El ecologismo de los pobres

La oficina de estadísticas de la Unión Europea, Eurostat, publica actualmente una estadística del uso de materiales, en toneladas, en todas las economías europeas (habiendo construido una serie entre 1980 y el 2000) (Weisz et al., 2001), y para España está disponible el reciente y excepcional trabajo de Oscar Carpintero quien ha calculado cuarenta años de uso de materiales en la economía española desde la década de los cincuenta, mostrando que a) el tonelaje (incluyendo mochilas ecológicas) crece al mismo ritmo que el PIB, b) los materiales abióticos crecen más que la biomasa, cuyo uso crece relativamente poco a partir de la década de los sesenta, c) las importaciones de materiales crecen mucho más que las exportaciones, d) el uso de materiales (uso corriente más acumulación de stock) en España es per cápita todavía menor que la media de la Europa más próspera, pero seguimos avanzando rápidamente. No hay pues en España ninguna señal de «desmaterialización» de la economía, ni en términos absolutos ni per cápita, ni tampoco (a diferencia de Alemania) relativamente al PIB (Carpintero, 2002, 2003). Claro está que por decirlo así, al medio ambiente la mejora por unidad de PIB poca cuenta le trae, si resulta que el PIB aumenta.

Todos los índices que se mencionan aquí se miden en unidades diferentes. ¿Cómo debe juzgarse una situación en la cual, por ejemplo, un indicador o índice sintético como el uso de materiales (en toneladas) aumenta mientras la AHPPN mejora, el REIE cae y el PIB crece, el desempleo disminuye pero crece la violencia doméstica? La conmensurabilidad implicaría la reducción de tales valores a un supervalor que abarque todo, pero esto no es necesario para alcanzar apreciaciones razonables a través de una suerte de evaluación macroeconómica multicriterial (Faucheux y O’Connor, 1998).

¿Se desmaterializa el consumo?

En las teorías económicas de la producción y el consumo, reinan soberanamente los principios de la compensación y de la sustitución. No así en la Economía Ecológica, en la cual se utilizan diversas escalas de valor para «tener en cuenta la naturaleza». En la teoría del consumo de la Economía Ecológica algunos bienes son más importantes y no pueden ser sustituidos por otros (los economistas ortodoxos llaman a esa situación un orden «lexicográfico» de preferencias y creen que es un evento extraordinario). Así, ningún otro bien puede sustituir o compensar la mínima cantidad de energía endosomáticamente necesaria para la vida humana. Esto no implica una visión biológica de las necesidades humanas, al contrario, la especie humana exhibe enormes diferencias intraespecíficas, socialmente definidas, en el uso exosomático de la energía, es decir en su «tecnometabolismo». Decir que el consumo endosomático de 1.500 o 2.000 kcal o el uso exosomático de 100.000 o 200.000 kcal por persona/por día son necesidades o deseos socialmente construidos, sería dejar de lado las explicaciones ecológicas y/o implicaciones de semejante uso de energía, en tanto que llamar al consumo diario de 1.500 o 2.000 kcal una «preferencia individual inescrutable revelada en el mercado» sería un buen ejemplo del punto de vista metafísico de la economía convencional (véase en Martínez Alier y Schlüpmann, 1987, la polémica al respecto entre Hayek y Lancelot Hogben).

Existe otro enfoque que, como señala John Gowdy, utiliza como base el «principio de irreductibilidad» de las necesidades (proclamado por Georgescu-Roegen en la anterior edición de la Enciclopedia de las Ciencias Sociales, en el artículo sobre «Utilidad»). Según Max-Neef (Ekins y Max-Neef, 1992) todos los humanos tienen las mismas necesidades, descritas como de «subsistencia», «afecto», «protección», «entendimiento», «participación», «ocio», «creación», «identidad», y «libertad», y no existe un principio generalizado de sustitución entre ellas. Se pueden satisfacer tales necesidades con distintos «satisfactores». En vez de tomar los servicios económicos como dados, como se hace en el IMPS (pasajero/km, metros cuadrados de espacio para vivir), podemos preguntar ¿por qué tanto viaje?, ¿por qué tanta construcción de casas con materiales nuevos? Podemos preguntarnos: ¿hay una tendencia hacia el uso de «satisfactores» con una creciente intensidad energética y material para satisfacer necesidades predominantemente no materiales? (Jackson y Marks, 1999).

