Ciudadanos, electores, representantes

En la segunda mitad del siglo XIX, el impuesto fue nuevamente suprimido en 1857, durante el Gobierno de Urbina. A partir de entonces, la economía ecuatoriana pasaría a depender casi en exclusiva de las exportaciones de cacao. Con esta medida se pretendía, una vez más, extender la categoría de «ciudadano» a todos los ecuatorianos, haciéndoles partícipe de una misma nación. No obstante, Andrés Guerrero afirma que la realidad seguía mostrando la segregación étnica:

Como no sabían hablar español, y mucho menos leerlo o escribirlo, la población previamente identificada como indígena permanecía, por definición, al margen de la ciudadanía plena. Para la ciudadanía del siglo XIX –esto es, adultos, hombres, letrados y ricos blanco-mestizos– lo impensado era prácticamente impensable, es decir, que los indios, personas a las que estaban acostumbrados a tratar como sus inferiores en casa, en el campo, en las calles y en los mercados, pudieran ser libres e iguales que los ciudadanos ecuatorianos.98

Además, este autor incide en el hecho de que la supresión del tributo indígena, lejos de lograr la integración social de este grupo de población, supuso una pérdida de poder en el ámbito local y regional por parte de las autoridades étnicas. Hasta 1857, los caciques y los gobernadores de indios habían ejercido una importante función en relación con el cobro de la contribución, ya que el nuevo Estado los necesitaba para que ejercieran el papel de intermediarios ante la mayoría de población indígena. Sin embargo, desde 1857 los funcionarios blanco-mestizos (que ocupaban el cargo de tenientes políticos) se sobrepusieron a las autoridades étnicas, y las leyes del Estado central, a las leyes comunales.99

En definitiva, nos encontramos con que en la segunda mitad del siglo XIX las diferencias socioeconómicas entre los peruanos y los ecuatorianos, desde un punto de vista socioeconómico y étnico, se fueron haciendo cada vez más notorias. A ello se unía la diferenciación regional, que desempeñaba un papel relevante en las condiciones económicas, sociales y culturales de la población.

ESTRUCTURA TERRITORIAL Y DIFERENCIACIÓN REGIONAL

Como se ha visto, la disparidad socioeconómica que caracterizó a ambos países a lo largo del siglo XIX a menudo estaba asociada a la diferenciación regional. Además, el concepto de representación que albergaban las élites parlamentarias dependía en gran medida de las características geográficas de cada país. Por ello, creo oportuno dedicar un último apartado de este capítulo a analizar la estructura territorial de Perú y Ecuador durante la segunda mitad del siglo XIX y su relación con el ámbito político, social y económico.

A través de los textos constitucionales desarrollados en la década de 1860, ambos países quedaron estructurados en tres niveles en lo que respecta a su administración interior, si bien la nomenclatura y los cargos de dirección de cada uno de ellos variaban de un país a otro. Cada uno de estos cuerpos era bastante autónomo y contaba con sus propias autoridades, aunque en última instancia dependían del poder ejecutivo. Por tanto, la estructura territorial definida en los textos constitucionales de 1860-1861 ponía de manifiesto que no eran sistemas demasiado centralistas. En Perú, la Constitución de 1860 dividía la República en departamentos, que a su vez comprendían varias provincias, entre las cuales se hallaban diferentes distritos. Los departamentos se encontraban gobernados por prefectos, las provincias por subprefectos, y los distritos por gobernadores. Asimismo, la Constitución contemplaba la instalación de tenientes gobernadores donde fuese necesario. En el caso de Ecuador, los tres niveles de administración en los que se dividía el país mediante la Constitución de 1861 eran las provincias, los cantones y las parroquias, dirigidos respectivamente por el gobernador, el jefe político y el teniente.100

Además de esta estructuración formal, la realidad presentaba profundas diferencias entre las diversas regiones, que estaban relacionadas con la presencia de distintas situaciones socioeconómicas y que afectaban a la organización política y al precario desarrollo de una conciencia nacional. Así, un fenómeno común a ambos países durante el siglo XIX fue el regionalismo.

