La España precaria

foca investigación

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© Alejandra de la Fuente, 2021

© Ediciones Akal, S.A., 2021

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ISBN: 978-84-16842-71-1

Alejandra de la Fuente

La España precaria

Salarios de miseria, horas extra sin remunerar, pluriempleo y jornadas parciales, falta de tiempo para conciliación familiar u ocio, ansiedad –tantas veces devenida en depresión–, accidentes laborales, consumo de anfetaminas para rendir, indefensión ante los abusos empresariales, temporalidad, ofertas de trabajo surrealistas, sobrecualificación, falsos autónomos… La vorágine de precariedad sigue y sigue, mientras la obnubilante cultura del «tú puedes con todo», la romantización de la pobreza y la ideología del emprendimiento contribuyen a taponar las posibles vías de escape. Señas de identidad de nuestro tiempo y sino de varias generaciones, ¿y si la inestabilidad e inseguridad padecidas no son fruto del fracaso personal, sino de un modelo que apuesta por los beneficios empresariales a costa de exprimir al máximo a los trabajadores?

Alejandra de la Fuente habla desde una de esas generaciones que nacieron con la batalla perdida, una voz joven que pone al descubierto el depauperado modelo laboral que sufrimos: relatos, historias y realidades –a veces de terror– que hablan de todos nosotros, de nuestra vida en la jungla laboral y su influencia fuera de ella. Un texto estremecedor, que aborda las esferas implicadas en la articulación del actual mundo del trabajo y disecciona las características de las empobrecidas condiciones de vida en la España del siglo xxi.

Alejandra de la Fuente es una joven periodista que ha colaborado en distintos medios de comunicación como CTXT o Diario16. Se ha dado a conocer con la creación de Mierda Jobs, el blog y cuenta de Twitter que expone y denuncia los por desgracia cada día más habituales trabajos surrealistas y degradantes que se ofertan. También ha trabajado en la sección laboral y en Tremending de Público hasta su incorporación en la Cadena SER para abordar asuntos laborales y de economía.

A todos los trabajadores que han compartido sus experiencias conmigo.

A Público y a Akal por darme la oportunidad de contárselo al mundo.

A mis padres y a mi hermano por ayudarme siempre. A Borja por las mañanas, tardes y noches de reflexiones y lecturas. A Víctor Llanos, mi amigo y maestro en derecho laboral.

Pocos son los españoles que no han sufrido y/o sufren la precariedad en sus propias carnes. Pocos son los que no tienen que renunciar a determinados bienestares por culpa de unos salarios que se encuentran alejados del nivel de vida español.

Hay familias que no llegan a fin de mes con todos sus miembros trabajando, mayores de cincuenta y cinco años en paro desesperados porque saben que no encontrarán nada más, jóvenes a los que se les prometió un futuro y ahora ven cómo todos sus sueños y expectativas se marchan por el sumidero, abuelos que se quitan parte de su humilde jubilación para sacar a sus hijos y nietos adelante… La precariedad en España es seña de identidad desde el comienzo de la crisis de 2008 y, cuando parecía que muy poco a poco la economía empezaba a recuperarse, el coronavirus ha vuelto a azotar los cimientos de millones de familias españolas.

Prólogo

Descubrí a Alejandra de la Fuente a través de una cuenta de Twitter en la que denunciaba abusos en el mercado de trabajo bajo la marca de Mierda Jobs. Publicaba en ella ofertas laborales que eran verdaderas ofensas laborales: trabajos gratis, jornadas interminables a cambio de miseria, explotación sexual disfrazada de explotación laboral y un amargo etcétera. Pero tras ella, había mucho más que los 140 caracteres que entonces permitía la red social. Este libro es una muestra de ello y de la defensa de una dignidad profesional que se encuentra seriamente amenazada y que obras como esta pueden ayudar a proteger.

La España precaria es, realmente, una enciclopedia de la degradación del mercado de trabajo que es imprescindible conocer para poder combatir. El libro recoge un vergonzoso catálogo de fenómenos que forman nuestro paisaje diario, pero en el que sólo reparamos cuando nosotros o alguno de nuestros familiares caemos en el paro. Fenómenos como la «pobreza laboral» (seguir en la pobreza pese a tener un empleo), la «romantización de la precariedad» (disfrazando de modernidad las más antiguas formas de explotación laboral) o la «gratisfacción» (el demandar trabajo a cambio de nada) son fórmulas que algunos empresarios y muchos medios de comunicación están popularizando como formas de «emprendimiento».

