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Así, a modo de ejemplo, durante la celebración de la segunda edición de los cursos, en 1961, se trabajó «la participación de los administrados en el régimen local». El régimen, consciente de la escasa implicación de los ciudadanos en los procesos electorales dedicados a renovar las corporaciones locales, debatió con insistencia de qué manera se podía modificar esta situación. Por ello, se planteó desde una reforma educativa que incluyera como asignatura obligatoria la importancia de las colectividades locales, hasta la apertura de determinadas comisiones especiales locales al ciudadano con voz y voto. Estas conclusiones incluyeron el uso de la propaganda por «medios modernos» y una cierta descentralización en las formas y reconocimiento de entidades para la participación de los administrados en las funciones y servicios locales. Además, se destacó la importancia que han tenido las asociaciones de vecinos y otras entidades como forma de acercar al ciudadano a los problemas.21 Este tema de la participación y representación fue evolucionando hasta dedicarse un curso exclusivamente a la temática del asociacionismo ya al final de la dictadura.
Lo que cada vez parece más cierto y palpable es que la formación intelectual de parte de la élite, canalizada en estos cursos, fue permitiendo, poco a poco, cierta apertura política o asimilación de las transformaciones que se iban dando, posibilitando que los cambios se produjesen de la forma y manera en que se produjeron en algunos municipios. Por tanto, tal y como hemos venido señalando, los cursos de Peñíscola reúnen las perspectivas, ideología y aspiraciones de un sector del franquismo que, en consonancia con otros centros y figuras políticas «con gran capacidad de integración de las coyunturas menos favorables del sistema», permitieron crear auténticos espacios de debate en la dictadura.22
Por otro lado, todo ello ayudaría a comprender que la élite de origen e intereses diversos tuvieran un punto de encuentro en el sistema con el municipio como principal preocupación y centro político especialmente en torno a temas como el regionalismo, el urbanismo o la representatividad municipal.
1 R. Quirosa-Cheyrouze Múnoz y M. Fernández Amador: Poder local y transición a la democracia en España, Granada, Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional, 2010, p. 26.
2 E. Nicolás Marín: «Los poderes locales y la consolidación de la dictadura franquista», Ayer, 33 (1999), p. 70. La cursiva es mía.
3 A. Cenarro Lagunas: «Instituciones y poder local en el ‘Nuevo Estado’», en S. Juliá (coord.): República y guerra en España (1931-1939), Madrid, Espasa, 2006, pp. 421-448; M. Marín Corbera: Els ajuntaments franquistes a Catalunya: política i administració municipal, 1938-1979, Lleida, Pagès, 2000, pp. 50-53.
4 A. Cazorla Sánchez: Las políticas de la victoria: la consolidación del nuevo Estado franquista (1938-1953), Madrid, Marcial Pons, 2000, p. 44.
5 Dejamos aquí las referencias a las otras instituciones locales fundamentales en la dictadura: gobierno civil y diputación provincial, sobre las cuales el lector podrá encontrar suficientes referencias bibliográficas en este trabajo.
6 Entre ellos destacan el Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las corporaciones locales de 17 de mayo de 1952; la Ley de Bases de Régimen Local de 3 de diciembre de 1953 sobre modificación de la de 1945; y el Texto articulado y refundido de las leyes de bases de régimen local de 1945 y 1953 aprobado por Decreto el 24 de junio de 1955. Podemos señalar que estos corpus legales no se modificaron hasta la nueva Ley de Régimen Local que modificó la anterior y que, aprobada en 1975, prácticamente no se desarrolló.
7 R. Quirosa-Cheyrouze Múnoz y M. Fernández Amador: Poder local..., op. cit., p. 45.
8 En los municipios de menos de 10.000 habitantes se estableció un régimen económico diferente, según el cual los alcaldes sólo podían recibir compensaciones e indemnizaciones en el caso de que fueran propuestas por el ayuntamiento y autorizadas por el gobernador civil.
