La cuestión del sujeto político decolonial en el Ecuador de la Revolución Ciudadana
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Siguiendo los planteamientos de Boaventura de Sousa Santos, el proceso de la Asamblea Constituyente de Ecuador significó la creación de una nueva arquitectura institucional en que se refundaba el Estado-nación, con algunos planteamientos decoloniales, apuntando a un nuevo modelo político, social, económico y civilizatorio. Este proceso, sin embargo, no ha estado exento de crítica: a pesar de la transformación en curso, también se mantenían importantes continuidades con el régimen anterior y, sobre todo, se expresaban numerosas contradicciones entre los artículos más innovadores incluidos en la nueva Constitución Política (por ejemplo, en los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas, el Estado plurinacional, los derechos de la naturaleza y sumak kawsay) y la política gubernamental. Pero el proceso no se detuvo y se dio origen al Estado plurinacional, que intentaba conciliar diferentes territorialidades y ordenamientos territoriales que corresponden a diferentes dimensiones espaciotemporales, con los cuales es posible recuperar las concepciones de modernidad barroca de Bolívar Echeverría (2011), el abigarramiento de Zavaleta (1982) y el espacio-tiempo como base del conocimiento de Wallerstein (1997).
Al mismo tiempo, el nuevo mapa institucional del Estado plurinacional ecuatoriano trató de construir un horizonte decolonial a través del reconocimiento de los pueblos y nacionalidades, promoviendo la emancipación de las naciones y pueblos indígenas originarios, y favoreciendo procesos de interculturalidad, pero también tratando de concebir el pluralismo institucional, administrativo y normativo. En síntesis, la nueva arquitectura institucional sería la base para “una revolución cultural con la constitución de nuevos sujetos, de nuevos campos de relaciones intersubjetivas, nuevas subjetividades, una interculturalidad constitutiva e instituyente, enriquecedora y acumulativa de las propias diferencias y diversidad inherentes” (Prada, 2010, p. 90). Se analizará el colonialismo interno y el racismo dentro de los gobiernos de Alianza PAIS, como variable para entender con mayor profundidad algunos obstáculos a la implementación de un esquema decolonial.
La insistencia y el énfasis puesto por Raúl Prada en la importancia de una revolución cultural, en grado de construir y consolidar un nuevo modelo societario, se funda principalmente en la relevancia destinada al sujeto político que, en nuestro caso de estudio y teniendo en cuenta el contexto del cual se habla, tendría que ser indudablemente un sujeto político decolonial32. Al mismo tiempo, el carácter comunitario del proceso constituyente llevaría a la reconstitución y reterritorialización a través del fortalecimiento de mecanismos de democracia participativa. Esto se traduciría en la participación social en la matriz de la nueva forma política, en el gobierno del pueblo que pone fin a la dominación del Estado-nación moderno, planteando una forma de autogobierno.
En el caso de los procesos constituyentes de Ecuador y Bolivia se produce un nuevo horizonte descolonizador, que reconoce “la cosmovisión indígena y recrea otro sentido de convivencia plurinacional, para convertirse en el rumbo que orienta nuestra convivencia social, política, económica y cultural” (Prada, 2011a, p. 231). En la creación del Estado plurinacional se intentan deconstruir los procesos coloniales, a través de prácticas gubernamentales y territoriales bajo el concepto de interculturalidad, y promoviendo principios comunitarios y autonómicos. No se trata de una mera sustitución, sino de un horizonte de complementariedad en que las matrices organizativas moderno-racionalistas se alternan con las comunitarias y autonómicas. La interculturalidad se expresa en la valoración del aporte potencial del saber y las técnicas generadas en ámbitos no indígenas (tradición occidental científica), pero también en el reconocimiento de otros saberes que igualmente tienen relevancia para el cuidado de la Madre Tierra y la gestión ambiental.
