Reforma rural integral: ¿Oportunidad que se desvanece?

Escenario muy posible - Escenario 24

Este escenario futuro implica que el país avanzó en un proceso de ampliación democrática del escenario político, lo que permitió enriquecer el debate alrededor de los grandes problemas nacionales, mediante mayor pluralismo y representación de diferentes visiones e intereses de la sociedad. Ello, a su vez, permitió la inclusión de nuevos partidos políticos y grupos de interés que generaron una dinámica novedosa de los poderes públicos del Estado.

Pese a lo anterior, la RRI fracasó, de manera que la pobreza rural extrema no fue erradicada ni se cumplieron las metas de disminuir la pobreza en el campo en 50 %. Tampoco se logró la reactivación de las actividades productivas, mientras que las actividades campesinas y familiares siguieron siendo de subsistencia. La ineficacia frente a la reforma rural mantuvo una mayor concentración de las tierras y perpetuó los conflictos por tenencia y uso de los suelos, de manera que muchos procesos de violencia no lograron ser desactivados, por lo que estructuras ilegales y criminales armadas insistieron en acudir a las “antiguas” ideologías para combatir o defender la vigente estructura de propiedad y dominio territorial. Un catalizador de estos procesos fue la escasa transformación de las condiciones territoriales de las zonas afectadas por la presencia de cultivos de uso ilícito, tanto en la producción, como en la transformación, así como en los corredores de circulación para salir al extranjero. A ello se suma la continuidad de operaciones armadas ilegales de protección a estas zonas y corredores.

Por su parte, las víctimas fueron reparadas escasamente y muchas de las “verdades” necesarias en este proceso fueron diluidas, ensombrecidas u ocultadas deliberadamente, en el marco de una elevada concentración de la riqueza y el poder político, económico y social por algunos actores. Así pues, los nuevos actores políticos, terminaron coludidos, en su gran mayoría, con los grupos más influyentes o predominantes dada la estructura de concentración del poder. Las ciudades andinas cobraron cada vez mayor predominio y se debilitaron muchas de las zonas rurales con actividades de subsistencia. En últimas, pueden darse reagrupamientos armados sobre la base de intereses económicos, despolitizados ideológicamente en el ejercicio de la violencia organizada.

En opinión de Lozano-Villegas (2015), frente a la actualidad de los partidos políticos en Colombia,

es indispensable la construcción de un efectivo control institucional y jurídico, para evitar la desviación de prácticas democráticas y el apoderamiento de las instituciones o corporaciones públicas del Estado, lo cual ocurre cuando los intereses de los partidos políticos están por encima de los intereses y fines del Estado. Para, de ese modo, llegar a extinguir practicas tan comunes como la destinación de [dineros públicos] a objetivos distintos de los previstos en la ley o plan de desarrollo. (p. 136)

Por lo cual, este autor destaca la importancia de avanzar hacia un pluralismo político efectivo,

donde importen más las ideas que los “cacicazgos” y las “dinastías políticas” y que finalmente redunde en una libertad política del elector quien, debidamente informado, pueda participar al interior de los partidos y en las juntas electorales, con plena convicción y libertad, de su alternativa política. (p. 136)

Escenario muy posible - Escenario 07

En este escenario, se destaca el haber logrado la erradicación de la pobreza rural extrema y una disminución cercana al 50 % de la pobreza en el campo, en especial, en las zonas andinas y las proximidades a las ciudades capitales, para el horizonte de 2026. También se consiguió la promoción de la igualdad, el cierre de la brecha entre el campo y la ciudad, la reactivación del campo y el desarrollo de la agricultura campesina, familiar y comunitaria.

Se logró, además, una ampliación democrática que permitió enriquecer los debates alrededor de los grandes problemas nacionales, con mayor pluralismo y garantías para la inclusión política. Asimismo, pudo apreciarse que la mayor parte de las víctimas fue reparada, con satisfacciones mínimas de verdad y justicia. Sin embargo, muchas hostilidades entre grupos armados ilegales no cesaron, por cuenta de la reintegración de antiguos exguerrilleros en nuevas estructuras criminales, orientadas a dar protección al narcotráfico.

Junto a lo anterior, la RRI no pudo llegar a las zonas de producción de cultivos de uso ilícito, las cuales continuaron bajo diversas lógicas de chantaje, como los pagos de subsistencia para los productores. La operación armada de reorganización de las antiguas guerrillas se orientó a la defensa de las actividades ilegales de producción y distribución, con injerencia de actores nacionales y extranjeros, articulados en las redes del narcotráfico internacional. De modo que el narcotráfico continuó articulado a las guerrillas y otros actores influyentes de la actividad económica y social del país, adaptados a las nuevas realidades.

