Elementos históricos, políticos y militares para comprender las relaciones Colombo-Venezolana

Así mismo, registran que las exportaciones colombianas cayeron en un 30% a julio de dicho año, frente al mismo período de 2014. Aunque el peso colombiano sufrió una fuerte devaluación cercana al 30% finalizando el 2014, hasta mediados de 2015 no había influido favorablemente en el aumento de las exportaciones. El petróleo tuvo una dramática caída al disminuir el precio del barril de 100 dólares en agosto de 2014 a 50 dólares en el mismo período de 2015, mientras que los commodities en general, se constituyeron en los principales artífices de la caída de las ventas colombianas en el exterior. Caso similar ocurrió con Venezuela durante el primer semestre de 2015, cayendo en un 39%; es decir, casi un 9% por encima de la disminución de las exportaciones colombianas globales.

Dicho descenso tiene su explicación en dos aspectos: primero, el bajo comportamiento de las ventas de energía eléctrica y gas; y segundo, los importadores venezolanos no tuvieron facilidades para acceder a las divisas oficiales, limitando sus compras en el exterior. Al análisis realizado, se le suma el clima de desconfianza generado entre los empresarios colombianos por la deuda venezolana, que influye en una cartera morosa llena de incertidumbre para su pago y en la necesidad de buscar mercados como el Triángulo Norte de Centroamérica, Costa Rica y países del Caribe como alternativas.

Se agrega la incapacidad regional para atacar la crisis y la parcialidad hacia una de las partes por alguno de los líderes de las organizaciones de seguridad regionales, lo cual pone en duda la integración en América Latina, al mismo tiempo que muestra la debilidad de las organizaciones regionales. Al respecto, otros factores a tener en cuenta son: el repunte de los nacionalismos populistas, la atribución de los males internos a la actuación conspirativa de países vecinos, las dinámicas transnacionales y transfronterizas, el antiamericanismo y el papel de los Estados Unidos, tras las últimas iniciativas del presidente Obama relacionadas con Cuba.

En contraste, Francesco Mancuso (2017) destaca puntos contradictorios en materia de la seguridad compartida, los cuales agravaron las tensiones de Colombia y Venezuela. Uno de ellos fue la de altos funcionarios públicos militares en casos de crimen organizado transnacional, en medio de conflictos diplomáticos, por las dinámicas que planteó Socorro Ramírez. Además, Sánchez (2015) señala que cuando Chávez asume el poder, se presentan dos fenómenos curiosos a la luz de la construcción de la geopolítica regional: la integración bilateral y la regionalización en el marco de una coyuntura de globalización. En la situación puntual, se generó desde Venezuela un protagonismo pragmático y gradualmente como bien se materializó con Ecuador, Perú y Bolivia.

Un panorama general de los autores citados lo sintetizan Ramírez y Battaglino, quienes afirman que las relaciones colombo-venezolanas caracterizadas como inestables se materializaron por la diferencia entre diversos intereses vecinos en la región, pues Colombia como Venezuela nunca lograron establecer una cooperación binacional fronteriza en materia de seguridad y defensa teniendo en cuenta el problema de orden interno colombiano, lo cual evidencia una falta de confianza mutua. Al respecto, Battaglino agrega que sin cooperación la militarización de la disputa se hizo más intensa, mientras que Cardozo hace énfasis en el nuevo relacionamiento entre Juan Manuel Santos y Hugo Chávez, cuyas voluntades presidenciales favorecen la reconducción de los vínculos bilaterales.

Por otro lado, Ardila (2014) ubica aspectos vinculados con la legitimidad, el liderazgo, la voluntad política, la confianza y el poder suave a considerar para determinar la jerarquía de poder. Dichos aspectos, permiten establecer el grado de diferencias y semejanzas para comprender las transformaciones generadas entre Colombia y Venezuela.

