Resistir a la violencia y construir desde la fe

Los cristianos23 y el conflicto armado

Técnicamente, Colombia ha padecido un conflicto armado desde el momento mismo de su emancipación de España, en 1810. Aparte de la Guerra de Independencia (1810-1819), durante el siglo XIX este país sudamericano experimentó por lo menos siete guerras civiles generales (1839-1841, 1854, 1859-62, 1876-77, 1885, 1895, 1899-1903) motivadas por las diferencias entre los dos partidos políticos tradicionales (Liberal y Conservador) ante el modelo de Estado a instaurar, y por intereses de gamonales y caudillos regionales por el poder político y económico. La Iglesia Católica, que luchaba por mantener lugares privilegiados dentro del nuevo Estado, fue un actor importante en estos conflictos y en diversas ocasiones colaboró en su detonación24. En un contexto de lucha bipartidista por el poder, las doctrinas tradicionalistas que llegaban desde Roma y Europa, colaboraban en mantener una cultura de intransigencia25 con los miembros del Partido Liberal, quienes, por lo demás, eran en su casi totalidad, católicos.

Tras el fin de las hostilidades en 1903, que conllevó la separación de Panamá del territorio colombiano, Colombia vivió unos 30 años de relativa paz, lo que facilitó el inicio del proceso de industrialización del país y el avance de proyectos de modernización (inversiones en obras públicas, vías, auge de la economía cafetera, etc.). Este periodo coincide con la permanencia en el poder del Partido Conservador y una alianza con la Iglesia Católica, a la que se le otorgaron varios privilegios (tutelar la educación pública, encargarse de las misiones, no pagar impuestos, subsidios, etc.) a cambio de encargarse del aparato de beneficencia del Estado (hospitales, asilos, leprosorios, orfanatos y varios colegios) y de las tierras de misión.

El arribo del Partido Liberal al poder en 1930 y su permanencia allí durante los siguientes 15 años, revivió las antiguas actitudes intransigentes e intolerantes por parte de los conservadores, de miembros del clero y de no pocos liberales, que conllevó el inicio de hechos de violencia rural, específicamente el asesinato de personas y familias por su filiación partidista. Pero fue con el asesinato, en 1948, de Jorge Eliécer Gaitán, político populista, candidato a la presidencia por el Partido Liberal, que el conflicto armado entre grupos políticos se recrudeció, al punto que durante más de una década los campos colombianos fueron testigo de brutales acciones en nombre de un grupo político y hasta de la religión. En algunos lugares portar el color del partido contrario podía pagarse con la vida. A eso se agregó la persecución de socialistas, comunistas (el nuevo enemigo) y hasta de iglesias protestantes que desde comienzos de siglo se instalaban con dificultad en zonas rurales y fronterizas26. Esta década sangrienta se conoce en la historia de Colombia como la Época de la Violencia (con v mayúscula). En realidad, se trató de una guerra civil no declarada, en la cual por primera vez no se involucraban directamente las élites políticas y económicas, contrario a lo sucedido en el siglo anterior. Los campesinos se asesinaban entre sí, muchas veces sin saber cuál era el verdadero significado de ser ‘liberal’ o ‘conservador’. Una actitud de rabia, revancha y venganza generó una ola de violencia que provocó el éxodo de miles de personas de los campos a las ciudades, que se sobrepoblaron en poco tiempo27.

A finales de la década de 1950, los partidos en conflicto realizaron un pacto de no agresión y de compartir el poder sucesivamente durante los siguientes 16 años, y se llevaron a cabo procesos de negociación entre el gobierno y las guerrillas liberales y conservadoras que permitieron la desmovilización de estos grupos. La institución eclesiástica también cambió de actitud frente al Estado y tras la dictadura de Rojas decidió apoyar el nuevo pacto de poderes entre los dos partidos tradicionales, el llamado Frente Nacional. El liberalismo dejaba de ser el enemigo y las miras se centraban ahora en el comunismo que desde la URSS y China parecía amenazar el orden mundial en un contexto de Guerra Fría28.

Pese a los pactos y tratados, la violencia en Colombia no cesó del todo y pronto renació. Lo hizo, debido a que no se atendieron las causas estructurales que la alimentaban: la desigualdad social, la restricción del acceso a la educación, la concentración de la tierra en pocas manos, la falta de oportunidades, y además, la exclusión de grupos políticos distintos de los tradicionales. Los ecos de la victoria de la Revolución Cubana (1959) y la Guerra Fría hicieron el resto. Así, en 1964, nacieron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –FARC– de inspiración marxista leninista, sostenidas por la Unión Soviética. Ese mismo año nacía el Ejército de Liberación Nacional –ELN– también marxista, apoyado por el régimen cubano, pero con fuerte participación de estudiantes universitarios, intelectuales y sectores cristianos descontentos por la situación del país29.