Desde la independencia, el territorio que actualmente forma parte de Ecuador se encontraba dividido en tres grandes provincias lideradas por tres ciudades principales: Guayaquil, en la costa; Quito, en la sierra norte; y Cuenca, en la sierra sur. Estas tres regiones presentaban grandes diferencias ya desde los primeros años del siglo XIX. Así, por ejemplo, mientras que Quito quería formar parte de Colombia, Guayaquil y Cuenca preferían anexionarse a Perú. Esto se debía a diferentes tradiciones históricas e intereses económicos que habían conectado en mayor medida a Quito con Bogotá y a Guayaquil y Cuenca con Lima. Finalmente, Guayaquil y Cuenca tuvieron que ceder en sus aspiraciones, hecho que quizás estuvo motivado por la temprana independencia acaecida en la República de Colombia desde 1819, mientras que en esta fecha Perú seguía estando en manos realistas. También existían discrepancias entre las tres regiones en cuanto a las actividades económicas que se llevaban a cabo y, por tanto, en cuanto al proyecto económico que se quería instalar: librecambismo o proteccionismo. Por un lado, los incipientes comerciantes cacaoteros de Guayaquil apostaban por un sistema económico liberal que propiciara unas comunicaciones fluidas para favorecer el comercio de sus productos a través de su puerto. Por otro lado, los terratenientes de Quito y de Cuenca, anclados en una política económica colonial, pedían el «restablecimiento de la contribución indígena», el «aumento de las tasas arancelarias», así como el «apoyo a la religión católica y por tanto a su Iglesia». Todo esto ponía de manifiesto que en los inicios del siglo XIX los líderes del movimiento independentista aún no tenían clara la definición de las fronteras en los nuevos Estados independientes. En este sentido, la historiografía ecuatoriana a menudo se ha cuestionado si el surgimiento del Estado del Ecuador no fue un «accidente geográfico». No obstante, sí que existía un elemento en común entre las tres regiones: la presencia del latifundio y, por tanto, de grandes terratenientes que precisaban un gobierno fuerte que les asegurara el mantenimiento de «una dominación directa sobre la población indígena, esclava y campesina».101

Por otra parte, más allá de la sierra, en el interior del continente, se situaban las conocidas como «provincias orientales», la zona más deprimida de Ecuador, donde residía una población dispersa, en un gran porcentaje indígena. En Ecuador, la cuestión territorial suponía un problema de carácter nacional, ya que existían múltiples debates en torno a la delimitación de los territorios que formaban parte de la nación y de los ciudadanos que la componían. Así, entre las disposiciones comunes de la Constitución ecuatoriana de 1861 se establecía que «todos los lugares que por su aislamiento o distancias de las demás poblaciones, por su escaso vecindario o atrasada civilización» debían regirse por disposiciones especiales. Entre estos territorios se encontraban la provincia del Oriente –«regida por leyes especiales hasta que el aumento de su población y los progresos de su civilización le permitan gobernarse como las demás»– o el archipiélago de Galápagos.102

Quito, la capital, era el lugar que concentraba un mayor número de población. Además, contenía la mayor cantidad de población ilustrada del país, pues aquí se situaba la mayoría de colegios y universidades. Durante la época colonial, la élite social terrateniente había estado ubicada en este territorio. Sin embargo, como ya se ha visto, esta élite fue siendo desplazada desde el siglo XIX por la burguesía comercial asentada en la costa. También era la zona que albergaba un mayor número de iglesias y una mayor cantidad de población católica. En palabras de Ronn Pineo, «la religión, la educación y las artes pronto se centraron en Quito».103

