Religión y política en la 4T

Aunque la participación de los evangélicos en la política y en el espacio público no es novedosa, en el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012) empezaron a figurar como protagonistas por los lazos establecidos con el régimen panista. Cabe señalar que esto no fue un hecho aislado, pues desde el gobierno de Vicente Fox (2000-2006) se consintió un relajamiento en las normas legales establecidas con referencia a la laicidad. En ambas administraciones, Fox y Calderón, existió la intención de abrir la participación de grupos católicos —sobre todo de la extrema derecha— para acceder a posiciones en el gobierno, y dejaron que la Iglesia católica tuviera un papel público, además de la creación de programas de televisión con orientación religiosa.

En América Latina se han formado partidos políticos evangélicos con mucha fuerza: Guatemala ha tenido tres presidentes evangélicos; en Brasil se conformó lo que llamaron “la bancada evangélica” con una presencia fuerte en el Congreso; en Costa Rica un político evangélico disputó la última vuelta electoral; en Colombia los congresistas evangélicos se han vuelto pragmáticos al estar en las bancadas de distintos partidos de derecha, centro e izquierda; y así la lista puede seguir para otros países (Pérez y Grundberger, 2018). Por lo tanto, la incursión de lo religioso en la política no es particular de México; ejemplo de ello es la formación del PES en 2006, partido cuya base de creyentes evangélicos ha mantenido una posición abiertamente conservadora al definirse como el partido de la familia tradicional en México (Garma, 2019).

El PES, dirigido por Hugo Éric Flores Cervantes, estaba organizado en grupos sectoriales que incluían campesinos, obreros, migrantes, discapacitados, mujeres, adultos mayores, familias e indígenas, entre otros; lo que se asemeja a los ministerios de una iglesia evangélica. En 2018 hicieron alianza con Morena para apoyar a Andrés Manuel López Obrador. Pero Flores Cervantes no ha sido el único actor importante del sector evangélico. Otro actor central es el pastor Arturo Farela Gutiérrez, presidente de la Confraternice —conformada por ministros de culto, profesionistas e iglesias evangélicas—, y que ha intentado conseguir medios de comunicación para las iglesias, pugnado para que éstas participen en la vida pública con el fin de lograr la reconstrucción del tejido social y la cultura de paz en México (Excélsior, 2019).

Tanto la participación de Flores Cervantes como la de Farela, han construido una noción de los evangélicos como un peligro para la laicidad debido a su papel activo en la política nacional, percepción que ha circulado en distintos medios de comunicación. Se ha identificado a los evangélicos como un grupo homogéneo, lo que implica un problema dado que se trata de un mosaico de diversas expresiones. Aunque en muchas ocasiones se insiste en que no existe un representante o vocero de los evangélicos, en los espacios acotados a la nota mediática siguen convocando a los mismos personajes.

Bajo la idea anterior es que se consideró que en las elecciones de 2018 los evangélicos votarían por el partido que “los representaba”: el PES. Sin embargo, no lo hicieron: votaron por AMLO, pero no por el partido “de los evangélicos”. Algunos estudios hechos recientemente en el ámbito latinoamericano han abordado el temido “voto evangélico” demostrando que tal tesis no se cumple como se perfila (Pérez, 2020), con excepción de Brasil, que tiene otras características. “Hermano no vota necesariamente por hermano”, al menos fue así en la elección pasada con la cual se construyeron las plataformas electorales de algunos partidos políticos, como en el caso del PES, donde se pretendió hacer del voto gremial su bastión político, de modo que los evangélicos votan dirigidos por intereses generales hacia la población y no por el parentesco simbólico. Por lo anterior, es que siempre es necesario recalcar que al interior del campo evangélico hay un mosaico de diversas posturas que incluso se oponen en el mismo campo. Lo anterior se vio evidenciado en las elecciones intermedias de 2021, en la cual los evangélicos diversificaron su voto y no respaldaron el proyecto de un partido con orientación religiosa. Ello cuestiona la imagen que se construyó sobre los evangélicos, quienes fueron vistos como un peligro para la laicidad, extrapolando lo sucedido en otras regiones del continente, Brasil principalmente, y que bajo un enfoque acrítico se asumió que pasaría lo mismo en México. También, se vuelve a poner de manifiesto que la lógica del creyente no opera en sintonía con la de los liderazgos eclesiales, ni menos con alguna figura o institución que pretenda asumir la representatividad evangélica, así la fragmentación del campo religioso a su interior es una variable importante en el análisis de la relación con la política.

