Movimiento en la tierra. Luchas campesinas, resistencia patronal y política social agraria. Chile, 1927-1947
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El trasfondo de estos desalojos –y de muchos más de que va dando cuenta la prensa de izquierda de la época– y de la situación de «terror» que estos generaban en la zona sur, era la negativa de las instituciones fiscales y estatales de otorgar los títulos a que tenían derecho legal los ocupantes y mapuches de las tierras que habitaban y trabajaban por muchos años: se denunciaba que, en 1943, había unos 7.000 expedientes que esperaban respuesta197. No obstante, el Ministerio de Tierras a menudo otorgaba títulos a terratenientes que lograban, a través de operaciones leguleyas, reconocimiento como propietarios de tierras ancestralmente ocupadas por colonos e indígenas. Este otorgamiento desigual y privilegiado de propiedad sobre terrenos, generalmente fiscales, era lo que generaba desalojos masivos y miseria humana en los caminos de la patria.
Así, a través de los abogados, la coima jugosa, los juzgados y los ministerios, los deseosos de más tierras conseguían en el sur de Chile los papeles, los títulos y la fuerza pública para arrasar con los chilenos ocupantes de tierras y los mapuches que, habiendo perdido las suyas, compartían la misma suerte en calidad de «ocupantes de tierras fiscales», en tanto que el Estado aceptaba pero no reconocía legalmente su ocupación y no otorgaba sus títulos, dejándolos al desamparo de los más fuertes. «Los campesinos pobres que acuden a las oficinas públicas en demanda de justicia o de solución para sus conflictos, son recibidos como si no fuesen chilenos. En cambio, cuando llega a esas mismas reparticiones un hacendado influyente, de muchas campanillas, todas las puertas se le abren generosas a sus pretensiones…»198.
Diez y seis campesinos habían sido radicados (año 1941) en el fundo «La Isla» –tierras fiscales de la localidad de Fresia, ubicada en las proximidades de Puerto Varas, Región de los Lagos– por parte del intendente de la provincia de Llanquihue, en tiempos del gobierno de Aguirre Cerda. No obstante, dichas tierras ya tenían dueños con títulos legalizados, quienes comenzaron a pedir el desalojo de los ocupantes; los campesinos optaron por defenderse mediante litigio. El supuesto propietario, Juan de la Cruz Flores, ocupante de una parte de dicho fundo, esgrimía sus títulos frente al rostro de los campesinos de La Isla y de otras localidades de Fresia y la Cordillera del Sarao. La grave amenaza a sus vidas y a su trabajo en la tierra, el único medio de vida entonces, suscitó delegaciones y comunicaciones de los campesinos al gobierno pidiendo amparo, las que fueron archivadas, como tantas, en alguna carpeta ministerial… Mientras los años pasaban, Flores continuaba sus papeleos y trámites hasta que finalmente consigue la fuerza pública para el lanzamiento de todos los ocupantes del fundo.
