Cartas al general Melo: guerra, política y sociedad en la Nueva Granada, 1854

En Cali, los sucesos tuvieron otro tinte. Las noticias del golpe llegaron a la localidad el 28 de abril, desconcertando a las autoridades que, en principio, rechazaron el acto. Sin embargo, un día después la Sociedad Democrática respaldó los sucesos capitalinos y se manifestó en contra de la Constitución del 21 de mayo de 1853, de ingrato recuerdo para los liberales de la ciudad por haber perdido las elecciones para gobernador frente a un candidato conservador. En este caso, el papel protagónico fue el de las sociedades democráticas, que de tiempo atrás estaban enroladas en la Guardia Nacional y eran activas y deliberativas en la arena pública reclamando sus derechos, exigiendo la recuperación de las tierras ejidales apropiadas por los hacendados y participando en una acción colectiva conocida como el “perrero”, que consistía en vapulear en la oscuridad de la noche a los conservadores, derribar cercas y asaltar estancias rurales29.

Finalmente, el 19 de mayo la Sociedad Democrática se pronunció a favor de la dictadura, apoyada por una facción del liberalismo, tomando fácilmente el control de la ciudad gracias a la Guardia Nacional. Por esa misma época, los liberales de Quilichao se levantaron en apoyo de Melo, buscando aliarse con los de Cali para enfrentarse a la resistencia constitucional establecida en Caloto el 1.º de mayo, donde en una amplia reunión de hombres notables y del común conformó la columna Torres. Por tal razón, los melistas de Cali decidieron enviar una fuerza armada en apoyo a los quilichagüeños, pero fueron batidos en la hacienda San Julián el 23 de mayo30. La derrota cambió el juego de fuerzas en la región; los democráticos caleños debieron contrapronunciarse el 28 de mayo, restituir al gobernador y pasar a la defensiva por el asedio del que empezó a ser objeto su localidad por la columna Torres, comandada por Manuel Tejada, quien desplazó, según los contemporáneos, más de mil hombres hasta la parroquia del Rosario (hoy Jamundí) y dio el ultimátum de entregar la ciudad o, de lo contrario, la tomaría a sangre y fuego. El gobernador del Cauca, Antonio Mateus Garay, buscó mediar en el conflicto, pero fracasó en su intento de negociación en el sitio de Navarro el 4 de junio. Por esta razón, Tejada decidió obrar sobre Cali el 14 de junio, pero debió retirarse posteriormente para recibir más refuerzos, con los cuales obró nuevamente el día 1731.

El momento en que se aprestaba el asalto final de la ciudad, por parte de la columna Torres, coincidió con el arribo del general José Hilario López desde Ibagué, quien venía con el propósito de organizar una fuerza constitucional en el suroccidente y obrar con ella posteriormente sobre Bogotá. López logró concertar con los bandos en contienda, de modo que los democráticos de Cali se rindieron y entregaron la plaza. Lo que siguió fue una fuerte represión por parte de los constitucionalistas con la anuencia de López que, según algunos testigos, se portó peor que el español Francisco Warleta durante la Restauración monárquica. Los democráticos y sus líderes fueron encarcelados u obligados a enrolarse en las fuerzas constitucionales que debían marchar contra la capital32.

No obstante, diversos miembros de las democráticas de las localidades del Valle se mantuvieron en rebeldía hasta finales de 1854, promoviendo levantamientos conjurados por los constitucionalistas. Por su parte, a las poblaciones campesinas aledañas al río Cauca desde Bugalagrande hasta Cali, donde se refugiaron varias partidas de rebeldes, fueron reprendidas con fuerza33.

También se presentaron alzamientos a favor de Melo en otras provincias, como en Antioquia y Cartagena. En la primera se caracterizó por estar comprometidos, supuestamente, los hermanos Miguel, Salvador y Andrés Alzate, unos oficiales antioqueños de filiación liberal que habían luchado en la guerra de Independencia, habían sido rebeldes en la guerra de los Supremos y combatido la rebelión conservadora de 1851. El movimiento inició con el asesinato del gobernador de la provincia de Antioquia (el liberal draconiano Justo Pabón) en un motín del cuerpo veterano de Guardia Nacional en Sopetrán, el 31 de mayo, y concluyó cuando los insubordinados, después de tomar Santa Fe de Antioquia, huyeron cuatro días más tarde ante la llegada de una fuerza de 700 hombres a la cabeza del gobernador de Medellín Mariano Ospina. Existían, pues, simpatizantes del golpe de Melo en la región, mas estos no eran lo suficientemente fuertes u organizados para constituir una amenaza al orden constitucional34.

