La cuestión del sujeto político decolonial en el Ecuador de la Revolución Ciudadana

Después de la formación y consolidación de sus procesos organizativos en la década de los 80, el movimiento indígena construyó y articuló su reflexión política a partir de los conceptos de autonomía, territorio, en el marco del reconocimiento (existencia, in primis, de los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas) en que se desarrolla su pensamiento, y en que emerge una intelectualidad indígena y mestiza promulgadora de un planteamiento de lucha antisistémica que, en términos gramscianos, reproduce la necesidad de una fuerte vinculación y una sinergia entre pensamiento y acción.

En el presente estudio, reconociendo la fuerza y la capacidad de movilizar del movimiento indígena, se considerarán también otras fuerzas sociales del movimiento social muy frecuentemente invisibilizadas. Respecto de lo que se plantea en el presente estudio, dicha fase del movimiento indígena y de las demás fuerzas sociales, activas en la década de los años 90, corresponde al momento antisistémico en que tanto el discurso como la práctica social tienden a un horizonte contestatario y a un esquema de ruptura con el orden político y social imperante. Se trata de la fase de mayor radicalidad y, al mismo tiempo, de mayor fuerza de las propuestas políticas del movimiento indígena y de los demás movimientos sociales.

Es importante precisar cómo, desde finales de los 80, ya se había constituido una cierta sinergia entre el movimiento indígena y los movimientos sociales, en el ejercicio de constituirse como alternativa real al poder político establecido. Este camino fue desarrollado entre la Conaie, las fuerzas sociales de izquierda, los intelectuales y las universidades. Estas, a través de un trabajo de planificación, intentaban conjugar el trabajo teórico con el trabajo organizativo de los movimientos sociales, cuya culminación es el germen de la Campaña para una propuesta alternativa de 1988. Dicha campaña era una formulación teórico-organizativa que constituyó un plan y una orientación para la toma del poder en un horizonte temporal de diez años (Napoleón Saltos, entrevista con el autor, 19 de julio de 2017).

Una de las principales prácticas que se considerarán aquí es el levantamiento, entendido como una lógica insurreccional de masa. En la experiencia de los movimientos sociales, sobre todo entre las fuerzas de izquierda, pesaron el fracaso y la frustración de las alianzas electorales entre las fuerzas progresistas –en particular del FADI–, que habían tenido el paradójico efecto opuesto de dispersar fuerzas y dividir, en lugar de constituir un frente amplio de las izquierdas. Además, la línea insurreccional de masa entraba como nueva alternativa, frente a las breves y limitadas experiencias insurgentes de la década de los 80 (Napoleón Saltos, entrevista con el autor, 19 de julio de 2017); una vía y un camino diferentes de la insurrección de masas, cuyo postulado teórico se originó en la reflexión sobre las razones por las cuales en el Ecuador contemporáneo no existían las condiciones históricas, políticas y sociales (condiciones objetivas) ni una tradición de cultura política para la afirmación de una estrategia guerrillera prolongada, como en los países vecinos de Colombia y Perú.

Aquí se define la táctica insurreccional de aquellos años (principalmente la década de los 90) como un primer intento de construir un camino complementario desde los diferentes movimientos sociales y el movimiento indígena. Se trataba de articular políticamente, de forma orgánica, procesos que se venían desarrollando de forma paralela.

El primer levantamiento, conocido como el levantamiento del inti raymi de 1990, fue el primer intento de conformación de una nueva aglomeración de fuerzas para manifestar el malestar, tanto desde las ciudades como desde los territorios rurales, frente a la profundización de la hegemonía neoliberal en el Ecuador.