9 Véase J. Morillo-Velarde Pérez: El alcalde en la administración española, Sevilla, Instituto García-Oviedo-Universidad de Sevilla, 1977.
10 Una excepción resulta, aparte de los trabajos de autores como Roque Moreno, algunos fondos documentales contenidos en el Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares, especialmente los referidos a la Secretaría Técnica del Movimiento Nacional y que contienen informes relativos a las citas electorales por los diferentes tercios, aunque su número es escaso y se refieren, en su mayoría, a los últimos procesos.
11 Dicho sistema no es original de la dictadura franquista. Está presente en otros regímenes dictatoriales. Un buen marco comparativo en: R. Moreno Fonseret: «Las consultas franquistas: la ficción plebiscitaria», en R. Moreno Fonseret y F. Sevillano Calero: El franquismo: visiones y balances, Alicante, Publicaciones de la Universidad de Alicante, 1999.
12 Esto se puede reforzar comparando –como ha realizado Roque Moreno– el calendario electoral franquista con las propias presiones internacionales del régimen. Así, siguiendo el calendario internacional, justo en 1945 –final de la contienda mundial– Franco anunciaba que próximamente se celebraría elecciones municipales. En 1947, las autoridades ya habían sometido a referéndum el texto de la Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado, basándose en la Ley de Referéndum de 1945. Nuevamente, en un contexto de hostilidad internacional y con una modernización económica creciente, se convocó, en 1966, el referéndum de la Ley Orgánica del Estado y la convocatoria, un año después, de las primeras elecciones donde podía concurrir la mujer casada. A ello debemos añadir la importancia que estaban teniendo, desde 1963, las elecciones sindicales, «la manifestación más atípica de participación y representatividad que se da en toda la estructura política del franquismo», R. Moreno Fonseret: «Las consultas franquistas...», op. cit., p. 54.
13 Según señala Roque Moreno, por datos obtenidos en la prensa, la participación en las elecciones municipales osciló del 80% en las de 1948 y 1951, a aproximadamente un 40% registrado en los últimos comicios de la dictadura (1970 y 1973), R. Moreno Fonseret: «Las consultas franquistas...», op. cit., p. 80.
14 Tenemos constancia que la escasa participación en las elecciones municipales preocupaba mucho al régimen y dicho malestar estuvo en la base de la organización de los cursos «problemas políticos de la vida local» como veremos posteriormente.
15 Joaquín Satrústegui Fernández, abogado, del círculo de D. Juan de Borbón, defendió una solución monárquica del régimen lo que le valió las críticas de otros sectores. Participó en la creación de la Unión Española y en el Congreso de Múnich. En 1966 encabezó las elecciones al tercio familiar en el distrito de Chamartín. Resultó una figura clave dentro de los políticos liberales en la Transición.
16 La noticia, publicada en el ABC del 17 de noviembre de 1966, llevaba como título la sugerente interrogación «¿existen candidatos ‘oficiales’ y de la ‘oposición’ en las elecciones a concejales del próximo domingo?». En el mismo escrito se intentaba desmontar las críticas lanzadas por Álvarez Llopis, de la jefatura local de FET-JONS, que consideraba a los candidatos de este sector monárquico «candidatos de la oposición».
17 J. Solé Tura: «Elecciones municipales y estructura del poder en España», en VV.AA.: Estudios de ciencia política y sociología en homenaje a Carlos Ollero, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 1972.
18 J. Vidal Beneyto: Elecciones municipales y referéndum, Madrid, Tanagra, 1966.
19 Estas jornadas, de una o dos semanas de duración dependiendo de la edición, tuvieron lugar una vez al año hasta 1976. A ellas fueron convocados todos aquellos que desarrollaban cualquier tipo de labor en una institución pública del país. Así, a la presencia de alcaldes, presidentes de diputación y algún gobernador civil, se sumaba la asistencia de funcionarios locales como: secretarios, interventores, trabajadores de ayuntamientos y diputaciones. La mayoría acudían becados al curso de formación y muchos, gracias a su presencia, hacían méritos para ascender dentro de la carrera política. No olvidemos que Peñíscola favorecía el trato entre miembros de diferentes puntos geográficos con la consecuente relación afectiva y política que se establecía entre ellos y, por tanto, la posibilidad de labrarse un buen futuro profesional. El programa del curso establecía cinco o seis horas de trabajo continuado articulado en una serie de ponencias magistrales y, posteriormente, los asistentes participaban de unos seminarios de discusión y debate propuestos por la organización.