Cartagena, por su parte, era consideraba por la opinión capitalina como un bastión obandista. Los sucesos de Bogotá se conocieron en la ciudad a inicios de mayo de 1854, de manera que el día 5 de ese mismo mes se presentó un pronunciamiento a favor de Melo que encabezó el gobernador Juan José Nieto quien contó con apoyo de sectores populares y una parte de la guarnición. La presencia del general Mosquera, quien días antes había llegado al puerto procedente de los Estados Unidos, condicionó la continuidad del movimiento, pues dividió a los militares y resucitó un antiguo conflicto con Nieto, que intentó detener la formación del Ejército del Norte al negarle armas y suministros a los soldados, e incluso protagonizó una asonada con el objeto de impedir la salida del cuerpo armado de la ciudad, pero debió ceder cuando el veterano militar fue ratificado semanas después en la comandancia por el gobierno provisional de Ibagué. Si bien Mosquera señaló que el pronunciamiento del 5 de mayo fue a favor de Melo, la forma como se comportó el gobernador no fue clara y refleja la versión del vencedor sobre el vencido35.

También se presentaron otros levantamientos más locales a favor de Melo, como en Ciénaga, Ocaña o Supía; infortunadamente es necesaria una revisión exhaustiva de los archivos para identificar las dinámicas de estos levantamientos. Por ejemplo, sabemos que en la última localidad hubo un pronunciamiento a finales de julio a favor de Melo, que fue derrotado el 30 de julio de 1854 por una coalición de fuerzas liderada, entre otros, por Federico Urrea y Juan de Dios Cuevas, quienes tienen en común que militaron posteriormente en el Partido Conservador. Todo indica que este breve levantamiento a favor de los hechos capitalinos de abril tuvo conexiones con las sociedades democráticas del valle del río Cauca, las cuales fueron fervientes activistas del golpe de Melo36.

En síntesis, los levantamientos regionales a favor del general Melo fueron efímeros y desarticulados y sus promotores derrotados por las fuerzas constitucionales locales, ya que el Ejército constitucional apenas se organizaba en el Alto Magdalena. Todo ello indica la división del liberalismo regional y la falta de coordinación entre quienes orquestaron los pronunciamientos y la capital. Los indicios sugieren la existencia, antes del 17 de abril, de un plan trazado por la Junta Central Democrática de Bogotá para organizar un levantamiento en alianza con las sociedades democráticas provinciales, como también de reuniones en varios destacamentos militares para apoyar un supuesto golpe. Según Gustavo Arboleda, semanas antes de estallar el golpe, a consecuencia de una denuncia que recibió el presidente y general José María Obando sobre una conspiración militar encabezada por el coronel Melchor Corena, se hizo una reunión extraordinaria del alto gobierno en la casa del vicepresidente José Obaldía. En ella, Antonio del Real presentó como prueba de una trama conspirativa una circular con el nombre impreso de Francisco Antonio Obregón como director de la Sociedad Democrática de Bogotá, en que se excitaba a las otras “[…] sociedades democráticas a organizarse, armarse y estar listas a repeler la fuerza con la fuerza”. Este asunto, según Gustavo Arboleda, le hizo recordar a Obaldía “que uno de los democráticos le había llevado, con especiosos pretextos, correspondencia de la junta central, para dirigirla bajo su sello, y todos se convencieron de que esa circular había marchado bajo su sello del segundo magistrado de la nación”37.