Por su parte, Guayaquil, con una economía basada principalmente en la explotación cacaotera y el comercio internacional a través de los puertos, era el lugar donde se situaba en gran medida esa burguesía comercial y financiera a la que se ha hecho referencia en el apartado anterior. Era, por tanto, una zona de prosperidad económica, como relataba el New York Times: «El comercio en Guayaquil es muy próspero, todos los comerciantes hacen dinero».104 Al estar situado en uno de los márgenes del país, el territorio de Guayaquil siempre mostró un deseo de mayor autonomía política, frente al poder central ubicado en Quito. Así, los guayaquileños no estaban tan interesados en la política nacional como en conseguir beneficios para su propia región, lo que presentaba un grave problema para la consolidación del nacionalismo ecuatoriano. De hecho, si por algo se caracterizaba Ecuador era por su profundo regionalismo, un elemento que fue percibido incluso por algunos observadores foráneos, como el ministro de Estados Unidos en Ecuador Friedrich Hassaurek: «En casi todos los países hispanos el espíritu del provincialismo reina de manera suprema. Lo mismo ocurre en Ecuador, mucho más, sin embargo, en la costa que en el interior».105

Las diferencias económicas, sociales y culturales entre Quito y Guayaquil eran notorias, así como las desavenencias entre sus habitantes. Por ello, los «blancos racistas» serranos criticaban la laxa religiosidad que imperaba en la costa, así como el mestizaje que se daba entre los «montuvios», a los que se referían como «monos». Por su parte, los costeños consideraban a los quiteños como «orgullosos y santurrones, y afirmaban que la piedad ostentosa de la sierra se forjaba con hipocresía».106

Por último, las provincias orientales, a menudo consideradas «bárbaras» o «incivilizadas» por los políticos ecuatorianos del momento, era una zona en gran parte desconocida. Como ya se ha comentado, en este territorio residía una población mayoritariamente indígena y analfabeta. Una de las soluciones que se plantearon desde el Estado para paliar estos inconvenientes pasaba por educar a la población iletrada, una tarea que en gran medida ejercieron las organizaciones católicas, en concreto los jesuitas. El diputado José Ignacio Ordóñez –el cual fue además obispo de Riobamba y arzobispo de Quito– exponía así la situación y la solución: «existiendo vastos lugares en estado de barbarie en la banda oriental de la cordillera, lugares en que se aumentaría la población y saldría esta de la barbarie mediante la predicación del evangelio por las misiones que iban a establecerse».107 Igualmente, el representante y también sacerdote Vicente Cuesta afirmaba la necesidad de que la Compañía de Jesús se encargara de «civilizar» a las poblaciones que quedaban fuera de la nación (aunque teóricamente formaban parte de ella):

En balde decimos que los límites de nuestra República son desde el Océano hasta Tabatinga; estos límites solo existen en el mapa, puesto que la verdadera población ecuatoriana está circunscrita a las regiones andinas y a la costa del Pacífico. Las ricas regiones orientales, los grandiosos ríos que las atraviesan en todas direcciones, son aún vírgenes para nosotros. Desengañémonos pues, el interés particular no civilizará el Oriente, como no lo ha hecho hasta ahora, y preciso es dejar esta obra a la caridad cristiana [...]. La Compañía de Jesús en el Oriente sería, además, la salvaguardia de la integridad territorial de la República.108

El debate sobre la permisión de la entrada en el país a los jesuitas, con el objetivo fundamental de educar y civilizar a una gran cantidad de población que vivía en los márgenes de la alfabetización y, por tanto, del sistema político que se estaba construyendo, fue un tema bastante recurrente en Ecuador a lo largo de todo el siglo XIX. Por ello, en los capítulos 6 y 7 se profundizará en la relevancia que tenía el requisito de la alfabetización para obtener el derecho a la ciudadanía en Ecuador, así como en las medidas implementadas en la época garciana para extender la educación en la nación. En la misma línea que Cuesta, el representante Ramón Borrero aseguraba que la llegada de la Compañía de Jesús podía ayudar a que «se civilicen las hordas salvajes que habitan nuestras extensas regiones».109 Los discursos que hablaban de «civilizar» a las «hordas salvajes» tenían sentido en un momento en el que en todo el mundo occidental existía una idealización de la idea de progreso, un progreso tanto moral como tecnológico y material. La educación, por tanto, jugaba un papel esencial en el objetivo de aumentar el progreso de la civilización, un elemento que quedaba patente en el discurso de la comisión encargada de dirimir la idoneidad de la entrada de los jesuitas en Ecuador:

Las misiones y la instrucción pública son las primeras y las más premiosas necesidades de nuestra República ecuatoriana [...] para salir del estado de postración en que se halla sumergida; lo que nuestros pueblos piden para ensanchar sus relaciones comerciales, dar vida a su industria y ponerse en la senda del progreso, lo que la humanidad exige en bien de nuestros infelices compatriotas que viven sumidos en las tinieblas de la ignorancia y del error, y lo que la santa religión predica en favor de los infieles que pueblan nuestros desiertos, insultas y foraces selvas a fin de que salgan de su ignorancia y de sus errores.110

Evidentemente, esta parte de la población considerada ignorante y atrasada, a menudo asociada con la población indígena que vivía alejada de los principales núcleos urbanos, quedaría también al margen de la vida política. Los mismos legisladores blancos, burgueses e ilustrados se encargaron de establecer mediante constituciones y leyes una serie de restricciones a la participación política de aquel gran sector de población. Por tanto, las diferencias territoriales repercutían en el modelo de sistema representativo que se desarrolló durante la segunda mitad del siglo XIX. Así, por ejemplo, el diputado Toribio Baltazar Mora proponía que el distrito de Quito, «que tiene una Universidad y más establecimientos literarios que los otros, debe naturalmente poseer mayor número de ciudadanos ilustrados, aptos para ejercer los derechos de la soberanía», y por tanto debía tener una mayor representación en el Parlamento.111

También en Perú las diferencias territoriales, étnicas y socioeconómicas estaban relacionadas con la construcción de un determinado modelo político de representación parlamentaria. En este caso, existían profundas diferencias entre las grandes ciudades de la costa –entre las que cabe destacar la capital, Lima– y las zonas rurales del interior. De hecho, la diferenciación entre la costa y la sierra había sido una constante a lo largo de la historia de Perú e influía en la diversidad de su población, como puso de manifiesto el viajero Ephraim George Squier en 1877:

Las características geográficas y topográficas de esta vasta región son singularmente marcadas y notables, y actuaron poderosamente sobre sus habitantes antiguos, como lo hacen en el presente. [...] La antigua población de Perú podía ser dividida entre la gente de la costa y la de la sierra, las principales características de cada una son determinadas por las condiciones físicas de la región en la que habitan.112

Era fundamentalmente en la costa donde se situaba aquella burguesía dedicada a la explotación del guano y al comercio con Europa a través de los puertos. Además, en esta zona se situaban las principales escuelas y universidades, por lo que contaban con un mayor número de población ilustrada. Por otro lado, el interior era un territorio mucho más deprimido económicamente, con un mayor número de población indígena e iletrada, y con considerables problemas en la articulación del territorio debido a la carencia de infraestructuras. Al igual que sucedía en Ecuador, en ocasiones los representantes peruanos también se referían a la población que habitaba estos territorios como «bárbaros» o «salvajes». Así, por ejemplo, en medio de la discusión sobre el número de diputados que debían elegirse en cada departamento según la ley electoral de 1861, el senador Francisco Alvarado Ortiz, representante de la Amazonía, aseguraba que «la provincia de Loreto tiene más de cincuenta mil habitantes, sin contar con los innumerables salvajes que la pueblan».113