Ese emprendimiento siempre se quiere para los ajenos y nunca para los nuestros. Porque cuando esos fenómenos se viven en carne propia, las llagas sociales afloran: «sobrecualificación» de jóvenes que pasan años de formación para desempeñar –en uno de cada tres casos– trabajos por debajo de su preparación, despidos en plena pandemia por contraer la covid-19 de grandes multinacionales cuyos márgenes de beneficio permitirían otro tipo de trato a sus plantillas y tantas muestras de abusos que, tristemente, nuestra legislación laboral consiente. Alejandra describe con metódico detalle cada uno de esos fenómenos.

Creo firmemente en que la mayoría de los empresarios son profesionales honestos, cuya batalla diaria no es sólo la mejora de sus negocios, sino también de la sus plantillas. He conocido a lo largo de los años a muchos de esos emprendedores que tienen en sus empleados una extensión de sus familias. Por eso resultan especialmente pertinentes trabajos como este. La labor de Alejandra de la Fuente, señalando a quienes abusan de sus asalariados, me parece necesaria, porque no podemos tomar como «referentes» a quienes construyen sus modelos de negocio en el abuso, de la misma manera que no tomamos como modelo de la política a los corruptos. La publicación de esas prácticas es la única forma que el público y la prensa tienen de combatir los abusos y creo que el lector encontrará en La España precaria un buen puñado de nombres de los que sospechar de ahora en adelante y, quizá, en los que reconocerse como víctima.

La voz de una «generación precaria»

Pero en las páginas de La España precaria no sólo corre tinta académica y la descripción de un paisaje desolador para los trabajadores más jóvenes (y también para los más maduros). Alejandra pone voz a la indignación de una generación, de un Peter forzado a ser Pan. Con apenas veintisiete años, la ha vivido en primera persona, ha padecido cómo se eternizan esas «becas» que realmente son empleos sin paga o con salarios de escarnio. Y en su carrera, ya no tan corta, ha escuchado como periodista a cientos de personas describir sus situaciones y a decenas de autoridades declarar oficialmente su frustración –las mismas que no actúan para cambiar el marco económico, legal y social que permite estas situaciones–. En la rabia que expresan algunas de estas páginas se escucha una protesta que va más allá de lo personal y que es un grito generacional que el libro describe, en algunos casos, como de «esclavos del siglo xxi».

Esa parte es la más preocupante de los capítulos que el lector está a punto de abrir. Porque la denuncia de Alejandra no es personal, sino generacional. La generación de la autora vive su segunda gran crisis económica en poco más de una década. O se corrigen ciertas situaciones con urgencia, o condenaremos a los más jóvenes a vivir problemas hoy (con salarios de miseria y edades de emancipación que rondan ya los treinta años) y problemas mañana (incapaces de sostener con esos bajos salarios las pensiones de los mayores que les condenaron a repagar la deuda que la covid-19 les dejó). Es imprescindible escuchar la voz de la generación de Alejandra, porque es esa generación la que va a pagar todas las facturas económicas eventualmente.

Con apenas treinta años, los que fueron llamados millenials han sido ya rebautizados por The Wall Street Journal como recessionals. Son la única generación que ha sufrido dos recesiones tan profundas en tan poco tiempo. Leer las preocupaciones de la auto­ra es leer las perturbaciones que sufre una generación.

El otro extremo: los más mayores

No sólo los más jóvenes están viviendo la precariedad laboral. El libro describe esa misma situación para los trabajadores más maduros que sienten la amenaza del despido y del no poder cotizar en sus últimos años de vida laboral, siendo condenados a pensiones de supervivencia. Ese miedo da lugar a estrés laboral, a problemas de ansiedad, a trastornos del sueño e insomnio en una generación a la que se le ha descrito la «dualidad del mercado» para referirse, realmente, a la «anormalidad del mercado»: la de que un grupo de trabajadores goce de derechos más o menos plenos, como el de una mínima estabilidad laboral o el de la indemnización por despido, mientras que los que caen ahora quedan atrapados en un escalón inferior, sin poder reclamar derechos básicos.

Esa dualidad describe a trabajadores ordinarios como «privilegiados» y a empleados sometidos a la explotación como el mínimo común por el que todos, según algunos, debiéramos regirnos para ganar «competitividad».