El buen vivir (o vivir bien) se articula como alternativa al modelo de desarrollo imperante de la modernidad capitalista. Al mismo tiempo, el nuevo proceso se enfrenta a las contradicciones y a las herencias de estos horizontes hegemónicos que permean y persisten en la actualidad. Se trata de una alternativa a la modernidad y al capitalismo. El proceso de Bolivia, en particular, trata de construir una economía plural, compuesta por las formas de organización comunitaria, estatal, privada y social cooperativa, complementando el interés individual con el bienestar colectivo hacia la construcción de una economía social y comunitaria (Prada, 2011a, p. 242).
Sin embargo, tanto en el caso boliviano como en el ecuatoriano, los momentos constituyentes –y sobre todo su traducción en políticas públicas y económicas concretas– registran numerosas contradicciones, confusiones y muchas tensiones, destinadas a generar nuevas formas de conflictividad ya desde sus primeros momentos. Un ejemplo es la protesta de Dayuma en el caso ecuatoriano, que será analizada más adelante.
Es necesario aquí diferenciar entre el poder constituyente y la Asamblea Constituyente.
El poder constituyente es el poder fundante del contrato social que establece una República. No nace del poder constituido: aquí está el nudo gordiano. Nace de la autoconstitución del poder soberano de las clases y fuerzas subordinadas que buscan alterar el orden constituido para liberarse. [En cambio], la Asamblea Nacional Constituyente es la institucionalización del poder constituyente, es su representación en delegados-mandatarios. Si no hay un poder soberano en acto, no hay Asamblea Constituyente: si no hay presentación, no hay representación. (Saltos, 27 de diciembre de 2006)
Al mismo tiempo, el proceso constituyente representaba un mandato, que era el resultado de las luchas sociales, de los movimientos antisistémicos y de la guerra descolonizadora de las naciones y de los pueblos indígenas. En efecto, aquí se sostiene que el momento constituyente representa la culminación de un proceso de lucha social y política del Ecuador contemporáneo (por lo menos desde la década de los 90). Sin embargo, es también el resultado de una nueva correlación de fuerza dentro de la Asamblea Constituyente y del momento de crisis y declive del movimiento indígena señalado anteriormente, y el auge de la plataforma político-electoral de Alianza PAIS.
Sin embargo, sobre este mandato se corría el riesgo de una implementación parcial o insuficiente de las transformaciones previstas por el texto constituyente, que llevaría a flagrantes contradicciones que evidenciarían su vocación no solo reformista sino restauradora (Prada, 2011b, p. 178). Desde los conflictos territoriales y ambientales, que emergieron a la hora de la implementación de los Planes Nacionales de Desarrollo para el Buen Vivir, y en particular sobre la noción de desarrollo, se encontrarían en el Ecuador contemporáneo las expresiones contemporáneas de colonialismo y de profundización de dependencia, las nuevas formas de dominación y la continuidad de las estructuras de poder. En el capítulo 2, “Sistema de acumulación capitalista en los gobiernos de la Revolución Ciudadana (2007-2017)”, se insistirá sobre el concepto de dependencia estructural y sobre el cambio de patrón de acumulación, como el momento en que la República Popular China sustituyó a Estados Unidos en las relaciones económicas, comerciales y financieras.
Según Pavel C. López, académico y activista social boliviano, en todo caso, luego de que fuera aprobada la actual Constitución boliviana (2009), que establece el nuevo carácter plurinacional del Estado, la implementación de este en la materialidad institucional, jurídica, territorial del Estado irá adquiriendo un sentido más bien declarativo en casi toda la normatividad posterior (leyes de desarrollo constitucional) y en las políticas gubernamentales. En la propia orientación y en los contenidos de estas en la realidad, en buena medida está predominando el hacer efectivos los proyectos desarrollistas y las medidas políticas del gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), antes que materializar la plurinacionalidad como principal mandato constitucional para la transformación del Estado (López, 2016). Una reflexión muy similar se podría construir sobre el caso de la Revolución Ciudadana del Ecuador, tanto en las políticas implementadas como en los Planes Nacionales de Desarrollo gubernamentales.
