe Aghion y Steven N. Durlauf: Handbook of Economic Growth, Nueva York, North Holland, 2014, vol. 2, p. 419.

16 Jan Luiten van Zanden: The Long Road to the Industrial Revolution, Leiden, Brill, 2009, chapter 1: «Introducting the problem: the emergence of efficient institutions in the Middle Ages», pp. 17 y ss.

17 Estos aspectos son especialmente visibles en el caso de Flandes y han sido analizados en diversos trabajos centrados en el desarrollo del mercado de B. Van Bavel: Manors and Markets; en el auge de los mercados de deuda pública y privada, Jaco Zuijderduijn: Medieval capital markets: markets for renten, state formation and private investment in Holland (1300-1550), Leiden, Brill, 2009; o en el papel desarrollado por las instituciones judiciales, Jessica Dijkman: «Debt Litigation in Medieval Holland, 1200-1350», en Jan Luiten van Zanden y Debin Ma (eds.): Law and Long-Term Economic Change: A Eurasian Perspective, Stanford, Stanford University Press, 2011, pp. 221-243.

18 R. Carande: Carlos V y sus banqueros, pp. 331 y ss.; Felipe Ruiz Martin: «Las ferias de Castilla», en Eufemio Lorenzo Sanz (coord.): Historia de Medina del Campo y su Tierra, Valladolid, Excmo. Ayto. Medina del Campo / Junta de Castilla y León / Excma. Diputación Provincial de Valladolid, 1986, vol. II: Auge de las Ferias. Decadencia de Medina, pp. 269-299; Bartolomé Yun Casalilla: Sobre la transición al Capitalismo en Castilla. Economía y sociedad en Tierra de Campos (1500-1830), Valladolid, Junta de Castilla y León, 1987, pp. 184-185.

19 Sobre cuestiones referentes a la fiscalidad, M. A. Ladero Quesada: La Hacienda Real en Castilla. En cuanto al desarrollo judicial a través de la Audiencia, Carlos Garriga Acosta: La Audiencia y las Chancillerías castellanas (1371-1525), Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1994.

20 M. A. Ladero Quesada: «Crédito y comercio de dinero». Una muestra clara de los vínculos entre el negocio fiscal y el comercial se aprecia en la compañía estudiada por Hilario Casado Alonso, «Comercio, crédito y finanzas públicas en Castilla en la época de los Reyes Católicos», en Antonio M. Bernal (ed.): Dinero, moneda, crédito en la monarquía hispánica, Madrid, ICO, 2000, pp. 135-156.

21 Es reseñable la aparición de registros notariales como los de la pequeña localidad andaluza de Torres (María Luisa Pardo Rodríguez et al.: El Registro Notarial de Torres (1382-1400), Granada, Junta de Andalucía, 2012). No obstante, hasta fines del medievo e inicios del siglo XVI no se aprecian avances decididos hacia su control, Ángel Riesco Terrero: «Los oficios públicos de gobierno, administración, justicia y recaudación y los de garantía de la fe documental en la corona de Castilla a la luz de una disposición de los Reyes Católicos de finales del siglo XV (a. 1494)», Documenta & Instrumenta, 3 (2005), pp. 77-108; y «Real provisión de ordenanzas de Isabel I de Castilla (Alcalá, 7-VI-1503) con normas precisas para la elaboración del registro público notarial y la expedición de copias autenticadas», Documenta & Instrumenta, 1 (2004), pp. 47-79.

22 Algo similar a lo operado en otras regiones como Holanda: J. Zuijderduijn: Medieval capital markets, pp. 36 y ss.

23 Sobre la importancia de la recuperación en del derecho romano Antonio García García: «El renacimiento de la teoría y prácticas jurídicas. Siglo XII», en Renovación intelectual del Occidente Europeo (siglo XII). XXIV Semana de Estudios Medievales. Estella, 14 a 18 de julio de 1997, Pamplona, Gobierno de Navarra, 1998, pp. 99-118.