Son erróneas las expectativas de que una economía con menos industria y más servicios sea menos intensiva en términos de energía y recursos materiales porque el dinero ganado en el sector servicios irá destinado a un consumo que por ahora es muy intensivo en energía y materiales. El análisis input-output de las formas de vida domésticas (por Faye Duchin y otros autores) señala los altos requerimientos de energía y materiales en los patrones de consumo de muchos de quienes trabajan en el sector «posindustrial».

El tiempo, el espacio y la tasa de descuento

Un principio aceptado por todos los economistas ecológicos es que la economía es un sistema abierto. En la termodinámica, los sistemas se clasifican como «abiertos» a la entrada y salida de energía y materiales, «cerrados» si lo están a la entrada y salida de materiales aunque estén abiertos a la entrada y salida de energía, como es el caso de la Tierra, y sistemas «aislados» (sin entrada o salida de energía y materiales). La disponibilidad de energía solar y los ciclos del agua y de los materiales permiten que las formas de vida se vuelvan cada vez más complejas y organizadas, y lo mismo se aplica a la economía. Se disipa energía y se producen residuos en esos procesos. Se puede reciclar al menos una parte de los residuos o, cuando esto no es posible, la economía toma nuevos recursos. Sin embargo, cuando la dimensión de la economía es demasiado grande y su velocidad excesiva, los ciclos naturales no pueden reproducir los recursos, o absorber o asimilar los residuos como, por ejemplo, los metales pesados o el dióxido de carbono.

Al crecer la economía se incorporan, a ese veloz régimen de explotación, recursos y sumideros de nuevos territorios. Por ejemplo, se siembran nuevas plantaciones forestales para la producción de pasta de papel o como sumideros de carbono, la destrucción de manglares para la exportación de camarones es más rápida que la reforestación, el petróleo se extrae con más celeridad no sólo que su ritmo de formación geológica sino que la capacidad de los ecosistemas locales para asimilar el agua de formación y otros residuos nocivos. En otras palabras, la resiliencia local está amenazada por el nuevo ritmo de explotación, impulsado ahora por la tasa de interés o la tasa de ganancia sobre el capital. «Resiliencia» significa la capacidad de un sistema para mantenerse a pesar de un trastorno, sin pasar a un estado nuevo. También se define como la capacidad de un sistema de regresar a su estado inicial.

El desplazamiento geográfico de las cargas ambientales acelera el ritmo de uso de la naturaleza, como señaló Elmar Altvater en su trabajo sobre los proyectos mineros del norte de Brasil (Altvater, 1987, ver el cap. XI). Hay situaciones en las cuales las percepciones sociales, los valores, las culturas e instituciones locales han retrasado la explotación de recursos al establecer una concepción diferente del uso del espacio (por ejemplo, reivindicando los derechos territoriales de los indígenas) o afirmando valores no económicos (como «lo sagrado»). Existen otros casos en los cuales la explotación de recursos y el uso de sumideros locales no exceden las cargas críticas, tampoco amenazan a la resiliencia local, porque la capacidad de respuesta se ha extendido exitosamente. Finalmente, existen muchos otros casos en los que la resistencia y las culturas locales han sido destruidas junto con los ecosistemas locales.

El sistema económico carece de un estándar común para medir las externalidades ambientales. Las estimaciones económicas de pérdidas de valores ambientales dependen de la dotación de derechos de propiedad, la distribución de ingresos, de la fuerza de los movimientos ecologistas y la distribución del poder. El asunto se complica más cuando pensamos en los futuros costes y beneficios. Pero debe aceptarse que la noción de conflictos ecológicos distributivos, central en este libro, se refiere a conflictos dentro de la generación humana actual. No se refiere a las injusticias entre generaciones humanas, o contra otras especies, salvo que sean tomadas en cuenta por miembros de la generación actual.