En efecto, aunque estos principios se incluyen en la parte dogmática y formal de la Constitución, se niega el carácter plurinacional del Estado en la parte orgánica, así como en la definición de las políticas gubernamentales: por ejemplo, se niega el carácter vinculante de la consulta sobre territorios para la minería. Adicionalmente, es curioso destacar cómo los Planes Nacionales de Desarrollo gubernamentales se traducen en el Plan Nacional del Buen Vivir, cuando esta noción correspondería a un nuevo horizonte civilizatorio diferente y opuesto al concepto de desarrollo, correspondiente a un nuevo pacto político, jurídico y natural.
Al mismo tiempo, dicha propuesta civilizatoria consiste en una alternativa a los diferentes modelos de desarrollo identificados en el texto –liberalismo, marxismo, keynesianismo, estructuralismo, teoría de la dependencia, neoliberalismo–, que critica la idea misma de desarrollo, proponiendo ir más allá de este –si bien, como se verá más adelante, en la Revolución Ciudadana tenderá a producir un sistema híbrido–. Dávalos sostiene que el desarrollo ha sido una patología de la modernidad. Sin embargo, observando algunas críticas que se le han hecho por intelectuales y activistas, tanto bolivianos como ecuatorianos, luego de la aprobación de los nuevos textos constitucionales, estos se han convertido, para el discurso oficialista, solo en una evocación obligatoria de ser incorporada de forma nominal, pero vaciada de su significado y de su trascendencia política. Aquí, en particular, desempeñarán un papel importante el análisis del discurso y el progresivo vaciamiento conceptual de los términos, en las normas posconstitucionales que se definen y promulgan, pero que en la realidad de las políticas gubernamentales resultan un obstáculo –un demonio al que, desafortunadamente, no se puede exorcizar– para los planes y políticas extractivistas impulsadas por el gobierno de Alianza PAIS. Esta retórica ha terminado por legitimar una política económica extractivista, con un componente antiindígena y antiecológico.
La socióloga Silvia Rivera sostiene que “los gobiernos progresistas se llenan la boca con estas palabras bonitas, mientras que sus prácticas siguen las trilladas rutas del modelo estatal colonialista, fundado sobre la prebenda, la alienación del trabajo y la destrucción de la biodiversidad” (Rivera, 2014, p. 18).
Además, el sumak kawsay y el suma qamaña parecen haberse convertido en los últimos años en una de las mayores formas de instrumentalización y manipulación retórica, y haber transitado de ser una bandera de un paradigma comunitario alternativo al capitalismo (que prefiguraba una alternativa al desarrollo), a ser un perverso manejo discursivo para etiquetar las formas en que son promovidas, presentadas e implementadas normas y políticas que apuntan en un rumbo totalmente contario a los supuestos sentidos del Vivir Bien (López, 2016). Tanto según Prada como según Dávalos, el Vivir Bien o Buen Vivir implicaría una nueva relación entre el hombre y la naturaleza, ya no basada en la dominación y en la explotación de esta, sino en una nueva armonía; es decir, se trata –por lo menos a nivel teórico– de un modelo que ya no se inscribe en la dinámica antropocéntrica (que en los términos de Prada es androcentrismo), sino en una nueva relación armónica eco-bio-política (Machado). Según Prada, es una nueva dimensión que tiene que ver con la experiencia y la práctica, pero también con la ética-política (Prada, 2011a, p. 230).
En suma, los elementos más innovadores de la Constitución boliviana y ecuatoriana, se podría decir que corresponden a la introducción de la responsabilidad compartida33 entre los pueblos indígenas, los individuos y las diferentes dimensiones estatales para el cuidado de la Madre Tierra, y el manejo y aprovechamiento responsable de los recursos naturales. En eso, los valores y la regulación estatal desempeñarán un papel fundamental.
1.4.2. La Asamblea Constituyente: ¿bases para una emancipación política, social, cultural y económica o nuevo modelo de dominación?