El caso de Popayán es un buen laboratorio de análisis para explicar la derrota del melismo en el resto del país, a pesar de los fuertes indicios de haber sido planeado con anterioridad. Una de las primeras razones del fracaso del movimiento en esa ciudad es que el pronunciamiento del batallón 5.º no contó con el apoyo de los jefes naturales38 de las parroquias al sur de la capital. Los principales líderes de Timbío, El Tambo, La Horqueta, El Patía, entre otros, defendieron abiertamente la causa constitucional; ¿por qué? Todo indica que después del fracaso del levantamiento del 8 de abril las autoridades desplegaron un fuerte proselitismo para ganarse la adhesión de los líderes de las localidades, especialmente los comandantes de las guardias nacionales, como el coronel Agustín Pérez, ‘el Mono’, y el sargento mayor José María Sánchez, de Timbío, quienes, a pesar de ser liberales, terminaron apoyando al gobernador conservador Manuel de Jesús Quijano Ordóñez; así mismo sucedió con Santiago David, de El Tambo. Además, es posible que algunos de los comandantes que no dieron garantías de fidelidad a la causa hubiesen sido relegados del mando y en su lugar puesto a oficiales que tenían crédito entre los constitucionales, como el caso de la Guardia Nacional de la Sierra-La Horqueta, que durante el interregno de dominio liberal estuvo al mando de Santiago Valencia y Juan Bautista Sandoval (1850-1853), pero en los sucesos de abril de 1854 aparece nuevamente el coronel Jacinto Córdoba Muñoz a la cabeza de dicho cuerpo, quien había comandado en las décadas de 1830 y 1840 y fue relegado del cargo al iniciar la de 1850 por el liberalismo en ascenso por estar vinculado a la red política de la familia Arboleda Pombo. En esta misma lógica se inscribe la trayectoria de otros notables parroquiales, como Rafael y Manuel María Muñoz, desvinculados de las guardias nacionales de sus distritos, pero nuevamente llamados al servicio en la coyuntura política39.

Por otra parte, la indecisión de José María Obando frente al golpe afectó drásticamente el movimiento insurreccional. Ello permitió que el proselitismo a favor de la causa constitucional calara hondo, incluso entre los obandistas, quienes, al no ver a su líder encabezando los eventos capitalinos y al decirse estar prisionero en Bogotá, se movilizaron a favor de los constitucionales.

Otro factor que contribuyó al fracaso del melismo a nivel regional fue la división del liberalismo, que terminó arrastrando un buen número de sus huestes al constitucionalismo. La fractura fue fatal porque si bien a nivel nacional se habla de la incisión entre gólgotas y draconianos, no se tienen estudios de la forma como se expresó a nivel local, pero sin duda existió y se reflejó en la forma como en Cali y Popayán, por ejemplo, las noticias capitalinas del 17 de abril fueron recibidas por miembros del mismo partido de forma diferente. Las narrativas liberales de Ramón Mercado y Manuel Joaquín Bosch lo dejan en evidencia, pero sin dar mayores pistas respecto de cómo esta fractura nacional se reflejaba en la localidad40.

Esta panorámica descripción de la geografía melista indica que el golpe no tuvo los apoyos suficientes. Esta situación se debió a la imposibilidad de comprometer a Obando, la falta de apoyo al golpe en otras provincias y la ausencia de figuras civiles y militares notables en el proyecto. Es en este panorama que debe entenderse los esfuerzos del general golpista por ganarse la adhesión y vincular a su proyecto político ciertas figuras emblemáticas como el general José María Mantilla41.

Sin duda, la fuerte movilización popular que tuvo el efímero régimen especialmente en la sabana inhibió o, más bien, atemorizó a los sectores notables de la sociedad granadina, quienes desde hacía varios años cuestionaban la forma como una fracción del Partido Liberal movilizaba a los sectores populares por medio de las Sociedades Democráticas y su vinculación en las guardias nacionales42. Así mismo, cuestionaban las leyes liberales que decretaron la libertad de los esclavos y, posteriormente, otorgaron la plena ciudadanía a los hombres mayores de 21 años al sancionarse la Constitución del 21 de mayo de 1853. En varias provincias se vivió esta tensión, generándose choques y riñas callejeras que desembocaron en ciertos casos en batallas campales43.

