Desde la universidad a la sociedad

Institucionalidad del sistema de educación superior

La desregulación y fragmentación actual han generado dificultades para la coordinación entre instituciones, el mundo laboral y entre las instituciones con el Estado. El mayor problema es que no es un sistema articulado, con capacidades limitadas del Estado para gestionar políticas públicas y fiscalizar el cumplimiento de la normativa. Desde la UC se presentan propuestas para actualizar la institucionalidad de la educación superior, considerando la autonomía universitaria y el carácter mixto de su provisión.

Impulso a la educación superior

Ya nadie duda de que la educación es el gran desafío si Chile quiere lograr verdaderamente una igualdad de oportunidades y un desarrollo sustentable en el tiempo. La etapa escolar es fundamental y gran parte de la energía y trabajo del ministro y del subsecretario de Educación debe dirigirse a lograr un cambio sustantivo en ella.

Sin embargo, la educación superior es crucial para lograr un mayor nivel de crecimiento, cohesión y progreso social. Por este motivo, se ha planteado la importancia de elevar al rango de subsecretaría a la actual División de Educación Superior, ya que la necesidad de renovación y de perfeccionamiento de este sistema requiere una representación del más alto nivel, más directa y con mayor fluidez en la toma de decisiones. Ella necesitaría trabajar en conjunto con el Consejo de Rectores –que por ley debe asesorar al ministerio en estos temas– y con las otras instituciones de educación superior, como las universidades privadas, los institutos profesionales y los centros de formación técnica.

La educación terciaria incluye hoy a más de un millón de jóvenes. En un 70% de los casos, el alumno es el primero de su familia que accede a esta instancia, integrada por actores con diferentes características y misiones: 60 universidades, 44 institutos profesionales y 72 centros de formación técnica.

Es importante considerar el número, variedad y tipo de instituciones, y la manera de garantizar que estas cumplan con los criterios de calidad, acreditación y orientación al bien público.

Los grandes desafíos anunciados por el Gobierno en el denominado “Año de la educación superior”, junto con aumentar recursos para la innovación y difusión del conocimiento de alto nivel, deben incluir también un renovado análisis sobre su institucionalidad. Es importante considerar el número, variedad y tipo de instituciones, y la manera de garantizar que estas cumplan con los criterios de calidad, acreditación y orientación al bien público. Se requiere, además, buscar formas efectivas para disminuir la carga económica de las familias y de los estudiantes a través de mecanismos como el financiamiento público, el aumento de becas para los jóvenes de los quintiles más vulnerables y la opción de créditos blandos y accesibles para toda la clase media. Por otro lado, la deserción estudiantil –que en algunas instituciones alcanza a cerca del 50%– y la empleabilidad de los egresados son temas clave, en los que una adecuada información para los postulantes es fundamental.

Además, es preciso resolver un tema pendiente de gran relevancia: la articulación e integración del sistema de educación superior. Para lograr una real articulación entre la formación universitaria y la técnico-profesional son muy importantes los programas de educación continua, el perfeccionamiento de los procesos de evaluación de calidad, la acreditación de las instituciones, cursos y programas y, por último, la creación, en ambos tipos de instancias, de nuevas carreras que sean complementarias y puentes entre los sistemas.

Todos estos desafíos son urgentes y pueden ser asumidos con mayor fluidez y agilidad por una Subsecretaría de Educación Superior que cuente con los recursos humanos y financieros para esta tarea. Los estudiantes, las familias y el país se beneficiarán y lo van a agradecer.

Publicado en el diario La Tercera el 16 de abril de 2011.

Una mirada al debate en educación superior

La reforma de la educación superior debe ser considerada como una política de Estado, una misión de largo plazo que requiere la obtención de consensos que perduren más allá de un gobierno determinado. El sistema de educación superior es fundamental para el desarrollo social, cultural y económico del país. Las instituciones con vocación pública –del Estado y no estatales– deben ser protegidas para que puedan potenciar su labor y compromiso con el crecimiento de Chile.