El momento constituyente representó la culminación del proceso que aquí se ha definido como institucionalización de los movimientos sociales, que al mismo tiempo ha promovido la inserción de algunas de las principales demandas de los movimientos sociales e indígenas frente al ciclo de luchas sociales del Ecuador desde la década de los 90 en adelante. Paralelamente, la Asamblea Constituyente abrió un ciclo de convergencia y de discusión democrática; un espacio de apertura a los sectores sociales jamás registrado en la historia política reciente del Ecuador. Sin embargo, como se verá en el presente apartado, su resultado fue también el producto de la correlación de fuerzas presente entre sus integrantes y el reflejo de la presión gubernamental (específicamente en la persona del presidente Rafael Correa) para adelantar el cierre de sus trabajos.
Aquí se realizará un breve análisis sobre el proceso constituyente y se tratará de construir un balance sobre el proyecto final del texto constitucional, para identificar en ello los gérmenes de una futura división, un punto de quiebre y de ruptura con algunos de los sujetos políticos y sociales, así como el origen de algunos conflictos políticos, económicos, territoriales y culturales.
Las elecciones de octubre de 2006 vieron el triunfo de Alianza PAIS y de su candidato presidencial, Rafael Correa. Una vez instalado el gobierno de la Revolución Ciudadana, se profundizó el sentimiento antipartidista encarnado por Alianza PAIS, lo cual provocó el vaciamiento de las instituciones parlamentarias, ya fuertemente desprestigiadas. Como demostración de eso, cabe señalar que Alianza PAIS, en pleno rechazo de la vieja partidocracia, no había presentado candidatos para el poder legislativo y, por eso, el Congreso fue dominado –en su mayoría– por fuerzas de oposición al nuevo poder ejecutivo. Se trataba también de una estrategia política con la intención de legitimar el consiguiente imaginario constituyente y, a la vez, otorgarle un significado de abierta ruptura con el anterior orden constituido.
A pocos meses del triunfo electoral de Rafael Correa, en abril de 2007, la población fue llamada nuevamente a las urnas y aprobó la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente con el 81,72 % de votaciones. Es significativo el consenso que se registró frente al llamado constituyente, que le otorgaba un alto índice de legitimidad política. En septiembre del mismo año se registró la elección de los constituyentes, lo que consagró el liderazgo de Alianza PAIS –que obtuvo 80 curules de los 130 en disputa– y de las izquierdas –Pachakutik, MPD e Izquierda Democrática, que obtuvieron un 10 %– (Ramírez Gallegos, 2010, p. 92). Cabe señalar que, con la elección de la Asamblea Nacional Constituyente y por efecto de la Ley de Cuotas, por primera vez, las mujeres de distintas tendencias políticas alcanzaron en conjunto 45 escaños, equivalentes al 34,61 % de los curules totales; un récord absoluto en la historia política reciente del Ecuador.
El lugar definido por Rafael Correa para hospedar el proceso constituyente fue Montecristi. Esta es una pequeña ciudad en el litoral, en el cantón de Manabí; no es muy distante de la disputada base militar estadounidense de Manta y es la ciudad natal de Eloy Alfaro, uno de los líderes de la Revolución Liberal de comienzos de siglo XX. La decisión de realizar el proceso constituyente en un lugar tan aislado y de difícil acceso fue cuestionada por los movimientos sociales y por los críticos, que veían en ello la voluntad gubernamental de encerrar los espacios decisionales y de no promover un debate realmente abierto hacia la totalidad de la ciudadanía, como también dificultar una presencia masiva de los movimientos sociales.