Lo cierto es que la carrera hacia el fondo es imposible de ganar. Siempre habrá trabajadores dispuestos a fabricar o prestar servicios por menos. La única forma de ganar esa batalla de la competitividad no es rebajando costes, sino aumentando la calidad del servicio o el producto que cada país vende. Pero esa batalla requiere inversión y tiempo. En una economía caliente de ganancias rápidas, se opta por la otra vía y se disfraza la ganancia rápida de una supuesta ideología liberal que haría a la escuela austriaca entera llevarse las manos a la cabeza.

La España precaria también recorre la situación de una generación mayor que está respondiendo con esfuerzos a las demandas de ese nuevo modelo. Alejandra describe casos de «microdosificación» –consumo de drogas para poder trabajar– o el de una «generación Lexatin» que empieza a requerir fármacos para poder mantener su empleo.

Un cambio urgente

Las denuncias que Alejandra de la Fuente comenzó recopilando en Mierda Jobs y que trajo a la antena de la Cadena SER dan lugar ahora a esta enciclopedia del abuso de la que La España precaria puede ser sólo el primer tomo. Que no haya nuevos fascículos requiere de nosotros y de un cambio del marco legal.

El diagnóstico del nuevo modelo laboral se ha hecho y compartido demasiadas veces. Sin embargo, no se ha emprendido todavía. Son necesarios cambios antes, durante y después de la incorporación al mercado de trabajo. Es necesario adaptar la formación a las demandas de las empresas, antes de llegar a la búsqueda de empleo; es imprescindible aumentar las plantillas de Inspección para frenar ciertos abusos durante la vida laboral, y es urgente modificar el sistema público de formación –las llamadas políticas activas de empleo–, para evitar que quienes caen en el paro se vean atrapados en un pozo sin salida después de perder el puesto de trabajo.

Creo que las próximas páginas van a ser un espejo para muchos lectores que van a reconocerse en algunos de los fenómenos que Alejandra de la Fuente describe. Y debieran ser un motivo de reflexión para todos los demás. No hay fuerzas oscuras que dicten que la vida deba ser así. No caen meteoritos económicos sobre nosotros. Lo que nos pasa –y que Alejandra describe de forma sangrante– es fruto de decisiones políticas, ante las que sólo caben dos alternativas: sufrir o revertir. Pasen y lean.

Javier Ruiz

Capítulo I

De dónde venimos

Para analizar la situación en la que nos encontramos dentro del ámbito laboral y social, es importante introducir de dónde partíamos para intentar entender cómo hemos llegado hasta aquí.

La pérdida de derechos, el paro juvenil, el miedo al despido y la precariedad estructural que sufrimos en España no han aparecido de repente. No han dependido de un mago maligno que ha decidido ensañarse con nosotros. La situación que encontramos en España se ha producido por una serie de políticas que no han mirado, en ningún momento, por los trabajadores y que han sido las culpables de la pérdida económica y el descenso del nivel de vida de los mismos.

Tras años de políticas liberales, centradas en favorecer a las empresas a costa de los propios trabajadores, nos encontramos con una sociedad minada. Con una parte de ella que tiene auténtico pánico a perder su trabajo y con otra que ni tan siquiera ha podido tener la oportunidad de encontrar uno. Nos encontramos con nuevas formas de precariedad y explotación laboral, con el sálvese quien pueda y con la conciencia colectiva más tocada que nunca. En este capítulo quiero hacer un pequeño repaso del «antes» para poder entender el «ahora».

Situación española antes de la crisis de 2008

El periodo de expansión económica que España vivió de principios de los noventa a finales de la primera década del siglo xxi venía auspiciado por un ambiente de positivismo generado tras la entrada del país en la Comunidad Económica Europea en el año 1986 y tras haber superado las crisis del petróleo que se habían encadenado desde 1973. La importante caída de la tasa de paro en pocos años y el fácil acceso de las familias a créditos bancarios consiguieron elevar el consumo interno, de forma que los marcadores macroeconómicos –como el PIB (producto interior bruto)– contribuían a un clima de bienestar que parecía inagotable e imparable.

En los últimos años de la década de los noventa España experimentó un aumento del PIB, hasta el año 2000, en el que se obtuvo su punto más álgido con un 5,3 de crecimiento interanual[1].

