La cultura como trinchera

Se pueden distinguir tres períodos: el primero entre 1985 y 1988, fase de normalización de la transferencia de competencias desde el gobierno central, que en el País Valenciano supone una reducción del peso específico de los gastos culturales por el crecimiento considerable de otras partidas; la segunda fase se da entre 1989 y 1992, y está marcadas por el «síndrome 92». En el País Valenciano tiene lugar el evento Música 92, lo que implica un crecimiento en las partidas destinadas a cultura; en la tercera fase, a partir de 1992, se produce una recesión, al tiempo que se agota el primer impulso para las grandes inversiones en equipamientos y empiezan los ajustes presupuestarios que afectan especialmente a las partidas culturales. Tomando todo el período 1985-1994 se aprecia como en el País Valenciano el gasto en cultura (situado entre los 5.000 y los 11.000 millones de pesetas constantes de 1994), se va elevando lentamente a partir de 1987, alcanzando una meseta entre 1991 y 1992, para descender también suavemente a partir de 1993. Como señala Rausell (1999), en este período es posible detectar dos cuestiones relevantes: por una parte la escasa importancia presupuestaria de los gastos en cultura, con unos políticos encargados de la gestión cultural que no son los más relevantes en sus respectivos partidos y que gozan de cierta autonomía en sus políticas, menos dependientes de las líneas programáticas de los partidos; por otra parte la importante función simbólica de la política cultural, especialmente en los «momentos conmemorativos», lo que implica que su importancia para la imagen colectiva del gobierno es mayor de lo que refleja su importancia presupuestaria:

Así tenemos unos políticos culturales que controlan poca cantidad del presupuesto y que proviene de los sectores menos relevantes de los aparatos de los partidos, pero que en momentos concretos son los «constructores» de la imagen colectiva del gobierno y por extensión del partido gobernante (p. 357).

Asimismo se evidencia la elevada dependencia entre el gasto en cultura y el ciclo económico, lo que demuestra la «excepcionalidad» de los gastos en cultura, que no generan corrientes de gastos (ni estructuras o instituciones) estables y permanentes: se trata de políticas puntuales, no normalizadas y muy prescindibles cuando existen restricciones presupuestarias. Es el caso de la situación producida por el impacto de la crisis económica desatada en 2008, que ha provocado sucesivos y drásticos recortes en todos los sectores de las administraciones públicas, siendo aquellos especialmente drásticos en los presupuestos de cultura, como se ha evidenciado especialmente a partir de 2010.

En 1990 el Consell Valencià de Cultura (CVC) encargó un estudio sociológico sobre el estado de los sistemas culturales básicos del País Valenciano, que se entregó en 1991. Se trata de un estudio muy valioso, pues nos proporciona una radiografía de las infraestructuras culturales valencianas de finales de los años ochenta y comienzos de los noventa.3 Del trabajo realizado se desprenden una serie de conclusiones de alcance general, referentes al ámbito de la infraestructura de información, a su relación con el entorno social y a las necesidades de planificación para la política cultural en las áreas consideradas. El estado de los equipamientos culturales del País Valenciano en 1991 se caracteriza, desde el ángulo de la oferta, por un proceso de cambio en el sentido de la democratización y modernización de la cultura, dentro del contexto de las transformaciones de distinto orden operadas en el último cuarto de siglo, y en el marco concreto de las nuevas instituciones políticas. No cabía duda, para los autores del informe, de que este proceso había partido de unos niveles de oferta altamente deficitarios o inadecuados a las necesidades y expectativas sociales vinculadas a dicho proceso de cambio.