De acuerdo con el informe del International Crisis Group (2017), intitulado Los grupos armados de Colombia y su disputa por el botín de la paz, las mejoras en materia de seguridad del país no han sido uniformes y “ahora hay pruebas de que grupos disidentes de las Farc-EP, grupos del crimen organizado de varias magnitudes y el ELN aún controlan territorios” (p. 31). Además, según este informe,

los prósperos negocios ilícitos (pujantes plantaciones de coca, minas de oro ilegales, redes de extorsión y contrabando) son responsables de la supervivencia y expansión de muchos de estos grupos [diferentes facciones armadas]. Pero los intereses económicos por sí solos no explican el apoyo que reciben dentro de algunas comunidades. Mediante la resolución de disputas y la defensa de los medios de vida ilícitos frente a las fuerzas de seguridad, estos grupos han establecido una forma rudimentaria y autoritaria de liderazgo político local. (p. i)

Por ello, el informe sugiere que,

aun si las fuerzas de seguridad pudieran tomar todo el territorio en disputa, la coerción por sí sola no puede establecer vínculos de confianza entre el Estado y los ciudadanos locales. Por el contrario, se debe persuadir a estos de que existe una alternativa mejor que la justicia sumaria y la disciplina social impuestas por los grupos ilegales. (p. i)

Escenarios posibles

En este escenario futuro, se dan las hipótesis de participación política, fin del conflicto y de reparación a las víctimas. Se destaca la desarticulación de la guerrilla, la ampliación del espacio de participación política, y los esfuerzos para reparar a las víctimas del conflicto. Sin embargo, la RRI no se implementa lo suficiente o queda corta o es entorpecida. De esa forma, no se dan las transformaciones productivas en el campo que alivianen los conflictos por tenencia y uso del suelo, por lo que se conservan algunos predominios territoriales y rigideces que mantienen la producción, transformación y comercialización de cultivos de uso ilícito, manteniendo en plena actividad el negocio del narcotráfico y las consecuencias derivadas de él.

Además, la ausencia de una reforma rural efectiva incide sensiblemente sobre las iniciativas de fin del conflicto y el logro de la paz. Se sostiene en diferentes estudios, incluso en la documentación de los acuerdos (por ejemplo, el documento Instalación de la mesa de conversaciones, inicio de los ciclos de conversaciones y la discusión del Punto 1), que el propósito de RRI es “contribuir a reversar los efectos del conflicto en el territorio, garantizar la no repetición y establecer una paz estable y duradera” (Oficina del Alto Comisionado para la Paz, 2018, p. 38).

Es un escenario hipotético en el cual ocurren casi todas las proyecciones a futuro. Sin embargo, no se logra la ampliación democrática necesaria para brindar representación a diferentes visiones e intereses de la sociedad, con las debidas garantías para su participación y la inclusión política. Este escenario puede implicar la construcción de un consenso político fuerte alrededor de una única visión predominante, con un fuerte componente de reactivación de las actividades rurales, el fin del narcotráfico, la lucha contra la corrupción y mayor justicia social. También puede incluir una iniciativa hacia el retorno de nuevas formas de desarrollismo o, incluso, la generación de actividades enmarcadas en los agronegocios.

De acuerdo con Moreno-Parra (2018), en Colombia,

el conflicto social que se manifiesta a través de los grupos armados de las guerrillas se debe a motivaciones precisas de carácter estructural o del llamado déficit democrático, como son: la dificultad en la consecución y posesión de los bienes, recursos y poder, de los cuales no goza la inmensa mayoría de la población y que están concentrados en pocas personas, en una minoría privilegiada. Y, de otro lado, se debe también a la presencia histórica de la variable independiente de un régimen político de exclusión paritario y bipartidista que se ha mostrado incapaz de asegurar las condiciones políticas e institucionales necesarias para el trámite de las demandas políticas de la sociedad. (p. 177)

El autor argumenta que los distintos ciclos del conflicto en el país

han sido superados de manera transitoria por ciclos de posconflicto mediante lo que se denominó pactos consociacionales; espacios en los cuales no se ha contado con la suficiente capacidad y voluntad política para realizar cambios estructurales, ni se han articulado los suficientes consensos, ni permitido la inclusión política y social de vastos sectores implicados en los diferentes momentos de violencia, lo que ha conllevado a que nuevamente se activen los dispositivos sociales y políticos del conflicto violento. (p. 177)

Por ello, Moreno-Parra concluye que una ampliación democrática real que permita romper estos ciclos recurrentes de periodos de violencia y posconflicto, negociados mediante pactos de las élites, debe incorporar una mayor liberalización y profundización democrática, construida desde abajo.

En este escenario, se dan las hipótesis de participación política y de reparación a las víctimas del conflicto. Se destacan, por un lado, la ampliación del espacio de participación política y, por otro, el esfuerzo para reparar a las víctimas. Sin embargo, la RRI no se implementa suficientemente o queda corta o es entorpecida. Así, no tienen lugar las transformaciones productivas en el campo, capaces de aliviar los conflictos por tenencia y uso del suelo, de modo que se mantienen algunos predominios territoriales y rigideces que mantienen la producción, transformación y comercialización de cultivos de uso ilícito. Esto implica que se conservan en plena actividad el negocio del narcotráfico y las consecuencias derivadas de este.

A ello se agrega que los exguerrilleros articulan nuevas estructuras ilegales armadas, que se asocian al funcionamiento del negocio del narcotráfico y a otras actividades ilícitas. Sin terminación de los conflictos y sin RRI, se verá empobrecida la posibilidad de una reparación efectiva de las víctimas.