2020 Y 2021, AÑOS DE LA PANDEMIA Y LAS LUCHAS POR LA LAICIDAD

A finales de febrero de 2020 se identifica el primer caso de Covid-19 en México. En marzo, el gobierno federal adopta la resolución de implementar el confinamiento voluntario y la suspensión de actividades consideradas no esenciales promoviendo —en la medida de lo posible— el trabajo a distancia, la permanencia en casa, la reducción de la movilidad en los espacios públicos y la sana distancia con el fin de contener los contagios. Dentro de las medidas tomadas, el gobierno federal determinó el cierre de todos los templos, iglesias y centros de culto, y se prohibió toda actividad que implicara la congregación de manera física —como misas, funerales, bodas y bautizos, etcétera.

Por medio de un comunicado dirigido a las iglesias, asociaciones y agrupaciones religiosas de México,5 el gobierno federal hizo un llamado recalcando tres puntos: la promoción del resguardo domiciliario entre sus miembros, sintetizada en la medida “Quédate en casa”, y la petición de utilizar medios de comunicación tradicionales, radio y televisión, así como redes sociales para la realización de actos colectivos; difundir información veraz y actualizada sobre la contingencia sanitaria evitando discursos que confronten, confundan y dividan a la población, “recordando que las convicciones religiosas no eximen en ningún caso del cumplimiento de las leyes del país y que nadie podrá alegar motivos religiosos para evadir las responsabilidades y obligaciones prescritas en las leyes” (Segob, 2020); y llamando al fortalecimiento de los lazos familiares y a la solidaridad con el fin de superar con éxito la emergencia sanitaria.

Entre los eventos de gran escala llevados a cabo con las medidas preventivas estuvo la representación de semana santa en Iztapalapa, dando paso a la participación de los actores sin asistencia de público y transmitida a través de la señal de televisión; y en el nivel internacional uno de los eventos más recordados para muchos fieles católicos, fue la oración extraordinaria Urbi et Orbi del papa Francisco con la Plaza de San Pedro vacía (Bonilla, 2020).

Sin embargo, no todas las iglesias hicieron caso a las indicaciones federales para enfrentar la pandemia, ya que algunos grupos pugnaron por mantener abiertos los templos bajo el argumento de que el confinamiento y el cierre de los centros de culto atentaban contra su libertad religiosa.6 Éste fue el caso de la Confraternice. Desde luego, la pandemia no estuvo exenta de interpretaciones religiosas a partir de las cuales muchos grupos respondieron desde las explicaciones bíblico-teológicas. Dentro de éstas no faltaron explicaciones tales como que el Covid-19 es un “castigo divino” por la pérdida de valores y la aceptación de tendencias como el matrimonio igualitario, la adopción entre personas del mismo sexo y, desde luego, la interrupción legal del embarazo. Caso contrario, al interior del gobierno mexicano prevalecieron los lineamientos de los científicos y los expertos de salud pública, quienes llevaron la pauta desde la declaración de la emergencia sanitaria hasta la implementación de la estrategia de vacunación, momento en que se escribe este texto.

Por otro lado, la pandemia y el confinamiento no fueron impedimento para la reagrupación y actividades de los movimientos antiderechos —autonombrados Pro-Vida— quienes permanecieron en la arena pública y generaron estrategias digitales para contrarrestar el avance de las discusiones en torno a la despenalización del aborto en varios congresos locales. Durante 2020 las agendas legislativas no se interrumpieron, pues en varios estados del país, el aborto fue tema de discusión siendo rechazado en San Luis Potosí el 21 de mayo 2020,7 en Guanajuato el 26 de mayo de 2020,8 en Veracruz el 29 de julio 20209 y en Quintana Roo el 2 de marzo 2021.10 Sin embargo, el 30 de junio de 2021 Hidalgo se convirtió en el tercer estado en lograr la despenalización del aborto,11 sólo después de la Ciudad de México y Oaxaca. En otras legislaturas se construyó una política de protección “a la vida desde la concepción”, tal como sucedió en Aguascalientes (12 de febrero de 2021), y también se han formado comisiones de la familia al interior de los recintos legislativos, como es el caso de Querétaro.12 Desde luego, en el cabildeo y las sesiones los grupos antiderechos han hecho acto de presencia y han celebrado “la victoria” como propia.

