Ciudadanos, electores, representantes

En la misma línea, el estadounidense Friedrich Hassaurek se sorprendía de que, a pesar de que las reservas de guano convertían a Perú en el país más rico de América Latina, para el año 1868 aún no se había construido un ferrocarril que comunicara a la capital con las tierras altas del interior, ni siquiera con «la capital de los antiguos Incas». Así, este autor sentenciaba que «la riqueza del Perú ha demostrado ser una gran fuente de su miseria política», debido a que «sus recursos fueron derrochados de manera imprudente por sus gobernantes».56 Pero también los propios peruanos eran conscientes de la situación a la que el boom guanero les estaba llevando. Así, un escritor de El Comercio ponía de manifiesto que «el huano, según el unánime sentir de los inteligentes, ha hecho y sigue haciendo nuestra desgracia, así como el caudal que se entrega al joven inexperto, hace su pérdida».57

Si en Perú se ha hecho referencia a la importancia del guano como elemento que consiguió introducir al país en los mercados internacionales, en el caso de Ecuador se debe mencionar otra materia prima cuya explotación económica fue creciendo vertiginosamente a lo largo del siglo XIX hasta llegar a un periodo culminante entre 1870 y 1920: el cacao. Esta etapa se conoce en la historiografía ecuatoriana como el «segundo boom cacaotero», para diferenciarla de aquel primer periodo en el que había tenido lugar un auge económico semejante en torno a esta materia prima, entre mediados del siglo XVIII y 1820.58 Por tanto, se podría afirmar que durante todo el siglo XIX Ecuador fue dependiente del cacao desde el punto de vista económico. Como señalan Daniel Baquero y José David Mieles, «en el siglo XIX el cacao se consolidó como el principal producto de exportación y la economía del país se construyó a su alrededor».59 A través del comercio del cacao, fundamentalmente, pero también de otros productos como el azúcar, el caucho, el banano o el café, Ecuador empezó a ocupar un lugar relevante como país exportador, siendo receptores de dichos productos las potencias industriales de Europa y América del Norte.60 No obstante, como señala Paz y Miño, «la economía ecuatoriana se vinculó al mercado internacional en condiciones subordinadas y las posibilidades de crecimiento dependieron de los ciclos de auge y caída de las ventas externas».61

Las exportaciones de cacao fueron especialmente importantes para la costa ecuatoriana, destacando las provincias de Los Ríos, Guayas, El Oro, Manabí y Esmeraldas. Esto trajo consigo un crecimiento de la población de esta región desde la década de los setenta, así como un mayor peso político en el contexto nacional.62 El auge económico atraía a un gran número de población procedente de otras regiones del país que se trasladaban a Guayaquil en busca de trabajo, ahondando así este hecho en el contraste entre la Costa y la Sierra, «que había caracterizado la vida republicana de Ecuador desde su fundación».63

Si bien es cierto que el boom cacaotero permitió la construcción de grandes infraestructuras en Ecuador –hospitales, escuelas, líneas férreas o puertos–, también lo es que, al igual que ocurrió en Perú, el auge económico traería algunas consecuencias negativas. Así, en Ecuador el despilfarro dio lugar a una crisis financiera en 1874.64

No obstante, los principales efectos del auge económico experimentado tanto en Perú como en Ecuador se podían observar fundamentalmente a nivel social. En torno al negocio del guano y del cacao fue surgiendo una élite económica vinculada a las finanzas, el comercio y la tierra, absolutamente dependiente de los mercados internacionales.65 Esta nueva burguesía importó un estilo de vida a imitación de las burguesías europeas, basado en el lujo y la ostentación, lo que produjo un mayor distanciamiento entre este grupo social y el resto de la población. En palabras de Manuel Andrés, «frente al enriquecimiento de unos pocos, el resto de la población veía su situación cada día más deteriorada, creándose una polarización social que eclosionó en distintos movimientos populares [...]».66

