Soldados de la represión

Soldados de la represión

Anticomunismo, seguridad nacional y contrasubversión en las Fuerzas Armadas chilenas, 1970-1975

Pablo Seguel Gutiérrez

Ediciones Universidad Alberto Hurtado

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ISBN libro impreso: 978-956-357-341-1

ISBN libro digital: 978-956-357-342-8

Coordinador colección Historia

Daniel Palma Alvarado

Dirección editorial

Alejandra Stevenson Valdés

Editora ejecutiva

Beatriz García-Huidobro

Diseño interior

Gloria Barrios A.

Diseño de portada

Francisca Toral

Imagen de portada: Fotografía de Chas Garretsen, 29 de junio de 1973. General Benavides, general Pinochet, comandante en jefe del Ejército general Carlos Prats y general Pickering. Con los debidos permisos.

Con las debidas licencias. Todos los derechos reservados. Bajo las sanciones establecidas en las leyes, queda rigurosamente prohibida, sin autorización escrita de los titulares del copyright, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, así como la distribución de ejemplares mediante alquiler o préstamos públicos.

Cada generación debe escribir la historia, si no exactamente de nuevo, por lo menos para satisfacer sus propias exigencias del pasado.

Ian Kershaw

Los crímenes colectivos no son otra cosa

que crímenes individuales en el colectivo.

Wolfgang Sofsky

DEDICATORIA

A la memoria de las víctimas anónimas de la represión que nadie acreditó ante las comisiones de verdad y reconciliación del Estado chileno, asesinadas por las fuerzas armadas y policiales en colaboración con civiles en las más completa impunidad durante los diecisiete años que gobernó la dictadura cívico-militar (1973-1990).

A las 3.227 personas acreditadas como ejecutadas y/o detenidas desaparecidas.

A los 38.254 detenidos y torturados por pensar distinto, en las 1.132 cárceles, campos de prisioneros y centros clandestinos de detención dispuestos en todo el país, de las cuales solo conocemos públicamente 802.

A los 102 niños y niñas que nacieron en las prisiones o que estuvieron detenidos con sus padres durante la dictadura cívico-militar.

A los más de 250.000 chilenos exiliados. En especial a mis tíos Rubén y Santiago Sabioncello Ravanales, quienes tras sufrir los apremios de la detención y la tortura en manos del Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea (SIFA), partieron al exilio con parte de nuestra familia.

ÍNDICE

Dedicatoria

Agradecimientos

Introducción

Capítulo I

Unas FF. AA. para la seguridad nacional y la contrasubversión: profesionalismo militar anticomunista

Capítulo II

Arquitectura jurídica de la represión y la seguridad nacional: hacia la militarización de la seguridad interior en el Estado de Compromiso (1938-1970)

Capítulo III

Orden interno y contrasubversión durante la Unidad Popular (1970-1973)

Capítulo IV

La guerra contrasubversiva de las FF. AA. Del copamiento militar del territorio a la guerra clandestina (septiembre a noviembre de 1973)

Capítulo V

La profundización de la guerra contrasubversiva: de los servicios de inteligencia en las CAJSI al surgimiento de la DINA

Capítulo VI

La DINA: una policía secreta al servicio de Augusto Pinochet

Conclusiones

Referencias

Bibliografía

Anexos

AGRADECIMIENTOS

En primer lugar, quiero agradecer a la Secretaría Técnica del Consejo de Monumentos Nacionales, donde me desempeño como encargado de la Unidad de Memoria y Derechos Humanos desde 2015, por la oportunidad de haber investigado y gestionado treinta casos de los cuarenta y dos sitios de memoria que el Estado de Chile ha reconocido oficialmente como Monumentos Históricos en reparación simbólica a las víctimas de violación a los derechos humanos (DD. HH.) para el período de la dictadura cívico-militar (1973-1990). A todas y a cada una de las agrupaciones de familiares y víctimas de violaciones a los DD. HH. que he conocido en estos años, con las que hemos podido trabajar en diversos aspectos, las cuales han confiado en el trabajo profesional que realizamos y que nos ha permitido conocer sus historias personales y familiares de las atrocidades cometidas por la dictadura militar en contra de ellos. Algunos de los agentes de estos crímenes han sido condenados por sus responsabilidades, pero muchos aún permanecen en la impunidad y el anonimato. Espero que este libro sea un aporte sincero al conocimiento, comprensión y estudio de una problemática pasada y presente.