El proceso de democratización cultural se manifestaba de manera muy profunda en los nuevos ámbitos de producción y de cobertura de los medios de comunicación (autonómica, comarcal, municipal), en el desarrollo cultural a través de la vertebración de la vida asociativa, en la nueva consideración de que han de ser objeto formas de expresión propias como las manifestaciones populares y el folklore, en la exigencia de replanteamientos en otras áreas de conservación y defensa del patrimonio cultural, que integran el patrimonio histórico en los distintos aspectos, etc. Todo ello tenía que llevar, en opinión de los redactores del informe, a un planteamiento del propio concepto de cultura en una orientación capaz de superar la visión restrictiva clásica, de carácter elitista y, a su vez, por de trascender todo intento de apropiación, o etiquetación ideológica de sus contenidos.

En general, se diagnosticaba una insuficiencia de infraestructura informativa sobre el estado de infraestructuras, dotaciones y actividades culturales. También se constataba la necesidad de definir y consolidar un espacio comunicativo valenciano, y si bien en el caso de las bibliotecas se valoraba su desarrollo como adecuado, no sucedía lo mismo con los archivos. En materia museística, en conjunto, la provincia de Valencia aparecía, en relación con su población, menos equipada, manteniendo un nivel medio la provincia de Alicante y un nivel alto la provincia de Castellón, si bien destacaba la alta concentración de museos en Valencia como capital de provincia, contrariamente a las provincias de Alicante y Castellón. En cuanto a los equipamientos, se hacía de nuevo patente la necesidad de una ordenación jurídica que regulara sus funciones, organización y depósito de fondos. Asimismo se proponía la creación de una Red Comarcal de Museos. En cuanto al patrimonio no declarado o incoado, ni todavía sujeto a protección normativa, se le veía como cuantitativamente muy importante pero mal conocido.

Las respuestas obtenidas en el cuestionario realizado a los ayuntamientos y relacionadas en el Informe, ponían de manifiesto el gran nivel de disparidad existente a nivel municipal en cuanto a información, consideración legal y proyecto de conservación de los elementos de propio patrimonio cultural. Tampoco se había realizado ningún censo de salas y auditorios que pudiera servir de base para la valoración de la oferta. Por otra parte, se constataba que tanto las casas de cultura (de titularidad municipal) como las aulas de cultura (dependientes de la obra social de las cajas de ahorro), presentaban la dificultad del conocimiento exacto de la programación de actividades efectuadas. Se contaba con información respecto a la existencia o inexistencia de casas de cultura acerca de 163 municipios valencianos. En 1991 disponían de este equipamiento 113 municipios (69,3%): 27 en la provincia de Alicante (71,1% respecto al subtotal provincial), 17 en la de Castellón (47,2%) y 69 en la de Valencia (77,5%). Por otro lado, se constataba una falta de coordinación o de relativo aislamiento entre las casas de cultura, al margen de su proximidad geográfica. Esta falta de coordinación dificultaba, según los autores del informe, una optimización de los recursos la infrautilización de los servicios, a la vez que se producía una desconexión y empobrecimiento de la actividad cultural. En el tema de las competencias, la duplicidad de funciones de la Diputación Provincial y de la Conselleria de Cultura se convertía en un factor desfavorable para la racionalización del sistema de recursos de información y financiación. Debe enfatizarse que se trata de unas apreciaciones que hemos podido también constatar en nuestras entrevistas, como se verá en capítulos ulteriores.