La historia de este levantamiento, como primer ejercicio de articulación de fuerzas sociales, es singular para el Ecuador. En primer lugar, todo o casi todo estaba preparado para la organización en la fecha establecida, a comienzos de junio de 1990, cuando una resolución de la Conaie lo suspendió a una semana del levantamiento, para permitir las celebraciones indígenas del inti raymi. Es decir que, a pocos días de la fecha establecida, el trabajo organizativo y de convergencia de las diferentes fuerzas sociales, que se había desarrollado durante casi dos años, corría el riesgo de fracasar por una orden de la organización indígena. Sin embargo, pese a esta resolución, los preparativos avanzaron y el 28 de mayo se registró la toma de la iglesia de Santo Domingo, en Quito; una acción de carácter simbólico en contra del colonialismo y de la colonialidad del poder en el Ecuador contemporáneo. En este primer momento –los primeros seis días del levantamiento, del 29 de mayo al 3 de junio– la Conaie no se hizo presente. Aunque una minoría de sus dirigentes estaba en la toma de la iglesia, en aquellos días fue un actor minoritario; todo por la celebración del inti raymi.

La intención no era la de excluir la participación de la Conaie, ya que el levantamiento había sido concertado entre diferentes fuerzas sociales durante un periodo largo; al contrario, desde la toma de la iglesia, el propósito era preparar el terreno para que la Conaie pudiese sumarse al levantamiento en curso. En efecto, su aparición, a partir del 4 de junio, representó un momento decisivo, tanto en términos cuantitativos –la Conaie en ese entonces ya disponía de una capacidad movilizadora que las demás fuerzas sociales no tenían– como en términos organizativos. Además, su presencia alimentó el contenido simbólico de la toma de la iglesia de Santo Domingo, figurando como el momento del salto cualitativo de la Conaie dentro de la organización social del Ecuador.

Entre el 4 y el 6 de junio los pueblos indígenas bajaron por miles de las montañas de los Andes y subieron de las selvas para cerrar las carreteras de la sierra y de la costa; los mercados fueron desabastecidos en las urbes. Los mestizos se daban cuenta, por fin, que quienes los alimentaban eran los rostros empobrecidos de los páramos, quienes tenían apenas un 10 % del territorio productivo y abastecían a casi la totalidad del mercado local. Hubo solidaridad entre los trabajadores, los desempleados, los estudiantes y los sectores medios que llegaron hasta la Iglesia con alimentos y pancartas en señal de respaldo. Incluso en la ciudad de Guayaquil las organizaciones de derechos humanos fueron hasta la Iglesia de San Francisco para manifestar su adhesión al movimiento. La toma de las iglesias, como dispositivos que inauguraban la revuelta, fue también producto de una nueva concepción teológica de los curas tercermundistas que respaldaban los reclamos de las comunidades. (Rodríguez Caguana, 2015)

Otro importante elemento de ruptura del levantamiento del inti raymi fue el viraje desde un conflicto social campesino y una conflictividad agraria relacionada con la tenencia de la tierra, a una reivindicación ya propiamente indígena, étnica y de reconocimiento: una lucha en contra del racismo y la discriminación, una herencia de la sociedad colonial encarnada en el Estado ecuatoriano y en sus instituciones. Ese fue un importante punto de inflexión, no solamente en la consolidación del movimiento indígena, sino en el interior de todos los movimientos sociales ecuatorianos. Por eso, la participación de la Conaie en el levantamiento de 1990 representó un viraje significativo, destinado a marcar el camino de todas las luchas sociales de las últimas décadas.

Finalmente, cabe señalar que el levantamiento logró paralizar al país, tanto en las principales ciudades como en los centros urbanos menores, como Latacunga y en las comunidades indígenas y los centros rurales, ocupando terrenos y bloqueando carreteras principales y secundarias. Es importante señalar que, en los sucesos del 90, el centro era el levantamiento indígena; pero hubo una fuerte acción de solidaridad urbana desde los barrios, donde se construyó lo que se llamó la Coordinadora Popular, germen de lo que ha sido después la CMS. La organización del levantamiento era principalmente indígena, pero hubo cobertura desde el movimiento urbano (Napoleón Saltos, entrevista con el autor, 19 de julio de 2017).