20 El estudio de estos cursos ha sido capaz gracias a un trabajo pormenorizado de lectura de las ponencias publicadas anualmente por la Delegación Nacional de Provincias del Movimiento y el Instituto de Estudios «Castillo de Peñíscola». El estudio de los 17 volúmenes depositados, casi en su totalidad, en la Biblioteca Nacional de España, constituye la base de lo que afirmamos aquí. Igualmente, en el Archivo General de la Administración se encuentran multitud de legajos sobre la conformación y organización de los citados cursos.
21 Ello reafirmaría la tesis de Radcliff al referirse a estos colectivos vecinales como auténticas «escuelas de democracia» y cuya importancia no debemos desdeñar en la Transición. P. Radcliff: «Si ocurrió en España, ¿por qué no en cualquier otra parte?», Pasajes: revista de pensamiento contemporáneo, 29 (2009), pp. 109-119.
22 Véase C. Palomares: Sobrevivir después de Franco: evolución y triunfo del reformismo, 1964-1977, Madrid, Alianza, 2006.
2. PODER LOCAL E INSTAURACIÓN FRANQUISTA DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA (1939-1958)
Entre las gentes que el 18 de julio del 36 dieron la batalla al comunismo, las hay de diferentes matices, no todos son falangistas, pero todos son de probada lealtad a la patria, y todos son útiles para una labor como la municipal. Quiero esto decir que hemos de buscar siempre a los más aptos sin prejuicio de ningún género, aunque esto no signifique que Falange que es siempre la primera en los momentos de sacrificio haya de ser desplazada de los cargos de dirección y responsabilidad. Todo lo contrario, debemos aspirar a que la esencia, el modo de ser de la Falange se infiltre en todos los municipios españoles.1
Una vez insertado el consistorio municipal en la vasta red institucional franquista, vale la pena detenerse ahora en la instauración de esa red institucional en el caso de la ciudad de Valencia, qué personal político la ocupó y cuál fue su evolución política a lo largo del primer franquismo. Ello permitirá enlazar con la evolución del municipio en el tardofranquismo y transición a la democracia.
«A LA SOMBRA DE ARANDA»: INSTAURACIÓN DE LAS CORPORACIONES LOCALES VALENCIANAS
Una circunstancia que debemos subrayar es que la instauración del régimen en la ciudad vino marcada por el proceso final de la contienda misma y por la presencia de ciudadanos con poder en épocas precedentes que convivieron con un creciente peso de la quinta columna y la Falange local. La situación de incertidumbre vivida en los últimos días de la guerra explica que, en marzo de 1939, varios miembros de la quinta columna tomasen el ayuntamiento y proclamasen un nuevo alcalde mientras los últimos efectivos republicanos iban abandonando la ciudad tras la caída de Madrid.2 Esta circunstancia molestó al general Aranda,3 encargado de la toma de la ciudad de Valencia, y así lo hizo constar tanto en público como en privado.