Siguiendo con el repaso de las políticas culturales entre 1985 y 1994, y por lo que respecta a la composición del gasto público en cultura, se aprecia que en las comunidades autónomas con políticas culturales más estables y consolidadas, como es el caso del País Valenciano, existe una consolidación y profesionalización de los equipos humanos responsables de la gestión cultural, suponiendo un coste por unidad de gasto cada vez menor. En la evolución del gasto total en cultura, ordenado por funciones, se advierte al comienzo del período una elevada proporción de actuaciones sobre el patrimonio cultural; seguidamente se produce la eclosión de los programas de promoción cultural (básicamente programación propia, transferencias y subvenciones), pues a medida que se han consolidado los equipos humanos se diseñan los grandes proyectos de inversión en infraestructuras y equipamientos culturales, con una mayor cantidad de recursos destinados a museos, teatros o auditorios y equipamientos municipales, para acto seguido acentuar la provisión propia de bienes y servicios culturales. A partir de 1992, por la presión de la recesión se produce una reducción del nivel general de gastos en esas mismas partidas. Por su parte, tanto los servicios centrales como los museos, archivos, bibliotecas y patrimonio han generado ya unas infraestructuras estables que obligan a mantener los niveles de gasto, de forma que la reducción de los gastos en cultura provoca lógicamente el aumento de los costes en personal.4 Respecto al patrimonio cultural, habitualmente la gama posible de objetivos de la intervención pública se sitúa en torno a cuatro aspectos destacados: protección frente a la destrucción, impacto económico sobre el territorio, transformación del territorio (reordenación urbana, integración social, etc.) y generación o reforzamiento de valores simbólicos. Con todo, la realidad es más compleja y habitualmente las intervenciones efectivas se argumentan de manera que recogen más de un objetivo (Rausell y Martínez Tormo, 2005).

Según el estudio de Bonet et al. (1994) sobre el gasto en cultura en las administraciones territoriales, comunidades autónomas, para 1993 destaca que el gasto en pesetas por habitantes en el País Valenciano es sensiblemente inferior al resto de comunidades autónomas (1.814 frente a 2.555). En la composición por funciones la distribución porcentual, en el que destaca el mayor gasto en museos en el País Valenciano respecto al resto de comunidades autónomas (por efecto de la puesta en marcha delIVAM, Institut Valencià d’Art Modern), o en teatro y danza (las artes escénicas como prioridad relevante en la política cultural valenciana). Según los datos de Bonet et al. (1994) referidos a la estimación del gasto consolidado en cultura de las administraciones territoriales del País Valenciano (1993), su distribución aparece cercana a la media estatal: el gobierno autónomo colabora con un porcentaje del 27,3% de los gastos; las diputaciones provinciales con el 12,5%; los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes con un 24,6% y los ayuntamientos de menos de 50.000 con el 35,6% del total, con un total de gasto en cultura de 6.640 pesetas por habitante que están muy cerca de las 6.890 pesetas por habitante de la media estatal. De aquí se deduce el activo papel de los ayuntamientos en las intervenciones sobre cultura, especialmente de los más pequeños (destinaron en 1993 un 5,63% de sus presupuestos a cultura, frente a los 4,97% de los municipios grandes). Por lo tanto, si se toma en consideración sólo el gasto cultural del gobierno autónomo, se constata una limitada proporción del gasto público total en cultura. En el caso de las diputaciones provinciales, según los mismos datos de Bonet et al. (1994) para 1993, aquellas destinan una relativamente elevada proporción de sus gastos a cultura, pues la Diputación de Alicante destina el 7,07%; la de Valencia el 4,22% y la de Castellón el 4,27%.

Por lo que respecta a la intervención de la Generalitat Valenciana en los sectores culturales, teniendo en cuenta que una política propiamente cultural en el caso valenciano aparece en los años ochenta, Rausell (1999) aporta una serie de estimaciones para el período que llega hasta mediados de los años noventa. En el sector de las artes plásticas, y además de la intervención pública en las enseñanzas regladas y las centradas en el patrimonio cultural, las intervenciones de la Generalitat Valenciana se habrían centrado en la difusión y promoción de las artes plásticas, intervenciones centradas, además de en subvenciones menores a museos y colecciones museográficas de arte contemporáneo, en las actuaciones alrededor del IVAM, creado en 1986 e inaugurado en 1989. El IVAM incluía el Centro Julio González y fue obra de los arquitectos Emilio Jiménez y Carlos Salvadores. El nuevo museo pronto se convirtió en el emblema de la modernidad del País Valenciano, sin que ello haya implicado que haya funcionado como un instrumento integral de apoyo a las artes plásticas contemporáneas valencianas. Por lo que respecta a la intervención en el sector de la música la gama de intervenciones es más variada, dirigiéndose fundamentalmente hacia la música en vivo; por ello se creó en 1986 el Institut Valencià d’Arts Escèniques, Cinema i Música (IVAECM), que se centró casi exclusivamente en la producción, promoción, programación y difusión de la música seria. También habría destacado el impulso de una red de infraestructuras alrededor del programa «Música 92», perteneciente al área de música del IVAECM y a la Dirección General de Promoción Cultural. Tampoco debe olvidarse la organización, durante la década de los años 80, de la Trobada de Música del Mediterrani, que dentro del intento conducido por la administración socialista de convertir a Valencia en una de las capitales culturales del Mediterráneo. Por ello se vio acompañada por la Trobada d’Escriptors del Mediterrani o la Mostra de Cinema del Mediterrani, que también fueron puestas en marcha en los años ochenta.