Esa circunstancia laboral me permitió, a través del estudio de casos, poder disponer de una gran cantidad de información y evidenciar la necesidad de dotar de un marco interpretativo más general de la dinámica de la represión que permitiese darle una explicación a la sistematicidad, articulación y despliegue de la cadena represiva de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y policiales en el período de estudio, así como también sus matices y especificidades regionales. Ahí se fraguó la necesidad e idea de esta investigación que inicialmente presenté como tesis de Magíster en Historia de la Universidad de Santiago de Chile (Usach), la que fue modificada en sus énfasis, ampliada y editada para esta publicación.

Para el desarrollo de la investigación, conté con una beca de magíster nacional otorgada por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) y el patrocinio permanente del Departamento de Historia de la Usach en diversas instancias académicas en las que participé a nivel nacional e internacional, las que me permitieron ir ajustando la hipótesis de investigación ante la opinión de los historiadores nacionales e internacionales. Para la elaboración final de este manuscrito, así como los cambios de enfoque y ampliación de los temas trabajados, no puedo dejar de remarcar la experiencia formativa del programa de doctorado en historia de la Usach, el cual realizo con el financiamiento de la ANID. Las conversaciones y debates de clases con los historiadores Igor Goicovic y Rolando Álvarez, fueron el incentivo intelectual necesario para dar un cierre a esta investigación, incorporando algunos énfasis importantes para el estudio de la represión estatal y los perpetradores de crímenes de lesa humanidad.

En conjunto con Villa Grimaldi y las escuelas de historia y antropología de la Universidad Academia de Humanismo Cristianoen el año 2019, tomando como base mi proyecto de investigación, nos adjudicamos un Fondo Institucional de Investigación y Creación. Ese fondo nos permitió hacer las gestiones con la Jefatura Nacional de Delitos contra los Derechos Humanos y las Personas (Jenadep) de la Policía de Investigaciones (PDI) para poder revisar el archivo de la Brigada Investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos (Bridehu), recientemente protegido como Monumento Nacional en la categoría de Monumento Histórico1. Este acervo documental, que tuvimos la oportunidad de revisar, constituye a mi juicio el principal archivo para el estudio de la represión y los perpetradores en la historia reciente chilena, donde encontré información relevante para el desarrollo de esta investigación. Esta corresponde al primer trabajo que se realiza en gran parte con los aportes de estos documentos.

En el plano académico, a mi tutora la doctora Cristina Moyano Barahona que, de manera sistemática, acuciosa y constructiva, revisó esta investigación, evidenció vacíos y sugirió modificaciones. Al doctor Rolando Álvarez Vallejos, por su calidad humana y fraternidad, quien me instó a decidirme finalmente por este tema de investigación en un momento de duda respecto al mismo, quien también efectuó una lectura crítica de este manuscrito. A la doctora Gabriela Águila de la Universidad Nacional de Rosario, quien también revisó este trabajo y constantemente me ha invitado a diversas instancias académicas sobre estudios de represión en el cono sur. A la doctora Mariana Joffily, de la Universidad del Estado de Santa Catarina, que me remitió información importante sobre la colaboración entre la dictadura chilena y brasileña en materia represiva.

Me gustaría reconocer a la licenciada Rosa Palau, encargada del “archivo del terror” del Museo de la Justicia, Centro de Documentación y Archivo para la defensa de los Derechos Humanos de Paraguay, quien me remitió una gran cantidad de información de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) disponible en el fondo “Plan Cóndor”. En el mismo plano, a los colegas de la Comisión Provincial por la Memoria de la ciudad de La Plata, Argentina, que hicieron lo mismo con su información.

A los colegas de la Biblioteca Nacional, en particular a la jefa de la sección de prensa y microfilm, Paulina Olivos, que en estos años me ha ayudado a revisar la prensa del período en lo que al comienzo parecía una tarea inabordable. Así también a los funcionarios del Centro de Investigación Diego Barros Arana, que me han facilitado el acceso a información documental que se dispone en la colección Fuentes para la Historia de la República.