Así, la ciudad, sumida en el caos tras la caída de Madrid y con un ejército en retirada, nombró a Francisco Londres alcalde provisional sin esperar la llegada del general Aranda. Londres había sido teniente de alcalde en etapas anteriores, tenía vínculos personales con algunos falangistas y relaciones económicas con dirigentes locales pues era miembro del Banco de Valencia y de la Comisión de Incorporación Industrial y Mercantil número 3. La no pertenencia política a un grupo determinado nos indica que no había sido designado por los vencedores sino por los ciudadanos de la ciudad. Este antiguo regidor y teniente de alcalde del consistorio durante la dictadura de Primo de Rivera, con vínculos políticos con varios grupos reaccionarios, asumió el cargo y supervisó la entrada de los militares en la ciudad. Su ascenso, atípico y fruto de la rapidez con la que se tuvo que hacer frente a la salida de los republicanos, causó un gran malestar entre los militares, incluido el propio Aranda. Su designación rompía con la lógica de nombramientos del régimen que ya había dispuesto que el alcalde fuera otra persona y, por ello, su elección desapareció de las crónicas oficiales.
El malestar de Aranda se agudizó cuando fue nombrado gobernador militar de la región tras la guerra. En este cargo, siguiendo a Paul Preston, acabó disgustado por la corrupción policial, la represión y las actividades incontroladas de los arribistas de Falange.4 Su salida vino propiciada por la enemistad creciente con el gobernador civil, Javier Planas de Tovar. Su relación era prácticamente inexistente y se controlaban mutuamente fruto de una amplia desconfianza personal.
El Gobierno nombró gobernador civil al coronel Francisco Javier Planas de Tovar, que tuvo de secretario político a Joaquín Maldonado hasta finales de 1941. Creo que el nombramiento de Planas fue motivado para vigilar al general Antonio Aranda, el capitán general que era compañero suyo de Academia, del cual no se fiaban mucho. Planas lo sabía, al extremo que, un día que le dio Aranda una amable palmada en la espalda, le contestó: «que no se te vuelvan puñales».5
Paralelamente, algunos espacios de poder eran ocupados por jóvenes falangistas. Estos últimos militaban, desde hacía años, en el partido que había fundado José Antonio Primo de Rivera en 1934 y previamente provenían, en su mayoría, de un pasado Jonsista de gran peso en la ciudad. Pues, en el caso valenciano, la presencia de una juventud movilizada desde la derecha es innegable antes de la contienda civil. Las facultades y centros de estudios eran una amalgama de grupos estudiantiles, muchos de ellos antirrepublicanos y protofascistas, que se vieron aglutinados tras el surgimiento de la Conquista del Estado y las JONS.6 También, dentro de esa nueva organización jugó un papel fundamental la militancia proveniente de la Derecha Regional Valenciana. Pese a que su líder, Luis Lucia Lucia, se mantuvo contrario al golpe militar, lo cierto es que gran parte del nuevo personal político instaurador de la dictadura procedía de este partido o de etapas históricas precedentes como la dictadura de Primo de Rivera.7
Era el caso del primer alcalde de la ciudad designado por el nuevo régimen tras la salida de Francisco Londres el 12 de abril de 1939: Joaquín Manglano y Cucaló de Montull. Éste inició una etapa de mandatarios no democráticos que se amplió hasta 1979, arrojando un saldo de ocho alcaldes para cuarenta años de vida valenciana, con un promedio de cinco años de mandato por alcalde, si bien los hubo de tres años y medio (el mínimo) y de once años (el máximo) (tabla 2). Algo que contrasta con los alcaldes del período de 1900-1939 que fueron treinta y nueve en total.
TABLA 2
Alcaldes de Valencia durante la dictadura franquista (1939-1979)

El nuevo gobernador civil de Valencia, Javier Planas de Tovar,8 optó por un viejo conocido en los puestos de dirección local, un carlista lo suficientemente representativo para todo el municipio.9 Y la persona elegida era uno de los pocos que pertenecía plenamente a la oligarquía valenciana. Esto le otorgaba un papel de representante de la misma, como sucedió con otros alcaldes posteriores, superando las paredes del consistorio y las fronteras administrativas de la provincia. Una representación de la élite oligárquica no fijada normativamente pero si ejercida conscientemente.10
Muchos de los concejales que acompañaron al barón de Cárcer tanto en la primera gestora –provisional– como en la segunda,11 seguían esa línea continuista que destacábamos anteriormente. Muchos procedían de consistorios anteriores a la república tenían su origen político en la Derecha Regional o pertenecían a una vieja oligarquía financiera. A todos ellos se incorporó la nómina de personajes reconocidos desde el punto de vista cultural como los escritores Martín Domínguez, Vicent Genovés, junto con algunos jóvenes falangistas.