Aun cuando se han registrado avances en educación superior en los últimos años, es destacable que el Ministerio de Educación esté planteando medidas para perfeccionar el sistema y lo instale como tema prioritario de su agenda. La participación estudiantil es de vital importancia en este debate.

No hemos estado a la altura. No lo han estado las autoridades universitarias cuando confunden sus roles y toman decisiones populistas. No lo han estado los estudiantes cuando realizan actos de violencia que implican asaltos y tomas inaceptables en sus propias casas de estudio. No lo hemos estado los rectores de universidades tradicionales cuando demonizamos el aporte de las universidades privadas, ni estas cuando continúan criticando la labor y funcionamiento del Consejo de Rectores.

Sin embargo, no hemos estado a la altura. No lo han estado las autoridades universitarias cuando confunden sus roles y toman decisiones populistas. No lo han estado los estudiantes cuando realizan actos de violencia que implican asaltos y tomas inaceptables en sus propias casas de estudio. No lo hemos estado los rectores de universidades tradicionales cuando demonizamos el aporte de las universidades privadas, ni estas cuando, junto con aceptar la invitación a participar de un único sistema de admisión universitaria –lo que es un avance en la transparencia–, continúan criticando la labor y funcionamiento del Consejo de Rectores.

Es que no hemos entendido que el diálogo y la comprensión de nuestras diferencias son la clave para avanzar y construir un país en común.

En relación con las medidas planteadas por el ministerio, me gustaría profundizar algunos puntos que requieren un esfuerzo especial de financiamiento en el largo plazo, sin el cual va a ser difícil dar el salto que esperamos.

1. Mejoramiento de la institucionalidad a través de la creación de una subsecretaría de educación superior, que da la fuerza y presencia política que este tema se merece. Es importante que a ella se incorpore Conicyt y se desarrollen los mecanismos para dar mayor transparencia, asumiendo el debate de la misión, propiedad y fines de lucro de algunas entidades privadas.

2. La nueva ley para las universidades estatales debe flexibilizar el sistema a través de la disminución de la burocracia, el acceso a créditos de largo plazo y un gobierno universitario más moderno.

3. En el financiamiento estudiantil -un foco central de esta reforma– es muy importante disminuir el gran peso que hoy recae en las familias. Es necesario aumentar el número y monto de las becas, redefinir el arancel de referencia y reprogramar los créditos morosos. En este sentido, hay que realizar un esfuerzo para acercar las tasas de interés al nivel del Fondo Solidario. Solo así se permitirá una mayor equidad, que debe estar íntimamente vinculada a la calidad de las instituciones y a las acreditaciones que, al menos, deberían cubrir el tiempo de la carrera.

También hay que recalcar que es necesario flexibilizar las vías de pago, pero, una vez que ello se haga, los compromisos hay que cumplirlos. Los egresados deben payar los créditos porque estos recursos son los que permitirán mantener el sistema de becas.

4. En relación con el financiamiento de las instituciones tradicionales es clave aumentar el aporte a aquellas que tienen un rol público a través de un alza del AFD, que incluya un incremento en el porcentaje variable e indicadores consensuados.

Además, es necesario un AFI que incorpore elementos de equidad (como el ranking), pero que se mantenga en las instituciones, no como un voucher negociable, sino como un reconocimiento a la calidad del proyecto educativo seleccionado por el estudiante.

Por otra parte, el fondo de revitalización que ha planteado el ministerio para las universidades del Consejo de Rectores (CRUCh) es muy importante para modernizar su infraestructura y actualizar la docencia.

5. Es fundamental también el fortalecimiento de la enseñanza técnico-profesional, a través de becas y articulación dentro del sistema de educación superior.

6. En ciencia y tecnología se requiere un decidido apoyo a la formación de doctores y capital humano avanzado con becas en Chile y en el extranjero, junto a un fondo de equipamiento en investigación que sea concursable y diverso. Además, es urgente la formación de centros de innovación de clase mundial y apoyo al desarrollo científico-tecnológico.

7. Es importante potenciar los convenios de desempeño orientados a la formación de profesores, innovación curricular, internacionalización y fortalecimiento técnico-profesional. Estos proyectos deben permitir el apoyo a los estudiantes y disminuir las altas tasas de deserción del sistema.