¿Cómo explican los economistas el uso de una tasa de descuento positiva que asigna un valor menor al futuro que al presente? Los economistas explican el descuento del futuro a través de una «preferencia temporal» subjetiva, o, segunda razón, porque el crecimiento económico per cápita causado por las inversiones de hoy hará menor la utilidad marginal del consumo (satisfacción incremental o adicional) para nuestros descendientes que para nosotros hoy en día. La preferencia temporal es puro egoísmo. El segundo argumento, que las futuras generaciones estarán mejor, y por lo tanto obtendrán una menor utilidad marginal del consumo, les parece lógico a los economistas. Empero, no es enteramente aceptable porque un mayor consumo hoy en día puede dejar a nuestros descendientes con un medio ambiente degradado, y por tanto en peores condiciones. Debemos distinguir entre la inversión genuinamente productiva y la inversión que hace daño al medio ambiente. Sólo deberían contar los incrementos sustentables de la capacidad productiva. Pero la evaluación económica de lo sustentable involucra un aspecto distributivo. Si el capital natural tiene un precio bajo, porque no pertenece a nadie, o pertenece a gente empobrecida y sin poder que se ven forzados a venderlo barato, entonces la destrucción de la naturaleza será subvalorada. Aceptemos con los economistas ortodoxos que el descuento surge de la productividad del capital, pero no olvidemos que la «productividad» es una mezcla de verdaderos incrementos en la producción y bastante destrucción ambiental y social. La tasa de descuento debe ser la tasa de crecimiento económico sostenible per cápita, restando por lo tanto la destrucción de los recursos y servicios ambientales. Ahora bien, para determinar el valor económico actual de tal destrucción causada por el crecimiento económico (pérdida de la biodiversidad, agotamiento de los sumideros de carbono, producción de desechos radioactivos, etc.) no sólo necesitamos asignarle valores monetarios (como se discute a lo largo de este libro), necesitamos también una tasa de descuento. ¿Cuál? La paradoja del optimista entra en escena. El futuro se subvalora debido a las opiniones optimistas de hoy sobre el cambio tecnológico, los incrementos en la ecoeficiencia y la productividad de las actuales inversiones, y por lo tanto más recursos y sumideros están siendo utilizados en la actualidad de los que lo serían si no fuéramos tan optimistas. Ahora bien, ese gran uso actual de recursos y vertederos menoscaba precisamente la optimista perspectiva de un futuro radiante y próspero.

Los economistas ecológicos (Norgaard, 1990) discrepan del punto de vista que fue expresado en los años sesenta por Barnett, Krutilla y otros eco­nomistas, quienes dijeron que el precio barato de los recursos naturales era señal de que éstos abundan. Los mercados son miopes, infravaloran el futuro, no pueden ver la escasez futura de recursos o sumideros ni incorporan tam­poco incertidumbres a largo plazo. La sustentabilidad se debe evaluar no en términos económicos sino a través de una batería de indicadores biofísicos. La distribución de los derechos de propiedad, los ingresos y el poder, determinan el valor económico del llamado «capital natural». Así, por ejemplo, los precios dentro de la economía serían distintos a los actuales sin el uso gratuito de los vertederos y depósitos de carbono. Otro ejemplo: si la ley requiriera que los minerales dispersados fueran reconcentrados hasta alcanzar otra vez su estado previo y que la capa vegetal fuese restaurada, esto cambiaría el patrón de precios de la economía. Uno puede fácilmente imaginarse que algunos grupos sociales exijan otras restricciones: renunciar al uso de la energía nuclear, bajar la AHPPN al 20%, prohibir el uso de autos en las ciudades, «huellas ecológicas» nacionales que no excedan el doble del tamaño del territorio, ritmo de extracción de combustibles fósiles igual al ritmo de introducción de energías renovables, un programa mundial para la viabilidad económica a largo plazo de la mayoría de los agricultores tradicionales y para la conservación in situ de la biodiversidad agrícola producida por esas prácticas. Dichos cambios en la economía claramente cambiarían el patrón de precios.