En la década de los sesenta, el proyecto nacionalizador se dirigió casi en exclusiva a las zonas urbanas, dejando de lado los núcleos rurales. Lima y otras ciudades costeras fueron las únicas beneficiadas de la explotación guanera, mientras que el mundo rural quedaba al margen del desarrollo económico. Así, el auge guanero produjo, entre otros graves efectos, una fragmentación de la conciencia nacional, pues las diferencias económicas, sociales y culturales entre unas y otras zonas del país eran palpables. En palabras de Ulrich Mücke, y partiendo de los planteamientos de la historia nueva, cuando comienza la guerra con Chile en 1879, Perú no era «una nación moderna y unificada», sino «un mosaico de muchos feudos precapitalistas con una clase burguesa en la capital».114 Además, desde este momento se produjo una fuerte emigración procedente de las zonas rurales del interior del país hacia las grandes ciudades, especialmente Lima. Esto repercutió en un crecimiento y consolidación de la capital peruana, que en los primeros años de la República «aún no había logrado consolidar su hegemonía sobre el resto del país».115 El proceso de emigración iniciado en la segunda mitad del siglo XIX y continuado a lo largo del siglo XX convertiría a Lima en una enorme ciudad inundada de suburbios marginales.

La diversidad socioeconómica y territorial ejerció una profunda influencia en el modo en que los legisladores peruanos imaginaron el sistema político, lo que a menudo se reflejaba en los discursos parlamentarios. Así, por ejemplo, muchos de los representantes peruanos adujeron el atraso educativo de gran parte de la población peruana –especialmente de aquella que se situaba en las zonas del interior– para justificar la necesidad de implantar un modelo de sistema electoral indirecto. Finalmente, estas características tuvieron una influencia directa en la exclusión política de ciertos sectores de población. En palabras de Mauricio Novoa,

[...] si una experiencia burguesa existió en el Perú, entonces uno de sus fundamentos debería de encontrarse en la manera cómo un grupo de intelectuales, casi todos abogados, transformó el contenido de la soberanía de la nación en 1860-1900 para poder dividir a la población peruana en dos partes. Una parte urbana, educada y económicamente solvente, que participaba de las decisiones políticas, y otra rural, analfabeta y pobre con escasa, o ninguna participación política.116

* * *

En definitiva, se puede concluir que las profundas contradicciones socioeconómicas y geográficas que caracterizaban a ambos países en la segunda mitad del siglo XIX se traducían también en la administración territorial diseñada a través de sus textos constitucionales y en los debates parlamentarios en torno a la construcción del sistema representativo. El crecimiento desigual entre las grandes ciudades (fundamentalmente costeras) y las zonas rurales del interior coincidió con un momento en el que los grupos parlamentarios de ambos países estaban redefiniendo las bases del sistema representativo y del Estado nación. Así, a la hora de establecer un determinado modelo político los legisladores tuvieron en cuenta las diferencias no solo socioeconómicas, sino también territoriales y étnicas. Además, se puede afirmar que en ambos países andinos aparecía un fenómeno regionalista que impedía la formación de una verdadera conciencia nacional.

En el caso de Ecuador, Ronn Pineo asegura que la presencia de los Andes en mitad de su territorio condicionó el surgimiento de profundas diferencias «en etnia, idioma, religiosidad y cultura» a uno y otro lado. Además, asegura que «la gente de la costa y de la sierra se han mirado con demasiada frecuencia con un sentimiento mutuo de sincero desprecio y oscura sospecha». A ello se unía el precario sistema de comunicaciones internas, que imposibilitaba la movilidad de los ecuatorianos dentro de sus propias fronteras. Todo ello propiciaba que los ecuatorianos del siglo XIX definieran sus intereses en función de su familia, su pueblo o su región; «para estas personas, el “nacionalismo” tenía poco significado».117