En el caso de Ecuador, la élite comercial asentada en la costa, dependiente económicamente de las exportaciones de cacao y relacionada por tanto con el mercado internacional, se fue diferenciando de aquella antigua élite ubicada en el interior, fundamentalmente en Quito, consolidada en torno a la producción en las haciendas para un mercado local.67 En líneas generales, la burguesía costera se identificaba en mayor medida con las ideas liberales, mientras que la élite social del interior era mucho más conservadora. Kim Clark explica esta diferencia apelando a la menor presencia de la Iglesia católica en las zonas costeras, donde había un número inferior de iglesias, conventos y monasterios, así como al interés de la burguesía enrolada en el comercio internacional por adoptar un sistema librecambista, libre de barreras aduaneras que pudieran suponer un impedimento a la circulación de sus productos.68 No obstante, desde un punto de vista estructuralista y neomarxista, Enrique Ayala afirma que la nueva burguesía comercial surgida en la costa en torno al comercio del cacao se alió con las antiguas élites terratenientes latifundistas serranas, renunciando así en buena medida a sus ideales liberales y modernizadores y dando lugar a un desarrollo capitalista reaccionario durante la etapa garciana.69 En definitiva, Ayala habla de un «pacto histórico» entre liberalismo y latifundismo.70 Cuando la burguesía costera alcanzó el suficiente poder económico, sin embargo, protagonizó una revolución contra el latifundismo serrano –la Revolución Liberal de 1895–, a partir de la cual Ecuador pasó de ser un «estado oligárquico terrateniente» a conformar un verdadero «estado liberal».71

En lo que respecta a Perú, igualmente la élite social se situaba mayoritariamente en el litoral, especialmente en la capital, Lima, junto a otras grandes ciudades costeras. Esta élite vivía de cara al mercado internacional a través de las exportaciones de guano, mientras daba la espalda al resto del país –y a su población– que se situaba en el interior. Así, Mark Thurner afirma que «a medida que prosperaba la modernización de la élite costera, y mientras “faraónicos” proyectos eran desarrollados en sus salones, el opulento “Estado de Lima” se alejaba de las regiones de las tierras altas del interior».72 En la misma línea, Fredrick Pike señala que la burguesía costera, dedicada al mercado internacional, tenía más conocimientos sobre lo que sucedía en Londres, París, Roma o Nueva York que sobre los nativos que vivían en las zonas del interior de su propio país. En este sentido, por ejemplo, el parlamentario Lavalle daba muestras de este desconocimiento en uno de sus discursos: «Yo conozco, felizmente, mucho a los Estados Unidos: he viajado larga y detenidamente por ellos; el interior del Perú, he dicho otra vez, que no lo conozco, sino por las relaciones que me han hecho muchos de mis HH colegas».73 En buena medida, esto se explicaba por la carencia de buenas comunicaciones entre las diferentes regiones que caracterizaba a Perú aún en la segunda mitad del siglo XIX:

Un resultado de las dificultades del transporte es que la mayoría de ciudadanos que viven en Lima y otras ciudades de la costa donde los pudientes pueden disfrutar de todas las comodidades modernas, rara vez tienen la tentación de viajar dentro de su propio país.74

Por tanto, en ambos países se fue configurando, por un lado, una élite blanca, burguesa, dedicada a actividades comerciales, con cierto nivel de instrucción, que se localizaba en las principales ciudades –fundamentalmente en la zona costera y en las capitales–; mientras que, por otro lado, había grupos de población indígena, mayoritariamente analfabeta y dedicada a actividades agrícolas, que se concentraba principalmente en las regiones del interior del país. Además, entre ambos grupos de población existía una enorme diferencia en cuanto a su cultura política, ya que mientras que la nueva burguesía comercial, a medida que se relacionaba económica y culturalmente con Europa introducía también las ideas liberales, la mayoría del país seguía viviendo en un mundo arcaico. Como apuntan Carlos de la Torre y Steve Striffler, las élites «se posicionaron como precursoras de la “modernidad”, el “progreso”, la “civilización”, e incluso la “democracia”». A pesar de ello, las diferencias entre «rico y pobre; campo y ciudad; blanco, mestizo, indígena y afrodescendiente» siguieron siendo claves en la configuración del panorama socioeconómico e incluso político.75