Más allá de los valores económicos, los posibles usos del capital natural implican decisiones sobre qué intereses y formas de vida se sostendrán y cuáles serán sacrificados o abandonados. No se dispone de un lenguaje común de valoración para tales decisiones. Cuando decimos que alguien o algo es «muy valioso» o «poco valioso», ésta es una declaración que lleva a otra pregunta, ¿valioso en qué estándar o tipo de valoración? (O’Neill, 1993). Para las decisiones políticas, lo que se necesita es, como hemos visto, un enfoque multicriterial no compensatorio capaz de acomodar una pluralidad de valores inconmensurables (Munda, 1995, Martínez Alier et al., 1998, 1999). Pero en vez de aceptar la inconmensurabilidad de valores, hay quienes, para diseñar políticas, prefieren llamar a las autoridades (a la policía ambiental, podríamos decir) y escoger el enfoque del coste-eficiencia. Las metas, normas o límites de la economía los establecen desde afuera los llamados «expertos científicos» (por ejemplo, se considera aceptable incrementar la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera hasta 550 ppm cuando ahora está en algo más de 370 ppm) y la discusión luego se centra en cuáles son los instrumentos más baratos para mantenerse dentro de tales límites (por ejemplo, la implementación conjunta, el comercio de permisos de emisiones, o los impuestos). Se trata, cuando es posible, de lograr resultados en los que todos ganan económica y ambientalmente. Muy lindo. Sin embargo, las metas, y de hecho los indicadores mismos, deberían estar abiertos a la discusión. El enfoque coste-eficiencia no puede sacarnos del dilema de la valoración.

Capacidad de carga

Muchos economistas ecológicos han destacado la importancia de la presión demográfica sobre los recursos. ¿La humanidad ha excedido la carrying capacity, la «capacidad de carga»? Esta se define como la población máxima de una especie dada, como las ranas de un lago, que puede vivir en ese territorio sosteniblemente, es decir, sin estropear su base de recursos. No obstante, con respecto a los humanos, las grandes diferencias internas respecto al uso exosomático de energía y materiales significan que la primera pregunta es: ¿población máxima a qué nivel de consumo? Segundo, las tecnologías humanas cambian rápidamente. Por ejemplo, en 1965 la tesis de Boserup sobre el cambio tecnológico endógeno, mostró que los sistemas agrícolas preindustriales cambiaron y aumentaron su producción (no por hora de trabajo ni por hectárea pero sí para todo el territorio, al acortar los periodos de rotación) como resultado de incrementos en la densidad de la población. Eso le daba la vuelta al argumento malthusiano. Tercer argumento en contra de aplicar la noción de «capacidad de carga» a la especie humana: el comercio internacional (parecido al transporte horizontal en ecología, pero conscientemente regulado y aumentado por los humanos) puede incrementar la capacidad de carga cuando a un territorio le falta un bien que es abundante en otro. La «ley del mínimo» de Liebig recomendaría el intercambio. En ese caso la capacidad de carga global de todos los territorios en conjunto sería mayor que la suma de las capacidades de carga de los territorios autárquicos (Pfaundler, 1902). Esto podría vincularse con propuestas de ONG para el comercio justo y ecológico. Por otro lado, la capacidad de carga de un territorio disminuirá cuando esté sujeto al intercambio ecológicamente desigual (ver el capítulo X). Cuarto argumento: los territorios ocupados por los humanos dependen de factores históricos y políticos más que de factores naturales. El resto de las especies pueden ser arrinconadas o eliminadas (como muestra el índice AHPPN). Dentro de la especie humana la territorialidad está construida a través de políticas estatales que permiten o prohíben la migración.1