Pero la interrupción legal del embarazo (ILE) no ha sido el único blanco de ataque de los grupos llamados Pro-Vida; en este mismo tenor se puede situar la polémica generada con la propuesta denominada “Pin Parental”, una iniciativa trasplantada desde España —propuesta por VOX— y que en México fue impulsada por el entonces diputado local de Nuevo León, Carlos Leal y que ha sido replicada en algunos estados como Querétaro por la también en su momento diputada Elsa Méndez. El Pin Parental, en síntesis, pretendía condicionar el ejercicio del derecho a la información sobre sexualidad, salud sexual y reproductiva, a la autorización previa y expresa de madres, padres y personas que ejercen la tutela para que niños, niñas y adolescentes puedan recibir esos contenidos en las escuelas.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos el 11 de julio de 2020, emitió un comunicado13 que hacía un llamado a los poderes legislativos de las 32 entidades federativas para proteger los derechos de la niñez y las adolescencias frente a las iniciativas del denominado Pin Parental en sus leyes estatales, ya que este tipo de propuestas atentan contra las disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño y la ley general de la materia y las leyes estatales de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, donde se reconoce a las personas menores de 18 años como sujetos de derecho cuya autonomía progresiva les permite ejercer por sí mismos sus derechos. Sin embargo, y aun cuando el 1 de septiembre de 2020 un juez federal ordenó la suspensión definitiva del Pin Parental, diversas organizaciones de la sociedad civil denunciaron que al menos en 19 de los 32 estados de la república existían propuestas para establecerlo.14

Para octubre de 2020 otro tema que prendió los focos rojos para las iglesias y sus líderes religiosos, fue cuando la diputada por Morena Reyna Celeste Ascencio Ortega presentó una iniciativa de ley para modificar el artículo 29 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, encaminada a sancionar a las asociaciones religiosas o ministros de culto que profieran expresiones o actos de discriminación en contra de las personas por motivo de su identidad sexual o expresión de género, con objeto de evitar ataques desde las organizaciones religiosas y sus agentes en contra de la población de la diversidad sexual.15 Esta propuesta, para algunas iglesias y personas fue considerada como una limitación a su libertad de expresión.

Con estos ejemplos, queda claro que la agenda de los derechos de la diversidad, así como aquellos que refieren a los derechos sexuales y reproductivos, el acceso a la educación sexual integral, así como la garantía de los derechos de las mujeres, son parte de la agenda pendiente del proyecto de la Cuarta Transformación.

Dentro de los temas electorales es de resaltar que con seis votos a favor y cinco en contra, en septiembre de 2020 el Instituto Nacional Electoral (INE) le regresó el registro al PES bajo un nuevo nombre, Partido Encuentro Solidario. Lo anterior pese a las denuncias que hiciera el consejero presidente, Lorenzo Córdova, por la evidente participación de ministros de culto en sus asambleas. De esta manera la puerta quedó abierta para que Flores Cervantes, quien hasta octubre de 2020 fungió como delegado del gobierno federal para los programas de la Secretaría de Bienestar en Morelos, articule y amplíe su base social proponiendo a figuras públicas como candidatos para contender en las elecciones intermedias: en la lista resalta el cantante Vicente Fernández Junior, el exfubolista del Guadalajara, Adolfo Bautista y el también exseleccionado nacional de futbol, Javier Cruz, por mencionar algunos (La Jornada, 2020; Campos, 2021). Con este perfil de candidatos, buscó construir una imagen amplia atrayendo a votantes más allá de la confesión evangélica, aunque siga manteniendo los principios conservadores que han caracterizado a este partido. Para las elecciones intermedias, en junio de 2021, los candidatos señalados, no obtuvieron el voto esperado, la plataforma política del PES que se declaró como el “partido de la vida y la familia” fue rechazada por la ciudadanía, incluidos los evangélicos quienes, como ya señalamos, desconfiaron del proyecto y le dieron la espalda, lo que Flores Cervantes consideró como traición (Gómez, 2021). Días después de este proceso electoral, en el marco de la aprobación del matrimonio igualitario en Baja California y Sinaloa, las redes sociales del PES fueron “hackeadas” y se difundieron mensajes de aprobación de la diversidad sexual, de igual manera sus propios logotipos fueron intervenidos con los colores de la disidencia, provocando así las burlas y sátiras de los usuarios quienes no dejaron pasar la oportunidad de evidenciar su desacuerdo con las posturas conservadoras del partido. Finalmente, al momento de escribir esta introducción, el PES está en espera de una resolución para saber si conserva o no su registro, mismo que perderá si no llega al 3% de la votación emitida.