En conclusión, el auge económico que experimentaron tanto Perú como Ecuador durante la segunda mitad del siglo XIX no repercutió en una mejora de la sociedad en general, sino que benefició exclusivamente a un determinado grupo de población. No obstante, el surgimiento de esta burguesía económica y su interés por insertar al país en los mercados internacionales trajo consigo de forma indirecta una consecuencia positiva: un incremento en la articulación del territorio, ya que esta élite social dedicó parte de los beneficios obtenidos en el comercio de exportación a la construcción de líneas férreas y a la mejora de los puertos. Hasta la segunda mitad del siglo XIX, Perú y Ecuador se caracterizaban por la desconexión que existía entre sus diversas regiones. Sin embargo, a partir de esta fecha la fiebre del ferrocarril llegó también a estos países andinos, cuyas élites asociaban este medio de transporte con el progreso y la civilización. Con respecto a este último término, hay que tener en cuenta que el ferrocarril cumplía una labor importante no solo en materia económica, sino también como medio de llevar la «civilización» a aquellas regiones que se encontraban más atrasadas. Así, junto al interés económico de la burguesía mercantil se encontraba un deseo del Estado central por conseguir una mayor integración nacional de todo su territorio. En este sentido, muchos de los proyectos de construcción de líneas férreas comenzaban con palabras como estas: «La Nación declara interés superior a todo otro, así para su porvenir moral y político como para su prosperidad material, la construcción de vías férreas, y especialmente las de la costa al interior del país».76

En lo que respecta a Perú, desde el Gobierno de Ramón Castilla se planteó la construcción del ferrocarril con el objetivo de mejorar el mercado peruano, conectando los mercados regionales entre sí y con el ámbito internacional, y favoreciendo la integración nacional del territorio. En palabras de Mark Thurner, «el Estado central se proponía [...] conquistar (físicamente) el interior andino con proyectos de construcción de ferrocarriles “civilizadores” y “exportadores”».77 Con el mismo fin de la exportación de los principales productos peruanos, fundamentalmente el guano, se realizaron algunas mejoras en zonas portuarias. Sirva como ejemplo el caso del puerto de Casma, en el departamento de Ancahs, para el que se pedía en 1864 la declaración de «puerto mayor» y la construcción de un muelle, debido a los numerosos productos que se podían exportar desde allí, tales como el algodón (de alto precio en Europa), la lana, la plata en barra y los metales.78 Sin embargo, como apunta Manuel Andrés, «la modernización planeada no conllevaba una transformación de las bases económicas y sociales tradicionales o, lo que es lo mismo, una eliminación de las bases coloniales de la economía y sociedad peruanas». Para empezar, no se apostó por consolidar un sólido mercado interno. De hecho, este historiador señala que la construcción frenética de líneas férreas trajo consigo una consecuencia no esperada: en vez de servir para dar salida a los productos nacionales, en gran medida contribuyó a dar entrada a las manufacturas extranjeras, lo que provocó una desintegración de la economía campesina.79 Antonio Acosta trata el mismo asunto para el caso de El Salvador, aunque sus conclusiones pueden hacerse extensivas a los países andinos, ya que se encontraban en el mismo contexto económico y político. En la mayoría de países europeos el proceso de Revolución Industrial trajo consigo una transformación de las relaciones de producción, y por ende, de las estructuras sociales e institucionales. Sin embargo, este autor afirma que la burguesía de El Salvador, al igual que la de gran parte de América Latina, simplemente tomó algunos de los principios liberales que circulaban en Europa y los integró en sus propios textos legislativos, mientras se mantuvieron las estructuras sociales de la época colonial, lo que, en su opinión, supuso un freno al desarrollo político y, con el tiempo, desencadenaría conflictos sociales y políticos.80

El Estado peruano se lanzó a una rápida construcción de líneas férreas a partir del rico negocio del guano. No obstante, resultó ser un proyecto costoso y mal planificado, lo que en gran parte condujo al surgimiento de una crisis financiera en la década de los setenta. Así, el proyecto de integración territorial, al que se dedicaron grandes cantidades de dinero, no consiguió los resultados esperados. Sin embargo, frente a la mala administración de las líneas férreas estatales, la iniciativa privada, procedente de los grandes terratenientes relacionados con el comercio del guano, el azúcar o el algodón, resultó más eficaz. Ulrich Mücke lo explica de la siguiente forma:

En contraste con el ferrocarril estatal, las pequeñas líneas férreas privadas resultaron rentables. Además de las rutas que conectaban Lima con Callao, Chorrillos y Magdalena, las líneas económicamente rentables iban desde las prensas azucareras, los campos de algodón y las minas de nitrato hasta los puertos cercanos. Por esta razón, los terratenientes a menudo financiaron las líneas.81

Eso sí, en estos casos solo se construyeron vías férreas en función de los intereses de las élites económicas que las financiaban, es decir, se trazaron líneas entre los lugares de explotación de las materias primas y el camino necesario para conducirlas a los puertos más próximos, desde los que se colocaba dichos productos en el mercado internacional. Por tanto, amplias zonas de Perú –fundamentalmente las zonas selváticas del interior– siguieron careciendo de una buena red de comunicaciones a lo largo de toda la época contemporánea.

Por su parte, en el caso ecuatoriano, la falta de comunicación entre las zonas más distantes podía observarse incluso a principios del siglo XX. En este sentido, Ronn Pineo afirma que hasta 1908, cuando se inauguró la línea que conectaba Quito y Guayaquil, el transporte desde la zona montañosa de la sierra hasta la costa era sumamente complejo: «el viaje desde Quito podía tomar dos semanas, con pocos hoteles o pensiones en el camino».82 En concreto, tal y como indica Kim Clark, la construcción de este ferrocarril suponía una excepción en el contexto latinoamericano, pues «proporcionó un grado inusual de integración nacional, comparado con muchos otros ferrocarriles latinoamericanos, ya que fue construido para conectar importantes centros de población en lugar de trasladar los productos de exportación de sus zonas de origen a un puerto». Así, el ferrocarril atravesaba cuatro de las cinco grandes ciudades de Ecuador: Guayaquil, Riobamba, Ambato y Quito, mientras que Cuenca quedaba excluida. La construcción de esta línea férrea ocupó grandes debates parlamentarios a finales del siglo XIX. Finalmente, la obra resultó del acuerdo entre las élites del interior y de la costa.83 En este sentido, a pesar de la afirmación que realiza Kim Clark, lo cierto es que la construcción de esta línea férrea se llevó a cabo en función de los intereses concretos de las clases burguesas de una y otra región. Así, por ejemplo, Juan Paz y Miño señala que «los cultivadores de cacao, exportadores y banqueros de la costa no estaban particularmente interesados en el mediocre mercado de las tierras altas, y se mostraron poco dispuestos a correr con los gastos del ferrocarril».84 De hecho, el negocio del cacao no dependía tanto del desarrollo del ferrocarril como de la navegación a vapor por los ríos hasta llegar a los principales puertos de la costa, especialmente el de Guayaquil, lo que explica el desinterés de los comerciantes cacaoteros sobre la construcción de líneas férreas.85

En definitiva, como se ha visto en ambos casos, y al igual que ocurría en todo el mundo occidental, las élites socioeconómicas utilizaron los medios de transporte en su propio beneficio, por lo que solo se instalaron en determinadas zonas, que coincidían con los territorios en los que se explotaban los productos claves, y el recorrido necesario para conducir estos recursos hacia los puertos, por los que se les daba salida hacia el mercado internacional. Así, al calor del desarrollo industrial de los países de Europa Occidental y América del Norte, América Latina consiguió un amplio y rápido crecimiento económico entre 1850 y 1920.86 Sin embargo, las consecuencias del auge económico se pueden resumir en una cada vez mayor polarización social y en un desajuste territorial entre las zonas costeras e interiores; entre el mundo urbano y el rural; entre las capitales, junto a otras grandes ciudades, y el resto del país. Por tanto, las variaciones regionales que caracterizaban a ambos países –elemento que se tratará en el siguiente apartado– estaban totalmente relacionadas con la situación socioeconómica e influían en el régimen político a establecer en este periodo.