No debemos olvidar que la fundación de la llamada escuela republicana, el 25 de septiembre de 1850 en Bogotá, por jóvenes estudiantes de la Universidad Nacional y el Colegio de San Bartolomé, con el objeto de publicitar las ideas liberales de la revolución de 1848, se formó al distanciarse de las Sociedades Democráticas de Artesanos y, como lo señala José María Samper, contra los excesos que tales sociedades cometían en el Cauca44.

En resumen, las reformas liberales de medio siglo ampliaron la arena política a los sectores populares al vincularlos a las Sociedades Democráticas, las guardias nacionales y al otorgarles el derecho al voto universal masculino. Esta movilización no capitalizada totalmente por las facciones liberales despertó temores por parte de los grupos notables, tanto en la capital como en las provincias, en especial en las regiones donde se vivía una fuerte tensión social por conflictos raciales, como en las provincias del Cauca y del Caribe por conflictos de sus usos y derechos de tierras, así como en los territorios donde había resguardos o apropiación indebida de terrenos del común45.

Dicha movilización promovió el cuestionamiento de los sectores plebeyos sobre las instituciones e ideas dominantes, aún modeladas por un marco hegemónico de antiguo cuño. Es decir, se rechazaron las estructuras coloniales supervivientes, representadas en la esclavitud, los estancos de aguardiente y tabaco, la deferencia social, entre otras46. En este proceso, las ideas hegemónicas del antiguo régimen, que daban sustento tanto a la dominación como a la forma en que se expresaban los reclamos y se interpretaban los conflictos, fueron cambiando a lo largo de la primera mitad del siglo XIX por unas más republicanas basadas en la noción de la ciudadanía, los derechos y las garantías constitucionales47.

La difusión de las ideas liberales a finales de la década del cuarenta por medio de las Sociedades Democráticas, la escuela, las guardias nacionales y espacios más informales como las galleras y otros sitios de reunión popular (pulperías, chicherías y plazas de mercado) ayudó a propagar las nociones republicanas e, incluso, ideologías más radicales. Tal difusión, según los contextos y sus conflictos, fue apropiada y resignificada por los sectores bajos, quienes se vieron identificados unos por el programa liberal, al promover la abolición de los estancos coloniales, otros por la liberación de la esclavitud y otros, incluso, por la posibilidad del comunismo territorial. Como lo ha analizado James Sanders al identificar formas de liberalismo y conservatismo popular en el Cauca grande, cada grupo, según sus experiencias e intereses, se apropió de las ideas republicanas en boga y las resemantizó según sus propias aspiraciones y necesidades48.

El golpe de Melo catalizó estas aspiraciones populares; su ascenso pudo ser percibido por los sectores plebeyos como la oportunidad para que sus reclamos y aspiraciones fuesen atendidos. La ausencia de personalidades notables en el golpe obedeció al temor que despertó la movilización popular que desde años atrás hacía presencia en la esfera pública. Si bien contó con la participación de notables locales, como lo evidencian las cartas editadas en este libro, en general el régimen debió descansar en funcionarios provenientes de las filas del Ejército y de los artesanos49.

Es, sin duda, por la fuerte presencia en la arena política de los sectores plebeyos del periodo y el apoyo de los artesanos capitalinos a Melo que las interpretaciones del fenómeno, aparecidas en las últimas décadas del siglo XX, han artesanizado el golpe. Es decir, han sobredimensionado la presencia de este grupo social, modelando las interpretaciones de diversos investigadores, quienes, influenciados por la historia social de corte marxista o popular, han considerado que la participación artesana comprometió un proyecto político alternativo, incluso han llegado a etiquetarlo de socialista. Pero desconocen que la simpatía que despertó el gobierno de Melo en otras regiones, así no lograse consolidarse, no fue necesariamente por artesanos, sino por un heterogéneo grupo de sectores populares, quienes vieron en el golpe la oportunidad política de alcanzar sus intereses, los cuales no pasaban por la reducción de los aranceles y otras medidas que reclamaban los gremios capitalinos de la época.

La artesanización, valga la expresión, del golpe de Melo expresa una visión centralista que tiene poco en cuenta a las provincias50 e ignora la fuerte presencia de oficiales del Ejército regular, quienes han sido totalmente desconocidos en el proceso, a pesar de que los acontecimientos del 17 de abril fueron un acto claramente pretoriano, en los cuales los artesanos participaron como miembros de las guardias nacionales, es decir, bajo una institución militar.