En resumidas cuentas, las relaciones colombo venezolanas mantienen tres rasgos característicos muy propios: 1) desde una perspectiva constructivista, Venezuela percibe a Colombia como una amenaza, al mismo tiempo que Colombia tiene una similar percepción respecto a Venezuela, predominando la desconfianza mutua; 2) desde el punto de vista del realismo, el poder duro lo desarrolla Venezuela en el ámbito externo, a través de los conflictos con Guyana y Colombia, mientras que Colombia lo despliega a nivel interno, orientado a combatir las guerrillas y los grupos paramilitares; y 3) la desconfianza mutua y la fricción política, han imposibilitado la concertación de políticas de cooperación e integración en materia de seguridad y defensa. No obstante, ambos países solucionen sus controversias por la vía diplomática evitando el uso de la fuerza.

En conclusión, Colombia mantiene buenas relaciones con la mayoría de países de la región, incluyendo gobiernos ideológicamente diferentes. Parte de la postura que mantiene frente a sus vecinos, se caracteriza por el respeto mutuo de la soberanía y la libre determinación de los pueblos, así como su buena disposición a la integración regional en materia económica y política. Al mismo tiempo, a raíz del conflicto interno armado, Colombia continúa con una relación muy estrecha con Estados Unidos, en torno a una agenda de seguridad común e intereses mutuos, que se extienden a la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.

1.6. PODER, LIDERAZGO Y SEGURIDAD

El poder lo definimos como la capacidad de obtener lo que uno quiere y, si es necesario, cambiar el comportamiento de los demás para obtener los resultados que uno desea, siendo un concepto que varía y evoluciona hacia formas más complejas e interdependientes. En el mundo de hoy, las dinámicas han mutado y se han desarrollado medios militares que van más allá de sus recursos (tropas, armas, equipo terrestre, naval y aéreo) y la actuación del poder duro. O sea, más allá de la guerra y la amenaza de la guerra. Así, pues, el poder militar es una noción que ha evolucionado a lo largo de la historia, siendo redefinida con mayor relevancia después del período de posguerra, sufriendo una permanente adaptación por parte de los Estados a partir del fin de la guerra fría.

Lo que es más importante, el poder militar no solo debe ser disuasivo, sino también solidario con la comunidad nacional e internacional, en el mantenimiento de la paz y la ayuda humanitaria ante desastres naturales o antrópicos. En otras palabras, instituciones militares de la defensa nacional y la cooperación internacional con sus respectivas capacidades, al servicio de las operaciones militares distintas de la guerra y la responsabilidad social institucional por medio de diversas acciones inherentes. En síntesis, el poder militar también sirve para ofrecer protección a los aliados y brindar asistencia a los amigos, por medio de la construcción de alianzas y cooperación.

En consecuencia, si el poder militar no se utiliza coercitivamente, crea las condiciones propicias para que se desarrolle el poder blando5 cuando se trate de “armar agendas, persuadir a otros gobiernos y atraer apoyo en la política mundial” (Nye, 2010, párr. 3). Lo anterior, se complementa con otra variante del poder. Se trata del smart power o poder inteligente, entendido como “la capacidad de combinar el poder duro de la coerción o el pago con el poder blando de la atracción hacia una estrategia exitosa” (Nye, 2007, párr. 3). Esto es, desarrollar tácticas autoritarias o paternalistas, en la medida que las circunstancias así lo ameriten, para lograr materializar los intereses nacionales y alcanzar los fines del Estado.

Aunado al poder inteligente, aparece otro tipo de poder híbrido mucho más agresivo, que se asemeja al poder blando, pero su objetivo es opuesto. Este poder se denomina sharp power o poder agudo, empleado por los regímenes autoritarios para ejercer influencia en el mundo. El poder agudo consiste en provocar problemas, desorden, confrontaciones, caos e inestabilidad en el país objetivo, o incluso algo peor, conseguir que por miedo o por revancha degrade sus capacidades de generar poder blando, sin arriesgarse o arriesgando lo menos posible. Igualmente, persigue la monopolización de las ideas y la supresión de narrativas alternativas para lograr mantener el control sobre sus propios asuntos domésticos, al mismo tiempo que conforman la opinión pública y las percepciones a nivel mundial (Walker & Ludwig, 2017, pp. 8-10).