Debido a la debilidad de la noción «capacidad de carga» como índice de (in)sustentabilidad para los humanos, y debido a los argumentos de Barry Commoner a inicios de la década de los setenta contra Paul Ehrlich que había publicado en 1968 el libro «La bomba de la población», se ha impuesto la fórmula I = PAT, en la cual I es el impacto ambiental, P es la población, A es la riqueza per cápita y T pretende medir los impactos ambientales de la tecnología. Hay intentos de operacionalizar I= PAT. La población sería, por lo tanto, sólo una de las variables que explican la carga ambiental. Las acusaciones de neomalthusianismo contra Ehrlich ahora serían pues infundadas. Pero en realidad la población es una variable muy importante. También es cierto que las políticas neomalthusianas inspiradas y legitimadas por la imagen de la «bomba de población» han provocado muchas esterilizaciones forzadas e infanticidio femenino a gran escala en algunos países, y amenazan a pequeños grupos étnicos sobrevivientes. Sin embargo, hace cien años el movimiento neomalthusiano en Europa y Estados Unidos se opuso a la opinión de Malthus de que la pobreza se debía a la sobrepoblación antes que a la inequidad social, y luchó exitosamente por el control de la natalidad a través del ejercicio de los derechos reproductivos de las mujeres (para usar el lenguaje de hoy), apelando también a los argumentos ecológicos de la presión demográfica sobre los recursos sin olvidarse de la presión del sobreconsumo de los ricos. Las transiciones demográficas no son meras respuestas automáticas a los cambios sociales como la urbanización, y su ritmo no sólo depende de las instituciones sociales como patrones de herencia, edad de matrimonio, tipos de estructura de familiar. La demografía humana es colectivamente autoconsciente y reflexiva. Aunque sigue también la curva de Verhulst, es diferente de la ecología de una población de ranas de un lago.

El neomalthusianismo feminista

Muchas feministas hoy en día aún descartan el vínculo entre el crecimiento poblacional y el deterioro ambiental (por ejemplo, Silliman y King, 1999) en vez de destacarlo como lo hizo el movimiento neomalthusiano hace cien años a través de la propia elección de su nombre. Esas feministas de hoy no parecen ser conscientes de los debates ambientales que se dieron en el propio movimiento feminista neomalthusiano. Les fastidia el énfasis que se pone en la población en la ecuación I = PAT (que de todos modos dependerá de los coeficientes que se asignen a P, A y T), y se sienten molestas, con razón, por el racismo de aquellos insensibles al drama de la desaparición de poblaciones y culturas minoritarias alrededor del mundo, indignadas por la arrogancia patriarcal y estatal respecto a la elección de los métodos contraceptivos introducidos a la fuerza en el Tercer Mundo.

Por supuesto, los problemas ambientales no son sólo problemas pobla­cionales. Desde el inicio de la Ecología Política (Blaikie y Brookfield, 1987) se ha trazado una clara distinción entre la presión de la población sobre los recursos y la presión de la producción sobre los recursos. Tanto África como América Latina son pobres (o empobrecidas) pero no están sobrepobladas (en promedio) (Leach y Mearns, 1996). Nuevas enfermedades están propagándose, viejas enfermedades vuelven, y las poblaciones podrían reducirse en algunos países africanos. Todo esto es bien sabido, pero no explica por qué el movimiento feminista que respalda el derecho de las mujeres al control de la natalidad y al aborto (que sigue siendo ilegal en tantísimos países) como parte de un servicio de salud integral, se olvida de su propio papel histórico en las transiciones demográficas. ¿Por qué no estar orgulloso de la fuerza demostrada por las mujeres contra las estructuras sociales y políticas, y muchas veces la irresponsabilidad masculina, al tomar el control de su propia capacidad reproductiva, logrando colectivamente transiciones demográficas sin las cuales el ambiente natural mundial acabaría en ruinas?

Hay una conexión entre la densidad poblacional y la carga ambiental. Esta conexión (que no es directa) está mostrada por un índice como la AHPPN. También se muestra en la «huella ecológica» que al mismo tiempo resalta, con razón, el consumo per cápita. Cuando las feministas apelan al análisis de la «huella ecológica» (Patricia Hynes en Silliman y King, 1999: 196-199) para señalar a la riqueza como la principal amenaza al medio ambiente, no pueden evadir la importancia de la densidad poblacional. La huella ecológica de las áreas metropolitanas ricas es cientos de veces más grande que su propio territorio, mientras la de los países ricos y densamente poblados como Alemania, Holanda o Japón es «solamente» diez o quince veces más grande que su territorio, precisamente debido a las distintas densidades de las áreas metropolitanas y el país en su conjunto. Así la huella ecológica del Canadá es menor que su propio extenso territorio, a pesar de la riqueza de sus habitantes.