Este ambiente, junto con una serie de decisiones políticas y económicas dudosas durante los primeros años de los 2000, contribuyeron a la creación de una burbuja inmobiliaria que todo el mundo negó hasta que fue demasiado tarde. El uso de las viviendas como materia de especulación, con los precios duplicándose en algunas zonas de año en año, hacía que los trabajadores vieran el comprarse una segunda o tercera vivienda como una forma de inversión que no podía fallar, creyendo que los precios sólo subirían. Las administraciones públicas, que utilizaban la gran demanda del suelo para inflar los precios y engordar las arcas, no supieron o no quisieron poner límite a la gran cantidad de vivienda que cada año se construía en España. En los primeros años del siglo xxi se iniciaban una media de 600.000 casas anualmente, llegando al récord de 762.540 en 2006, unas cifras que superaban las iniciadas por Alemania, Italia, Francia y Reino Unido juntos, según datos del Ministerio de Fomento[2].

Este ritmo de construcción, unido a la consolidación de España como potencia turística mundial, generaba empleo, mientras los precios subían un 17 por 100 anualmente con una inflación muy reducida. Podemos decir por todo ello que, antes de 2008, la economía «fluía» y el ciudadano consumía sin miedo. Renovaba su coche, compraba vivienda, segunda vivienda, invertía… El sector servicios se «llenaba los bolsillos», porque la gente salía a cenar y de compras, hacía reformas, pagaba unas vacaciones caras, etc., lo que repercutía de forma directa en la administración, que recaudaba más dinero y podía invertir. Todo esto hacía que las empresas tuviesen una alta facturación y los bancos pudiesen prestar dinero a muy bajo interés.

Clave, también para entender la situación española anterior a la crisis de 2008, es que, en este clima favorable en el que todo «iba bien» –por rememorar las palabras que el entonces presidente Aznar pronunciaba en 1997–, los bancos y las entidades de prés­tamo se permitieron el lujo de rebajar sus requisitos de control de riesgo, es decir, prestaban dinero sin mirar muy bien a quién ni cómo, cegados por la creencia de que los precios nunca iban a bajar.

En general, parecía que el modelo productivo funcionaba y, aunque los trabajadores españoles no eran ni mucho menos nuevos ricos, todo invitaba al optimismo. Las empresas invertían y generaban empleo porque tenían trabajo. Las familias tenían fácil acceso a la vivienda porque había casas de sobra para todos y podían adquirir un crédito sin complicaciones y casi sin requisitos. Los trabajadores, disfrutando de derechos que se habían ido conquistando a paso de hormiga desde la instauración del Régimen del 78, gozaban de una calidad de vida nunca antes vista en España.

Crisis y reforma laboral de 2012

Algunos analistas lo habían vaticinado, pero nadie los escuchó, demasiado atentos, quizá, al nuevo modo de vida de una economía que parecía imparable. Todos los indicadores macroeconómicos se fueron manteniendo estables o en crecimiento hasta 2008, año en el que el PIB se desplomó a un 1,1 de crecimiento interanual. A partir de ese momento, su valor se situó en negativo hasta el año 2014, es decir, la economía española decrecía. Motivo por el que se dice que la crisis en España duró de 2008 a 2014; lo cual desmontaré en el transcurso de las páginas siguientes, demostrando que el mayor ataque al nivel de vida de los españoles fue cuando los derechos de los trabajadores se vieron drásticamente saboteados tras la reforma laboral aprobada en 2012 por Partido Popular[3].

Indudablemente, para llegar a este punto hay que ponerse primero en contexto y conocer las causas y los efectos de la crisis de 2008. Durante el año 2007 se empieza a vislumbrar en todo el mundo que la expansión económica quizá tenía un límite. Concretamente, en ese año Estados Unidos comenzaba a afrontar los primeros indicios de lo que sería la mayor recesión mundial de la historia reciente (hasta la llegada del coronavirus).

En España, la burbuja inmobiliaria (ese panorama de construcción infinita de casas y de uso de la vivienda como forma de ganar dinero a base de especular) explotó a consecuencia de una mala praxis de entidades hipotecarias. De hecho, durante el verano de 2007 y los primeros meses de 2008 los indicadores relacionados con el sector de la construcción (ventas, precios, visados e hipotecas) marcaron las cifras más altas de su historia, y tras ello se inició una caída libre que se prolongó durante años[4].

En julio de 2008, Martinsa-Fadesa, la empresa inmobiliaria más grande de España, anunció el mayor concurso de acreedores de la historia. Esto comenzó una debacle que, unida a una serie de negligencias, a la falta de acción política y a la caída de Lehman Brothers[5] en septiembre de 2008, hicieron que la situación en España cambiara en poco tiempo y de una forma muy brusca, lo que abocó a muchas empresas a la ruina de la noche a la mañana. Y con las empresas, cayeron evidentemente los trabajadores.