Lo anterior se implementa a través de los mismos mecanismos del poder blando, como la cultura, la educación, el deporte y, predominantemente, la tecnología, pero con una finalidad de poder duro. Esto significa que no busca simplemente atraer o ganar audiencia, sino que lleva intrínseca la intencionalidad de manipular, confundir, dividir y reprimir. Es decir, en regímenes autoritarios, el poder agudo se constituye en la forma más adecuada para calificar lo que tradicionalmente conocemos y entendemos como poder blando. Pero más que ganarse las mentes y los corazones, característica principal del poder blando, los regímenes autoritarios orientan sus esfuerzos para fijar un ‘blanco audiencia’, o público objetivo, al que le manipulan o le envenenan la información que recibe (Walker & Ludwig, 2017, pp. 12-13).

Partiendo de lo expuesto, la gran diferencia entre el poder blando y el poder agudo, radica en los atributos clave que caracterizan al poder agudo, “la censura, la manipulación y la distracción abierta, en lugar de la persuasión y la atracción” (Walker, 2018, párr. 6) congénita del poder blando. Como salta a la vista, dichos atributos son inherentes a los regímenes autoritarios y, por ende, el poder agudo es de uso exclusivo para aquellos Estados que siguen esa línea, tales como: Rusia, China, Cuba o la misma Venezuela, entre otros.

Otro aspecto clave de este enfoque es la dependencia existente entre el poder militar y los demás campos del poder, entre los que se destaca el económico, considerado antes en el tercer supuesto de la visión realista. Esto significa que no actúa solo, sino que juega un papel primordial al interactuar con los otros campos. Durante mucho tiempo, los observadores políticos debatieron en torno a si el poder militar o lo económico sería lo fundamental. Desde una perspectiva marxista, la economía se considera como la columna vertebral del poder, mientras que las instituciones políticas son reducidas a un andamiaje que completa su estructura. Esta presunción fue compartida por los liberales del siglo XIX, quienes creían firmemente en la obsolescencia de la guerra como producto de la estrecha interrelación entre el comercio y las transacciones financieras (Nye, 2011, párr. 3).

Nada más alejado de la realidad, las importantes sociedades comerciales alcanzadas entre países europeos, antes de la primera guerra mundial, no impidieron que esta se desatara dejando a los principales socios Alemania y Gran Bretaña en bandos enemigos (Nye, 2011, párr. 3). Esto no quiere decir que el poder militar siempre sea el fundamental, lo es en la medida que aparezca la guerra como en este caso, sin perder de vista que entrar o no finalmente corresponde a decisiones políticas. Tras este argumento, cobra validez el postulado clausewitziano que define la guerra como “una mera continuación de la política por otros medios” (Clausewitz, 1968, p. 19), pero resulta claro que según el momento y el contexto que se viva, una u otra puede tomar mayor preponderancia. Sin embargo, en cualquier circunstancia, el poder militar contribuye a dar orden a lo político y lo económico, toda vez que en el monopolio de la fuerza reside la seguridad de un Estado, tanto en el ámbito interno como externo, donde el orden internacional es más etéreo.