24 Una cuestión que ha sido trabajada desde hace tiempo en el análisis de sistemas financieros contemporáneos y centrado en el papel de las instituciones, como se aprecia en el sugerente trabajo de David E. Allan: «Credit and Security: Economic Orders and Legal Regimes», The International and Comparative Law Quarterly, 33/1 (1984), pp. 22-38, en particular p. 23.

25 D. Carvajal: Crédito privado y deuda, pp. 78 y ss. Fiadurias fazen los hombres entre si, porque las promisiones, e los pleitos que fazen, e las posturas, sean mejor guardadas. Partida V, Título XII.

26 Partida V, Título XII, Ley I.

27 Hugo de Celso: Reportorio de las leyes de Castilla, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2000 (primera edición de 1538).

28 Esta relación es especialmente visible en el mundo fiscal, como se ha encargado de demostrar en numerosos estudios como los más recientes de Ágatha Ortega Cera: «Arrendar el dinero del rey. Fraude y estrategias financieras en el estrado de las rentas en la Castilla del siglo XV», Anuario de Estudios Medievales, 40/1 (2010), pp. 223-249, en particular pp. 242-243; o Pablo Ortego Rico: «Financieros y redes financieras en tiempos de Juan II: posibilidades de estudio del libro de “recepta” de 1440», en David Carvajal, Javier Añíbarro e Imanol Vítores (eds.): Redes sociales y económicas en el mundo bajomedieval, Valladolid, Ed. Castilla, 2011, pp. 120-129, sobre la relevancia de fianzas y fiadores de los arrendadores de rentas reales.

29 La fianza podía ser natural, si no se podía apremiar al fiador por juicio, o civil e natural, entre las que los legisladores diferenciaban las de carácter concreto de las generales. Partida V, Título XII, Ley V.

30 Ordenanzas, Libro V, Título XI «de los fiadores»; H. de Celso: Reportorio de las leyes de Castilla, entrada «Fiador y fiaduría», f. CXLV.

31 Francisco Ruiz Gómez: Las aldeas castellanas en la Edad Media, Madrid, CSIC, 1990, p. 253.

32 Sobre los fiadores en el proceso de arrendamiento de rentas reales, A. Ortega, «Arrendar el dinero del rey»; Juan Antonio Bonachía Hernando y David Carvajal de la Vega: «El control del negocio fiscal: las Hojas e Informaciones de bienes de arrendatarios y fiadores en la hacienda castellana bajomedieval», en Antonio Collantes de Terán Sánchez (ed.): Fuentes para el estudio del negocio fiscal en los reinos hispánicos (siglos XIV-XVI), Madrid, Instituto de Estudios Fiscales-Universidad de Málaga, 2010, pp. 171-203. La presencia de «buenos fiadores» también se exigía en los procesos de arrendamiento de rentas locales, véase Antonio Collantes de Terán Sánchez: «Los fiadores en la hacienda concejil sevillana bajomedieval», Mayurqa, 22/1 (1989), pp. 191-197; Antonio Collantes de Terán Sánchez y Denis Menjot: «Hacienda y fiscalidad concejiles en la Corona de Castilla en la Edad Media», Historia. Instituciones. Documentos, 23 (1996), pp. 213-254, en particular p. 243, o para el caso de los encabezamientos, David Carvajal de la Vega y Juan Antonio Bonachía Hernando: «Financieros locales en los primeros encabezamientos castellanos: Valladolid, 1496», en Mercedes Borrero y Juan Carrasco, Rafael Peinado (eds.): Agentes de los sistemas fiscales en Andalucía y los reinos hispánicos (siglos XIII-XVII): un modelo comparativo, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 2015, pp. 169-192.

33 Cuaderno de alcabalas de 1491, artículos 45 y 46 donde se desarrollan el nombramiento de los fiadores –uno de ellos se debía obligar de mancomún con el arrendatario principal– así como el proceso de presentación de fianzas. Miguel Ángel Ladero Quesada: Legislación hacendística de la Corona de Castilla en la Baja Edad Media, Madrid, Real Academia de la Historia, 1999, pp. 137-139.