El día lunes 13 de mayo de 1946, el teniente. Luis Correa San Martín, con una dotación de 15 carabineros, se dirigió al fundo «El Cañal», de propiedad de Flores, donde pernoctaron luego de una «suculenta comida y abundante trago». Por su parte, Flores reunió a 27 inquilinos y peones de los alrededores contratados para ayudar en las «faenas de despojo». Al amanecer del día siguiente, esa fuerza de 42 personas, constituidas por carabineros y civiles, dirigidos por el teniente. Correa, se dirigió a realizar un asalto por la espalda, desde la montaña del fundo «La Isla», tomando por sorpresa a los campesinos. Formados en línea de tiro los carabineros, el teniente. leyó a los campesinos –cual lectura del «Requerimiento» de la época de la Conquista española– el texto de la sentencia del Juzgado de Puerto Varas que ordenaba el inmediato desalojo de sus casas. Los campesinos pidieron un plazo de dos días para desocupar las casas, estando lloviendo y sin tener dónde refugiarse: tajante negativa. La no acogida de esa petición envalentonó a los campesinos quienes, junto a sus mujeres e hijos, levantaron rostro y habla planteando que «sólo muertos abandonarían sus casas». De inmediato, parapetado tras un árbol, el teniente. Correa dirigió un combate desigual, usando armas de fuego y otros instrumentos contundentes contra los puños y palos de los campesinos. Con notable valentía las mujeres se batieron a puño limpio con los carabineros armados: la campesina Pabla Rain sostenía en brazos a su pequeño de meses, y con el otro combatía a palo, mientras la Sra. Leiva luchaba envuelta en la bandera chilena, a quien los carabineros arrastraron por el suelo, corriendo en su auxilio su hijo Augusto Leiva, de 18 años, quitándosela a los carabineros a fuerza de puño: el cabo Barrientos acribilló al joven a balazos. Mataron también al campesino Abel Barría y su grito al viento de «mejor morir antes que entregar sus tierras». Muchos heridos. Dando alto al fuego, Correa ordenó la detención de varios campesinos a quienes habrían apaleado con saña, y concedió, finalmente, el plazo de dos días para desocupar las casas: día en que Correa arribó al lugar temprano con refuerzo de carabineros, material de guerra, yuntas de bueyes y carretas. Los bueyes arrancaron de sus bases cada casa, destruyéndolas luego a hachazos, ante el asombro y dolor de los y las campesinas, quienes las habían habitado con su amor y su vida. Cuando arrancaban la quinta casa, un telefonazo del intendente (Drogett) ordenó el retiro inmediato de carabineros del lugar199: órdenes superiores.
En los funerales de los dos fallecidos se escuchó públicamente el dolor y la indignación. Se rumoreaba desencadenar un nuevo Ranquil si el gobierno no tomaba cartas en el asunto a favor de los ocupantes campesinos y mapuche. «La madre de Leiva juró al pie del cadáver de su hijo, entre sollozos y gritos de rebelión, que vengaría ese crimen. Llamó a todos los presentes a fortalecer la organización sindical campesina como el único medio de defender sus tierras y sus derechos amenazados. El grito de esa mujer se ha convertido hoy en la consigna unánime de los campesinos de toda esta región»200.
Ante los dramáticos sucesos de Fresia, el ministro de Tierras del gobierno de Ríos, Fidel Estay (Partido Democrático), declaró: «No habrá más lanzamientos de campesinos» y decretó la expropiación del fundo «La Isla», en consideración a que el intendente de la provincia había radicado allí hacía cinco años a los campesinos ocupantes perseguidos por los usurpadores201. Tardía reacción expropiatoria del gobierno en el caso de Fresia…
Pero las presiones de los terratenientes del sur sobre los ocupantes de tierras, especialmente en zonas madereras, siguieron dando pie a dramáticas situaciones de usurpaciones y desalojos de tierras fiscales, ocupadas y explotadas hacía años por campesinos de economía familiar, generando juicios, detenciones arbitrarias y lanzamientos con fuerza pública. Fue también el caso, difundido en 1946, de los 30 campesinos antiguos ocupantes de terrenos fiscales en la Cordillera del Saraos (departamento de Maullín, provincia de Llanquihue), rica en madera de alerce, disputada por el terrateniente alemán Oelkers y otros202. La situación de presión y abusos era tan dramática, preludiando posibles hechos de sangre, que el ministro de Tierras y Colonización, Fidel Estay, se comprometió a expropiar, como lo autorizaba la Ley Económica de 1943, los fundos comprometidos en el conflicto de la Cordillera de Saraos y a «estudiar la radicación definitiva de los campesinos»203. Con el fin de presionar por el cumplimiento de esta promesa expropiatoria, dirigentes de la Asociación de Agricultores de Chile, que agrupaba a los pequeños y medianos campesinos chilenos (José Becerra, Juan Arístides), acompañados por el senador Pablo Neruda, acudieron al despacho del ministro Estay, quien nuevamente se comprometió a cursar y acelerar la expropiación de 15 fundos en dicha Cordillera del Saraos para entregarlos a los campesinos204. La presencia de Neruda en el despacho del ministro en favor de los campesinos de Saraos era, sin duda, más que una presión política: moral.