En 1994 desapareció el IVAECM y las acciones de política musical las asumió el Servei de Música de la Direcció de Promoció Cultural. Las intervenciones pasan a incidir más en las actividades de producción, distribución y consumo, así como en la provisión y los incentivos directos: en todo caso la intención básica es compensatoria en los sentidos de oferta y demanda, especialmente si consideramos el rico tejido de asociaciones musicales (bandas de música) que caracteriza al País Valenciano. También en un primer momento el Palau de la Música de Valencia, edificio emblemático de la modernidad musical en la época de gobierno socialista, estuvo bajo gestión de la Generalitat, para pasar luego al Ayuntamiento de Valencia, que ya poseía su titularidad. En todo caso también hay que destacar la escasa preocupación por el aspecto industrial de la producción musical, que ha solido recibir escasas subvenciones autonómicas.

En cuanto a las artes escénicas, la política teatral es una de las que primero desarrolla el gobierno valenciano, al comienzo de manera puntual, y desde 1987 mediante un sistema más estructurado de ayudas genéricas al teatro valenciano, agrupadas en diversos conceptos: teatros y compañías concertadas, ayudas a la producción, exhibición y giras, ayudas a las infraestructuras teatrales, a las asociaciones culturales, becas y bolsas de viaje para estudios teatrales, subvenciones a festivales, muestras y congresos y ayudas a la creación a través de los premios de Teatro y Danza. Este modelo perduraría hasta 1994, cuando hubo una remodelación de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia, que pasó a ser Conselleria de Cultura, se desmanteló el IVAECM y se creó el ente Teatres de la Generalitat. En la intervención pública destaca, en primer lugar la importancia de las medidas destinadas y orientadas hacia los agentes de la oferta teatral y en segundo lugar hacia la provisión de producciones públicas y de una red propia de teatros públicos, con una clara intencionalidad de prestigio. Por lo que se refiere a la intervención de la Generalitat Valenciana en el sector editorial y en el del cine, tienen básicamente un carácter testimonial, con una intervención en la producción para la provisión propia que hace la competencia al sector privado; en general no existiría una política cultural orientada hacia el sector del libro, si bien las editoriales que publican en valenciano recibirían más ayudas, dentro de un tímido modelo de política lingüística.

Si se considera el conjunto del sector de la cultura y el ocio según lo hacen García et al. (2000), parece ser que la participación del sector público en la generación de valor añadido y ocupación ha sido relativamente modesta. Según datos de 1997, el País Valenciano se sitúa en una zona intermedia dentro de España (10% del valor añadido público). No obstante Rausell y Carrasco (2002) señalan que estas cifras resultan engañosas respecto a la importancia de las políticas culturales en la articulación de los sectores y las actividades culturales y más todavía en la configuración de los sentidos simbólicos de dicha producción y sus posibilidades de generar cohesión social y mayor calidad de vida, sobre todo por la incidencia directa o indirecta del sector público en las actividades generadores de valor añadido en el sector privado. Por ello la importancia de la política cultural transciende su dimensión estrictamente económica.