Por su parte, Fredrick Pike también señala que las «barreras geográficas y el consiguiente aislamiento de los sectores de población, así como las rivalidades regionales», actuaron como impedimentos para la consecución de una conciencia nacional en Perú. Desde su punto de vista, los diferentes sectores sociales y territoriales que componen Perú se han mostrado a lo largo de su historia como entidades «desconectadas, desconocidas, o, lo que es peor, hostiles entre sí».118 De hecho, los propios parlamentarios peruanos de mediados del siglo XIX eran conscientes de esta realidad de fragmentación socioterritorial peruana, tal y como puede observarse en un discurso pronunciado en 1860 en el que se clamaba por la unión del país frente a las disputas regionalistas: «¿Al rico y opulento Perú qué le falta? “Unión”, con esta vendrá la paz, con ella las instituciones; con unión, paz e instituciones, libertad y progreso, exigencias del siglo XIX».119

Por tanto, el importante regionalismo que caracterizaba a ambos países andinos estaba directamente relacionado con una concepción de la identidad más corporativa y provincial que nacional, como se verá en los próximos capítulos.

1 Marta Irurozqui: «Ciudadanía armada versus caudillismo. Tres historias bolivianas sobre violencia y ley constitucional, 1841-1875», en Nuria Tabanera y Marta Bonaudo (coords.): Historia de las culturas políticas en España y América Latina. América Latina de la independencia a la crisis del liberalismo (1810-1930) V: Historia de las culturas políticas en España y América Latina, Madrid / Zaragoza, Marcial Pons Historia / Prensas de la Universidad de Zaragoza, 2016, pp. 99-129, esp. p. 117.

2 Aunque el término no aparece en el diccionario de la Real Academia Española, según el Diccionario Enciclopédico Español el civilismo, en contraposición al militarismo, es aquella doctrina política que defiende la toma del poder por parte de individuos pertenecientes

a la esfera civil, dejando a los militares exclusivamente el poder militar. Es un término frecuentemente utilizado en la historia política de algunas naciones latinoamericanas. En concreto, en Perú este concepto hace referencia a la ideología del Partido Civil, fundado en 1871.

3 A partir de la segunda mitad del siglo XIX, el ya consolidado sistema liberal se desgranó en varias tendencias ideológicas, que en América Latina quedarían representadas fundamentalmente en dos grupos: «liberales» –partidarios de un liberalismo más progresista y amplio– y «conservadores» –defensores de un liberalismo más moderado, con mayores restricciones y limitaciones–. No obstante, hay que dejar claro que ambas corrientes planteaban sistemas políticos modernos, en los que la Constitución, el Parlamento o los derechos individuales seguían constituyendo los pilares básicos. Trataré de forma más profunda esta bifurcación del liberalismo en Perú y en Ecuador a lo largo del próximo capítulo.

4 Peter Flindell Klarén: Peru. Society and nationhood in the Andes, Nueva York / Oxford, Oxford University Press, 2000, pp. 162-163.

5 Carmen McEvoy y José Luis Rénique: Soldados de la República. Guerra, correspondencia y memoria en el Perú (1830-1844) II, Lima, Fondo Editorial del Congreso del Perú / Instituto Riva-Agüero, 2010, pp. 683-689.

6 Víctor Peralta Ruiz: «La guerra civil peruana de 1854. Los entresijos de una revolución», Anuario de estudios americanos 70-1, 2013, pp. 195-219, esp. p. 197.

7 Mark Thurner: From two republics to one divided. Contradictions of Postcolonial Nationmaking in Andean Peru, Durham / Londres, Duke University Press, 1997, p. 44.

8 V. Peralta Ruiz: «La guerra civil peruana de 1854...», p. 197.

9 Ibíd., p. 217.

10 Archivo General de la Nación (en adelante, AGN), Ministerio de Gobierno y Obras Públicas, Cámaras Legislativas, Diputados de varias provincias, leg. O. L. 433, n.º 359a, 7/05/1861.

11 V. Peralta Ruiz: «La guerra civil peruana de 1854...», p. 215.

12 Manuel Andrés García: La construcción del poder: Estado, Nación e Identidades. La construcción del Estado Nacional en Perú y la marginación política indígena (siglo XIX), Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2002, p. 111.