34 J.A. Bonachía y D. Carvajal: «El control del negocio fiscal», pp. 171-203.

35 A. Ortega: «Arrendar el dinero del rey», p. 245.

36 Los cambiadores vallisoletanos estaban obligados a nombrar a uno o dos fiadores, por lo general compañeros de profesión o familiares cercanos, con disponibilidad de medios económicos para afrontar los impagos y quiebras en los que pudiese incurrir el cambiador público fiado. Las obligaciones se realizaban ante los oficiales del concejo y las fianzas variaban según estimasen oportuno los regidores encargados de velar por el correcto funcionamiento del sistema. David Carvajal de la Vega: «El control económico de la villa: mercaderes y financieros en Valladolid (ca. 1500)», en David Carvajal, Javier Añíbarro e Imanol Vítores (eds.): Poder, Fisco y Mercado en las ciudades de la Península Ibérica (ss. XIV-XVI), Valladolid, Eds. Castilla, 2015.

37 Un buen ejemplo de este tipo de documentos que no respondían a la firma de un contrato entre acreedor y deudor eran las cartas de poder, donde se recogía el compromiso de un otorgante, el fiador, para salir como tal en favor del receptor de la carta de poder, el fiado.

38 A fines del siglo XV, la tipología notarial castellana presenta aún un importante grado de indefinición. Entre las cartas de obligación es posible distinguir varios tipos documentales: obligación de cambio, de lanas, de carnicería, incluso cartas denominadas de obligación y fianza, que pueden ser similares a las cartas de obligación generales o a las cartas de fianza. Entre las cartas de pago podemos citar de forma especial las cartas de pago y lasto (el acreedor se daba por pagado de una deuda traspasando su derecho al fiador que había hecho efectivo dicho pago). Sobre instrumentos financieros y tipología véase: David Carvajal de la Vega, Mauricio Herrero Jiménez, Francisco J. Molina de la Torre e Irene Ruiz Albi: Mercaderes y cambiadores en los protocolos notariales de la provincia de Valladolid (1486-1520), Valladolid, Universidad de Valladolid, 2015, pp. 29 y ss.; y la obra clásica de José Bono Huerta: Los archivos notariales, Sevilla, Junta de Andalucía / Dirección General del Libro, Bibliotecas y Archivos, 1985.

39 Como ejemplo de la primera operación, encontramos a Diego de Aguilar, el mozo, lencero, y Francisco de Cuenca, platero, vecinos de Valladolid, que salieron como fiadores de Pedro de Guadalajara, joyero, vecino también de Valladolid, en el censo perpetuo contraído por este con el convento de Santa Clara de Tordesillas sobre unas casas que el monasterio poseía en la calle de la Costanilla de Valladolid. AHPV, Protocolos, leg. 14065/1, ff. 729v-732r. En cuanto al segundo caso, podemos citar una carta de fianza por la que Francisco Corvalán, vecino de Medina de Rioseco, salía por fiador de Antón Audinete, platero, vecino de la misma villa, para estar «a justicia» con Juan de Villalón, mercader, vecino de Medina de Rioseco, para lo que le demandara, AHPV, Protocolos, leg. 8439, ff. 35v-36r.

40 Los legajos 1 y 2 de la sección Protocolos del AHPV son un buen ejemplo de esta concentración. Estas piezas recogen mayoritariamente cartas de arrendamiento de casas propiedad del cabildo de la colegiata a vecinos de la villa durante los primeros años del siglo XVI. D. Carvajal et al.: Mercaderes y cambiadores en los protocolos notariales, pp. 24-28.

41 AHPV, Protocolos, leg. 1, ff. 383r-392v. y leg. 2, f. 246.

42 Sobre un total de 356 casos registrados. Fuentes: AHPV, Protocolos, legs. 1, 29, 32, 4394, 6095, 6813, 7330, 7838, 7839, 7840, 8433, 8434, 8436, 8438, 8439, 8440, 8441, 8448, 14065/1, 20152. 20153, 20154 y 20205, pertenecientes a las localidades de Medina del Campo, Medina de Rioseco, Valladolid, Toledo y menores.