Existieron otras acciones expropiatorias durante el gobierno de Ríos a favor de colonos y ocupantes de tierras en el sur, lo que nos habla de la presencia, hacia 1946, de cierta voluntad activa emanando desde los ministerios y el gobierno, como tibio cumplimiento de la Ley Económica de diciembre de 1943. Así, el ministro de Tierras y Colonización del gobierno de Ríos, Fidel Estay, con antecedentes fundados acerca de la injusticia del lanzamiento en 1933 de doce ocupantes de tierras en Queule, (territorio de agricultores y pescadores situado al norte de la costa valdiviana) se comprometió a devolver dichas tierras usurpadas, expresando su voluntad de otorgarles títulos definitivos tanto a los colonos lanzados como a cuatro colonos que aún habitaban el lugar. Una acción sin duda significativa que lograría arraigar establemente familias de largo habitar en la costa valdiviana205. Asimismo, Estay acudió en terreno a ver los conflictos de tierras pendientes en Mantilhue, Peñahuén y otros lugares territoriales del sur del país que comprometían a 3.000 familias: «Visité el fundo de Mantilhue. La tierra debe entregarse a estos ocupantes de tierras, esforzados trabajadores. Propondré al gobierno un plan de adquisición de los fundos y su entrega a los ocupantes. Están terminados los estudios que se refieren al fundo Peñahuén. En pocos días más se hará entrega a los ocupantes», declaraba el ministro Estay a la prensa206. Después de tantos años de luchar y bregar, parecía que, al fin, llegaba justicia. Así, por decreto del presidente Ríos, el gobierno expropió el fundo «Pellahuén» en la comuna de Traiguén (Araucanía), el que había sido motivo de numerosos pleitos y reclamaciones y donde habitaban, hacía más de cincuenta años, 6.000 personas pertenecientes a familias de pequeños campesinos, mapuches y chilenos, a quienes el gobierno, finalmente, otorgó sus títulos definitivos207. Algarabía.
Simultáneamente, el ministro Estay había hecho gestiones políticas para incluir en las sesiones extraordinarias del Congreso Nacional de 1945 un proyecto de ley (que había sido enviado en 1942) que declaraba de utilidad pública unos terrenos en Trovolhue (Carahue, a 45 km. de Puerto Saavedra, provincia de Cautín) y autorizase su expropiación, con el fin de crear allí una población con dicho nombre208: política de nuevas poblaciones rurales que recogían a los desalojados de las tierras aledañas y que allí podrían reconvertirse –en este caso– en obreros de explotación de la madera y extracción del tanino del lingue209.
Por otra parte, ciertas acciones de defensa directa de campesinos amenazados de usurpación realizaron autoridades del gobierno de Ríos, como fue el caso del jefe de la Oficina de Tierras de Osorno ante la denuncia de usurpación de campesinos y mapuche de sus tierras en la localidad cordillerana de Maihue, por parte de un supuesto «dueño del predio» denominado fundo «Maihue», residente en Valdivia. Al llegar a dicho fundo, el jefe de la Oficina de Tierras, acompañado de una comitiva, fue recibido por un grupo armado por el patrón que le impidió la entrada. Ante dicha «recepción» patronal, la Dirección de Tierras y Colonización del gobierno central dio instrucciones al jefe de la Oficina de Tierras de Osorno de apersonarse en el predio con la fuerza pública: quizás uno de los únicos casos del período en estudio en que el uso de la fuerza pública fue instrumento oficial al servicio de la protección y defensa de los amenazados campesinos y mapuches del sur210.
5. Despojos en el norte
No solo ocurrían despojos en la Araucanía y más al sur, territorios donde la conquista y ocupación del Estado había dejado amplios espacios abiertos para la instalación de muchos y para la rapacidad de los más fuertes. También ocurrían en el norte, donde el pequeño campesinado sobrevivía precariamente, ante la presión de los grandes latifundistas, sus vecinos nunca saciados.
