El paraíso de la impunidad

Índice de contenido

Portadilla

Legales

Índice de siglas utilizadas

Prólogo / Rainer Huhle

Presentación / David Velasco Yáñez, SJ

La discriminación nuestra de cada día / Denisse Montiel Flores

La “naturalización” de la tortura en México / Clara María de Alba de la Peña y David Velasco Yáñez, SJ

Noche y niebla. Desaparecer las desapariciones forzadas / Diana Laura Zárate Rosales

México: ¿un estado feminicida? / Denisse Montiel Flores y Cristian David Rodríguez Pinto

Mercaderes de esclavos / Diana Laura Zárate Rosales

El sacrificio de los inocentes en México / Fabiola del Carmen Ibarra Ramos

Estado de excepción y conversión de los derechos humanos en mercancías / Belinda Camarena Vázquez

Un examen fallido: el examen periódico universal a México / Daniela Zaizar Pérez

Dejar agonizar a la prensa independiente y crítica / Cristian David Rodríguez Pinto

Conclusiones generales / David Velasco Yáñez, SJ y Fabiola del Carmen Ibarra Ramos

Acerca de los autores

Diseño original: Danilo Design

Diseño de portada: Ricardo Romo

Diagramación: Beatriz Díaz Corona Jiménez

La presentación y disposición de El paraíso de la impunidad. México examinado por los comités de los tratados internacionales de derechos humanos son propiedad del editor. Aparte de los usos legales relacionados con la investigación, el estudio privado, la crítica o la reseña, esta publicación no puede ser reproducida, ni en todo ni en parte, en español o cualquier otro idioma, ni registrada en o transmitida por un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, sea mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético, electroóptico, por fotocopia, o cualquier otro, inventado o por inventar, sin el permiso expreso, previo y por escrito del editor.

1a. edición, Guadalajara, 2020.

DR © Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO)

Periférico Sur Manuel Gómez Morín 8585, Col. ITESO,

Tlaquepaque, Jalisco, México, CP 45604.

www.publicaciones.iteso.mx

Digitalización: Proyecto451

ISBN edición digital (ePub): 978-607-8616-90-9 (Ebook HTML)

ISBN de la colección 978-607-9473-18-1 (Ebook HTML)

La impunidad en México es una estrategia del gobierno.

La impunidad es el principal medio que tienen

para tener a las personas paralizadas,

inseguras y aterrorizadas.

Es una estrategia criminal de gobierno.

DON RAÚL VERA LÓPEZ, O.P., OBISPO DE SALTILLO

(MARTÍNEZ, 2017)

En México no hay impunidad

y se adoptan medidas concretas

en los casos de violación de los derechos humanos.

SALVADOR BELTRÁN DEL RÍO MADRID, COMISIONADO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN (CMW, 2011)

LA IMPUNIDAD TIENE NOMBRES

Diseño del caligrama: Ana Belén Pérez González.

Índice de siglas utilizadas

ACNUR: Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados

ADN: Ácido desoxirribonucleico

AFADEM: Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos

AG–ONU: Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas

AIDA: Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente

AMARC: Asociación Mundial de Radios Comunitarias

APPO: Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca

CADHAC: Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C.

CAT: Comité contra la Tortura (por sus siglas en inglés)

CCPR: Comité de Derechos Civiles y Políticos (siglas en inglés)

CDH: Consejo de Derechos Humanos

CDH Fray Bartolomé: Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas

CDHDF: Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal

CEAMEG: Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres

CED: Comité contra las Desapariciones Forzadas (por sus siglas en inglés)

CEDAW: Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (siglas en inglés)

CEMDA: Centro Mexicano de Derecho Ambiental

Centro Prodh: Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez

CERD: Comité para la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial (siglas en inglés)

CERD2: Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial (siglas en inglés)

CESCR: Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (siglas en inglés)

CIDE: Centro de Investigación y Docencia Económicas

CIDH: Comisión Interamericana de Derechos Humanos / Corte Interamericana de Derechos Humanos

CLADEM: Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres

CMDPDH: Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos

CMW: Convención Internacional sobre la protección de derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familias

CNDH: Comisión Nacional de Derechos Humanos

COAMEX: Coalición México por los derechos de las personas con discapacidad

COMAR: Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados

CONAPRED: Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación

CRC: Comité de los Derechos del Niño (por sus siglas en inglés)