43 AHPV, Protocolos, leg. 7840, ff. 495r-496v.

44 De nuevo, valga como ejemplo el poder otorgado por Juan del Castillo, vecino de Toledo, a Diego López de Santa Justa, hijo de Pedro López, mercader, vecino de Toledo, y a Fernando Núñez de Madrid, su suegro, vecino de la misma ciudad, para que puedan obligarle como su fiador, hasta en cuantía de 100.000 mrs., para pagar a sus acreedores. AHPV, Protocolos, leg. 7840, ff. 565r-566r (Toledo, 1519/08/18).

45 «Tiene gran provecho a aquel que la recibe (la fianza), pues está por ello más seguro de aquello que le han de dar o hacer, porque quedan ambos obligados, tanto el fiador como el deudor principal», Partida V, Título XII, Ley I.

46 Valgan como ejemplo los estudios de Maria Giuseppina Muzzarelli: «Il credito al consumo in Italia: dai banchi ebarici ai Monti di pietà», o Myriam Greilsammer: «Il credito al consumo in Europa: dai lombardi ai Monti di pietà», ambos en Franco Franceschi, Richard A. Goldthwaite y Reinhold C. Mueller (coords.): Il Rinascimiento italiano e l’Europa. Commercio e cultura mercantile, Treviso, Fonzacione Cassamarca / Angello Colla Editore, 2007, pp. 567-589 y 591-611.

47 Hilario Casado Alonso: «Comercio textil, crédito al consumo y ventas al fiado en las ferias de Medina del Campo en la primera mitad del siglo XVI», en Salustiano de Dios et al. (eds.): Historia de la propiedad: crédito y garantía, Madrid, Servicio de Estudios del Colegio de Registradores, 2007, pp. 127-160.

48 D. Carvajal: Crédito privado y deuda, pp. 363 y ss.

49 Este mismo fenómeno se aprecia en las fianzas otorgadas a los cambiadores públicos en Valladolid. Cuando los regidores requirieron afianzar mejor las mesas de cambio públicas del año 1497, procedieron a exigir nuevas obligaciones de fiadores hasta cumplir con el montante fijado. D. Carvajal: «El control económico de la villa».

50 David Carvajal de la Vega: «En los precedentes de la banca castellana moderna: cambiadores al Norte del Tajo a inicios del siglo XVI», en Ernesto García Fernández y Juan Antonio Bonachía Hernando (eds.): Hacienda, Mercado y Poder al Norte de la Corona de Castilla en el tránsito del Medievo a la Modernidad, Valladolid, Ed. Castilla, 2015, pp. 17-37.

51 AHPV, Protocolos, leg. 7840, f. 828v. Martín de Cáceres, cazador, deudor, y Antonio de Aranda, sastre, fiador, se obligan a pagar a Sebastián Romero, cambiador, vecino de Medina del Campo, 11.250 mrs. de un préstamo, en el plazo de veinte días.

52 AHPV, Protocolos, leg. 8440, f. 246v. Sancho López, mercero, vecino de Valladolid, como principal pagador, y Pedro Díez de Ceballos, vecino de Medina del Campo, como su fiador, se obligan a pagar a García Cocón, cambiador, vecino de Valladolid, 28.000 mrs. que había prestado al dicho Sancho López, mediada la feria de octubre de Medina del Campo de 1516.

53 AHPV, Protocolos, leg. 7840, f. 912. Alonso de Baeza, mercader, vecino de Baeza, deudor; Gutierre García y Alonso Ortiz, mercaderes, vecinos de Toledo, y Pedro de Baeza, mercader, vecino de Granada, fiadores, se obligan de mancomún a pagar a Diego de Mazuelo, cambiador, mercader, vecino de Burgos, 100.000 mrs. que le prestó, mediada la feria de Cuaresma de Villalón de 1520.

54 AHPV, Protocolos, leg. 7838, ff. 359r-v.

55 AHPV, Protocolos, leg. 8434, ff. 45r-47r (1517). Otra de las bulas cuya administración y venta fue concertada ante notario fue la bula de fábrica de San Pedro, concedida por León X, gestionada por el mercader genovés Tomás de Forneri, estante en la Corte. AHPV, Protocolos, leg. 7840, f. 905r (1519).