Pero lo cierto es que el nombramiento del barón de Cárcer se dio, como también sucedió con Barcelona u otras ciudades del Estado, por una organización de las instituciones previa a la entrada a la ciudad por parte de los vencedores. La propia composición de la primera comisión gestora, plagada de nombres de antiguos políticos anteriores a la guerra, así lo indicaba. A ella se añadieron nombres de un nuevo personal político al que se pretendía premiar por su papel en la contienda. Esta situación explica la presencia, en las gestoras, de personas con un papel fundamental en la Guerra Civil o en etapas precedentes y algunos políticos, escasos por ahora, de la Falange de preguerra. Pero, unido a lo anterior, muchos de los nuevos concejales tenían vínculos económicos de importancia aparte de los políticos. Encontramos políticos vinculados a empresas como la Naviera Industrial Española o la Valenciana de Cementos Portland. Esta conexión económica influyó notablemente en la política de los primeros consistorios de la dictadura, por no decir que la relación perduró a lo largo de todo el franquismo.
Joaquín Manglano planteó, como objetivo fundamental, la reconstrucción de la ciudad. Planificó nuevas ordenaciones urbanísticas junto con el arquitecto municipal Javier Goerlich y planteó la reforma integral de ciertos barrios que habían quedado arrasados por el conflicto. Además, impulsó unos planes muy ambiciosos pero que ocultaban un afán especulador evitando la idea de solucionar problemáticas de índole social. La aprobación de un plan de ordenación urbana en el lejano 1946 refuerza esta idea. El alto grado de provisionalidad urbanística, en una ciudad que fue creciendo en población finalizado el conflicto armado, llevó a la construcción de asentamientos ilegales en los márgenes del río.12 Desde el punto de vista cultural, se instauraron lugares de memoria de los vencedores y se cambió la toponimia de diversas calles para adaptarlas al martiriológico reaccionario, especialmente falangista –falangista Esteve, hermanas Chabás–. Y, en definitiva, se intentó normalizar la situación de posguerra sobre unas nuevas bases aportadas por el Estado franquista.13
Pero esta situación cambió radicalmente, en lo que a los ayuntamientos y diputación se refiere, con el nombramiento, en abril de 1943, del nuevo gobernador civil de Valencia: Ramón Laporta Girón que, al poco tiempo, acumulaba a su cargo el de jefe provincial de FET-JONS. Éste destituyó al alcalde y rompió con la situación de cierto equilibrio anterior entre las fuerzas triunfadoras. Además, la unificación de ambos cargos, aparte de fortalecer la autoridad del gobernador civil, desplazó a Rincón de Arellano a la presidencia de la diputación algo que creó cierto malestar entre las bases del partido único:
Además yo era enemigo de la fusión de ambos cargos, gobernador y jefe provincial, y consideré que un indígena no debe ser representante del gobierno central en su provincia. Por otra parte, siempre dije que esa fusión no daba fuerza al Partido, sino al revés, pues era meter al Gobierno en las decisiones de la Falange.14
Fruto de la nueva situación política, con el cambio de gobernador y la ruptura de equilibrios, se tuvo que reelaborar el reparto de poder en la región. Para ambas esferas provinciales, ayuntamiento y diputación, se buscó a un personal político representativo y con conexiones políticas con las etapas precedentes. Pese a todo, el nombramiento de Laporta Girón comportó una mayor intensificación de la escenografía falangista en Valencia, acorde con la presión que este grupo político desplegaba por entonces dentro del franquismo. La renovación del consistorio fue total y ahora sólo permanecerán tres concejales de los presentes en 1939. Ello respondía a una clara idea que veremos a lo largo de toda la dictadura: cuadrar afinidades del entorno político del gobernador civil en las instituciones civiles y, a su vez, recomponer los equilibrios locales gracias al nombramiento directo.