Entre las feministas de hoy la mera mención del neomalthusianismo resulta repugnante. Eso se debe a una falta de cultura histórica. El neomalthu­sianismo de hoy se vincula a las políticas estatales de población, como en China, o a la presión de matones internacionales como el Banco Mundial. En la India ha habido mucha dependencia de la esterilización femenina, aunque Indira Gandhi también promovió la esterilización masculina (con impactos políticos contraproducentes). La investigación ha demostrado que en la India la tasa de fertilidad decreciente (salvo las excepciones tan conocidas de Kerala y algunos otros estados) está ligada a un mayor infanticidio femenino (debido a la preferencia por tener hijos varones). Es más, las mujeres esterilizadas parecen estar sujetas a más violencia doméstica por parte de los maridos inseguros. Las mujeres que ya no tendrán más hijos reciben menos alimentación en casa (Krishnaraj, et al., 1998). Estas consecuencias del control de la natalidad surgen debido a valores culturales que discriminan a las mujeres, y no por el propio control de la natalidad. No obstante, es claro que las políticas de población impuestas por los estados no están de ninguna manera inspiradas por el movimiento feminista, y que las consecuencias son terribles desde una perspectiva feminista o simplemente humana. Al contrario, se reconoce entre investigadoras en la India que «adoptar una perspectiva de género en la política de población implica ir más allá de la planificación familiar, para considerar cambios de la estructura social que permitirían a las mujeres elegir sus matrimonios y su fertilidad sin restricciones sociales y económicas» (Desai, 1998: 49). Hay que notar aquí cómo la falta de libertad respecto a la elección de marido va de la mano con la falta de libertad sobre la elección del número de hijos. Las mujeres tienen una posición débil en la India, debido a un contexto cultural que todavía vincula con frecuencia la pertenencia a una casta con el control sobre la sexualidad femenina. Nótese sin embargo que algunas regiones de la India cuentan con densidades poblacionales tanto o más altas que los países europeos más densamente poblados. ¿Cuán grande será la huella ecológica de la India, cuando su población alcance un mayor nivel de vida, como esperamos?

La fertilidad europea cayó, no debido a políticas estatales, sino en contra de ellas. Los gobiernos democráticos europeos prohibieron el activismo neomal­thusiano hasta los años veinte, y los gobiernos fascistas hasta mucho después. Entre 1865 y 1945 el estado prusiano y luego el alemán buscaron tener más soldados para pelear contra Francia, y viceversa. El estado francés que había hecho tanto para despoblar al país entre 1914 y 1918, en 1920 prohibió patrióticamente el movimiento neomalthusiano (Ronsin, 1980: 83-84). En la historia europea, «política estatal de población» significa intentos de incrementar la población, incrementando la tasa de natalidad. En Estados Unidos, significa incrementar la inmigración de poblaciones de orígenes adecuados. Las recientes intervenciones en la India, China y otros lugares, han cambiado el sentido de la expresión «política estatal de población». La ciencia de la demografía fue auspiciada en Francia por gobiernos poblacionistas, que después de 1945 promocionaron a algunos académicos antimalthusianos fervientes como Alfred Sauvy (Sauvy, 1960). Los demógrafos en general guardan silencio en cuanto a la ecología («éste no es mi campo») así que no le quedó otro remedio a un biólogo como Ehrlich, sin conocimiento social ni histórico, que abordar otra vez con fuerza, en 1968, la cuestión de la relación entre po­blación y medio ambiente con su libro The Population Bomb, ante el silencio (en el mejor de los casos) no sólo de los demógrafos sino también de los economistas (otros economistas anteriores, como Wicksell, fueron neomal­thusianos militantes). La mayoría de los gobiernos comunistas permitieron la libertad de la contracepción y el aborto, con excepciones como la de Rumania, pero a la vez destacaron la crítica de Marx contra las teorías reaccionarias de Malthus. Marx también contó con un argumento económico contra Malthus: en la producción agrícola no existían rendimientos decrecientes, más bien, como ya demostraba la experiencia británica entre 1850 y 1870, las cosechas aumentaban y simultáneamente el insumo de mano de obra rural disminuía debido a la migración hacia las ciudades. Marx no fue un economista ecológico. La Economía Ecológica critica cómo los economistas miden la productividad agrícola por razones que Marx realmente nunca incorporó en su análisis (a pesar de sus comentarios sobre la erosión del suelo y la pérdida de nutrientes).