Ciudadanos, electores, representantes

Además, los diarios de sesiones permiten al historiador aproximarse al ambiente que se vivió en el Parlamento a lo largo de determinados debates. No obstante, en este punto cabría preguntarse: ¿hasta qué punto concuerda el documento escrito al que tiene acceso el investigador con lo que realmente se dijo en las cámaras parlamentarias? Evidentemente, no se puede confirmar de forma empírica lo que allí sucedía, pero las reproducciones de las sesiones parlamentarias ofrecen algunas pistas que pueden ser utilizadas en este análisis. Así, en esta investigación se ha prestado especial atención a ciertas palabras que a menudo aparecen entre paréntesis en los diarios de sesiones junto a los discursos de los oradores, y que dan una impresión más compleja y verosímil de lo ocurrido. En este sentido, la aparición de incisos como «aplausos», «silbidos», «murmullos» o «risas» ponen de manifiesto el efecto que determinados discursos tuvieron en los parlamentarios sentados en la Cámara, mientras que especificaciones del tipo «interrumpiendo», «gritando» o «riendo» ponen el acento en la intencionalidad de los individuos que intervinieron en los debates o incluso en sus estados de ánimo. No hay que olvidar, en este punto, que los debates parlamentarios tenían un componente de teatralidad política, por lo que en ocasiones el uso de la mentira, la sobreactuación, la exageración, la provocación, la ironía, la sorna, la burla o la excesiva adulación dirigida a parlamentarios concretos o a la totalidad del Congreso formaba parte del juego político.9

A pesar de la gran utilidad que concedo a los diarios de sesiones para el desarrollo de esta investigación, y junto a las posibles limitaciones que conllevan y a las que me he referido, tengo que señalar también algunos de los problemas que he encontrado en torno al acceso a estos. Debo admitir que, pese a haber acudido a numerosos archivos y bibliotecas, no siempre ha sido posible localizar en ellos los ejemplares de las sesiones parlamentarias de toda la década objeto de mi estudio. De este modo, la Biblioteca del Congreso de la República de Lima no alberga las sesiones de 1866 y 1867; mientras que en el Archivo de la Función Legislativa de Quito no se encuentran los debates de 1862, 1866 y 1870. Estas ausencias, no obstante, se han podido solventar mediante la consulta de otro tipo de fuentes, como la prensa, en la que a menudo aparecían las transcripciones completas de las sesiones parlamentarias.

Por tanto, la prensa ha resultado ser una fuente complementaria idónea para colmar algunas de las lagunas planteadas por los diarios de sesiones. Sin embargo, también en la utilización de este material hay que hacer algunas precisiones, como por ejemplo la pertinencia de tener en cuenta la orientación editorial de los periódicos. En este sentido, resulta significativo el caso de El Peruano, periódico oficial del Gobierno de Perú, y cuya publicación trisemanal –lunes, miércoles y viernes–, por tanto, dependía del Consejo de Ministros, según una ley del 14 de noviembre de 1856. Así, esta publicación debía incluir «las leyes y resoluciones del Congreso, los decretos y resoluciones del Gobierno, los tratados públicos, las comunicaciones diplomáticas que sea necesario publicar y, en general, todos los actos gubernativos», así como «el despacho diario de los Tribunales».10 En este sentido, he encontrado en este periódico una buena fuente de información sobre todo asunto que emanara de los poderes públicos. Por su parte, el periódico oficial del Gobierno ecuatoriano de García Moreno –que estuvo en el poder durante la mayor parte del tiempo que he estudiado– era El Nacional, que se publicaba una vez por semana, «con ocasionales interrupciones e irregularidades», y contenía avisos y correspondencia oficiales, nuevas leyes y decretos, las decisiones del tribunal de cuentas y algunos editoriales.11

