El derecho colombiano y la apertura en los debates sociales contemporáneos

La democracia y el ciudadano.

Reflexión a partir de

la dinámica electoral

colombiana

ROMÁN FRANCISCO TÉLLEZ NAVARRO

MÓNICA L. FERNÁNDEZ M.

Introducción

A partir de la revisión de ciertos apartes históricos, el presente escrito busca observar algunas de las causas por las cuales Colombia no ha logrado todavía un verdadero proceso de democracia participativa. Con fundamento en la investigación teórica y documental, el texto aborda, desde una perspectiva reflexiva, los procesos de elección presidencial realizados entre el rango de 1991 hasta el 2018 como forma de génesis de un modo de participación en comicios presidenciales. La reflexión concluye la necesidad de dotar de herramientas para que a través de procesos educativos se comprenda el papel preponderante del individuo en la democracia participativa.

Uno de los procesos más significativos, que afectaron el devenir social de Colombia, fue la publicación de la Constitución de 1991. Se pasó de una constitución de tinte liberal con supremacía de la ley a un Estado social de derecho bajo la fórmula del constitucionalismo, como teoría jurídica de los límites de poder.

En dicha carta política, se estableció como núcleo fundamental el principio humanitas, bajo el cual se crearon mecanismos para su real y efectiva protección. Es así como a partir de esta, se instituyó un compendio de mandatos fundamentales, dirigidos a salvaguardar la dignidad humana, sin cuyo goce y amparo sería imposible tener una vida medianamente tranquila y digna.

Con el cambio de una democracia netamente representativa a una democracia participativa, que operó a partir de la Constitución Política de 1991, se responsabilizó al ciudadano frente a los temas de mayor relevancia en el país, en la medida en que la democracia participativa otorga a la intervención un alcance que trasciende a los procesos estricta y meramente electorales, pues también se establecieron los mecanismos de participación ciudadana, dándoles alcances mayores como a la consulta previa, que de acuerdo con Sánchez (2008), se le otorgó el rango de axioma fundamental. Empero, son evidentes, en estos temas, los altos índices de abstención, así como la desinformación y las decisiones emocionales e individuales, que no permitieron que la intención de la democracia en Colombia se diera con la finalidad que se creó; por lo tanto, es necesario reforzarla, mediante procesos de apertura social y política, que se inclinará por la formación de un ciudadano que supiera y pudiera participar, es decir, un ciudadano educado.

La participación ha sido instituida bajo un criterio orientador del Estado político a la actualidad (Fonseca, 2012), y eso implica que, con el argumento del Tribunal Constitucional, las autoridades están obligadas a facilitar y promover la participación de la sociedad civil en las cuestiones de decidir iniciativas competentes al mejoramiento y salvaguarda de la ciudadanía (Sentencia C-180 de 1994). Para la jurisprudencia constitucional:

Mirada desde el punto de vista de la dogmática constitucional, la participación ciudadana es un principio fundamental que ilumina todo el actuar social y colectivo en el Estado Social de Derecho, y que, en relación con el régimen constitucional anterior, persigue un incremento histórico cuantitativo y cualitativo de las oportunidades de los ciudadanos de tomar parte en los asuntos que comprometen los intereses generales. Por ello mismo, mirada desde el punto de vista del ciudadano, la participación democrática es un derecho-deber, toda vez que le concede la facultad y a la vez la responsabilidad de hacerse presente en la dinámica social que involucra intereses colectivos. Esa facultad no se circunscribe a los procesos propiamente políticos, y su ejercicio debe estar adecuadamente garantizado, pues así lo exigen las mismas normas superiores. (Corte Constitucional, Sentencia C-1338 de 2000)

De esta forma, de acuerdo con Fonseca (2012), la democracia participativa busca transformar el sistema político tradicional, que restringe la democracia solo al voto para elegir y ser elegido, en la medida en que el poder público está basado en el principio de la democracia representativa y obtiene su legitimidad del sufragio ciudadano (Rendón, 2004).