«Las Chilcas, mayo 12, 1940. Sr. Secretario General de la CTCH. Estimado camarada. La Liga de Campesinos Pobres de Las Chilcas, desilusionada y sin esperanzas se dirige por última vez a nuestra Confederación a la que con tanta fe y orgullo tuvimos el honor de pertenecer mientras existió nuestro organismo. Con honda tristeza ponemos en su conocimiento que desde el miércoles 8 del presente, esta Liga de Campesinos que con tantos sacrificios pudimos fundar en esta localidad, desde esta fecha fatal ha dejado de existir, fecha en que acabamos de obtener el fruto del 25 de octubre de 1938 por el hecho de haber contribuido con nuestro voto para llevar a la Presidencia de la República a don Pedro Aguirre Cerda. Ahora nos encontramos en la más horrible miseria a la intemperie, sin viviendas y sin trabajo, fuimos desalojados por la fuerza pública de nuestros hogares, por orden del Gobernador de Quillota e Intendente de Valparaíso, satisfaciendo los caprichos del latifundista Jorge Prieto Letelier211. Al lanzarnos de este pedazo de suelo en el que vivimos más de treinta años, hemos perdido animales, semillas y herramientas. Tanto animales como semillas hemos tenido que venderlas a mitad de precio para poder alimentar a nuestros hijos durante este período de miseria que llevamos transcurrido212.
Despojos que ocurren en pleno gobierno del Frente Popular, al que, con esperanza, muchos campesinos pobres votaron en 1938, seguros de que su triunfo significaba el advenimiento de la protección y la justicia para ellos. Si bien el gobierno del FPCh buscará mejorar por distintas vías la condición de los desposeídos, no tocará sustancialmente el orden económico donde opera la lógica de los propietarios y sus redes de influencia en todos los aparatos políticos y judiciales del país.
Fue sangriento el despojo de tierras en Llay Llay (actual provincia de San Felipe). Los terratenientes, levantando títulos de dudoso origen, consiguieron orden de desalojo para campesinos que allí vivían y trabajaban, profundamente imbricados en la tierra. Los carabineros arremetieron fieramente contra los campesinos y sus mujeres decidido/as a defender su vida, es decir, la tierra de su habitar: dos de ellos fueron muertos, seis herido/as. Se habló de la «matanza de Llay Llay»213.
Por su parte, el desalojo masivo de comuneros de las comunidades agrícolas de «Chape Chacay» y «El Sauce» de la comuna de Samo Alto revistió caracteres dramáticos. Eran tierras precordilleranas de la provincia de Limarí, Ovalle (Región de Coquimbo), ocupadas por comuneros hacía decenas de años, dedicados al cultivo de sus huertos familiares, artesanías y crianza de ganado caprino, tierras que habían perdido a causa «de una mala defensa». Previo al corte de agua, quedando incapacitados para regar sus siembras, los comuneros fueron lanzados, según denunciaron, «sin orden competente» en pleno invierno de 1945, a raíz de la demanda del «dueño del fundo» (Sr. Chadwick), negándose éste a arrendarles parte de esas tierras, como lo solicitaron los despojados, presentándose ante la vista de todos «el pavoroso cuadro de las familias lanzadas, botadas en el campo unas y otras viviendo debajo de los árboles o en hornos carboneros cavados en el cerro, víctimas de las inclemencias del tiempo», con lluvia y nieve214.
La situación crítica de los comuneros de Chape y Chacay la estaban viviendo también otras comunidades campesinas de la zona: «El Durazno» de San Julián, «Potrerillo Alto» y «El Altar» de Punitaqui, en el Departamento de Ovalle, y «Tunga Sur» y otras, del Departamento de Illapel, todo lo cual era expresión de la amenazante inestabilidad que vivían las comunidades ante el avance de la gran propiedad privada, premunida de todos los recursos legales. Ante esto, parlamentarios de izquierda y la Asociación de Agricultores de Coquimbo solicitaban al gobierno la expropiación de estos predios como acto de «reconocimiento de las comunidades agrícolas existentes», poniendo fin a injustos despojos215.