Dada la imposibilidad de consultar toda la prensa peruana y ecuatoriana que circuló a lo largo de la década, me ha parecido interesante, sin embargo, seleccionar algunas de las publicaciones en función de ciertos criterios. En el caso de Perú, opté por una consulta en profundidad y en extensión –a lo largo de toda la década de 1860– de dos de los diarios más relevantes del momento: El Peruano, como periódico oficial del Gobierno y, por tanto, como medio de traslación de sus convicciones políticas a la opinión pública, y El Comercio, debido a la impronta que este rotativo tenía –y aún tiene– en la sociedad peruana –al menos, entre los grupos sociales que sabían leer en aquel momento, que como veremos representaban un pequeño porcentaje de la población total– y sobre todo a la reproducción de muchas de las sesiones parlamentarias que se pueden encontrar entre sus páginas.12 En lo que respecta a Ecuador, decidí obtener una muestra de algunas de las noticias más relevantes aparecidas en la prensa durante la década de los sesenta entre la multiplicidad de títulos que se ubicaban en la Hemeroteca de la Biblioteca Ecuatoriana Aurelio Espinosa Pólit y en el Archivo Histórico del Ministerio de Cultura.

En último lugar, expondré brevemente la estructura de este libro, el cual consta de tres partes fundamentales, que han sido divididas en función de criterios temáticos y no cronológicos. La primera de ellas, titulada «Estructuras básicas para el juego político: economía, sociedad, territorio, legislación», presenta una aproximación al contexto, definiendo aquellas coordenadas básicas en las que se desarrolló el sistema político que se analizará posteriormente. Así, a través de tres capítulos, en esta primera parte se examinan algunas de las características fundamentales de la historia peruana y ecuatoriana durante la segunda mitad del siglo XIX, que condicionarían el sistema representativo en proceso de instalación en cada uno de los países a lo largo de la década de 1860: los cambios gubernativos y los principales conflictos desatados, el desarrollo económico y su efecto sobre la sociedad, la estructura territorial y administrativa, el marco legislativo que actuó como referencia –formado fundamentalmente por la promulgación de constituciones y leyes electorales– y la composición de las diferentes asambleas constituyentes que se sucedieron en el periodo. Como se apreciará a lo largo del libro, parto del convencimiento de que los aspectos económicos, sociales y territoriales influirían de manera importante en la definición de la nación que se hizo a lo largo del siglo XIX, y por tanto, también en la configuración del sistema representativo que se implantó en estos países.

A continuación, un segundo apartado, titulado «Construyendo el liberalismo: principios de inclusión y exclusión», ocupa la parte más amplia de la investigación. Es precisamente en estas páginas donde se abordan los objetivos principales de mi análisis y, por tanto, en las que se manifiestan también los principales resultados. A través de seis capítulos, se reflexiona sobre las interpretaciones y reelaboraciones que llevaron a cabo las élites políticas peruanas y ecuatorianas en torno a los principios teóricos del liberalismo y su combinación con las necesidades sociopolíticas, construyendo un binomio de inclusión y exclusión que daría lugar a diferentes plasmaciones políticas –institucionales, legislativas o electorales–. El análisis del discurso, por tanto, cobrará un protagonismo especial en estos capítulos. La segunda parte comienza reflexionando sobre aspectos básicos de los sistemas liberales: el principio de representación –como nuevo mecanismo legitimador del poder– y los conceptos de libertad e igualdad. A partir de aquí, la investigación se centra en las diferentes categorías políticas que se crearon para clasificar a los individuos –y que dan título a este libro–: ciudadanos, electores y representantes. Un último capítulo, además, recoge un análisis sobre aquellos grupos marginados del juego político y los discursos justificativos que se dieron por parte de las élites políticas creadoras de esta dinámica de exclusión.

Por último, dos capítulos cierran el libro y conforman el bloque final, titulado «Perú y Ecuador en el contexto internacional: tensiones fronterizas, proyectos comunes y circulación de ideas». Como ya se ha comentado, parto de la idea de que los sistemas representativos implantados en Perú y en Ecuador a lo largo de la década de 1860 no se construyeron en solitario, sino que se encontraban inmersos en un contexto más amplio. Por ello, en esta tercera parte se fija la atención en los procesos de transferencias culturales e ideológicas, en los proyectos políticos conjuntos y en los conflictos internacionales principales que tuvieron lugar en cada uno de los contextos objeto de este estudio –el espacio andino, el espacio iberoamericano y el espacio atlántico–, especialmente en la influencia que estos procesos tuvieron en la configuración definitiva de los sistemas liberales implantados en Perú y en Ecuador. En esta última parte, por tanto, resulta fundamental la perspectiva metodológica que propone la historia de las transferencias culturales.