Al periodista Mauricio Weibel, quien en 2019 me compartió de manera desinteresada una gran cantidad de documentos que en años de investigación ha logrado ir acumulando, además de confrontar mi hipótesis inicial sobre la DINA a raíz de la evaluación crítica que hizo de un adelanto de investigación que publiqué por la Revista Izquierdas, núm. 49, titulado “La organización de la represión y la inteligencia en la dictadura militar chilena. Del copamiento militar del territorio al surgimiento de la Dirección de Inteligencia Nacional: Región Metropolitana, 1973-1977”.

A mi familia y amigos, por todo lo entregado. A mi abuela, por el cariño dado a lo largo de los años. A mi madre y mi padre, por su incondicionalidad. A mis hermanos, por su compañía.

Finalmente, a mi pareja, Susana González Guzmán, con quien comparto mi vida, el anhelo de justicia social y el compromiso político por hacer de Chile un país más justo. Gracias por tu amor, cariño y cuidado.

Ilustración 1. Chile: división provincial y departamental, 1932-1974

Fuente: Colección Mapoteca, Biblioteca Nacional.

Ilustración 2. Chile: distribución de las CAJSI por provincias, 1973-1975

Elaborada por el diseñador Mario Abarca, en base a información de las CAJSI. Tablas 8 y 9.

1 Monumento Nacional, en categoría de Monumento Histórico, Archivo de la Brigada Investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones de Chile. Decreto núm. 79 del Ministerio de Educación del 28 de febrero de 2018.

INTRODUCCIÓN

La propuesta de esta investigación tuvo como objeto inicial el análisis de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), entendida como un organismo burocrático-militar que desarrolló funciones represivas, de control, información e inteligencia estratégica que la perfilaron como una policía política entre 1973 y 1977. El objetivo era situar a la DINA en el proceso de institucionalización de la dictadura permitiendo, a través de su accionar, dar cuenta de cómo las diversas disputas políticas, dentro de la Junta Militar de Gobierno como fuera de ella, fueron incidiendo en el desarrollo de la organización y el derrotero político del presidente de la Junta, general Augusto Pinochet Ugarte. El éxito y desarrollo de la DINA implicaban el desarrollo del personalismo de la dictadura militar en su proceso de institucionalización. Como el mismo Pinochet espetó a los miembros de la Junta Militar en 1974 en una conversación en la que se estaba cuestionando el accionar de la DINA y que grabó el exdirector de inteligencia del Ejército general Augusto Lutz: “¡Señores, la DINA soy yo!”. El desarrollo del personalismo del régimen era la cara política de la lógica represiva de la dictadura.

Bajo esta intuición investigativa, suponía que la DINA –como una burocracia de inteligencia política– efectuaba una ruptura con el desarrollo de la racionalidad represiva de los servicios de inteligencia al interior de las fuerzas armadas (FF. AA.) y policiales. Mi argumento para sostener aquello radicaba en que la DINA era un servicio de inteligencia de Gobierno y no una burocracia de inteligencia de una rama específica de las FF. AA. dependiente del alto mando1. Otro argumento que reforzaba mi hipótesis inicial era el hecho de que este servicio realizó labores de inteligencia política para la toma de decisiones en diversos ámbitos de las políticas de Estado, además de contrainteligencia y operaciones encubiertas. Finalmente, tomando como base la periodización de las comisiones de verdad y reconciliación, supuse que la emergencia de la DINA rompía con la racionalidad represiva de los primeros meses del golpe de Estado y que con ello marcaba una ruptura con la lógica contrasubversiva de las FF. AA.2.

Una serie de investigaciones han señalado la relevancia política de la DINA, posicionándola como un recurso de poder personalista de Augusto Pinochet, que le permitió consolidarse en el poder del Ejército y de la Junta Militar de Gobierno3, señalando que, al contribuir a dicho proceso, la DINA se constituyó en un organismo de carácter represivo que se creó para eliminar a los adversarios políticos del régimen, disuadiendo las críticas internas y, a la vez, disciplinando a la sociedad4.