En suma, en un tiempo en que la tierra era el medio de producción de la vida por excelencia de todos los moradores de este sur del mundo, y en un momento en que el Estado chileno, habiendo avanzado militarmente sobre la Araucanía, ha incorporado dicho territorio al Fisco y lo ha privatizado por distintas vías, podemos percibir la irresponsabilidad del mismo Estado chileno que, lejos de «pacificar la Araucanía», como dicen los textos escolares, la ha dejado librada a la voracidad del deseo de posesión y a la lucha en el descampado de la sociedad civil, prolongando la guerra militar.
Tanto en el sur como en el norte, el Estado chileno, a pesar de contar con los instrumentos legales pertinentes, ha preferido –salvo algunos casos excepcionales– dejar la cuestión de la «constitución de la propiedad» de la tierra en manos de las fuerzas sociales desatadas, generando sufrimiento humano sin nombre. Es la lógica de la Conquista la que seguirá imperando en la tierra de Chile/América, cuatrocientos y tantos años después.
134 «Carta de cacique mapuche a Marmaduke Grove», Consigna, Santiago, 3 de abril, 1937, p. 2.
135 Este fue el caso del general Bulnes, a quien el gobierno chileno habría entregado vastas tierras en la Araucanía (Alto Biobío) como premio a sus servicios en las guerras de Independencia y lucha contra los Pincheira. Ver Salazar, Gabriel Conversaciones con Carlos Altamirano: memorias críticas, Santiago, Editorial Debate, 2013.
136 Pedro Godoy, La conquista de Arauco, Santiago, Imprenta Nacional, 1862, p. 5, citado en M. Angélica Illanes, «Del mito patriótico al positivismo militar. El pensamiento del Coronel Pedro Godoy», en Mario Berríos et al., El pensamiento en Chile, Santiago, Nuestra América Ediciones, 1987, p. 41.
137 Palabras de un cacique dichas al coronel Saavedra al momento de la ocupación de la zona costera de la Araucanía, citadas en Horacio Lara, Crónica de la Araucanía, Santiago, 1889, y citada en M. Angélica Illanes, «Del mito patriótico al positivismo militar. El pensamiento del Coronel Pedro Godoy», en Mario Berríos et al., El pensamiento en Chile, Santiago, Nuestra América Ediciones, 1987, p. 40.
138 «Ley de Fundación de poblaciones en el territorio de los indígenas» promulgada en Santiago el 4 de diciembre de 1866 y firmada por el Presidente de la República, José Joaquín Pérez y su ministro de Guerra y Marina y de Justicia, Culto e Instrucción Pública, Federico Errázuriz Z.
139 Fabián, Almonacid, «El problema de la propiedad de la tierra en el sur de Chile. (1850-1930)», Historia, 2009, I (42). Respecto de esta ley, ver también Luis Berger, «La matanza de colonos nacionales de Loncoche: Lucha social por el dominio de la propiedad de la tierra al interior del sistema de colonización en el sur de Chile (1910)», Revista Austral de Ciencias Sociales, 2014, N°27, (84).
140 «En 1907 los capuchinos realizaron un censo de la población indígena, llegando a contar 101.112, desde la provincia de Arauco hasta la de Llanquihue. En (…) Malleco 11.261, en Cautín 46.761 y en Valdivia 26.134». Almonacid, Fabián, «El problema de la propiedad de la tierra en el sur de Chile (1850-1930)», Historia, 2009, I (42).
141 Leyes de Colonización promulgadas el 19 de enero de 1894 y el 14 de septiembre de 1896. Ver Berger, Luis «La matanza de colonos nacionales de Loncoche: Lucha social por el dominio de la propiedad de la tierra al interior del sistema de colonización en el sur de Chile (1910)», Revista Austral de Ciencias Sociales, 2014, N°27, p. 85.