LA COMPOSICIÓN DE LA OBRA

Este libro colectivo se conforma de tres ejes temáticos. El primero, denominado “Política, religión y laicidad”, inicia con el texto de Mariana Molina, “Política y religión en la 4T. Cooperación iglesia(s)-Estado. Consecuencias en las políticas sociales”, quien hace una revisión del concepto de laicidad en la historia de México, señalando las necesarias actualizaciones frente a un escenario de cambio, para después problematizar el modo en que las actuaciones de López Obrador debilitan cualquier propuesta de la 4T referente al Estado laico, indicando así algunas problemáticas de la potencial cooperación entre el Estado y las iglesias.

En el segundo texto, “Secularización y laicidad en la 4T: escenarios de su complejidad”, Ariel Corpus argumenta que la conceptualización de la laicidad, como proyecto político, no se desarticula de la construcción de la secularización como una narrativa que considera a la religión incapaz de tener presencia en lo público, ello en el marco de los acontecimientos que se han cuestionado de la 4T, como la presencia de la religión en lo público. Corpus señala la necesidad de repensar la laicidad a partir de un escenario cambiante, enfatiza por ello que los desfases existentes entre la laicidad como ideal político y argumento jurídico decimonónico no ha considerado el nuevo escenario de lo religioso, que no se limita ni se restringe a lo privado como lo señalaba el paradigma secularizador.

Por su parte, Raúl Méndez, en “El monopolio moral como estrategia apologética-analógica de la 4T”, analiza cómo el discurso de AMLO parte de un pensamiento analógico donde la 4T representa una serie de atribuciones positivas que establecen una apologética de su gobierno y de todo aquel que se sume a su proyecto. A partir de la teoría antropológica, subraya que este pensamiento analógico no sólo legitima sus acciones, sino también se utiliza para construir adversarios: quienes no están con la 4T, están en contra de ella; los que están con la 4T son los buenos, los que la critican son de la “mafia del poder”; AMLO representa la honestidad, la oposición a la corrupción. Bajo tal pensamiento es que el presidente sostiene a la 4T no sólo como un proyecto político, sino también como un discurso de moralidad. Así, quien está con la 4T, inmediatamente queda absuelto del pasado por el sólo hecho de sumarse a ella; por su parte, quien se opone, carece de las virtudes morales del régimen.

La primera parte del libro finaliza con el trabajo de Carlos Mondragón González, “Política y religión. Reflexiones sobre los complejos caminos de la laicidad”, donde se recupera la visión americana del concepto de laicidad, entendido como la separación de las iglesias y el gobierno, señalando que el modelo europeo no es el único. Posteriormente argumenta que la laicidad tiene muchas aristas que no se reducen a la intromisión de las iglesias en los asuntos de la vida pública, sino que abarca otros fenómenos. Termina reflexionando en torno a distintas problemáticas sobre la laicidad mexicana donde, a pesar de que hay un marco laico, también hay creencias personales de una sociedad que no se ha secularizado; aunque subraya la necesidad de un Estado laico para el buen desarrollo de la pluralidad y la tolerancia ante la diversidad.

El segundo eje del libro se intitula “Miradas descentralizadas de la laicidad”. Abre este espacio Enriqueta Lerma, en cuyo capítulo “Retos del Estado laico ante los procesos político-religiosos y autonómicos en Chiapas”, reconstruye la participación que han tenido las organizaciones sociales articuladas por la pastoral de la Iglesia católica, misma que ha sido pieza clave para las luchas sociales frente a un contexto marcado por la desigualdad social. Interroga a la laicidad mexicana como un tipo ideal jurídico que pasa por alto estos fenómenos que articulan las luchas sociales con lo religioso, tal como lo representa el caso del Pueblo Creyente, movimiento abordado por Lerma, cuyas acciones hacen frente al capitalismo de despojo auspiciado por el propio Estado, sea laico o no.

En la misma discusión, Mónica Marín en su texto “Diálogos ecuménicos y prácticas comunitarias en un lugar llamado Macondo, en la frontera México-Guatemala”, señala la manera en que algunas expresiones religiosas no institucionalizadas e iglesias, han desempeñado las tareas del Estado en los escenarios donde éste se encuentra ausente. A partir del trabajo etnográfico, muestra el papel de liderazgos y organizaciones ecuménicas en los procesos que restauran el tejido social comunitario, articulando su creencia con la práctica pública. La autora menciona que una de las críticas hacia la 4T es pensar que lo religioso puede coadyuvar a restaurar el tejido social, lo que se ha convertido en una afrenta a la laicidad, pues frente a ello observa que en los espacios periféricos son precisamente las organizaciones religiosas, las espiritualidades y grupos ecuménicos quienes están supliendo algunas tareas que debiera realizar el Estado.