Por otro lado, el crecimiento económico que experimentaron Perú y Ecuador en la segunda mitad del siglo XIX y los beneficios que se obtuvieron de la producción de guano y de cacao respectivamente, hicieron que ambos países pudieran renunciar al cobro del tributo indígena que se había venido recaudando desde la época colonial, y que hasta ese momento había constituido un pilar económico fundamental para las dos naciones. En Perú el tributo indígena quedó abolido en 1854, mientras que en Ecuador habría que esperar unos años más, hasta 1857. No obstante, es preciso señalar que en ambos países este elemento sufrió oscilaciones, siendo implantado y eliminado en diferentes ocasiones a lo largo del siglo XIX. Me detengo ahora en el análisis de este proceso ya que considero que los vaivenes sufridos en la recaudación de este impuesto no solo afectaron al ámbito económico, sino que tenían profundas conexiones con la evolución de las estructuras políticas, sociales y culturales. No en vano, este ha sido un tema que ha merecido la atención de numerosos autores a lo largo de la historiografía peruana y ecuatoriana.

El tributo indígena había sido establecido desde el siglo XVI. Se trataba de un impuesto que debían pagar los naturales de América al virrey en su condición de vasallos de la Corona española. Fue abolido por primera vez por las Cortes de Cádiz en 1811. En este momento, «el parlamento español estipuló que los indios cumplirían ahora las mismas obligaciones que los españoles (tanto los criollos como los peninsulares)». Sin embargo, pronto quedó claro que esta medida traería consigo un profundo déficit económico, por lo que en 1812 volvió a reimplantarse. No obstante, no se podía volver a hablar del «odioso tributo», un término que «era incompatible con la “dignidad de los ciudadanos españoles”». Así, en 1815 el tributo pasó a denominarse «contribución», supuestamente provisional y voluntaria, que se suponía un impuesto más digno.87

Durante los primeros años de la independencia de Perú, entre 1821-1826, fue nuevamente suprimido por San Martín, como una forma de desmarcarse de la herencia colonial. Charles Walker señala que este fue un «acto simbólico» del Gobierno de San Martín, ya que la realidad era que su Gobierno no logró consolidar un poder suficiente para recaudar dicho impuesto. No obstante, a partir de esta fecha algunos políticos peruanos comenzaron a plantearse la posible reimplantación de dicho impuesto, lo que finalmente se llevó a cabo en agosto de 1826. La «contribución de indígenas» –un término que, a su vez, vino a sustituir a la colonial denominación de «indios»– estuvo en vigor nuevamente en Perú entre 1826 y 1854. Durante este periodo, el pago de este impuesto hacía que los indios que lo sufragaban fueran considerados como miembros útiles, contribuyentes, y por tanto parte de la nación. Esto se debía a que, «siguiendo los principios republicanos liberales», el tributo ya no se pagaba a los jefes étnicos, como sucedía durante la época colonial, sino al Estado (a través de una red clientelar en la que intervenían el contribuyente, el comisionado, el gobernador y el subprefecto). La contribución a la hacienda del Estado suponía, por tanto, «ser un buen republicano».88

Esta situación se transformó con la llegada del auge guanero desde la década de los cincuenta, que hizo innecesario seguir cobrando el tributo o contribución. Además, la abolición del tributo formaba parte de las promesas realizadas por Ramón Castilla, que se vio en la necesidad de ampliar su base de apoyo político.89 Así, el periódico El Comercio del 12 de enero de 1854 recogía las siguientes palabras del presidente, mediante las que justificaba la medida que se iba a ejecutar unos meses después:

A partir de 1855 se suprime la contribución indígena, y desde entonces no aportarán sino de la misma manera que lo hacen los demás habitantes del Perú [...]. Emancipado del humillante tributo impuesto sobre su cabeza hace tres siglos y medio, y elevado por el efecto natural de la civilización, el Perú ganará una población numerosa y productiva en la raza indígena, que sin duda le ofrecerá una contribución más rica.90