142 «Evitar que los indígenas no se vean expoliados no está en manos del infrascrito, ni creo que nadie pueda evitarlo, a pesar de la promulgación de nuevas leyes de protección, como quiera que se trata de una raza inferior…», Risopatrón, Luis funcionario de la Oficina de Mensura de Tierra al Ministro de Relaciones Exteriores, el 19 de junio de 1908, citado en Almonacid, Fabián, «El problema de la propiedad de la tierra en el sur de Chile (1850-1930)», Historia, 2009, I (42).
143 Fabián, Almonacid, «El problema de la propiedad de la tierra en el sur de Chile (1850-1930)», Historia, 2009, I (42).
144 Ley N°. 994 «Sobre colonización con nacionales» del 13 de enero de 1898 y su Reglamento fechado el 15 de octubre de 1902, citado en Luis Berger, «La matanza de colonos nacionales de Loncoche: Lucha social por el dominio de la propiedad de la tierra al interior del sistema de colonización en el sur de Chile (1910)», Revista Austral de Ciencias Sociales, 2014, N°. 27, p. 86. Citando a A. Torrealba, La propiedad fiscal y de indígenas. Su legislación y jurisprudencia, Santiago, 1917, el autor Berger anota que, hacia 1907 se habían otorgado «tierras fiscales a un total de 231 familias (1.778 personas con una superficie total de 14.174 hectáreas)» (p. 87), es decir, un promedio aproximado de 8 hectáreas por persona.
145 Sobre las relaciones entre colonos nacionales y mapuche ver la excelente obra literaria de Mariano Latorre, Mapu, Santiago, Editorial Orbe, 1945.
146 Así denominaban los pequeños campesinos y mapuche al terrateniente cercano con que trabajaban en medias o que amenaza su parcela. Ver Mariano Latorre, Mapu, Santiago, Editorial Orbe, 1945.
147 «Colonos a título gratuito», El Labriego, 2da. quincena de septiembre, Santiago, 1940, p. 4.
148 Ver Luis Berger, «La matanza de colonos nacionales de Loncoche: Lucha social por el dominio de la propiedad de la tierra al interior del sistema de colonización en el sur de Chile (1910)», Revista Austral de Ciencias Sociales, 2014, N°27, pp.71-102.
149 Diputado Álvarez (P. Democrático), BSC, Diputados, S.O. del 6 de septiembre, 1926, p. 2.697.
150 «Hechos de sangre y de violencia como consecuencia de los litigios de tierra (Historia del Pueblo Mapuche, José Bengoa, Págs. 374-376.): 1911 Sucesos de Rupanco en que se expulsa a numerosas familias de la tierras ocupadas por esa sociedad y mueren a los menos cinco indígenas en la refriega; 1913 Muerte del cacique Manquepán y toda su familia, 15 personas, a manos de los hermanos Muñoz, colonos del lugar (Loncoche). Angel Custodio Muñoz declaró al juez: «Nosotros, señor, queríamos agarrarnos el terreno i por eso matamos a Manquepán»; 1914 Boroa. Muerte de Ramón Cheuque, lanzamiento del cacique Romilén y conflicto generalizado con varios muertos y heridos. En juicio dijo Romilén: «Es increíble, señor presidente, el ensañamiento con que ejercen sus autoridad, guiada sólo por el instinto de odio a nuestra raza, por el hecho lejano ya, de haber defendido su libertad»; 1915 Sucesos de Loncoche. Expulsión de familias, muerte de 12 a 20 indígenas. De estos conflictos surgirá la Mutual Mapuche de Loncoche, que luego dará origen a la Federación Araucana de Manuel Aburto Panguilef; 1915 Concesión Silva-Rivas (Concesión Llaima). Se generaliza el conflicto entre esta sociedad y más de 10 reducciones de Allipen, Cunco y la zona del Llaima. En 1924 se forma la Sociedad Moderna Araucanía de Cunco, que presidió don Antonio Chihuailaf. Este conflicto se debatió largamente en el parlamento nacional; 1916 Sucesos de Frutillar. El colono Eduardo Winkler litiga las tierras del cacique Juan Pailahueque. El caso estaba en los juzgados y en la prensa. Winkler mata a Pailahueque y son apresados más de 20 mapuches que apoyan al cacique. Se le usurpan las tierras en un juicio insólito en que Pailahueque –asesinado– es declarado culpable; 1916 Conflicto en el fundo Ralco de Lonquimay. El cacique Ignacio Maripe pierde sus tierras. 