También hay que considerar que, como han señalado algunos autores (AA.VV., 2004) para el caso español, en los últimos años, junto con una creciente profesionalización derivada tanto de la experiencia como de mayores niveles de formación, fueron apareciendo organismos orientados a la gestión de la cultura en todos los niveles de gobierno, tratando de dar flexibilidad y eficacia a las prácticas administrativas y de gestión. En el ámbito de los discursos, desde posiciones liberales o conservadoras se abogaba por una mayor implicación de los agentes privados en la articulación de la cultura. Desde posiciones progresistas, se señalaba que ante cierto fracaso del discurso más voluntarista de la acción sociocultural y el efecto transformador de las políticas culturales, debía potenciarse una mayor participación e implicación de la ciudadanía en la configuración de la producción simbólica colectiva. En este contexto deben entenderse las diferentes iniciativas legislativas propuestas por el Partido Popular valenciano, en el sentido de favorecer la incorporación de los agentes privados en la financiación de las actividades culturales.

En su caracterización de la política cultural del País Valenciano en los años noventa, Rausell y Carrasco (2002) señalan que su dimensión presupuestaria se mueve, en términos comparativos, en posiciones bastante modestas. Entre 1993 y 1997 las tendencias (que no habrían apenas variado hasta 2002) apuntan a un gasto público en el sector cultural en torno al 2,4% y 4,4% del total del País Valenciano, adscribiéndose ésta al grupo de comunidades autónomas que menos interés mostraban por las políticas culturales. En cuanto al gasto público per capita en 1997 en el País Valenciano se situaría alrededor de la media estatal (un poco más de 100 euros), gasto del cual una tercera parte correspondería a los gobiernos autónomos y otras dos terceras partes a las corporaciones locales (García et al., 2000).

Por lo que se refiere al modelo de política cultural, en el ámbito de los ayuntamientos se habría seguido una lógica estrictamente local, y ni siquiera en los municipios más dinámicos se habría considerado a la política cultural como un elemento estratégico para el desarrollo territorial. El estilo se habría ajustado al escaparate de las fiestas patronales y a la construcción de infraestructuras básicas, siendo insuficiente para generar hábitos de consumo y demandas o estructuras relativamente estables y autónomas de oferta. Habría que mencionar algunas experiencias, como el Circuit Teatral Valencià, o los programas y campañas del SARC (Diputación de Valencia), con un cierto impacto sobre la regularidad en la programación y la profesionalización de la gestión por parte de los técnicos municipales.

En cuanto a la responsabilidad de los gobiernos autonómicos, Rausell y Carrasco (2002) señalan que la política cultural se construye como tal en el período de los gobiernos del PSPV-PSOE (1983-1995) a partir de dos ejes: la construcción extensiva de infraestructuras culturales y cierta «normalización» en la provisión de servicios culturales con modelos diversos según fueran los sectores de intervención. En comparación con otras comunidades autónomas, el modelo valenciano muestra más querencia hacia los museos (especialmente con el peso del IVAM) y el teatro, y un menor interés relativo por la arqueología, el patrimonio y la promoción del libro. También se ha destacado, especialmente si se tiene en cuenta que la cultura ha constituido un factor importante de enfrentamiento ideológico entre los partidos políticos, que una de las políticas públicas más continuistas desde el giro conservador en la presidencia autonómica ha sido precisamente la cultural, pues el Partido Popular ha mantenido el interés por el arte contemporáneo y los museos, pero ha sustituido el teatro por el patrimonio, mostrando el mismo desinterés por el sector del libro.