Sin embargo y a pesar de eso, los meses en que estuvo trabajando la Asamblea Constituyente, dividida en las diferentes comisiones y en las nueve mesas constitucionales –presidida por el economista y ecologista Alberto Acosta, quien había sido uno de los fundadores de la plataforma de Alianza PAIS–, el Ecuador vivió un periodo de floridos debates políticos, que parecían abrir un camino a la transformación social, más allá de la refundación del Estado y la resurrección de la institucionalidad, después de más de una década de vaciamiento institucional y político. El objetivo de la Asamblea Nacional Constituyente trascendía la sola refuncionalización de las instituciones y se planteaba llevar a cabo una transformación más profunda, que se podría asociar a los planteamientos de las epistemologías del Sur (descritos en el párrafo anterior), es decir, la elaboración de una carta constitucional que pudiera institucionalizar los cambios en materia política, económica, social, cultural e inclusive epistemológica, que requería el Ecuador para su refundación.
Parece significativo traer a colación varios de los puntos críticos de la discusión dentro de la Asamblea Constituyente y observar algunos importantes logros y límites de su producto final, junto con la evaluación y las críticas que han surgido desde su aprobación mediante referendo. En efecto, aquí se sostiene que el momento de la Asamblea Constituyente marcó un punto de inflexión dentro de Alianza PAIS y, particularmente, su relación con los movimientos sociales que habían respaldado su instalación.
Entre los principales logros del proceso constituyente ecuatoriano se pueden mencionar la construcción del Estado plurinacional (en la próxima sección le dedicaremos un mayor análisis), el Buen Vivir (Constitución Política de la República del Ecuador, título VII) y el sumak kawsay, el régimen económico (título VI), los derechos de las Comunidades, de los Pueblos y Nacionalidades (título II, capítulo IV), la inclusión de los Derechos Colectivos y de la Naturaleza –como hemos afirmado en la sección anterior sobre epistemologías del Sur, se trata de una innovación muy relevante, inclusive con elementos reconocidos en el derecho internacional de los derechos humanos34–, la recuperación de la soberanía nacional –con el retiro de las bases militares extranjeras y la prohibición de nuevas instalaciones militares en su territorio35–, mecanismos para promover y fortalecer la participación ciudadana (título II, capítulo V [Derechos de participación]; título IV [Participación y organización del poder]) y la interculturalidad. Estos serían los principales elementos de fractura y de insurgencia conceptual/epistémica (Walsh, 2015, p. 6) que se podrían identificar como producto de las discusiones y debates de la Asamblea Constituyente.
Sin embargo, el proceso constituyente no estuvo exento de momentos de tensión, tanto en la discusión sobre el mérito de algunos puntos de particular relevancia y polarización, como en aspectos procedimentales y de agenda que pudieron determinar y condicionar el resultado de la Asamblea Constituyente.
Las principales tensiones se dieron entre la figura del presidente de la Asamblea Constituyente, Alberto Acosta, y el presidente de la república, Rafael Correa, sobre el mérito de las cuestiones ecológicas y la gestión de los conflictos socio-ambientales, particularmente en relación con el Mandato Minero (el Mandato Constituyente 6), que tenía que representar la voz de las reivindicaciones de los movimientos sociales e indígenas en la trayectoria de luchas territoriales definidas a partir de la década de los 90, pero también del movimiento ecologista antiminero, destinado a ocupar un protagonismo durante los años de gobierno de Alianza PAIS.
Es aquí importante destacar que, en medio de las discusiones dentro de la Asamblea Constituyente, el propio presidente Rafael Correa dio un viraje y cambió radicalmente su posición frente a la política minera, sobre todo respecto de la industria minera en gran escala –como ejercicio comparativo, se puede observar el programa electoral de Alianza PAIS de 2006 y la campaña electoral del mismo año, con las posiciones asumidas por el mismo presidente en la discusión de la constituyente–. El mismo día de la instalación de la Asamblea Constituyente de Montecristi, el presidente de la república pronunció un discurso en contra del izquierdismo y ecologismo infantil que, en buena medida, confirmaba las preocupaciones de los movimientos ecologistas e indígenas frente a la política minero-energética que habría inaugurado el gobierno de Alianza PAIS.