Pese a la renovación municipal, la continuidad de la política de alcaldes anteriores fue total: por un lado, en lo que se refiere a las reformas urbanísticas realizadas por el barón de Cárcer en 1946, se desarrolló el plan general de ordenación para Valencia y su cintura, redactado en Madrid por Germán Valentín Gamazo y gestionado por el órgano, creado ex profeso, «Gran Valencia». En segundo lugar, se reactivaron las políticas culturales propiamente regionales como el «homenaje a Jaime I» o la recuperación de tradiciones propias de la ciudad que la guerra y la represión habían ido anulando. En los años cuarenta quedó una importante política de gestión cultural y folclórica que se consolidó con el impulso municipal de las Fallas. El ayuntamiento pasó a controlar férreamente la festividad a partir de 1944 con la municipalización de la Junta Central, máximo órgano de gestión de la fiesta y donde el alcalde, o un concejal nombrado a tal efecto, pasó a ser su presidente.
La dinámica municipal se vio alterada con las primeras voces que apuntan a una posible revolución en los consistorios: la introducción de las elecciones por tercios para la renovación de los mismos –exceptuando el alcalde que continuaba designado directamente por el gobernador civil–. Pero esta reforma no llegó hasta 1948 y hasta entonces el alcalde –el aristócrata Trénor–, atenazado por unas arcas municipales exiguas y problemas reiterados de salud, dejó su cargo en otras manos.
El sucesor de Gómez Trénor, José Manglano Selva, representaba a la élite aristocrática de la ciudad vinculada en origen al Movimiento –había sido secretario local de Falange tras la guerra– y llegaba a una corporación acompañado de hombres de probada fidelidad al mismo tras la guerra como: Errando Vilar, Julio de Miguel o Torres Murciano. Con ello, el aún gobernador civil Laporta Girón consiguió mantener el equilibrio local y contó, para ello, con una persona partidaria del proceso electoral de noviembre de 1948. La principal novedad del mandato de Laporta fueron estas elecciones, las primeras convocadas bajo la nueva ley de administración local, y que creaban un aparente marco de legalidad democrática, pero nada más lejos de la realidad dado que estaban totalmente controladas por el poder y limitaban la votación y la cooptación de los candidatos, como hemos visto en el capítulo anterior.
Estas elecciones fueron muy criticadas, no tanto ya por la oposición antifranquista que las consideró antidemocráticas, sino incluso por un sector del propio régimen valenciano que las veía como una posibilidad directa de imposición de candidatos por medio del gobernador civil que podía romper la hegemonía de un sector o el supuesto equilibrio aparente entre sectores. De hecho, el propio proceso electoral conllevó una víctima: Adolfo Rincón de Arellano que dimitirá de su puesto como presidente de la diputación provincial:
Me metí en la diputación porque me decían que era un sitio tranquilo y luego no había prácticamente nada que hacer y estuve en la diputación pues hasta el año 49 (sic). En el año 49 (sic) se habían inventado esto de la democracia orgánica y yo era partidario de respetar la cosa de la democracia orgánica porque me parecía que no era cosa mala, sino una cosa buena; una participación por el pueblo, en vez de por los partidos políticos. [...] Claro, yo continuaba aceptando los que salieran –a mí me daba igual unos que otros–, pero el mando dijo que sí y llegó un momento que impuso dos nombres y entonces yo cogí y dije ‘toma la vara’ y me fui y ya no volví por allí.15
Y la situación de malestar se agravó a la salida del presidente de la diputación, que le siguió el traslado del gobernador civil y, por tanto, la recomposición de la corporación que se vio facilitada por los problemas de salud del alcalde, José Manglano, pese a su juventud –llegó a la alcaldía con treinta y ocho años–.