No obstante, para el caso venezolano el poder militar es un concepto mucho más complejo que para Colombia, por dos razones: la primera, a diferencia de Colombia, Venezuela se ha empeñado en construir un fuerte aparato militar capaz de proyectar una acción disuasiva creíble ante sus potenciales rivales. Por tanto, demanda poseer un respaldo presupuestal boyante para asegurar su mantenimiento y sostenimiento. Mientras que para Colombia, potenciar su poder militar se ha concentrado en adquirir y fortalecer las capacidades requeridas para atender el conflicto armado interno, acorde con sus posibilidades económicas. De cualquier modo, Colombia es considerada una amenaza para Venezuela, porque teme ser invadida por Estados Unidos con su apoyo. Sin embargo, no es coyuntural ni de una sola vía, esa prevención ha sido recíproca y ha predominado históricamente, debido al diferendo limítrofe pendiente, como se constata en las hipótesis de guerra de ambos países. Por consiguiente, la desconfianza es mutua y ha conllevado a la securitización de las relaciones, dada la extensa frontera de 2.219 kilómetros que los une, donde la mayoría de problemas existentes se enmarcan en la seguridad; la segunda, tiene que ver con la estrategia utilizada por los gobiernos de Chávez y Maduro, como una variable principal de gobernabilidad, la cual consiste en ubicar a los militares en puestos gubernamentales y ofrecerles ventajas e incentivos, para obtener lealtades y asegurar el control del estamento castrense, con el objetivo de mantenerse en el poder. Una práctica reciente, dadas las características propias del proceso revolucionario en que se encuentra inmersa Venezuela, y sin antecedentes en los gobiernos democráticos anteriores a 1999. En el lado colombiano, dicha realidad no existe, por cuanto las Fuerzas Militares no afrontan esa situación y sustentan sus actuaciones bajo la égida de la legitimidad, amparada por el acatamiento a la Constitución y la Ley.

Respecto al concepto de liderazgo, comencemos por decir que su propósito fundamental es el de alcanzar intereses compartidos o comunes (Malamud, 2011, p. 9) y que para John Ikenberry (1996) hay que partir de la premisa que tiene implícitos dos elementos esenciales de capacidad: el poder y la voluntad. El primero, como ya señalamos, se refiere a la capacidad de influir para que otros hagan lo que en otra circunstancia no harían. Es decir, implica la cooperación libre y espontánea, alejada de cualquier tipo de acción coercitiva. El segundo, es la capacidad para generar consensos y acciones colaborativas por parte de actores y Estados, en procura de alcanzar objetivos e intereses comunes. En otras palabras, la consecución de seguidores (Ikenberry, 1996, p. 396). En consecuencia, el liderazgo no se reduce al simple ejercicio del poder que se materializa en la influencia, sino que también requiere de la habilidad para persuadir y obtener su voluntad política.

De lo anterior se colige la posibilidad de una extrapolación del liderazgo al ámbito de las relaciones internacionales, para llevarlo al plano de los países, considerando los tres tipos de liderazgo que identifica Ikenberry (1996): estructural, institucional y situacional. El estructural, entendido como la capacidad de liderazgo, que posee un actor estatal, la cual está dada por sus capacidades materiales que le posibilitan desarrollar un efectivo poder blando, en aras de patrocinar su liderazgo e influir en el ordenamiento político establecido (p. 389). El liderazgo institucional hace referencia a las reglas del juego que los Estados conciertan de mutuo acuerdo para orientar sus relaciones (p. 391). Finalmente, el liderazgo situacional es la capacidad que posee un Estado, en situaciones especiales, de realizar acciones encaminadas a estructurar y redireccionar el orden político internacional (p. 395).

Otras dos categorías de liderazgo las encontramos en Underdal (1994), para complementar las anteriores definiciones, el liderazgo coercitivo y el instrumental. En el liderazgo coercitivo cualquier país que sea superior en capacidades materiales, bien puede ejercer su liderazgo bajo la coacción. De esta manera, tiene la posibilidad de controlar eventos y usarlos para premiar a sus seguidores o castigar a quienes no lo hagan, en el popular método de la zanahoria y el garrote (p. 186); y el liderazgo instrumental, que se basa en el poder de convencimiento que se imprime sobre otro actor que consiente ser dirigido, o la creencia de que este posee los atributos necesarios para ser su guía y señalar el sendero (p. 187).

En adición, a continuación buscaremos desarrollar el concepto del liderazgo considerando las cinco dimensiones de James Rosenau (1994), idiosincráticas, de función, gubernamentales, sociales y sistémicas. Variables que, en nuestro estudio, son aplicables a los presidentes venezolanos Chávez y Maduro, dado que se asocian al relacionamiento de Venezuela en el sistema internacional, en lo vecinal y extrarregional, con énfasis en sus relaciones con Cuba, Estados Unidos y Colombia.