56 Sobre un total de 224 cartas de obligación. Fuentes, vid. nota 42.

57 D. Carvajal: «El control económico de la villa».

58 Sobre un total de 207 obligaciones cuya cuantía fiada conocemos. Datos en maravedís. Fuente, vid. nota 42.

59 La disponibilidad e información aportada por determinadas fuentes son algunas de las razones de mayor peso para comprender esta descompensación, puesto que la documentación fiscal otorga una mayor relevancia formal y documental al fiador en comparación con otros ámbitos donde también aparece esta figura (compraventas, finanzas, depósitos, etc.).

60 Sobre las excepciones de la mujer como fiadora: Partida V, Título XII, Ley III. Las más relevantes eran para conseguir la libertad de una persona, por su dote o por fianzas otorgadas libremente renunciando a los derechos que la ley le reservaba.

61 AHPV, Protocolos, leg. 7839, ff. 397v-399r y leg. 7840, f. 826v.

62 Fuente, vid. nota 42.

63 Cuaderno de alcabalas de 1491, M. A. Ladero Quesada: Legislación hacendística, art. 47. pp. 138-139.

64 AHPV, Protocolos, leg. 20154, f. 236r; leg. 8436, f. 15r-v y leg. 7838, f. 359r-v, respectivamente.

65 AHPV, Protocolos, leg. 7839, f. 657r-v, y leg. 7840, f. 538v.

66 AHPV, Protocolos, leg. 7840, ff. 607v-608r, y leg. 20153, f. 333r.

67 AHPV, Protocolos, leg. 7330, f. 321r-v.

68 AHPV, Protocolos, leg. 6813, ff. 612r-613v.

69 F. Ruiz Gómez: Las aldeas castellanas, p. 66.

70 AHPV, Protocolos, leg. 8441, f. 679v; leg. 8434, f. 289v, y leg. 8436, f. 97r-v.

71 Fuente: vid. nota 42.

72 Partida V, Título XII, Ley X.

73 ARChV, Registro de Ejecutorias, c. 150, 42.

74 Siguiendo lo indicado por la ley: Partida V, Título XII, Ley XI.

75 ARChV, Pleitos Civiles, Alonso Rodríguez (D), c. 37, 3.

76 R. W. Goldsmith: Premodern Financial Systems, pp. 229 y ss.

CREDIT AGREEMENTS AND LITIGATION OVER DEBT IN ENGLISH MANORIAL COURTS

Phillipp R. Schofield Aberystwyth University

Work on rural credit, especially credit agreements involving members of the peasantry, has grown significantly in the last two decades. Earlier work by Elaine Clark on the fifteenth-century small town of Writtle (Essex) offered a pioneering examination of credit arrangements and the ways in which these intersected. She also offered some careful and important commentary on the form of agreement, which included money loans and sale credits1. Work on rural credit in the last two decades has chiefly been undertaken by the present author and by Chris Briggs and in a number of publications, including Briggs, major monograph on the topic of rural credit and indebtedness, they have aimed to set out the variety of ways in which credit can be examined for rural England during this period.2 This has resulted in discussion of the form and nature of credit arrangements and some identification of distinctions between the kinds of credit extended, the likely differences in terms of credit agreements over time, as well as discussion of the nature of credit agreement.

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As regards the last point, there is some obvious distinction to be drawn between the historical view of credit arrangements as essentially the product of horizontal agreements, conducted typically between parties of generally similar means and without the operation of significantly unequal power relations and, conversely, credit agreements that were created in essentially vertical relationships in which one party, typically the creditor, enjoys a considerably enhanced bargaining position relative to the other party. Briggs, in particular, has sought to show that much credit extended in the medieval English countryside was not the product of distress or unequal bargaining positions, occasioned perhaps by crisis events such as harvest failure or famine; instead, as he has argued, credit agreements were often the product of fairly small-scale exchange between parties dealing in proximity and often in forms of mutual support aimed at facilitating consumption.3 The present author, who has tended to work on credit and indebtedness in the decades either side of 1300, has also, as Briggs has noted, often represented credit in terms of distress and has associated it, on occasion and typically indirectly, with other indices of apparent upheaval in crisis years, including heightened land market activity.4 In recent work, the present author has attempted to show that a considerable amount of the credit recovered in the early fourteenth century had been extended in large sums and often extended over what were seemingly quite long periods of time. In particular, there is plentiful evidence for the involvement of relatively wealthy merchants and townsmen engaging, often as creditors, with peasant debtors, and often in credit agreements involving very large sums of money and/or large amounts of goods, especially grain.5