Rosario Ramírez y Arcelia Paz en “Pañuelos y rosarios: encuentros y desencuentros en los activismos en torno a la defensa de los derechos”, parten de tres escenas donde los colectivos feministas y conservadores se ven confrontados en el espacio público de Guadalajara, en el marco de las acciones de denuncia contra la violencia de género y en favor de la despenalización del aborto. A partir de ejemplos situados, las autoras se cuestionan si la laicidad y su ejercicio es el más apropiado para atender los asuntos de género, de seguridad y acceso a la justicia, y si este esquema garantiza el acceso y ejercicio tanto de los derechos humanos como de los derechos sexuales y reproductivos.

Por su parte, Carla Vargas Torices, en “Religiosidades, iglesias y sistema penitenciario mexicano”, analiza uno de los puntos de la iniciativa de reforma de Soledad Luévano: la participación de las instituciones religiosas al interior del sistema de readaptación social. La autora comienza por hacer un recorrido por la conformación y el modelo del sistema penitenciario mexicano, señalando que el propio Estado fue quien incentivó la participación de las organizaciones religiosas al interior de las instituciones correccionales, evidenciando la ambigüedad y la permisibilidad de la legislación vigente. Sin embargo, esta participación no es equitativa, ya que así como hay grupos religiosos que tienen apertura, hay otros grupos minoritarios que cargan con una serie de estereotipos y, por ende, se limita su entrada. De igual modo, la autora analiza el debate sobre la privatización del sistema carcelario así como la intención de AMLO de una mayor colaboración con las iglesias, principalmente las evangélicas, mismas que a decir de la autora han atendido las necesidades de contención psíquica y emocional que provoca el encierro.

El tercer eje del libro se centra en la reflexión sobre “Los evangélicos en la 4T”. De inicio, en “Los pentecostales frente al Estado laico en México: una reflexión histórica”, Carlos Torres Monroy, reconstruye desde una perspectiva histórica la manera en que algunas expresiones del pentecostalismo mexicano fueron respetuosas de la separación entre las iglesias y el Estado, marcando su distancia y cuestionando cuando los gobiernos se aliaron con la Iglesia católica. Con estos antecedentes, se permite comparar el modo en que tal interlocución tiene lugar en el contexto de la 4T, donde analiza la relación de este régimen con los casos de Hugo Éric Flores Cervantes y Arturo Farela, quienes han buscado tener una incidencia política y mediática, muy cuestionable para el autor.

En “Razones teológicas y consecuencias sociales. Notas para comprender la religión en la 4T”, Carlos Martínez García lee entre líneas los discursos de AMLO y encuentra las paráfrasis que hace de distintos versículos de la Biblia. Presenta, así, una tesis sugerente donde la estrategia narrativa es hacer eco en determinados creyentes, los evangélicos, quienes al tener una cultura bíblica pueden entender y captar estos mensajes. De igual modo, el autor describe cómo algunos grupos evangélicos han buscado aliarse con el poder político justificando su incursión en la esfera pública con base en la lectura literal de los textos bíblicos.

En el capítulo, “Estado laico y nuevas coyunturas: la actuación política de algunos líderes evangélicos mexicanos”, Leopoldo Cervantes-Ortiz aborda cuatro liderazgos evangélicos que han buscado incidir en lo público, ya sea como mediador con los correligionarios o bien encabezando algún proyecto político. De esa manera rastrea los inicios de tales personajes, sus influencias ideológicas, sus redes y su actuar en la política mexicana.

Finalmente, en el texto, “La construcción mediática del sujeto social ‘evangélico’ en los tiempos de la 4T”, Hedilberto Aguilar de la Cruz analiza cómo distintos medios de comunicación en México han construido un tipo ideal de evangélico antagónico a la democracia. El autor hace un rastreo de los principales portales de noticias y opinión de diciembre de 2018 a febrero de 2020, detallando en un discurso dominante que se tiene sobre el mosaico evangélico como un grupo homogéneo y, por lo tanto, desconocido para la opinión pública.

BIBLIOGRAFÍA

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