Después de esa primera señal, se manifestaron cada vez más abiertamente las grietas entre el poder ejecutivo y algunos representantes del proceso constituyente: mientras se realizaban las discusiones sobre el Mandato Minero, el gobierno facilitó una legislación (Decreto Ejecutivo 1040 de 2008) que favorecía la inversión pública y privada en el sector minero, en que el Estado mantenía un papel activo de promoción y, al mismo tiempo, permitía la realización y la explotación de los proyectos mineros, de manera que volvían a entrar al Ecuador grandes empresas transnacionales, particularmente de capital chino36. Al mismo tiempo, en los debates de la Asamblea Constituyente se reproducían las evidentes tensiones políticas entre, de una parte, Alianza PAIS y los asambleístas de Pachakutik y, de otra, los últimos que respaldaban la posición de Alberto Acosta frente al Mandato Minero.
El resultado de la pugna fue el progresivo vaciamiento del Mandato Minero (ya cuestionado por el mismo poder ejecutivo) de la Asamblea Constituyente y, como consecuencia, la posición del gobierno de Rafael Correa se vio reflejada abiertamente en la Ley de Minería (Gobierno del Ecuador, 29 de enero de 2009).
Otro importante punto de fricción fue la discusión sobre la laicidad del Estado, la inclusión de la religión (católica in primis) dentro del texto constitucional mediante la referencia a Dios en el preámbulo constitucional, la reafirmación de los derechos y las garantías para las mujeres, el reconocimiento de los matrimonios homosexuales y, finalmente, la despenalización del aborto. Si bien el nuevo texto hubiera querido expresar y reafirmar la laicidad del Estado, la separación entre la Iglesia y el Estado, en el debate de la Asamblea Constituyente se registró un proceso de injerencia tanto por sectores del poder ejecutivo como de sectores conservadores –instituciones religiosas, principalmente de la Iglesia católica y de las comunidades evangélicas–. También desempeñaron un papel decisivo los medios de comunicación que, a través de una manipulación sensacionalista37 de los términos de la discusión, terminaron por afectar temas de importancia crucial, sobre todo en cuanto al reconocimiento de los derechos de las mujeres ecuatorianas y de las parejas homosexuales.
A las mujeres les dejó clarísimo que no se podía avanzar en nada. Pero yo concluyo que a mí no me preocupa si le quitan a Dios de la Constitución, [porque] yo no había venido como cura a defender a Dios en la Constitución; a mí lo que me preocupa es que Dios esté en Carondelet (el palacio presidencial). (Fernando Vega, entrevista con el autor, 21 de julio de 2017)
La referencia a Dios en el preámbulo de la Constitución minaba la declaración de laicidad del Estado. Los derechos de las parejas homosexuales y el matrimonio igualitario quedaron afuera del texto constitucional. Además, en la sección de derechos fundamentales, en el artículo 68, se excluyó categóricamente la posibilidad de adopción para parejas homosexuales.
Artículo 68. La unión estable y monogámica entre dos personas libres de vínculo matrimonial que formen un hogar de hecho, por el lapso y bajo las condiciones y circunstancias que señale la ley, generará los mismos derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas mediante matrimonio. La adopción corresponderá solo a parejas de distinto sexo. (Constitución Política de la República del Ecuador)
La discusión fue exacerbada por una pugna ideológica conducida por los sectores más conservadores de la sociedad, ampliada por el respaldo mediático, que dio lugar a un importante retroceso en términos de laicidad del Estado y de derechos de las mujeres. Por ejemplo, se reconoció el derecho a la vida desde la concepción38 que, como efecto, negaba y excluía cualquier tipo de solución de carácter progresista en esta discusión y, de alguna manera, daba a entender la aceptación por parte del gobierno de Rafael Correa de la cruzada en contra del aborto y el aparato dedicado a su criminalización. En la sección sobre el sistema de salud pública de los gobiernos de la Revolución Ciudadana, en el capítulo 2 de este trabajo, y en la sección sobre el feminismo decolonial del capítulo 3, se analizará con mayores detalles el conservadurismo de Alianza PAIS, particularmente encarnada en la figura del presidente Rafael Correa.