Para finalizar, debo hacer algunas indicaciones sobre determinados aspectos formales que se han tenido en cuenta a la hora de reproducir buena parte de la información extraída de las fuentes consultadas. Así, tengo que señalar que las citas literales han sido transcritas según la norma ortográfica actual con el objetivo de facilitar la lectura, si bien se ha respetado el resalte original de ciertas palabras a través del uso de cursivas o mayúsculas. Asimismo, las citas en inglés han sido traducidas al castellano por la autora.

1 Pierre Rosanvallon: Por una historia conceptual de lo político, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2003, p. 20.

2 Gabriel Abraham Almond y Sidney Verba: «An Approach to Political Culture», en Gabriel Abraham Almond y Sidney Verba: The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations, Princeton University Press, 1963; Serge Berstein: «La cultura política», en Jean Pierre Rioux y Jean François Sirinelli: Para una historia cultural, México, Taurus, 1999, pp. 389-405; Jean François Sirinelli: «L’histoire politique et culturelle», en Jean Claude Ruano Borbalan (coord.): L’histoire aujourd’hiu. Nouveaux objets de recherche. Courants et débats. Le métier d’historien, Auxerre, Éditions Sciences Humaines, 1999, pp. 157-164.

3 María Sierra: «La cultura política en el estudio del liberalismo y sus conceptos de representación», en Manuel Pérez Ledesma y María Sierra (eds.): Culturas políticas: teoría e historia, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2010, pp. 233-261, esp. pp. 233-234.

4 Reinhart Koselleck, Otto Brunner y Werner Conze (eds.): Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur Politische-sozialen Sprache in Deutschland, Stuttgart, Klett-Cotta, 1972-1992.

5 Michaël Werner y Michel Espagne: «La construction d’une référence culturelle allemande en France: genèse et histoire (1750-1914)», Annales. Économies, Sociétés, Civilisations 42-4, 1987, pp. 969-992.

6 Algunos trabajos de referencia sobre estas líneas metodológicas son Michaël Werner y Bénédicte Zimmermann: «Penser l’histoire croisée: entre empirie et réflexivité», Annales. Histoire, Sciences Sociales 58, 2003, pp. 7-36; Sebastian Conrad, Andreas Eckert y Ulrike Freitag (coords.): Globalgeschichte: Theorien, Ansätze, Themen, Frankfurt, 2007; Laurent Testot: Histoire global. Un nouveau regard sur le monde, Auxerre, Sciences Humaines Éditions, 2008; Romain Bertrand: «Historia global, historias conectadas, ¿un giro historiográfico?», Prohistoria: historia, políticas de la historia 24, 2015, pp. 3-20.

7 Michel Bertrand señala la relevancia de los actores históricos que hacen posible la circulación de ideas y pone el foco especialmente en las redes sociales –familiares, de amistad, de negocio, etc.– que construyen. Michel Bertrand: «A propósito de la historia global: una reflexión historiográfica entre el Viejo y el Nuevo Mundo», en Conferencia Inaugural del programa de Doctorado en Historia, Universidad de Sevilla, 21/10/2015. Para más información sobre el estudio de las redes de sociabilidad, véanse algunas obras de este autor: Michel Bertrand y Claire Lemercier: «Introducción: ¿en qué punto se encuentra el análisis de redes en Historia?», Redes: Revista hispana para el análisis de redes sociales 21, 2011, pp. 1-12; Michel Bertrand: «De la familia a la red de sociabilidad», Revista Digital de la Escuela de Historia 4-6, 2012, pp. 47-80.

8 James E. Sanders: «Atlantic Republicanism in Nineteenth-Century Colombia: Spanish America’s Challenge to the Contours of Atlantic History», Journal of World History 20, 2009, pp. 131-150, esp. p. 132.