La estrategia insurreccional de masas, inaugurada en el inti raymi de 1990, se reprodujo en diversas ocasiones por toda la década de los 90. Hubo levantamientos en 1992, 1994, 1997 y 1999. Como sostiene Catherine Walsh, los levantamientos, la experiencia de las rebeliones de movimientos, no fueron solo políticos: “también fueron conceptuales, epistémicos y basados en la existencia” (Walsh, 2015, p. 5).

En el movimiento indígena, una vez consolidado el proceso organizativo y afianzada su base social, se combinó la estrategia del levantamiento y la movilización social con la participación institucional y electoral institucionalizada: una verdadera estrategia dual18 que, por un lado, mantenía un pie en las calles y, por el otro, le apostaba a presentarse como alternativa política en el ámbito institucional.

Luís Macas, uno de los fundadores de la Conaie, destaca que el movimiento indígena siempre ha tenido diferentes corrientes y que, por ejemplo, respecto de la posibilidad de crear un partido político, a comienzos de la década de los 90 no había consenso generalizado dentro de la organización:

a comienzos años de los 90, se empieza a discutir y debatiendo la posibilidad de construir un espacio político propio del movimiento indígena. Esto viene, yo creo de algunos sectores del movimiento indígena, al comienzo, no es una decisión unánime. Siempre hubo posiciones distintas. Yo era una de las personas que estaban al lado contrario a la idea de generar un movimiento político o un partido, desde el movimiento indígena. Porque yo decía, bueno, había que madurar primero como movimiento indígena, como organización, como representación organizativa orgánica, representativa del movimiento indígena. (Luís Macas, entrevista con el autor, 5 de julio de 2017)

Sin embargo, dentro del movimiento triunfó la otra tesis y, en este orden de ideas, en 1996 nació el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik-Nuevo País en el Ecuador, que inicialmente constituyó el brazo político y electoral de la Conaie y de la CMS.

Es importante destacar que Pachakutik no era una fuerza exclusivamente indígena e indigenista; pues, obviamente, la Conaie era el movimiento con mayor capacidad de convocatoria en las calles y, al mismo tiempo, era la fuerza que más encarnaba el espíritu decolonial y anticapitalista en el Ecuador de aquel entonces. Sin embargo, desde sus orígenes, confluyeron otros importantes sectores sociales, no exclusivamente indígenas, lo cual profundiza su carácter político, ampliando su espectro y su posible base social. Es el caso de la CMS y la Confederación Única Nacional de Afiliados al Seguro Social Campesino, Coordinadora Nacional Campesina (CONFEUNASS-CNC), que tenían otra trayectoria política y otro pasado organizativo.

Estos otros importantes movimientos sociales del Ecuador, más vinculados a una trayectoria de izquierda, no cuestionaban la fuerza del movimiento indígena, tanto en su fuerza numérica y organizativa en las movilizaciones, como en la fuerza de su mensaje político. Por esa razón, se podría decir que las demás fuerzas políticas aceptaron el liderazgo de la Conaie en la nueva organización política, reconociendo su primacía. En efecto, por la misma estructura que dio lugar a Pachakutik, el presidente de la Conaie era el presidente de Pachakutik, mientras que el presidente de la CMS era el número dos de Pachakutik. Desde la Conaie, la idea de conformar un espacio político con más organizaciones sociales tenía como premisa importante que el nuevo movimiento político nacía con la finalidad de ampliar la lucha de los pueblos indígenas, con la finalidad de tender puentes hacia otros sectores sociales existentes (Luís Macas, entrevista con el autor, 5 de julio de 2017).

Los esfuerzos, tanto desde la Conaie como desde la CMS, se dirigían hacia el mantenimiento de una organización política basada y enfocada principalmente en la comunidad. Había un rechazo por la política tradicional del partido político clásico. La estrategia dual antes mencionada trató de articularse como movimiento social y como movimiento político. En el nuevo movimiento político entraron el tema del Estado plurinacional y los demás temas étnicos del reconocimiento y de los derechos, emanación de la Conaie y de los movimientos indígenas.