8. Realmente necesario en la actualidad es el aseguramiento de la calidad a través de una mayor y mejor información y de un sistema de acreditación renovado que valore la diversidad de los proyectos educativos. Es fundamental enriquecer el sistema de admisión –PSU y pruebas complementarias– a través de una evaluación internacional. La incorporación de ocho universidades privadas a este proceso es un paso que va a permitir un avance en la transparencia del sistema.

Todos debemos apoyar reformas que permitan un mayor acceso y retención de los estudiantes, una valoración del trabajo universitario bien hecho y la estabilidad de las instituciones comprometidas con el desarrollo del país. Esta es una política de Estado que debemos enriquecer con nuestro esfuerzo, compromiso, generosidad y participación responsable. El país del futuro lo demanda.

Publicado en el diario El Mercurio el 12 de junio de 2011.

Fiscalizar la educación superior

La iniciativa legal de crear una Superintendencia de Educación Superior es de la mayor importancia. Se encuentra actualmente en el Congreso para ser perfeccionada con el aporte de todos los actores. Es una institución autónoma, descentralizada, con personalidad jurídica y patrimonio propio, y se relaciona con el Presidente de la República a través del Ministerio de Educación, afecta al sistema de Alta Dirección Pública. Sus funciones se referirán a: 1) fiscalización en el ámbito económico y financiero; 2) recopilación, organización y publicación de información confiable; 3) recepción de reclamos y sugerencias de la población; y 4) fiscalización de aspectos relacionados con la calidad.

La institución apunta a fiscalizar los temas financieros y de gestión de los planteles, materia de gran relevancia en el cumplimiento de la normativa que prohíbe el lucro en las universidades. Desde esta perspectiva no basta con que la superintendencia cuente con los instrumentos necesarios para hacer cumplir la ley. Una revisión en detalle del actual proyecto muestra que para que este rol sea efectivo se necesita modificar lo relativo a la autorización para realizar contratos con empresas relacionadas. Las condiciones que se exigen no son una garantía completa de la prohibición de esta forma de lucro en las universidades. Además, la superintendencia requiere de atribuciones para vigilar la utilización de recursos públicos y los traspasos de propiedad entre instituciones, materia que actualmente no recibe la necesaria fiscalización.

La Superintendencia de Educación Superior apunta a fiscalizar los temas financieros y de gestión de los planteles, materia de gran relevancia en el cumplimiento de la normativa que prohíbe el lucro en las universidades.

La segunda función incluye poner a disposición de los interesados la información relativa a las instituciones de educación superior, integrando las distintas fuentes de datos con que hoy se cuenta, verificando la entrega de antecedentes que se obtienen por reportes propios cuyas bases y supuestos varían entre instituciones. Además de recopilar y hacer efectivamente comparable la información existente, deberá incluir nuevos datos actualmente no disponibles en que la información es agregada, y no por institución, lo que es insuficiente. Asimismo, sería conveniente que la información que se recopile de las acciones de fiscalización sea puesta a disposición del público.

A la superintendencia también le incumbirá recibir, procesar y, si corresponde, sancionar los reclamos realizados contra instituciones de educación superior. Esta función está hoy a cargo del Sernac, pero incorporarla a la superintendencia permite una mirada más global sobre las falencias de cada institución.

Finalmente, se pretende que este organismo colabore con la CNA como parte del sistema de aseguramiento de la calidad, a través de fiscalizar a las agencias acreditadoras, registrar la creación de nuevas sedes y carreras, así como velar por que estas cumplan con exigencias mínimas. Esto implica mayor transparencia y debe contribuir a homogeneizar la calidad del sistema.

Los efectivos alcances de la ley en cada uno de estos aspectos es lo que se verá en la etapa que se inicia. Parlamentarios, expertos y actores sociales podrán demostrar su colaboración a través de las sugerencias que realicen próximamente en el Congreso. Solo el trabajo conjunto permitirá avanzar en la calidad y equidad de la educación, factor decisivo para un desarrollo integral de nuestro país.