En efecto, vinculando elementos del realismo y del constructivismo, Rosenau (1994) identifica, entre otras, las variables de idiosincrasia, las cuales poseen características comunes y compartidas entre los tomadores de decisión, de manera que resultan determinantes para aplicar las políticas exteriores en un Estado. En esta dimensión se incluyen los rasgos característicos sobresalientes, del liderazgo de decisión, en el campo de la política exterior e interna, tales como: valores, talento, experiencia y atributos de la personalidad que inciden en la toma de sus decisiones. No solo las variables que integran las políticas y los intereses nacionales en el orden externo e interno, sino también los aspectos relacionados con los valores de la sociedad, su unidad nacional y el nivel de industrialización alcanzado.

En esta misma línea argumental, resulta de particular utilidad explorar sobre el funcionamiento de los sistemas nacionales con una fuerte dependencia de los acontecimientos y tendencias externas, por cuanto surge la necesidad de identificar un nuevo tipo de sistema político al que se le denomina “penetrado”, en palabras del mismo Rosenau. “Un sistema político penetrado es aquel en el cual los no miembros de una sociedad nacional participan de manera directa y autorizada, mediante acciones que se emprenden conjuntamente con los miembros de la sociedad, sea en la asignación de sus valores o en la movilización de apoyo en favor de sus objetivos” (Rosenau, 1994, p. 213). La diferencia del sistema penetrado con un sistema político internacional radica en que los no miembros influyen de manera indirecta y no autorizada en los valores de una sociedad, y en la movilización de apoyo en favor de sus objetivos, mediante acciones autónomas y no conjuntas. En cambio, el sistema político penetrado difiere de un sistema político nacional, en que los miembros de una sociedad no dirigen acción alguna hacia la misma y, por ende, no contribuyen de ningún modo a la asignación de sus objetivos ni a la consecución de sus metas.

Con relación a la seguridad, es un concepto que tiene diferentes significados. Por su naturaleza dinámica, ha ido evolucionando con el paso del tiempo y variando de acuerdo con los enfoques teóricos, ya sean realistas, constructivistas, críticos o ampliacionistas, entre otras corrientes. La seguridad se considera como “la búsqueda de la libertad frente a las amenazas y la capacidad de los Estados y las sociedades para mantener su identidad independiente y su integridad funcional frente a las fuerzas del cambio que se perciben hostiles” (Buzan, 1991, p. 432). Además, la seguridad es una expresión esencialmente subjetiva, que se refiere a liberarse de preocupaciones y sentirse a salvo de cualquier peligro o daño que pueda ser infringido por otro. Esto es, que “se determina en gran medida por percepciones y no necesariamente por situaciones objetivas. Esta subjetividad explicaría hasta cierto punto por qué el concepto de seguridad ha sido usado en tantos campos diferentes” (Bárcena, 2000, p. 12).

Análogamente, la seguridad es la “interacción entre fuerzas materiales y entendimientos intersubjetivos” (Hurrell, 1998, pp. 20-21), mientras que para Cepik (2001), es una acepción atemporal y abstracta que se caracteriza por tener unas condiciones deseables y aplicables en cualquier contexto o circunstancia. Al mismo tiempo, este autor sostiene que la seguridad está íntimamente ligada al campo militar, toda vez que es una condición relativa de protección, en la cual se es capaz de neutralizar amenazas identificables contra la existencia de alguien o de alguna cosa. Aún más, la seguridad es un concepto que se refiere al Estado y bajo ese enfoque “tiene que ser leído a través de la lente de la seguridad nacional” (Wæver, 1995, p. 49). En dicho sentido, la seguridad se ha ligado por mucho tiempo a la defensa del territorio contra la agresión externa. Igualmente, bajo la justificación de proteger los intereses nacionales en el ámbito de la política exterior o amparando la seguridad mundial, ante amenazas de carácter nuclear.