9 Agradezco en este punto las reflexiones suscitadas en el simposio «El poder en escena: debates parlamentarios en Latinoamérica, 1810-1910», en Congreso Internacional de AHILA. En los márgenes de la historia tradicional. Nuevas miradas de América Latina desde el siglo XXI, celebrado en Valencia en septiembre de 2017, en el que intervinieron, entre otros, historiadores como Eduardo Posada Carbó, Gabriella Chiaramonti, Natalia Sobrevilla o Diego Molina.

10 El Peruano, «Aviso Oficial», 3/01/1863.

11 Daba buena cuenta de ello el estadounidense Friedrich Hassaurek, que residió en Ecuador durante algunos años de la década de 1860. Friedrich Hassaurek: Four Years Among the Spanish-Americans, Londres, Sampson Low, Son and Marstron, 1868, p. 286.

12 Especialmente relevante ha sido la consulta del periódico El Comercio para cubrir el vacío que presentaba la Biblioteca del Congreso de la República en torno a los años 1866-1867, los cuales suponen un periodo de tiempo de gran relevancia en la historia política de Perú.

PARTE PRIMERA

ESTRUCTURAS BÁSICAS PARA EL JUEGO POLÍTICO: ECONOMÍA, SOCIEDAD, TERRITORIO, LEGISLACIÓN

I. UNA APROXIMACIÓN A LA SITUACIÓN POLÍTICA, SOCIAL, ECONÓMICA Y TERRITORIAL DE PERÚ Y ECUADOR A MEDIADOS DEL SIGLO XIX

Mi análisis sobre la construcción de la representación parlamentaria en Perú y en Ecuador se emplaza en la década de 1860, un periodo en el que en ambos países tuvieron lugar una serie de transformaciones en el ámbito político, social y económico que repercutirían también en el marco legislativo que se empezaba a dibujar en esta época. El sistema representativo pasaba entonces por una etapa de consolidación y desarrollo. Desde el punto de vista político, nos situamos en el comienzo de un periodo de mayor estabilidad, donde los elementos civiles adquirieron protagonismo sobre los aspectos militares. Aunque algunos de los principales líderes políticos del momento –como el peruano Ramón Castilla– procedían del estamento militar, lo cierto es que gobernaron a través de sistemas representativos en los que la Constitución era el pilar fundamental, y no mediante juntas militares. Como afirma Irurozqui, «el hecho de que una trayectoria profesional armada favoreciese a inicios de la República el desempeño de cargos de autoridad o que hubiera militares ocupando cargos de gobierno no equivalía ni a dominación militar ni a gobierno militar».1 A pesar de ello, en países como Perú el civilismo no se asentaría en el poder hasta la llegada a la presidencia de la república de Manuel Pardo en 1872.2 Por otro lado, ambas naciones experimentaron un boom económico, al calor de la explotación de determinados productos –fundamentalmente, el guano en Perú y el cacao en Ecuador–, que ayudaría a colocar sus economías en el mercado internacional. Este auge estaba directamente relacionado con el surgimiento de unas élites comerciales y financieras que empezarían a ocupar un lugar preponderante en la estructura social, y que se irían diferenciando del resto de población en sus estilos de vida. Por último, la diversidad social y económica que caracterizaba a ambos países andinos tenía una estrecha relación con los aspectos geográficos. Así, desde la segunda mitad del siglo XIX se fue acentuando también una separación entre la población de las grandes ciudades situadas fundamentalmente en la costa y aquella que habitaba las zonas rurales del interior.

En este capítulo, por tanto, voy a realizar un repaso de los aspectos característicos de Perú y de Ecuador en materia política, económica, social y territorial durante la segunda mitad del siglo XIX. Para llevarlo a cabo, se ha utilizado principalmente un corpus bibliográfico especializado en la historia peruana y ecuatoriana del momento, presentando así un estado de la cuestión historiográfica sobre el tema. No obstante, también se incluyen algunas referencias documentales propias, como ciertos pasquines políticos que circularon en la época e informaban sobre la situación política, artículos de prensa contemporánea, ensayos decimonónicos, correspondencia privada o algunas intervenciones parlamentarias. En definitiva, en estas páginas se trata de presentar el marco general en el que se implantó y desarrolló el sistema político liberal representativo que pretendo analizar en capítulos posteriores.