Publicado en el diario La Tercera el 22 de enero de 2012.

Modelos de gobierno universitario

Una universidad se construye con algunos pilares fundamentales: una misión e identidad definida, una alta concentración de talento académico (profesores y estudiantes), un compromiso y aporte a la sociedad claramente perfilados, adecuados recursos para asegurar tanto un aprendizaje de excelencia como desarrollar investigación avanzada, y un gobierno universitario que fomente una visión estratégica, la innovación y la flexibilidad para tomar decisiones. Así, la forma de gobierno de una universidad se transforma en un atributo de gran importancia para alcanzar la excelencia de una institución.

En este contexto de desafíos educacionales, las formas que este gobierno universitario adopte han sido materia de estudio a nivel mundial. Ello ha conducido a que diferentes países hayan renovado sus estructuras tradicionales. Ejemplo de esto es Finlandia, en donde, junto con una mayor responsabilidad de los rectores, se ha entregado mayor poder a juntas directivas, con importante presencia de miembros externos.

Esos estudios han establecido diferentes modelos de gobierno universitario, correspondientes a la misión e identidad de la institución. Se organizan en instituciones estatales, de Iglesia, corporaciones, fundaciones, todas ellas instituciones jerárquicas en que el conocimiento es el elemento ordenador. Así, están entre otros el modelo colegiado, el político, el burocrático, y el de mercado.

Considerar como una forma de “democratizar” la universidad el someter a votación de los diferentes estamentos aspectos clave de su desarrollo (como la contratación y ascenso de profesores, el desarrollo de provectos académicos, infraestructura, inversiones) no ha probado ser en la experiencia internacional, a lo largo de la historia, el camino apropiado para lograr una mayor calidad de las instituciones.

En el modelo colegiado, las instituciones se consideran colectividades de expertos y, por ende, es la comunidad académica la que se autogobierna con una toma de decisiones participativa. Aquí los líderes universitarios son facilitadores, recogen el juicio experto de sus pares, persuaden y acuerdan.

El modelo político, por su parte, establece que las instituciones están formadas por grupos con diferentes intereses y valores que compiten para controlar procesos y resultados. En él, los líderes universitarios son mediadores entre bloques de poder, y las decisiones son producto de la negociación y la construcción de coaliciones.

Las instituciones que optan por el modelo burocrático cuentan con jerarquías y líneas de autoridad establecidas y metas definidas. En ellas, los líderes funcionan como facilitadores de un proceso continuo. Por último, el modelo de mercado se basa en la autonomía y emprendimiento de las universidades en materia de procedimientos y procesos, los que responden al deseo de sus dueños.

Dentro de estas formas de conducción universitaria es muy importante destacar que la participación estudiantil, así como la de la totalidad de la comunidad universitaria, requiere ser fomentada en las diversas instancias de la toma de decisiones. La participación estudiantil tiene que estar resguardada y asegurada, pues contribuye a la adecuada formación de los estudiantes e incorpora su opinión en el fortalecimiento de las instituciones.

Los estudiantes, al estar de paso en la universidad, tienen márgenes mayores de libertad para participar y proponer cambios; sin embargo, su mirada puede carecer de la capacidad de valorar factores del largo plazo que requiere una institución. Así, esa participación debiera privilegiar los ámbitos de sus competencias, lo que no impide la expresión de una visión más global respecto del rol institucional. Del mismo modo, la participación del personal administrativo, funcionarios y profesionales es de gran relevancia, y ella se puede expresar mediante instancias específicas, acorde con la naturaleza de cada gobierno universitario, como a través de los sindicatos organizados u otras instancias que representan los intereses y preocupaciones del personal.

Esta participación no debe confundirse con apuntar hacia un cogobierno o a la triestamentalidad en el manejo y conducción de las universidades. Considerar como una forma de “democratizar” la universidad el someter a votación de los diferentes estamentos aspectos clave de su desarrollo (como la contratación y ascenso de profesores, el desarrollo de proyectos académicos, infraestructura, inversiones) no ha probado ser en la experiencia internacional, a lo largo de la historia, el camino apropiado para lograr una mayor calidad de las instituciones. La incorporación de estudiantes y funcionarios a la toma de decisiones en áreas estratégicas conlleva el riesgo de priorizar sus respectivos intereses corporativos, eventualmente conducir a la captura de estos espacios y, por ende, dificultar el desarrollo.