Mientras tanto, en el interior de la Iglesia católica se venían dando algunas transformaciones. Nuevas corrientes pastorales, que pronto desembocaron en el Concilio Vaticano II, llegaron a algunos sectores del clero que empezaron a cuestionarse sobre el statu quo y el rol que jugaba la Iglesia en su conservación. Conceptos como justicia, equidad, pobreza y cambio social circularon entre clérigos y laicos sin encontrar apoyo en la jerarquía eclesiástica, la cual buscaba simplemente acomodarse a la nueva situación y defender sus antiguos privilegios institucionales. Es en este contexto que varios sacerdotes sensibles preocupados por la situación social y política del país no vieron otra salida que la lucha armada como única vía para llegar el anhelado cambio. En una entrevista, en 1965, Camilo Torres Restrepo dijo:

Estoy convencido de que es necesario agotar todas las vías pacíficas y que la última palabra sobre el camino que hay que escoger no pertenece a la clase popular, ya que el pueblo, que constituye la mayoría, tiene derecho al poder. Es necesario más bien preguntarle a la oligarquía cómo va a entregarlo; si lo hace de una manera pacífica, nosotros lo tomaremos igualmente de una manera pacífica, pero si no piensa entregarlo o lo piensa hacer violentamente nosotros lo tomaremos violentamente. Mi convicción es la de que el pueblo tiene suficiente justificación para una vía violenta30.

Según Martínez Morales «es en la tradición cristiana y católica en que Camilo encuentra su justificación de la violencia, acogiendo de manera fiel el legado de su Iglesia en lo tocante a las tesis de la guerra justa y de la legitimidad de la insurrección contra la tiranía. En este sentido, es claro suponer, dado el desenlace de los hechos, que la decisión por la lucha armada que vinculó a Camilo con la lucha guerrillera fue más acorde con la doctrina eclesial católica que con el legado evangélico»31. Camilo no estaba solo. En esos años causó mucho revuelo la constitución del llamado grupo sacerdotal Golconda, que, bajo el liderazgo del obispo Gerardo Valencia Cano, se declaró dispuesto a trabajar por el cambio –revolucionario– de las estructuras político-sociales que generaban dominación y exclusión32. Algunos de sus miembros, como los curas españoles Domingo Laín y Manuel Pérez Martínez, ingresaron al ELN, llegando a ser comandantes de esta organización. Otros clérigos fueron colaboradores de las FARC, aunque esta última, de línea comunista-leninista, solía despreciar a la religión, considerándola como el “opio del pueblo”. Según el sacerdote Jorge Eliécer Soto, testigo de estos acontecimientos, en los años 60, 70 y 80 ocurrió que tanto las fuerzas insurgentes como el mismo ejército buscaron tener “de su lado” a los clérigos, por su alto valor simbólico en sus propósitos:

Lo que sí es cierto, insisto, es que tanto guerrilla como ejercito entendían que el valor, el carácter de la religión como institución era importante en la línea de poder tener control sobre el pueblo. Por tanto, ellos entendían que por vía de la religión también debían manejar el tema, primero, de la ideologización y el adoctrinamiento del pueblo; segundo, de la penetración y control de las poblaciones. Por eso insisto, era muy fuerte la penetración el intento de reclutar curas para la guerrilla, como lo fue también para el paramilitarismo y para el ejército, para las fuerzas del Estado. O sea, el gobierno esperaba que los curas fuéramos los primeros informantes del ejército, que fuéramos los primeros en pasarle información a inteligencia militar. La guerrilla esperaba curas guerrilleros y el paramilitarismo esperaba curas que les guardaran las guacas, que les guardaran la plata, que les guardaran las armas en sus parroquias33.

La debilidad misma de las guerrillas y de las fuerzas militares provocó que el conflicto armado se extendiera indefinidamente. Luego, acciones de las guerrillas contra ganaderos y terratenientes (secuestros, amenazas, robo de ganado y propiedades, extorsiones) y la impotencia que mostraba el Estado para protegerlos, hizo que a comienzos de los años 80 se organizaran grupos de autodefensas privadas que pronto se independizaron de sus gestores y se convirtieron en ejércitos contrainsurgentes paramilitares.

El conflicto armado se agudizó a partir de los años 80, cuando surgieron los grandes carteles del narcotráfico (Cali, Medellín y Valle) que inundaron el país de dólares, que armaron ejércitos privados y que pronto se enfrentaron al Estado, el cual, presionado por Estados Unidos, les declaraba la guerra. Los años 80 son recordados en Colombia por el secuestro y asesinato de políticos, jueces, magistrados, periodistas y, luego, por las explosiones de bombas en varias ciudades del país, que sembraron el terror en la población. Las ciudades, que antes “protegían” de una guerra que solo afectaba a los campesinos, dejaban de ser “seguras”. Por primera vez la violencia tocaba a las altas esferas del poder y a todos los sectores de la población.