Ahora bien, de acuerdo con Rodrigo Uprimny (2017), el caso colombia-no de justicia transicional incorpora retos en los dilemas propios de la justicia transicional, “pues se estaría intentando aplicar la idea de justicia transicional a una situación, donde […] la transición a la paz sería parcial y fragmentaria” (p. 1), al no haber una transición definitiva del conflicto a la paz, dada la presencia de grupos no desmovilizados o con los cuales no existen procesos de paz. Uprimny (2017) enfatiza en que

por más que esta verdad pudiera ser reconstruida sin la intervención de los victimarios (cosa que es difícilmente posible), para que [esta] tenga los efectos deseados de contribuir a la reparación y al perdón por parte de las víctimas y, así, a la paz y a la reconciliación nacional, resulta imprescindible que los victimarios hagan parte de este proceso de reconstrucción. En efecto, solo confesando plena y fidedignamente sus crímenes, podrán los actores armados demostrar al resto de la sociedad su arrepentimiento frente a [sus crímenes] y su voluntad de no repetirlos. (p. 23)

En este escenario se consigue avanzar en la RRI, cuyo logro principal es el fomento de la participación política de grupos emergentes y cuyo interés está asociado al desarrollo de actividades productivas en el campo. Sin embargo, termina entorpecido el proceso de justicia transicional y reparación de las víctimas, algunos exguerrilleros vuelven a tomar las armas y no se dan las transformaciones productivas que incidan en la erradicación de los cultivos ilícitos y la terminación del narcotráfico. Además, la sociedad ha perdido confianza en las instituciones del Estado, en particular, en la justicia, y la sensación popular es el predominio del clientelismo y la corrupción. La reforma rural tiene impacto a medias y muchos de los nuevos participantes en los procesos políticos terminan plegándose a los grupos predominantes de influencia política.

La coincidencia entre la participación política y la RRI permite la promoción de algunas políticas para el campo. Sin embargo, la falta de éxito en las otras hipótesis conduce a que los resultados puedan ser muy limitados. En un estudio de escenarios de desarrollo agrario realizado por Guerrero, Rojas, Torres y Bourdon (2014), se plantean futuribles con base en las dos dimensiones: el espacio sociopolítico y el económico internacional. Los futuribles dentro de este escenario estarían, según afirman los autores, en un “bienestar a medias” en las áreas de desarrollo agraria o un escenario de “supervivencia”. En el futurible de bienestar a medias, los autores afirman:

El campo de lo económico internacional sería exitoso; habría subsidios para los campesinos, inversión del sector privado y de las instituciones del Estado […]. [Pero la] explotación masiva de recursos naturales minero-energéticos y los macroproyectos para producción de biocombustibles que esterilizan los suelos no serían aceptados por los pobladores rurales; ellos verían amenazados sus territorios y vulnerada su tradicional cultura ancestral. Razón por la cual, se presentarían conflictos sociales [que traerían] como consecuencia violencia. No habría paz. En medio de esa situación los programas de educación y capacitación no se podrían desarrollar y la colectivización de los territorios y el ordenamiento territorial para delimitar las fronteras agrícolas y definir el uso de la tierra seguirían en veremos. (p. 407)

En el futurible de supervivencia, se transformarían

las dificultades sociales y, en consecuencia, las políticas estatales para el desarrollo del sector agrario [que] estarían pensadas bajo un concepto de desarrollo integral, respetando la autonomía de los pobladores rurales y la visión de ellos sobre la construcción de su territorio […]. Pero habría pocos recursos económicos para invertir en ese desarrollo integral. Lo económico internacional no iría bien […]. No habría recursos para los subsidios, razón por la cual sería imposible competir con los precios del mercado internacional. Los recursos para la inversión serían muy pocos porque habría un decrecimiento de la economía. (pp. 407-408)

Conclusiones

Dentro del grupo de expertos consultados en este ejercicio de planeación estratégica, se mantiene cierta duda y cierto escepticismo frente al cumplimiento real del Acuerdo Final, a pesar de que se considera “blindado institucionalmente” y existe un mecanismo con la comunidad internacional que actúa como garante de su cumplimiento. Comoquiera que sea, las principales conclusiones de este capítulo son:

1. Frente a los resultados del ejercicio, se determinó que el éxito de la reforma rural integral y la real terminación del conflicto con las Farc-EP parecen ser las condiciones casi indispensables para lograr una sociedad colombiana más incluyente, equitativa, en paz y con mayor estabilidad en el mediano y el largo plazo.

2. La reparación a las víctimas, además de constituir un imperativo moral para una sociedad que reconoce y busca superar sus propias tribulaciones, se presenta en estos escenarios como un motor para acrecentar la confianza en la institucionalidad del Estado.

3. El narcotráfico implica la existencia de redes de una tremenda fuerza operativa y adaptativa, que pone a su favor los conflictos y fracasos en las políticas orientadas a la equidad productiva y social.

4. Por último, en cuanto a participación política, la consolidación de la paz requiere de mayor representación de diferentes visiones e intereses de la sociedad, con garantías para su inclusión política.

Referencias

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