15 años más tarde este cacique morirá en los hechos de Ranquil, participando en la revuelta de los colonos pobres; 1916 El terrateniente Conrado Stage expulsa a tres reducciones en Llanquihue; hay conflicto armado; 1917 Quillonco. Lanzamiento de 30 familias. Participación del Vicariato de la Araucanía. Numerosos viajes a Santiago y debate en la prensa durante varios años; 1917 Asesinato del cacique Cayuqueo en Choll Choll, es lanzado al río; 1917 Declaración de Puerto Montt por los caciques Huentelicán, Quinchalef, Catelicán, en que denuncian usurpaciones y despojos de tierras y llaman a la defensa indigenista; 1917 Sucesos del fundo Lanco, lanzamiento de numerosas familias, muertos y heridos. Durante muchos años habrá conflicto en este fundo de la zona de Loncoche; 1918 Matanza de Forrahue, cerca de Osorno, en que encerrados en una choza se asesino a más de 25 hombres, mujeres y niños, prendiéndole fuego. Forrahue, durante este periodo, es símbolo de la violencia huinca contra los mapuche; 1918 Conflicto generalizado en Futrono, incendio de reducciones, expulsiones y heridos. Numerosas familias se refugian en la cordillera; 1919 Pellahuen. Usurpación y expulsión de 20 familias mapuche. Conflicto con 800 familias en la cordillera de Nahuelbuta durante más de diez años; 1920 Collimallín. En un embargo de bueyes por parte de un particular se asesina a una niña mapuche; 1920 Maquehue. La expulsión de varias comunidades para construir el aeropuerto de Temuco provoca un largo conflicto que se arrastra por años y años; 1921 Un colono Vicente Muñoz desaloja por la fuerza a Pedro José Vilche y mapuches de reducción cercana a Temuco; 1922 Lanzamiento, apaleo e incendio de las reducciones de los caciques Manuel Inalef y Francisco Menilanco de Villarrica. Viajes y declaraciones en Santiago. El conflicto provenía de varios años. Los mapuches fueron lanzados; 1923 60 familias expulsadas de Maigüe. Osorno, por parte de los hermanos Fernando y Conrado Hubache; hay violencia; 1923 Asesinatos de 2 mapuches y arrojados al río Choll Choll a consecuencias de un litigio con particulares cerca de Imperial; 1924 Donguill. Expulsión de una comunidad, muertos y heridos; 1924 Crimen del cacique Mariano Milahuel, 2 hijos de él y otros familiares, por parte del colono Juan Zurita en Caburque, con el fin de robarles la tierra;1925 Los Sauces, Angol. 80 familias de la reducción Manuel Marihual Lempi y José Ancopi Penchulco son amenazadas de lanzamiento, se suceden hechos de violencia; 1925 Llanquihue. Indígena muerto a palos y usurpación; 1926 Incendio de casa y campos del cacique Juan Epu, de Tromén; 1926 Panquero, Provincia de Valdivia. El terrateniente Pedro Warthe procede al lanzamiento de una comunidad y a apoderarse de 10 mil hectáreas. Mueren dos indígenas; 1926 Cancha Rayada en Llanquihue, conflicto entre la Colonia Artemio Gutiérrez y el predio de los Sres. Winkler. Por varios años se mantiene este conflicto que tiene mucha resonancia política; 1925/26 Juan Marinao de Panguipulli es muerto y usurpadas sus tierras. Juicio; 1927 La reducción de Segundo Peñalef es expulsada de Lircay, Temuco; 1930 Sociedad Agrícola Toltén; desalojo de mapuches y colonos pobres; 1930 Conflicto de Caillun. Collipulli. Culmina años más tarde en el lanzamiento de varias familias indígenas por parte del Sr. Paulsen y 80 hectáreas usurpadas».