La guerra de los carteles contra el Estado finalizó con el aparente triunfo de este último. Los grandes capos fueron asesinados o capturados y extraditados a los Estados Unidos. Al tiempo, éxitos procesos de paz con algunas guerrillas (el M-19, el EPL y el Quintín Lame) hacían pensar en que la “oscura noche” se iba y un nuevo amanecer se vislumbraba. El país aprovechó para expedir una nueva constitución política (1991) incluyente, democrática, pluralista en materia religiosa y cultural y llena de otros buenos propósitos difíciles de cumplir por un Estado que seguía siendo débil y corrupto.

Mientras tanto, la jerarquía eclesiástica, liderada por el entonces arzobispo de Medellín, cardenal Alfonso López Trujillo, se alineaba con el gobierno en contra de los grupos armados de izquierda, que eran, por otra parte, apoyados por algunas bases cristianas, al tiempo que desde Roma se lanzaba un fuerte cuestionamiento a la Teología de la Liberación, a la cual se le equiparó de marxista y materialista, promotora de conflicto y odio y por tanto incompatible con el catolicismo. La censura a teólogos de esta línea no se hizo esperar y las divergencias internas generaron una crisis en el movimiento34 que en Colombia nunca llegó a ser fuerte, a diferencia de otros países del continente35. El miedo a la “sociologización” de la acción pastoral, como la llamaban los obispos, conllevó una reacción en torno a reafirmar su autoridad y evitar avanzar en el análisis de la realidad colombiana, al punto que aún en 1986 los documentos de la Conferencia Episcopal, bajo el liderazgo del cardenal López Trujillo, consideraban al “peligro comunista” como causa principal de la crisis de la sociedad colombiana. Al tiempo, ofrecían discursos en pro de la tolerancia y la paz, pero en un plano meramente abstracto36.

Las posiciones del episcopado se vieron claramente durante el fallido proceso de paz con las FARC en 1984: una parte de los obispos, aunque apoyaron el Proceso de Paz, privilegiaron explícitamente el diálogo con la guerrilla; otro grupo advirtió a la opinión pública sobre la doble estrategia de los grupos guerrilleros –negociar en apariencia, para así fortalecer sus intereses –, y criticó desde un comienzo todo esfuerzo encaminado a facilitar el acercamiento entre el Gobierno y los alzados en armas37.

En cuanto a las iglesias cristianas de origen protestante –mayoritariamente pentecostales– estas asumieron principalmente una posición de neutralidad y de no involucramiento en el conflicto armado. Esta posición se basaba en una particular interpretación del Evangelio y su predicación, basada en la conversión individual y el correspondiente cambio de vida, que evitaba tratar asuntos políticos e involucrarse en el mundo político. Pronto empezaron a ser considerados por la guerrilla –especialmente por las FARC– como promotores del statu quo y en varios lugares se atacaron iglesias38. En otras zonas estas iglesias fueron bien vistas por los paramilitares, que las consideraban focos espiritualistas que apaciguaban a la población e impedían que participara en movimientos sociales, organizaciones de izquierda y en la guerrilla misma. Además, eran consideradas como elementos de “protección” mágico-religiosa para los combatientes39.

Pero la desaparición de los grandes carteles a comienzos de la década de 1990 y la pérdida de las fuentes de financiamiento de las guerrillas (con la caída del bloque socialista) hizo que la guerra tomara otro rumbo. El narcotráfico dejó de estar controlado por pocos grupos y se convirtió en el principal combustible –y al parecer inagotable – del conflicto armado. Las guerrillas sobrevivientes, especialmente las FARC, adquirieron un nuevo poderío, en gran medida, gracias a este dinero. Los paramilitares, por su parte, integrados desde 1995 en una federación (las Autodefensas Unidas de Colombia) también ganaron un poder sin precedentes, amparados y hasta protegidos por sectores de las Fuerzas Militares oficiales. Los años 90 y comienzos de los 2000 experimentaron entonces un embate, por una parte, de las FARC, que amenazaron por primera vez con poner en jaque a la capital y a otras grandes ciudades del país, y de los paramilitares, que asumieron el control de varias zonas estratégicas. La población civil que quedaba en medio del conflicto, o era masacrada sin piedad, o debía huir a las ciudades, generando un nuevo éxodo campo-ciudad. Las tierras que dejaban eran despojadas y acaparadas por terratenientes, paramilitares y guerrilleros que con sus armas y los dólares provenientes del narcotráfico intimidaban y corrompían la administración estatal regional.