De esta manera, el objetivo es transformar la democracia en un verdadero control de poder político, que implique la presencia de un ciudadano más activo y consciente del rol en la dirección de su ciudadanía, individual y colectiva, respecto de sus políticas sociales e individuales. No obstante, en todas las reglas y mecanismos de participación política existentes en el ámbito político, social y comunitario, se observa que la falta de intervención se sigue presentando, lo que trae consigo la deslegitimación de los procesos participativos. En efecto, en lo que concierne al escenario estrictamente electoral, la democracia participativa apunta a tener un ciudadano comprometido que participe en las elecciones; sin embargo, la realidad es que en Colombia se cuenta con altos índices de abstención electoral. Es por esta razón que el presente texto constituye el resultado de una investigación conjunta desarrollada por investigadores de la Universidad Militar y de la Corporación Universitaria Republicana, en la cual se intentó dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿desde la dinámica electoral puede decirse que ha existido o existe una verdadera democracia participativa en Colombia?

Desde la perspectiva metodológica, la respuesta a la aporía investigativa planteada, el trabajo investigativo desarrollado, se circunscribió al paradigma hermenéutico-interpretativo y a partir de esta perspectiva, se usó el enfoque cualitativo. Posteriormente, se siguió el método científico con lo analizado, la sintetización, procesos inductivos y deductivos, y se usaron sinérgicamente otros métodos determinados al observar y conceptuar. También se aplicó el estudio de caso fundamentado en el análisis, descripción, explicación, predicción y proyección de contextos singulares. En detalle, la estrategia metodológica utilizada consistió en el análisis documental, esto es, la revisión de un importante número de fuentes bibliográficas que a nivel doctrinal y jurisprudencial permitieron afrontar la problemática planteada.

Breves apartes icónicos

de la democracia en Colombia

En 1853, gracias a la posibilidad entregada por la norma superior de la Nueva Granada, promulgada en Provincia de Vélez, se emitió la Constitución que llevaría su mismo nombre. En este acuerdo, se dijo que las mujeres podían sufragar; sin embargo, algunos investigadores, como Peña Aguilera (2013), señalaron que no existía evidencia alguna de que ellas lo hayan hecho. ¿Cuáles fueron las razones?, posiblemente, y bajo la hegemonía patriarcal de la época, que ningún marido concedió el respetivo permiso para que las mujeres de su familia ejercieran un derecho que estaba reservado solo para los varones.

Colombia, luego de ser uno de los países pioneros en reconocer este derecho político en Latinoamérica, pasó a ser uno de los últimos en conferir la posibilidad de decisión a las mujeres. Cien años después del antecedente de la Constitución de Vélez, en 1957, se cristalizó este derecho, iniciado con el proceso de cedulación de las futuras sufragantes. Lo paradójico radica en que el derecho se otorgó mientras Colombia era gobernada por una dictadura militar, con el referendo de 1954.

El 9 de abril de 1948, fue asesinado uno de los candidatos presidenciales con mayores opciones de ganar las elecciones de la época. Jorge Eliécer Gaitán representaba el sentir de las mayorías y por esto se autoproclamó el candidato del pueblo. Hoy todavía es un misterio quién ordenó su muerte, pero lo incomprensible es que mientras asesinaban a Gaitán, se celebraba en Bogotá la IX Conferencia Panamericana, en la cual se dio origen a la Organización de Estados Americanos, en cuya carta fundacional se estableció que uno de los principios fundantes era la estructuración de una robusta democracia con representación fundada en la égida de la no intervención. Posterior a este episodio, se inició una guerra civil en Colombia, periodo conocido como La Violencia.