LA EVOLUCIÓN DEL SISTEMA LIBERAL A MEDIADOS DEL SIGLO XIX

Como he comentado, en ambos países, hacia la fecha de 1860-1861 se inició un periodo político diferente al que se había desarrollado anteriormente. En este momento, el sistema liberal representativo implantado desde la independencia de las repúblicas se fue consolidando a través del desarrollo de una legislación que resultó ser la de mayor vigencia de la centuria –al menos, en el caso de Perú–, y que implantó los pilares básicos sobre los que se sustentaría el sistema político en la segunda mitad del siglo XIX. Medidas como la manumisión de los esclavos, la abolición del tributo indígena, la mejora de la educación pública o la amplitud de la libertad de prensa otorgaron el calificativo de «liberales» a los sistemas políticos instalados en estas fechas. No obstante, como se verá en las siguientes líneas, los elementos conservadores gozaron de un gran protagonismo en la mayor parte de la década de los sesenta tanto en Perú como en Ecuador.3

En lo que respecta a Perú, a partir de la segunda mitad del siglo XIX se dio paso a un sistema representativo liberal no democrático caracterizado por una mayor estabilidad política. Esto marcaba el comienzo de un nuevo periodo, que se diferenciaba de la etapa anterior, definida por la preeminencia del caudillismo y por las frecuentes guerras civiles. En gran medida, esta nueva etapa estuvo protagonizada por un individuo, Ramón Castilla, que gobernó Perú entre 1844-1851 y 1854-1862. A pesar de su formación militar, Castilla poseía un profundo ideario republicano. Sus principios se basaban en el valor de la Constitución y de las leyes. Así, su deseo era acabar con las guerras civiles que asolaban el país en los años cuarenta, y conseguir la estabilidad política. De hecho, por primera vez desde la independencia, a partir de su mandato comenzaría un régimen político estable conocido como «Pax Andina».4 No obstante, también se trataba de un individuo pragmático, que pensaba que la consecución de dicho objetivo solo era posible mediante la creación de un ejército nacional fuerte y cohesionado. En su opinión, mientras se lograba la paz en Perú, el país debía ser regido por una junta de militares. En este sentido, confluían en la persona de Ramón Castilla su experiencia militar y sus principios republicanos y constitucionales.

Todo esto le llevó a participar el 20 de mayo de 1843 en la Revolución Constitucionalista que se desató contra Manuel Ignacio Vivanco, al lado de su amigo y también militar Domingo Nieto. Durante este conflicto Castilla pudo demostrar sus habilidades como estratega militar y como político. Finalmente, los constitucionalistas triunfarían en la batalla de San Antonio (Arequipa). Resulta significativo que la victoria llegase precisamente en este lugar, pues uno de los objetivos de Castilla era integrar las provincias periféricas en el Estado nacional. Procedente de Tarapacá, Castilla sentía una profunda desconfianza por las élites limeñas y su política. A su parecer, era precisamente en la capital donde nacía la desunión del país. Así, una vez que hubo triunfado en Arequipa, donde asumió el mando, su próximo objetivo era la ciudad de Lima. Finalmente, los constitucionalistas vencerían en Carmen Alto el 22 de junio de 1844. Vivanco huyó a Ecuador, mientras que Castilla asumía el cargo de presidente de la república.5 Se iniciaría así su primer gobierno, que duraría hasta 1851, y sería retomado posteriormente entre 1854 y 1862.