La estructura político-electoral de Pachakutik no se constituía como un partido político tradicional y dependía de las resoluciones políticas tanto de la Conaie como de la CMS. Antes de madurar cualquier tipo de posicionamiento o decisión política relevante, el partido no tenía autonomía: los organismos de decisión del movimiento Pachakutik eran las asambleas y los organismos decisionales de la Conaie y de la CMS. De hecho, nunca se nombró, sino formalmente, un coordinador de Pachakutik. Los organismos eran los que se reunían en la Conaie. En términos formales, el presidente de la Conaie era el presidente de Pachakutik, y el presidente de la CMS era el segundo (Napoleón Saltos, entrevista con el autor, 19 de julio de 2017). En realidad, tal situación nunca constituyó una disputa entre la Conaie y la CMS.

El partido Pachakutik era el resultado de las fuerzas políticas y sociales que lo componían y nacía con el objetivo de proponerse como alternativa de poder al tradicional sistema partidista del Ecuador. En términos gramscianos, se podría asumir que la alianza entre la Conaie y la CMS, junto con otros sectores sociales, quería formular y articular una contrahegemonía que se oponía al régimen neoliberal, tanto por vía de la movilización como por medio de la participación electoral institucional. Naturalmente, ello representó un desafío para el orden político y constitucional establecido, además de una amenaza que tocaba todas las esferas del poder y de la dominación política del Ecuador, ya que cuestionaba la legitimidad de todas las estructuras institucionales.

La potencia del mensaje de Pachakutik residía, también, en su capacidad de construir puentes con otras fuerzas sociales y con la sociedad civil19, expandiendo su base social potencial y alimentando la construcción de un nuevo sujeto político y social en el Ecuador contemporáneo. La oposición al neoliberalismo y el carácter antisistémico de la propuesta política de Pachakutik empezaron a atraer la simpatía de otros sectores, inclusive urbanos y de clase media, lo cual coincidía, paralelamente, con el creciente desprestigio de las instituciones gubernamentales y el agravamiento de la crisis económica, política, institucional y social que vivió el Ecuador durante toda la década de los 90.

El fortalecimiento de la Conaie y de la CMS, por vía movilización, junto con su máquina político-electoral expresada en Pachakutik, empezaron a reunir un consenso en 1996: eligieron ocho diputados, cinco indígenas y tres mestizos, entre ellos el presidente de la Conaie, Luís Macas, y el vocero de la CMS, Napoleón Saltos. Eso, por un lado, empezó a proveer mayor visibilidad política a su propuesta, y por el otro correspondió a una institucionalización del movimiento social. En este momento, volviendo al tema de la estrategia dual, es interesante considerar cómo, frente a la institucionalización de Pachakutik a través de su participación electoral, no se pierde el carácter antisistémico de las movilizaciones convocadas por la Conaie y la CMS ni la fuerza de los levantamientos que se dieron a todo lo largo de la década de los 90.

El desafío representado por esta nueva fuerza política y social, presente tanto dentro de las instituciones como en las calles, a través de la movilización, se incrementó debido a la mayor fragilidad del sistema político, económico y social ecuatoriano; sobre todo, por la inestabilidad registrada en aquellos años frente a la profundización del orden neoliberal.

La presidencia de Abdalá Bucaram, a partir de 1996, inauguró un periodo de fuerte agitación en el Ecuador;

frente a la fanfarria y al autoritarismo encarnado por el nuevo presidente, que fueron una de las características de su breve gestión, que no difería tanto del resto de gobernantes del periodo (la entera década de los 90), ya que se había declarado partidario de la apertura y de la liberalización a ultranza del Ecuador. (Acosta, 2006, p. 185)

Las crisis de mayor fuerza del sistema entero se vivieron desde la caída del presidente Abdalá Bucaram, a comienzos de 1997. Además de los escándalos de corrupción y falta de transparencia, Bucaram había profundizado las medidas neoliberales en el país, las mismas que habían contribuido al incremento de las revueltas populares y a los altos márgenes de impopularidad del régimen político ecuatoriano.