En resumen, las reformas liberales de medio siglo son el proceso en el que se enmarca el golpe del general José María Melo. No obstante, hoy sabemos que las transformaciones sociales, económicas y políticas que se dieron en el periodo, tan publicitadas por sus principales promotores, los gólgotas, formaban parte de un proceso de larga data, las cuales tenían sus antecedentes en las denominadas “revoluciones atlánticas”. Además, ambos procesos, las revoluciones atlánticas y las reformas liberales, se vivieron de manera diversa en las regiones y difícilmente se percibieron de forma homogénea51.

Las reformas de medio siglo fueron un amplio paquete de medidas legislativas que buscaron derrumbar, según sus promotores, el edificio colonial al liberalizar el mercado de obstáculos tales como los estancos, los aranceles, desamortizar los bienes de manos muertas, eliminar los mayorazgos, las tierras comunales y la redención de censos eclesiásticos, entre otros52. También, transformaron la sociedad con la ampliación de la ciudadanía y los derechos individuales y colectivos como el voto universal masculino, la libertad de enseñanza, la libertad de imprenta y de asociación, la libertad de los esclavos y cualquier otra forma de servidumbre, la libertad religiosa y la separación de la Iglesia-Estado, entre otras53.

La idea rectora de transformar la sociedad a partir de estas leyes e implementar un verdadero sistema republicano, el cual tenía como principal objetivo establecer un régimen que descansara en la soberanía popular, hacía necesario, según sus promotores, reducir el papel del Estado al otorgarle mayor autonomía al Legislativo y fomentar la descentralización administrativa y la autarquía de las provincias, como lo hizo la Constitución de 1853, que desembocó en el federalismo en los años sesenta del siglo XIX. De ahí la necesidad de dotar al ciudadano con todos sus derechos y despojarlo de cualquier tipo de servidumbre para hacerlo más activo de su destino y del ejercicio de la cosa pública por el bien común de su comunidad. Así mismo, era pertinente encargarlo de la defensa de la nación e integrarlo en las guardias nacionales bajo el principio de la ciudadanía armada, liquidando el Ejército permanente y erigir sin ninguna traba la libertad de prensa y de expresión, la veedora de las acciones estatales54.

Pero el proceso tuvo sus contradicciones. Las medidas señaladas despertaron diversas expectativas y aspiraciones en los sectores plebeyos, las cuales se vieron frustradas en el corto y medio plazo. Las disposiciones económicas, como el tema de los aranceles, los distanció con los artesanos capitalinos, quienes consideraban que la liberalización del mercado los afectaba al no poder competir con las manufacturas extranjeras. La población afrodescendiente manumitida, además de anhelar su libertad, también deseaba convertirse en propietaria de las tierras y de las minas donde antes laboraban, algo que los liberales radicales no tocaron, a pesar de publicitar la idea del ciudadano propietario55. La descentralización administrativa volvió fiscalmente inviable a varias provincias y las hizo presa, a algunas de estas, de luchas faccionales por el control político, como en los casos de Valledupar, Ocaña, Azuero, entre otras; muy distante de la idea del ciudadano agente del bien común56. La abolición de los resguardos, salvo en algunas comunidades, fue rechazada por las parcialidades indígenas y, como en Pasto, terminó el Partido Conservador capitalizando su adhesión al convertirse en el protector de sus tierras57. Similar situación se presentó con las medidas religiosas, que catalizaron al clero hacia el Partido Conservador.

En síntesis, las reformas liberales se vivieron de forma caleidoscópica en las regiones, un tema poco explorado respecto a la manera como se experimentó el proceso en lo local. Pero, en todo caso, terminó por promover un crisol de intereses y expectativas disímiles entre los sectores que vieron en el golpe de Melo la coyuntura para alcanzarlas, pero que difícilmente el melismo hubiese sido capaz de atenderlas todas si triunfaba. De ahí que seguir artesanizando el golpe militar de 1854 es privilegiar la mirada centralista del evento; es necesario entender las causas en aquellos sitios donde hubo simpatías por el melismo, así sus pronunciamientos fuesen efímeros.