Junto con ello, diversas investigaciones han remarcado el carácter represivo de la DINA, esbozando una serie de elementos que permiten identificar su funcionamiento y racionalidad burocrática5. De la misma manera, las investigaciones habían dado cuenta de ciertos elementos que marcaban rupturas con las tendencias de las dictaduras latinoamericanas desde el punto de vista de la represión y, por ende, de la caracterización política del régimen militar chileno6. No obstante, poco se conocía respecto a la manera en cómo se configuró históricamente la inflexión en las estrategias de seguridad e inteligencia dentro de las FF. AA. y policiales y cómo estas repercutieron en las características y dinámicas de la represión de los primeros años de la dictadura militar. Tampoco existía claridad en torno a cómo se fue articulando históricamente este proceso con el fortalecimiento del poder personal de Augusto Pinochet al interior de las filas del Ejército y cómo esto contribuyó a su consolidación en la Junta Militar de Gobierno o viceversa7. Finalmente, no existían investigaciones sobre la DINA que relevasen su accionar no represivo, orientado a la coordinación de las políticas de Estado, a la recopilación de información y a la producción de inteligencia para la implementación de planes, programas y estrategias de Gobierno.

A medida que comencé a desarrollar la investigación, me di cuenta de que el énfasis era distinto. Si solo se miraban los datos oficiales de víctimas detenidas por prisión política, ejecutadas y detenidas desaparecidas, parecía razonable sostener que la DINA era el punto de ruptura en el cambio de la dinámica represiva, marcada por un período de represión masiva (de septiembre a diciembre de 1973), de ejecuciones sumarias, pasando a un período de detención clandestina y de desaparición forzosa que marcarían el sello del período de represión selectiva (de enero de 1974 a agosto de 1977). Algunos investigadores habían avanzado en esa dirección, indicando que desde la puesta en marcha de la DINA los objetivos de la política represiva pasaron a estar más definidos, modificando el repertorio represivo de un modus operandi masivo y abierto hacia uno más secreto y clandestino, propio de una orientación contrasubversiva8. Las propias organizaciones de derechos humanos de la sociedad civil, desde mediados de la década de 1970, también apuntaban en esa dirección y esta interpretación finalmente se institucionalizó en las comisiones de verdad y reconciliación9. Si bien es cierto que la emergencia de la DINA marcaba una inflexión desde el punto de vista de la modalidad de la represión del régimen, la explicación por ruptura no entrega suficientes argumentos para dar cuenta de la coherencia interna de la DINA con el desarrollo doctrinario, institucional y estratégico de las propias FF. AA. ¿No era acaso el cambio de la dinámica un ajuste coyuntural dado por las FF. AA. y policiales a una necesidad política desarrollada a partir de las mismas premisas de la lógica represiva que las llevó a dar el golpe de Estado e iniciar una guerra contra su propio pueblo? ¿Qué pasaba con el accionar clandestino del Comando Conjunto surgido al alero del Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea (SIFA)? Con ello se me abrió la interrogante respecto a si la DINA era la causa del cambio de la dinámica contrasubversiva o bien era la expresión de un proceso más complejo de la que constituía una adaptación coyuntural de las FF. AA. y policiales.

La investigación, a través del análisis de documentos de diversa índole, me llevó a constatar que la propia lógica contrasubversiva de las FF. AA. y policiales, concebía la necesidad de llevar la guerra interna hacia otros repertorios, mucho más secretos, encubiertos, selectivos y con fuertes componentes de operaciones psicológicas capaces de confundir a la opinión pública sobre la envergadura de las acciones desarrolladas. El objetivo para ello era construir, tras el período de guerra interna inicial declarado como fundamento del golpe de Estado, una fachada de legalidad que permitiese encubrir la guerra sucia de exterminio llevada a cabo contra la “subversión”. Con ello, la construcción del terror de Estado, como desde inicios de la modernidad, se ha denominado al ejercicio represivo de parte de los Estados nacionales en contra de la población civil, desarrollado por la dictadura chilena no parecía radicalmente distinto al caso de otras dictaduras latinoamericanas10.

En el viraje de mi objeto de investigación, el aporte de los trabajos de las investigadoras e investigadores Gabriela Águila, Mariana Joffily, Esteban Pontoriero, Claudia Field y Pablo Scatizza y, en general, los aportes historiográficos de la Red de Estudios sobre Represión y Violencia Política, me permitieron cambiar el foco, avanzando, desde esta perspectiva, hacia una investigación de las FF. AA. que escrutase la relación histórica entre los dispositivos, organizaciones e instituciones represivas, de control e inteligencia con el desarrollo y consolidación del proceso político chileno entre 1970 y 1975.