En efecto, durante su gobierno se agravaron los programas de ajustes económicos: se incrementaron las tarifas de los servicios públicos, se eliminó el subsidio al gas doméstico, se dispuso el cobro en los hospitales populares, y continuaron los incrementos de precio de los derivados del petróleo, gasolina y diésel (Acosta, 2006). El precio de los combustibles alcanzó niveles muy elevados: el del gas fue fijado en 15 000 sucres.

Además, se quería crear un régimen fundado en la “convertibilidad (del sucre con el dólar), la flexibilización laboral, las privatizaciones, y el desmantelamiento del Estado, que ya había sufrido un debilitamiento marcado en las administraciones anteriores” (Acosta, 2006). Los movimientos sociales realizaron nuevas movilizaciones, llamaron al paro cívico nacional y se tomaron la catedral de Quito por varios días. El paro cívico nacional de 5 de febrero de 1997 convocó a más de dos millones de ciudadanos ecuatorianos en todo el país, para manifestar la inconformidad con el régimen de Bucaram, la corrupción y las fuertes medidas neoliberales de su gobierno. Este día, que en buena medida marcó el fin de su experiencia política, fue precedido por movilizaciones estudiantiles y obreras, fuertemente reprimidas por los aparatos represivos del Estado.

Con la fuerte presión representada en las calles y la fragmentación política, el 7 de febrero de 1997, el Congreso Nacional aplicó el artículo 100, literal d) de la Constitución vigente en ese entonces, que señalaba la incapacidad física o mental, declarada por el Congreso Nacional, entre las causales para que el presidente de la república cesara en sus funciones y se dejara vacante el cargo (El Universo, 2012).

Tras el derrocamiento, Bucaram huyó a Panamá, donde se declaró en asilo político, y se formó el gobierno de Fabián Alarcón Rivera. Este también estaba destinado a ser caracterizado como breve e inestable y, al mismo tiempo, ineficiente en aplicar las medidas necesarias para la superación de la crisis política, económica e institucional; más bien, premuroso en tomar medidas ortodoxas para congraciarse con las instituciones financieras internacionales, especialmente el Fondo Monetario Internacional.

El derrocamiento del gobierno de Bucaram y la crisis institucional que se profundizaba en el Ecuador, abrieron un escenario constituyente20 que culminó en la Constitución de 1998. Frente al proceso constituyente de 1997-1998, se abrió dentro de Pachakutik un importante debate, sobre todo en relación con los objetivos políticos y las estrategias del movimiento. Por eso, es importante aquí analizar el cambio de estrategia dentro de Pachakutik y en sus expresiones de movimiento, es decir, dentro de la Conaie y la CMS.

Ya en ese momento emergió una diferencia fundamental dentro de estas corrientes. En la Conaie había prevalecido una vertiente más reivindicativa en términos de derechos étnicos, es decir, una tendencia a la institucionalización de los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas por encima del interés por la toma del poder, que se adaptaba al multiculturalismo y al modelo intercultural funcional al neoliberalismo –surgido por iniciativa del Banco Mundial a partir de 1991–. Esta línea era el producto de la intelectualidad indígena y de figuras representativas del movimiento indígena, como Nina Pacari, que tenían su nuevo horizonte político en el reconocimiento y en la inserción de los derechos de los pueblos indígenas en el texto constitucional. Es necesario aclarar que esta primera corriente se refería al problema indígena, eludiendo el tema de la tenencia de la tierra y la desigualdad, mientras que privilegiaba el enfoque de la diferencia dentro de una problemática articulada a las concepciones de la ciudadanía, la participación institucional y la gobernabilidad (Saltos, 2002, citado en Saltos, 2005, p. 199).