Los diferentes modelos de gobierno universitario deben respetar la misión, identidad y valores fundamentales de cada institución. La participación activa de la comunidad, en las formas y con los márgenes apropiados, colabora de manera muy significativa a poder realizar con éxito y responsabilidad la conducción de cada institución y lograr así su máxima contribución al desarrollo del país. Aumentar la calidad de este aporte debe ser nuestra tarea primordial.

Publicado en el diario El Mercurio el 11 de marzo de 2012.

Gobierno universitario

Mi columna “Modelos de gobierno universitario”, publicada en la edición del pasado 13 de marzo, ha generado un interesante debate. Quisiera referirme a la carta del 22 de marzo, en la que Rocío Ferrada, investigadora de la UDP, se refiere a “un modelo de gobierno universitario colegiado, recientemente anunciado por el rector de la UC y respaldado por sus dirigentes estudiantiles”. Es interesante constatar las diferentes lecturas y conclusiones que se extraen de la columna descrita.

Lo que he expresado es que, “en el modelo colegiado, es la comunidad académica la que se autogobierna con una toma de decisiones participativa. Por esto, la participación estudiantil tiene que estar resguardada y asegurada, pues contribuye a la adecuada formación de los estudiantes”. Considero muy importante que los estudiantes, junto con organizarse en centros de alumnos y federaciones, participen activa y responsablemente en los comités curriculares, actividades pastorales, culturales y deportivas, consejos de escuelas y facultades, así como también en las instancias superiores de la universidad.

Sin embargo, he expresado claramente que esta participación estudiantil “no debe confundirse con apuntar hacia un cogobierno en el manejo y conducción de las universidades. Considerar como una forma de ‘democratizar’ la universidad el someter a votación de los diferentes estamentos aspectos clave de su desarrollo (como la contratación y ascenso de profesores, el desarrollo de proyectos académicos, infraestructura, inversiones) no ha probado ser en la experiencia internacional, a lo largo de la historia, el camino apropiado para lograr una mayor calidad de las instituciones”.

He expresado claramente que la participación estudiantil “no debe confundirse con apuntar hacia un cogobierno en el manejo y conducción de las universidades”.

Es necesario enfatizar también que cada institución requiere respetar la misión, identidad y valores fundamentales que la guían. La Pontificia Universidad Católica de Chile ha sido fundada por la Iglesia, es parte integral de ella, y, con autonomía académica y de gestión, está en permanente comunión con la Santa Sede. Nuestra misión es ser un puente en el diálogo fe y cultura, aportando en la formación de personas y en la creación de nuevo conocimiento, trabajando por el desarrollo del país. Estamos convencidos de que el aporte que hace la UC a partir de su propia identidad no hace más que enriquecer a nuestro país.

Carta publicada en el diario El Mercurio el 25 de marzo de 2012.

Nuevo organismo para la admisión universitaria

El ministro de Educación ha planteado, recientemente, una propuesta de nueva forma de gobierno para la admisión universitaria. El tema ya se ha discutido este año en el Consejo de Rectores (CRUCh), ya que en marzo la UC presentó una propuesta para definir un órgano de gobierno para la admisión, similar al que existe en otros países.

El sistema integrado que aplica anualmente el CRUCh reviste la mayor importancia para el país, ya que establece los instrumentos y mecanismos comunes que aseguran un proceso de evaluación objetivo, transparente, dependiente del mérito y validado técnicamente. El Demre es la entidad que ha administrado la prueba, demostrando confiabilidad y objetividad en su labor. La necesidad de enfrentar los nuevos desafíos surgidos de la inclusión de nuevos instrumentos (ranking de notas), del uso de los puntajes PSU por dos años seguidos, y de la incorporación de nuevas universidades hace vital avanzar en la profesionalización del sistema.