In this paper, further reflection will be made upon the role of external agents in developing modes of business dealing in the medieval English village. Before we return to this theme however we will need to set out a more general context. In what follows therefore we will begin with a discussion of credit agreements, their form and evidence for them in the medieval English countryside, especially at the level of the peasantry. We will then discuss evidence for the role of external agents, both as lawyers and attorneys as well as merchants and townsmen in the medieval English village, and consider the likely significance of their role in helping establish modes of dealing and of conducting business at the local level.

CREDIT AGREEMENTS: EVIDENCE AND FORM

Most of the evidence for peasant-level debt in medieval England comes from litigation and, in particular, litigation recorded in manorial courts. We have very little, though certainly some, evidence from the point that credit is extended but we do have a great deal of information arising from the point of recovery and, given that, recovery recorded as part of the process of debt litigation. While some of that material resides in fora other than manorial courts, including central courts, borough courts and other ancillary documentation, such as wills, the bulk of evidence and, to date, the greater part of historical investigation is focussed upon manorial courts. Manorial courts in England survive in great number from the second half of the thirteenth century and have been used extensively by historians of the medieval English countryside and in particular of the peasantry since the end of the nineteenth century.6 Some of the earliest work on manorial courts and the evidence they offered was undertaken by legal historians and, in particular, F. W. Maitland whose seminally important study of the customary law in manorial courts has remained a standard point of reference for more than a century.7 That said, a great deal of the work on the medieval English peasantry has not been focussed upon law and litigation in the manorial court; instead, considerable emphasis has been upon such topics as socio-economic dealing, the land market, lord-tenant relations, rent and so on. Only intermittently, at least until quite recently, has the study of litigation featured prominently in work in this area and it remains a main topic of research for only a handful of researchers.8

To date a good deal of relevant research has been aimed at establishing the typicality of debt, its extent and frequency, as well as understanding the form and structure of credit agreements and resultant debt in so far as this can be understood from litigation. Historians primarily interested in inter-personal litigation in the manorial court have challenged any easy assumptions regarding the significance of patterns in the frequency of debt litigation relative to external factors such as harvest failure or fluctuation in the money supply.9 They have suggested that a detailed understanding of the law, and most especially due process, informing debt recorded as litigation in manorial courts is required before any confident assertions can be made regarding the applicability of debt litigation evidence to changing socio-economic conditions. With that in mind, the last decade or more has seen a number of detailed studies of litigation in manorial courts; this work has, in the broadest terms, suggested the following ten points:

First. Most debt litigation in manorial courts was not supported by written evidence; typically litigation was conducted between parties who had, at an earlier date, established their credit agreement through oral agreement, most likely supported by witnesses.

Second. This tendency for oral agreement is evidenced in the litigation, often in terms of the proof employed in order to secure judgement; the use of oath-helpers, through compurgation or wager of law, makes clear the kind of evidential basis that most likely predominated, namely the oral oath of the party supported by the oaths of his or her helpers, the latter intended to attest to the integrity of the party.10

Third. Where reference to other than oral proof is made it tends to relate to relatively weak forms of non-oral or written proof; in particular there is evidence for the use of tallies (notched sticks used to record an account) and written instruments of various and often indistinct kinds. Parties to litigation also used devices, such as the payment of a token coin (so-called earnest or God’s money) intended to aid the subsequent mental recovery of contract details. There is also some indication, especially in debts arising after a significant period of time or following the death of a party to a debt, that individuals maintained, in some form, records or accounts of debt, though little or no direct evidence of any kind survives in this respect.11