Otra corriente, tanto en la Conaie como en la CMS, privilegiaba una estrategia que, a través de la combinación de las fuerzas de lucha, es decir el levantamiento y la consolidación de una fuerza político-electoral, llevara a la construcción de una alternativa de poder y a la formulación de una alternativa al modelo económico. Es importante precisar que la segunda corriente no es que fuera contraria al reconocimiento de los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas en sí, sino que apostaba a una transformación radical de mayor espectro y de mayor aliento, tanto en lo económico como en lo político y en lo cultural. Consecuentemente, para lograr construir esta transformación era necesario presentarse como alternativa de poder.

La prevalencia de la primera corriente representó un importante viraje para Pachakutik y tuvo implicaciones sobre su devenir político. Se produjo un distanciamiento entre estas dos corrientes, ya que la primera, de alguna manera, llevaba a un camino hacia la institucionalización y la formalización de esta, mientras que la segunda, reconociendo en la profundización de la crisis (económica, social e institucional) una situación prerrevolucionaria, conciliaba la vía insurreccional con la vía político-electoral. En ese entonces, entre 1998 y 1999, durante la presidencia de Jamil Mahuad, se producen varios levantamientos y, paralelamente, algunos sectores de la Conaie empiezan a tomar contactos con las jerarquías militares (Napoleón Saltos, entrevista con el autor, 19 de julio de 2017).

Contemporáneamente se afirmó un movimiento ciudadano21, prevalentemente constituido por sectores medios urbanos, que por los efectos perversos de las medidas neoliberales vinieron politizándose, demandando una reforma política del Estado. Las clases medias urbanas también habían sido víctimas de la crisis de 1999-2000 y eso contribuyó a la creciente deslegitimación del neoliberalismo en el Ecuador.

Desde una perspectiva gramsciana, frente a la crisis hegemónica y a la creciente inestabilidad política, económica y social que se profundizó en el Ecuador a partir de la década de los 90, este periodo pudo haber significado el intento de articular un nuevo bloque histórico encaminado en proyectarse como alternativa contrahegemónica de poder.

1.4. Hacia la refundación del Estado: ¿revolución pasiva, hegemonía al revés o una nueva contrahegemonía?

Como señalamos en el párrafo anterior, la implementación de las políticas neoliberales ha tenido un impacto y un costo social muy altos. Ello ha significado el fortalecimiento de las formas de disidencia. La oposición a la hegemonía neoliberal se ha caracterizado, sobre todo, por la movilización social y el rol de resistencia de los movimientos políticos y sociales que en el Ecuador ha tomado formas similares a las de otros procesos políticos latinoamericanos. Sin embargo, su experiencia se puede distinguir por la radicalidad de las expresiones de lucha social, que tuvo su máxima expresión en los levantamientos, como se analizó en los párrafos precedentes.

Las protestas sociales, después de haberse presentado bajo la forma de revueltas callejeras, sucesivamente y en una segunda etapa, se han convertido en propuestas alternativas, demostrando el surgimiento de un significativo capital político, como se desarrollará en los siguientes párrafos. . Sin embargo, estas demandas ciudadanas, forjadas en la praxis, han sido canalizadas en primer lugar por los partidos políticos y, en un segundo momento, traducidas en programas electorales para el triunfo de los gobiernos progresistas y, sucesivamente, desprestigiadas y rechazadas.

Por lo tanto, es necesario el estudio y la composición de una nueva teorización del Estado, con el objeto de que incluya la presencia y la acción de los movimientos sociales como importante motor de la transformación social, más allá de los gobiernos. Esta vinculación no debe mantenerse solamente a un nivel discursivo o puramente electoral, sino que tiene que traducirse en un plan de acción que sepa desarrollar una sinergia entre actores diferentes con un objetivo común: la disputa por conseguir de los subalternos una autonomía integral, en su devenir progresivo.