Sin embargo, para Buzan, Wæver & de Wilde (1998), las amenazas no se limitan solo al ámbito militar, sino que también trascienden a los problemas de índole político, económico, social y ambiental. Seguridad también significa “ausencia de amenazas y emancipación es liberar a la gente (…) La emancipación, no el poder o el orden, produce la seguridad verdadera. La emancipación en teoría es seguridad” (Booth, 1991, p. 319).

La anterior definición inspiró a la ONU, a partir de 1992, para explorar el concepto de seguridad humana a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Pnud, en su informe de ese año, debido a la necesidad de enfatizar en el individuo y no en el Estado, al considerar que el ser humano es el núcleo central y primer beneficiario de la seguridad. La seguridad humana, con sus diferentes usos, es ampliada por el Pnud en su informe anual de 1994, precisando que no es una preocupación por las armas, sino una preocupación por la vida y la dignidad humana. Del mismo modo, se puntualiza en que no debe equipararse la seguridad humana con el desarrollo humano, ya que es más amplio e implica un proceso donde la gente cuenta con una diversidad de opciones. En consecuencia, la seguridad humana significa que la gente puede ejercer esas opciones de manera segura y libre con la confianza que las oportunidades de hoy no desaparezcan en el mañana y básicamente se centra en cuatro características fundamentales: es una preocupación universal, sus componentes son interdependientes, la clave está en la prevención y su núcleo es el ser humano (Pnud, 1994, pp. 25-52).

Dicho concepto se puede complementar con la reflexión de Rafael Grasa, sobre seguridad humana, entendida como una doctrina que combina, desde 1990, las agendas de paz, seguridad, desarrollo y derechos humanos, con las visiones más tradicionales de seguridad. Para ilustrarlo mejor, afirma que después de terminar la guerra fría, es indefectible que desde 1992 han disminuido los conflictos armados, pero perduran más de 120 guerras civiles y las guerras internas sustituyen las guerras convencionales. Son nuevas guerras6, con nuevos actores como el terrorismo o el crimen organizado (Grasa, 2007). No obstante, para este autor, el mayor obstáculo para que se adopte el concepto de seguridad humana lo constituye la enorme brecha que hay entre los países. En otras palabras, está intrínsecamente ligado a la crisis de desigualdad agravada a nivel mundial, al enfrentar la pobreza extrema con la riqueza extrema. Según Oxfam (2018), el 82% de la riqueza mundial generada en 2017 quedó en poder del 1% más rico de la población mundial, lo que contrasta con el 50% de la población más pobre que equivale a 3.700 millones de personas, que no obtuvo beneficio con ese crecimiento.

En esta línea argumental, también es posible reflexionar en torno a tres campos de aplicación en función de la seguridad: seguridad nacional, seguridad ampliada y seguridad humana (Battistella, Petiteville, Venession, 2012, pp. 506-510). Para este estudio es de particular importancia el campo de la seguridad nacional, definido en 1948 por el diplomático estadounidense George Kennan, como “la capacidad continuada de un país para proseguir el desarrollo de su vida interna sin interferencia seria, o amenaza de interferencia de potencias extranjeras” citado por Laborie (2011, p. 1). A esta definición podemos agregarle la de los realistas, para quienes “la seguridad nacional hace referencia a la salvaguardia del Estado frente al daño físico” (Frasson-Quenoz, 2014, p. 29). Esto nos lleva a decir que el objeto de referencia es el Estado-nación, en un espectro donde los Estados se ven comprometidos a librar una lucha permanente que se soporta en el poder militar, con la finalidad de garantizar su soberanía, la integridad de sus territorios y velar por sus intereses nacionales. Para lograrlo, en un sistema internacional competitivo y anárquico, se hace necesario anteponerse a las amenazas armadas de los demás Estados, con la mirada fija en alcanzar el equilibrio de poder.