Esta crisis económica y bancaria derivó en un aumento del desempleo en estos sectores[6], que generó a su vez un gran efecto dominó en toda la economía española. Los bancos ya no podían conceder créditos[7] para las familias y los pequeños empresarios, y tampoco para muchas políticas de gasto público, por lo que esta crisis pilló a España sin estar preparada y sin medidas para frenar los problemas a tiempo.

La crisis económica no sólo socavó los cimientos del Estado de bienestar. Los recortes sociales, los sobresaltos, la incertidumbre y el miedo también se llevaron por delante a multitud de ciuda­danos.

El número de parados pasó de 2,1 millones en 2008[8] a casi 6 millones en 2013[9], más del 26 por 100 de la población, situando a España a la cabeza de Europa en tasa de desempleo, sólo superada por Grecia.

Y la tasa de paro no dejó de aumentar desde que estalló la crisis de 2008, pasando de un 9,6 por 100 de paro total en aquel año a un 25,93 por 100 en 2014, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Pese a que en el año 2015 hubo una tasa menor que en el 2014, la realidad es que el porcentaje de paro total en España seguía siendo muy elevado, mientras que los salarios habían caído en picado[10].

En el año 2013, Comisiones Obreras (CCOO) denunciaba que 630.000 familias no recibían ningún tipo de ingreso[11], lo que generaba un enorme deterioro en sus condiciones de vida, que se extendía también a aquellos que aún mantenían su trabajo.

La llamada «pobreza laboral» –la que coloca bajo ese umbral a quienes trabajan– pasó de afectar al 10,8 por 100 de los ocupados a hacerlo con el 12,7 por 100 entre 2007 y 2010, según un informe de la Fundación Alternativas.

Una de las caras más duras de la crisis económica fueron los desahucios, que afectaron a miles de personas en nuestro país. Según la PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca), desde 2008 se han producido 1.002.000 desahucios[12].

La PAH nació en Barcelona, en febrero de 2009, para intentar ayudar a las personas que comenzaban a no poder pagar la hipoteca y que veían cómo, en la fecha prevista, la Policía las iba a desalojar de sus casas a la fuerza si era necesario.

Esta situación tan extrema provocó miles de suicidios. Concretamente, la PAH imputa al denominado terrorismo financiero más de 13.300 suicidios desde 2008 hasta 2015[13]. Según su informe, y tras analizar datos oficiales de la Policía, en España se producía un suicidio cada cinco horas a causa de la crisis económica.

Fue entonces, en plena hecatombe, cuando el Partido Popular aprobó de forma unilateral, sin acuerdo con los sindicatos[14], la reforma laboral de 2012, la carta que derribó el castillo de naipes que llevaba tambaleándose cuatro años.

Hay que tener en cuenta que, con la crisis, el miedo a perder el empleo era la tónica diaria de muchos trabajadores, un miedo que creció al aprobarse la mencionada reforma, que abarataba el despido al rebajar su indemnización por causa improcedente para los contratos indefinidos de 45 días por año trabajado a los actuales 33 días. Por otra parte, el tope máximo de mensualidades bajó a 24, desde las 42 que existían antes de dicha reforma, aunque se respetaron los derechos adquiridos por los trabajadores fijos con contratos anteriores. Para que nos hagamos una idea: cuando una empresa despide a un trabajador de forma improcedente, este recibe una indemnización de 33 días por año trabajado hasta un máximo de 24 años, mientras que antes de la reforma laboral de 2012 recibía una indemnización de 45 días por año trabajado hasta un máximo de 42 años.

Entre las medidas más polémicas y que más han precarizado a los trabajadores se encuentra –además del abaratamiento de los despidos– la ampliación de las causas por despido objetivo, incluyendo que se considere causa económica la disminución persistente (actual o prevista) del nivel de ingresos o de ventas, pagando al empleado el mínimo legal de 20 días por año con un tope de 12 mensualidades.

Un tercer cambio que afectó de forma directa y nociva a los trabajadores fue que la reforma laboral suprimió la necesidad de que el Ministerio de Trabajo autorizara los expedientes de regulación (ERE o despidos colectivos), haciendo que fuesen más sencillos de realizar.

Por último, pero no por ello menos importante, entre los grandes males de la reforma se encuentra la prioridad de los convenios de empresa sobre los de sector. De esta forma, si una empresa quiere pagar un menor salario a sus trabajadores, le basta con negociar su propio convenio y así elimina de facto todos los derechos que les ofrecía el convenio sectorial.