En este orden de ideas, sin desconocer la movilización plebeya, el golpe de Melo fue un acto militar en respuesta a las medidas legislativas de una facción del liberalismo que buscaba liquidar el ejército a mediados del siglo XIX. En efecto, desde la construcción del Estado neogranadino en 1832, uno de los principales objetos de atención por parte de la élite civil dirigente, y que no eximió algunos militares como los generales José María Obando, José Hilario López, entre otros, fue lograr constituir unas fuerzas armadas sujetas al dosel constitucional. Para tales efectos, se “diseñó” una arquitectura de Estado en la cual las fuerzas armadas quedaban dependientes, en diversos ámbitos administrativos y jurisdiccionales, a los diversos poderes republicanos: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Es decir, siguiendo las líneas interpretativas de Samuel Huntington, se buscó limitar o anular la autonomía de los hombres en armas al maximizar los poderes civiles. Esta política arrancó a inicios de la década del treinta al reducir el pie de fuerza del Ejército permanente y borrar y expulsar del escalafón militar a cientos de oficiales que habían sido deliberativos en la esfera pública. La política continuó en los siguientes años, manteniendo una fuerza armada relativamente baja frente a las necesidades de defensa y por evitar una pesada carga de gasto militar sobre la famélica hacienda púbica de aquellos años58.

Por otra parte, se les otorgó a los diversos poderes públicos injerencia en varios ámbitos de la administración militar, como al Congreso, quien debía fijar el pie de fuerza permanente anual y el número de coroneles y generales en servicio, mientras que al Ejecutivo le correspondía designarlos. La contabilidad del ramo de los gastos militares se sujetó a la Secretaría de Hacienda, quien nombraba a un contador general encargado de revisar y glosar los gastos, esta misma práctica se replicaba en las cajas de guerra provinciales. Además, las guardias nacionales, a pesar de ser inspeccionadas por las comandancias militares del departamento o de los Estados Mayores divisionarios, su organización, disciplina y entrenamiento estaban sujetos a los gobernadores de las provincias. Finalmente, en temas de fuero militar y administración de justicia, punto de tensión del periodo, se percibe el esfuerzo de la justicia ordinaria de imponerse sobre la militar, al considerarse el fuero de guerra un privilegio inadecuado frente al ideario republicano59.

La política en cuestión formaba parte de los lineamientos del republicanismo que, como ya hemos señalado, buscaba evitar toda forma de gobierno despótico, pues desde el siglo XVII se empezó a asociar a los Ejércitos permanentes como aliados de la monarquía, considerando que la mejor defensa de la nación descansaba en las milicias constituidas por los hombres libres, quienes se entrenaban los fines de semana. Esta tradición sobre la defensa de la patria modeló la organización de las fuerzas armadas en Estados Unidos y en Francia durante la Revolución francesa y estuvo presente en la Constitución gaditana de 181260.

La Nueva Granada no fue la excepción, durante los años veinte del siglo XIX un sector de la dirigencia política del periodo, vinculado al general Santander y conocido como el “Partido Socorrano”, lideró una campaña con el objeto de sujetar las fuerzas armadas a los poderes civiles y disminuir el militarismo en el gobierno y la esfera pública. Dicho proyecto logró cristalizarse con la desintegración de Colombia, que permitió reducir el pie de fuerza del Ejército permanente en los años treinta, como ya se mencionó61. Posteriormente, a finales de los años cuarenta, una nueva generación de jóvenes liberales, los llamados gólgotas, volvieron a publicitar con más ahínco las políticas antimilitaristas, pregonando liquidar, de una vez por todas, el Ejército permanente y dejar a los civiles encargados de la defensa de la nación como guardias nacionales. El asunto generó un fuerte debate en su tiempo, ya que un sector del liberalismo, los draconianos, con una visión más atemperada de los principios republicanos, rechazaron, entre otras cosas, la liquidación del Ejército. Además, lo consideraban improcedente, al ser las milicias un sistema más oneroso y que no daba muchas garantías de eficiencia frente a la fuerza regular. A este debate se sumaron algunos militares letrados, quienes, como el general Melo, patrocinaron un periódico para defender a su grupo de interés62.