Finalmente, el 5 de julio de 1854 se produjo la derogación de dicho impuesto. El objetivo de Castilla era sustituir el tributo pagado exclusivamente por los indígenas por un impuesto denominado «contribución personal», que tendrían que pagar todos los ciudadanos varones adultos, con excepción de los sacerdotes, soldados, ancianos y discapacitados. Sin embargo, este impuesto universal nunca llegaría a implantarse. Contrariamente a lo que pretendía Castilla, la abolición del tributo indígena solo consiguió una desvertebración de la sociedad andina entre el Estado central en Lima y las tierras del interior. A partir de ese momento, la economía peruana pasaba a depender exclusivamente de las exportaciones de guano, lo que favorecía el predominio de las regiones costeras y sus élites económicas sobre las poblaciones del interior.91

Sin embargo, en la década de los sesenta el tema volvía a estar candente entre los parlamentarios peruanos, muchos de los cuales entendían que la abolición del tributo indígena era una forma de excluir al indio de la nación. En este razonamiento operaba el hecho de que el contribuyente (es decir, el que pagaba impuestos) a menudo era identificado con el ciudadano. Esta era una asociación que procedía de la Constitución de Cádiz, en la que se había establecido que el pago de impuestos era uno de los deberes a los que tenía que hacer frente el ciudadano, junto con la obediencia a las leyes, el respeto a las autoridades y la defensa de la patria. Por tanto, teóricamente, aquellos que estaban exentos de pagar impuestos quedarían también al margen de la ciudadanía.92

En este sentido, durante el año 1867 se llevó a cabo un profundo debate parlamentario en el Congreso sobre la necesidad de reimplantar o mantener la supresión de este impuesto. Para muchos de los políticos e intelectuales del momento, entre ellos Manuel Pardo –líder del Partido Civil desde 1871–, «el único medio de oxigenar la economía del país y de restablecer los vasos comunicantes entre el Estado y los indios era el tributo».93 Es decir, volvía a estar presente la idea que había protagonizado el periodo 1826-1854: a través de esta contribución el indígena podía pasar a incluirse como un miembro más de la nación, ya que con sus impuestos ayudaba a sustentar el Estado. Por ello, el mantenimiento del tributo indígena se suponía fundamental para la integración del indio en el Estado nacional, siendo considerado un ciudadano más. La opinión de Pardo era compartida también por algunos representantes, como José Casimiro Ulloa –el cual, por cierto, tenía ancestros mestizos– o Francisco García Calderón. Sin embargo, cuando finalmente se realizó la votación en el Congreso triunfó la opción de suprimir el tributo indígena, por cincuenta y cinco votos frente a diecinueve. En buena parte esta resolución se podía explicar por el miedo a una posible guerra civil si se volvía a imponer un impuesto tan discriminatorio como este.94 Así, la contribución fue definitivamente eliminada en la Constitución de 1867.

Por su parte, Ecuador experimentó un proceso similar en relación con el tributo indígena. Durante el periodo de la Gran Colombia, el tributo indígena fue suprimido por Bolívar en 1821. Aunque este era un recurso importante para el país, ya que representaba «el principal rubro del erario público», al igual que aconteció en Perú con San Martín, los grandes «libertadores» recurrieron a esta medida como una forma de desvincularse del anterior gobierno colonial y, teóricamente, conseguir la integración de la población indígena en la nación, «con los mismos derechos y obligaciones que los demás ciudadanos». Sin embargo, tras las quejas de los terratenientes de la sierra durante los siguientes años, en 1828 el impuesto volvía a ser reimplantado bajo el nuevo nombre de «Contribución Personal de Indígenas».95 En palabras de Silvia Palomeque, a partir de este momento «se abandona el proyecto general de ciudadanización de los indígenas».96 Este impuesto seguiría vigente hasta mediados de los años cincuenta. En 1843 hubo un intento por parte de Juan José Flores de extender la contribución a los blancomestizos. No obstante, una serie de revueltas –en Chambo, Licto, Punín, Guano, Cayambe, Cotacachi y Tabacundo– por parte de un sector de población que consideraba este intento de imposición fiscal como algo degradante, al equipararlos con los indios, impidió que finalmente pudiera establecerse.97