En 1854 Ramón Castilla sustituyó a José Rufino Echenique como presidente de la República peruana tras el triunfo de su «revolución liberal». Como ha señalado Víctor Peralta, habitualmente la historiografía ha considerado este suceso como liberal porque en él participaron intelectuales liberales como Manuel Toribio Ureta, Pedro y José Gálvez o Domingo Elías. Además, se ha puesto el acento en la consecución de medidas avanzadas como la abolición del tributo indígena o la supresión de la esclavitud, ambos acontecimientos fechados en 1854.6 De hecho, esta revolución liberal pretendía llevar a cabo las promesas que se venían realizando desde la independencia del país en 1821: «manumitir a los esclavos, abolir las “castas”, y “liberar” a los indios del tributo».7 No obstante, algunos historiadores, como el mencionado Peralta, cuestionan el liberalismo de Castilla y de sus seguidores, y consideran que la denominada «Revolución Liberal» se trató más bien de una «guerra civil»:

[...] el llamado ejército libertador liderado por el general Ramón Castilla apeló con éxito al principio liberal en la medida en que ello fue también acompañado de cooptaciones formales e informales de múltiples fuerzas e instituciones sociales y regionales que poco o nada tenían que ver con lo ideológico.8

Comenzaba así el segundo mandato de Castilla, durante el cual, en 1856, se redactó un texto constitucional de tendencia liberal que, sin embargo, no convenció al presidente, pues reducía el poder ejecutivo a favor del legislativo, cumpliendo así el principio liberal de limitar el presidencialismo. De hecho, la promulgación de esta Constitución, así como otras actuaciones de tendencia liberal que tuvieron lugar durante su segundo gobierno, produjeron el descontento entre los sectores de población más conservadores que habían apoyado a Castilla durante el conflicto, produciéndose diversos levantamientos contra el presidente en algunas provincias como Arequipa o Moquegua.9 Los años 1857 y 1858 se caracterizaron especialmente por «la coacción y la violencia en varias poblaciones de la República», e incluso algunos documentos llegan a hablar de guerra civil.10 Todo ello, sin embargo, terminaría con un nuevo triunfo de Castilla.

En este contexto, en 1857 Castilla disolvió la Asamblea y convocó elecciones para formar un nuevo Congreso que redactara una Constitución más conservadora, alejándose desde este momento de los liberales y refugiándose en el ejército.11 En 1858 se convocaron nuevas elecciones al Congreso, que dieron lugar a una Asamblea de corte conservador.12 El nuevo Congreso, una vez instalado, realizaría algunas reformas de gran relevancia para el país, siendo la más importante de todas ellas la elaboración de un nuevo sistema normativo que se mantendría sin grandes variaciones hasta finales del siglo XIX lo que le convierte en el marco normativo más estable de todo el Perú decimonónico. Así, del trabajo realizado por el Congreso de 1860 surgieron la Constitución de 1860 y la Ley Electoral de 1861. La Constitución de 1860, que seguía el modelo de la Constitución de Estados Unidos de América, ha sido calificada por la historiografía como un texto profundamente conservador –es decir, se adscribía a la corriente más moderada del liberalismo–. En palabras de Graham H. Stuart, «el elemento conservador, aunque estaba dispuesto a aceptar algunos de los principios liberales de la Constitución de 1856, estaba decidido a hacer de la nueva ley orgánica un instrumento seguro para el gobierno».13

A partir de las elecciones de 1862, Castilla sería sustituido como presidente de la república por Miguel de San Román. El 23 de octubre de 1862 Castilla se despedía de los peruanos con un discurso que comenzaba con las siguientes palabras: «Desciendo del alto puesto que vuestra libre voluntad me designó, con la conciencia tranquila y con la frente limpia de las feas manchas que deja tras sí el crimen».14 Por su parte, el Gobierno de San Román duraría poco, pues falleció en abril de 1863. El encargado de sucederle fue Juan Antonio Pezet, hasta entonces vicepresidente de la República. Este tuvo que hacer frente al problema surgido con España a raíz de la ocupación de las islas Chincha por parte de la flota española. En este contexto, el 2 de noviembre de 1865, Mariano Ignacio Prado encabezaba una insurrección que acabaría con el Gobierno de Pezet. Entre los que criticaron la actuación de Pezet ante la invasión española se encontraba el propio Castilla. Finalmente, tras el combate del Callao del 2 de mayo de 1866 terminaría el conflicto contra España.