En el imaginario colectivo colombiano, se dice que entre 1953 y 1957, en Colombia se vivió una dictadura militar, encabezada por el general Rojas Pinilla. Sin embargo, tal como lo señaló Iriarte (1998), en Colombia han existido tres dictaduras:

en 1854, que, como dictadura, fue un estupendo tema para un sainete o una opereta bufa que nunca se compusieron. La segunda, según la historia oficial, fue la del general Rafael Reyes, uno de los gobernantes más conciliadores y progresistas que ha tenido este país, que abandonó el gobierno en cuanto comprobó que sus compatriotas ya no lo querían en la presidencia. Y la tercera es la dictablanda del general Rojas Pinilla. (Iriarte, 1998, p. 184)

Luego de la caída del periodo presidencial del general Rojas Pinilla y de los efectos de la rivalidad generada entre el bipartidismo del momento, en 1957, decidieron adoptar la enmienda constitucional conocida como el Frente Nacional, que prescribió la sucesión alternada de ambos partidos en la presidencia (Velásquez, 2018). Este fenómeno político, que pretendió desvanecer la violencia generada por esas dos colectividades, permitió que los liberales y los conservadores se repartieran el poder hasta 1974. Dicho proceso fue refrendado por un plebiscito, en el que el pueblo eligió afirmativamente la aplicación de esta repartición. El poder fue ejercido por los dirigentes conservadores y liberales alternadamente, quienes pactaron la forma de gobernar, sin contar con la aprobación popular. Finalmente, durante este periodo, como lo señalaría Álvaro Salom Becerra, “al pueblo nunca le tocó”.

En Colombia, se dice que las dictaduras no han existido, sin embargo, como lo sostiene el escritor Alfredo Iriarte, en el periodo comprendido entre 1914 y 1926, es necesario revisar el influjo del catolicísimo en los procesos electorales. Este autor señala que para dicho periodo, quien avalaba las candidaturas era el cardenal primado de Colombia, para lo cual, los precandidatos, normalmente todos del partido conservador, pedían cita en el centro de Bogotá para poder reunirse con el cardenal y este avalaba quién debería ser el próximo presidente. Así lo entendieron muchos candidatos, en especial, los jefes conservadores, que sabían, sin la mínima duda, que solo llegaría a la presidencia quien fuera señalado como tal por el dedo jupiterino del enviado de Dios, sumo y revelador de herejes (Iriarte, 1998). Luego, el cardenal enviaba el mensaje a las diferentes parroquias, y los curas desde los pulpitos, señalaban por quién debía votar, esto bajo la premisa de que quien votara por un liberal era un pecador.

Esta manifestación resultó no solo ser la demostración de la influencia que el partido conservador colombiano tuvo en toda América Latina en el siglo XIX (Velásquez, 2018), sino, además, la expresión del dominio que la iglesia católica ejerció, en Colombia y en toda la región, resultado de la cultura política heredada desde la época de la colonización. Una Iglesia centralizada, jerárquica y conservadora que al predicar la resignación cristiana, lograba que con conformismo se aceptaran de manera pasiva las estructuras de mando verticales (Emmerich, 2000). Y aunque si bien, hoy en día, la Iglesia ostenta un panorama del ser social, caracterizado por la intervención y participación social, las influencias sobre el electorado continúan siendo no solo de orden religioso, sino que se han ampliado las formas y los medios para intervenir en las decisiones de la ciudadanía, sobre todo cuando de elecciones se trata.

La democracia en la Constitución

Política de 1991

Desde hacía varias décadas, Colombia había estado permeada por la desazón y la falta de futuro, la violencia generalizada, la corrupción de los funcionarios públicos, la mezcla mortal de los grupos armados e ilegales con el narcotráfico, que junto a una constitución decimonónica hundieron al país en un sin salida. Para ese entonces, la democracia era una democracia clásica y representativa, en la que el ciudadano elegía, pero no era elegido, porque la elección, como lo señalaba William Ospina, era una cuestión de castas y linajes políticos, donde algunos grandes mercaderes, auspiciados y financiados por los narcotraficantes se hacían elegir.