4.TRAS LA CONSOLIDACIÓN DE LA DEMOCRACIA (1995-2013)

A la altura de 2002, y por lo que respecta al modelo global de intervención, Rausell y Carrasco (2002) no encontraban ninguna novedad sustantiva que permitiera hablar de diferencias ni desde el punto de vista de los objetivos, ni de los instrumentos, respecto a la década de los años noventa. En fecha de 2002, los autores referidos manifestaban que:

Algunas grandes infraestructuras como la Ciudad de las Artes y las Ciencias en Valencia, la Ciudad de la Luz en Alicante o la Ciudad del Teatro en Sagunto, o eventos (Bienal, Encuentro Mundial de las artes) se encuentran aún en una nebulosa fase de concreción que dificulta la posibilidad de determinar si van a significar un cambio cualitativo en el marco de los sectores implicados o sólo se trata de iniciativas que, aún con vistosos impactos mediáticos, tengan escasa capacidad de afectar a la realidad. Lo que resulta evidente es que este tipo de actuaciones se enmarcan en un entorno de propuestas ocurrenciales que no responden a ningún tipo de planificación estratégica (p. 268).

Sobre todo si pese al desarrollo de leyes sectoriales (Ley de la Música en 1998, Ley de Patrimonio en 1998) estas no iban acompañadas de los textos reglamentarios correspondientes. Los autores concluyen que, en general,

se puede hablar de una maduración de las políticas culturales, fruto en parte de una notable especialización y profesionalización de los recursos humanos destinados a la gestión cultural pública, pero aun así seguimos en un «estilo de política pública» donde ya se ha alcanzado cierto grado de consenso sobre los valores y los objetivos pero que el grado de certeza sobre los medios, los hechos y el conocimientos son muy débiles (p. 269).

Y es que, como señalan los referidos autores:

La ausencia de estudios, fuentes estadísticas normalizadas y en general de mecanismos y sistemas de evaluación de las políticas culturales hace que el debate social se limite a la discusión sobre actuaciones muy concretas o se dirima en el especio de los discursos grandilocuentes y de fácil consenso pero hueros de actuaciones, compromisos y verificaciones (p. 269).

Con todo, y como veremos, sí que parece haber existido cierto planeamiento estratégico alrededor de los grandes eventos en la ciudad de Valencia, como se desprende de la documentación producida por el Centro de Estrategias y Desarrollo de Valencia (CEyD), pues se recogen planeamientos que se remontan a finales de los años noventa y llegan hasta la actualidad.5

Como ha puesto de manifiesto Rausell (2007b), entre 2000 y 2005 crece el empleo en el sector cultural en el País Valenciano, con un total de 45.000 empleados en 2005, lo que suponía el 2,3% del total de empleo y un 2,59% del PIB regional total, en consonancia con lo que pasaba en España. En cuanto al número de empresas, el perfil dinámico del período también se ajusta al caso español, aunque con un crecimiento ligeramente más moderado. En cuanto al consumo, la posición de los consumidores valencianos, que en 2000 se situaba en niveles similares a la media española, en 2005 lo hacía en un 20% por encima de ella. Si atendemos a la diferencia del modelo de consumo de los valencianos, éstos muestran unos gastos menores por hogar en libros, revistas periódicas y cine. Sí que muestran niveles de gasto superiores a la media los sectores de artes escénicas, música y artes plásticas, así como moderadamente superior en el ámbito de equipamientos para el consumo o la práctica cultural.

En cuanto a los sectores culturales, por lo que respecta a las artes escénicas se aprecia una oferta teatral más o menos correspondiente a la dimensión poblacional, de manera que en el periodo señalado el número de representaciones teatrales supone aproximadamente el 10% del total, así como también el número de espectadores. En cuanto a las infraestructuras, se sitúan ligeramente por debajo de la media española. Y en cuanto a la oferta de compañías de teatro en el País Valenciano, se sitúa por debajo de lo que correspondería a su dimensión poblacional. Destaca la nula presencia de compañías nuevas, lo que parece evidenciar un mercado muy rígido y que impone importantes barreras de entrada.