Un análisis historiográfico centrado en la organización, los dispositivos y las instituciones represivas de las FF. AA., nos permite tomar a una organización burocrática determinada como un punto de articulación en una coyuntura histórica, cruzada de tensiones, intereses y necesidades que le dan sentido. Al relacionar las estructuras de poder del régimen con el desarrollo de sus organizaciones burocráticas de defensa y orden policial, podemos situar históricamente el sentido de las prácticas y racionalidades desarrolladas por las mismas para legitimar el golpe de Estado y poner en marcha la dinámica contrasubversiva a lo largo de la dictadura militar, al mismo tiempo que nos da indicios de su propio funcionamiento y trayectoria, dado su lugar privilegiado como las agencias estatales en materia de inteligencia y seguridad.

Desde ese punto de vista, esta investigación entrega evidencia histórica respecto al proceso de elaboración intelectual de los institutos militares y del desarrollo del profesionalismo militar en materia específica de subversión y contrasubversión entre los años 1970 y 1975. Ese proceso de deliberación interno en el contexto de la Guerra Fría interamericana11, en la coyuntura política del momento, favorecerá que un sector de la oficialidad desarrolle una concepción de la seguridad nacional vista bajo el prisma de la doctrina de guerra contrasubversiva y de los intereses geoestratégicos norteamericanos que cristalizarán en una concepción sui géneris de la seguridad nacional y la contrasubversión, basada en un arraigado imaginario anticomunista12. De modo paralelo, el propio proceso de modernización del Estado en materia represiva y la profesionalización de los cuerpos militares y policiales desde la década de 1940 favorecerá el desarrollo de adaptaciones en una serie de dispositivos burocráticos específicos en materia de orden público y contrasubversión del Estado y de las propias FF. AA., que inserta sus raíces históricas en un proceso de mediana duración de desarrollo de la militarización de la función del orden policial, como una manera de contener los despuntes de violencia política del movimiento popular chileno en sus demandas13. Este marco permite entender cómo en la coyuntura del Gobierno del presidente Salvador Allende dicho proceso se acentuó a medida que la crisis política se transformó en una crisis institucional y diversos actores políticos –por izquierda y derecha– presionaron a la institucionalidad para desbordarla. Ese escenario generó un callejón sin salida, ya que por una parte el Gobierno de Allende buscó controlar el orden público y contener la movilización radical de la derecha rupturista a través de la utilización de la Ley de Seguridad Interior del Estado y la decretación de estado de emergencia –previa sesión y recomendación del Consejo Superior de Seguridad Nacional (Consusena), entregando el poder a las FF. AA. y policiales en los territorios de las respectivas jurisdicciones–. Mientras que, por izquierda, se vio ante la presión política de no criminalizar la protesta social y los procesos de radicalización política de sectores populares, apoyados por partidos con definiciones programáticas revolucionarias que presionaban por desbordar la institucionalidad. Esta tensión entre la búsqueda por reprimir la movilización rupturista de derecha y no criminalizar la movilización popular, generó un espacio político que fue utilizado por los sectores de la oposición política –fundamentalmente, el Partido Demócrata Cristiano (PDC), que impulsó la Ley de Control de Armas y explosivos como un nuevo dispositivo de represión y contrasubversión para contener la supuesta insurgencia armada de izquierda, que sacó a las FF. AA. de la tutela del poder ejecutivo, facultándolas para generar operativos de contrasubversión y allanamientos por decisión de las propias fiscalías militares–. La constante necesidad política de contener los brotes de violencia rupturista de derecha, expresada con fuerza en la paralización de octubre de 1972 llevó a que Allende integrase a los militares en labores de estabilización institucional que los posicionó como actores políticos relevantes y como un recurso para la oposición golpista para contener a las fuerzas de la UP tras la incapacidad de la oposición de derrotarla electoral y organizacionalmente en el mundo popular. En ese contexto, la progresiva utilización de las FF. AA. y policiales en materia de seguridad y orden interno favoreció el crecimiento de los sectores políticos de oposición que leían el problema de la crisis en desarrollo como un problema de subversión y contrasubversión originada por la amenaza marxista.