DDH: Defensores y defensoras de derechos humanos

DESC: Derechos Económicos, Sociales y Culturales

DH: Derechos Humanos

DIDH: Derecho internacional de los Derechos Humanos

DIF: Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia

DOF: Diario Oficial de la Federación

EAAF: Equipo Argentino de Antropología Forense

ECPAT: End Child Prostitution and Trafficking

EM: Estado mexicano

EPU: Examen Periódico Universal

ETN: Empresas Transnacionales

EZLN: Ejército Zapatista de Liberación Nacional

FEADLE: Fiscalía de Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas

FEDEFAM: Federación Latinoamericana de Asociaciones Familiares de Detenidos–Desaparecidos

FEVIMTRA: Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas

FLD: Front Line Defenders

FUNDEM: Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos de México

GIDHS: Grupo de Investigación en Derechos Humanos y Sostenibilidad

GIEI: Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes

GIRE: Grupo de Información en Reproducción Elegida

GTDFI: Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias

GTDHETN: Grupo de Trabajo sobre Derechos Humanos y Empresas Transnacionales

GTEPU: Grupo de Trabajo del Examen Periódico Universal

IAP: Instituciones de Asistencia Privada

ICAED: Coalición Internacional contra la Desaparición Forzada (siglas en inglés)

IDH: Índice de Desarrollo Humano

IFT: Instituto Federal de Telecomunicaciones

IIMA & VIDES: Istituto Internazionale Maria Ausiliatrice

IMDHD: Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia

INAI: Instituto Nacional de Información

INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía

INM: Instituto Nacional de Migración

INMUJERES: Instituto Nacional de las Mujeres

IS: Informes sombra

LFPED: Ley General para Prevenir y Erradicar la Discriminación

LGBTTTI: Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgéneros, Travestis, Transexuales e Intersexuales

MNP: Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura

OACNUDH: Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos

OHCHR: Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (siglas en inglés)

OIT: Organización Internacional del Trabajo

OMCT: Organización Mundial contra la Tortura

ONG: Organización No Gubernamental

ONU: Organización de las Naciones Unidas

OP: Orden de Predicadores (comúnmente conocida como orden dominicana)

OPAC: Protocolo sobre la Participación de Niños en Conflictos Armados (por sus siglas en inglés)

OPSC: Protocolo sobre la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de Niños en la Pornografía (siglas en inglés)

OS: Open Society

OSC: Organizaciones de la Sociedad Civil

PE: Protocolo de Estambul

PGR: Procuraduría General de la República

PHR: Physicians for Human Rights

PIDCP: Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (siglas en inglés)

PIDESC: Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales

PROEQUIDAD: Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y la No Discriminación contra la Mujer

PROIGUALDAD: Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Red TDTT: Red de Organismos Civiles Todos los Derechos para Todos y Todas

REDIM: Red por los Derechos de la Infancia en México

SCJN: Suprema Corte de Justicia de la Nación

SEP: Secretaría de Educación Pública

SRE: Secretaría de Relaciones Exteriores

TLCAN: Tratado de Libre Comercio de América del Norte

UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para la infancia (siglas en inglés)

UNODC: Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (siglas en inglés)

UOCL: University of Oklahoma College of Law

Prólogo RAINER HUHLE (*)

A la memoria de Louis Joinet

Dios perdona pecados, pero no su impunidad. O en el lenguaje y la ortografía de la primera edición del Diccionario de la Real Academia Española, de casi tres siglos atrás: “Muchas veces suele disimular Dios los pecados, raras la impunidád [sic] de ellos” (RAE, 1726–1739). Para los humanos también el no castigo de graves crímenes ha sido entendido desde la antigüedad como un ataque al sentido de lo justo. El término “impunidad” y sus equivalentes, derivados del latín en los idiomas europeos, aparece en la época del humanismo. En textos ingleses se encuentra “impunity” desde el siglo XV, y en español y francés es documentado por primera vez en 1604 (Palet, 1604). Pero el gran auge en el uso del término “impunidad” se dio en los años de la revolución francesa, no solo en Francia sino también en Inglaterra. Los conceptos de la pena, las formas aceptadas del castigo, las justificaciones del mismo acto de punir habrán cambiado con los tiempos, pero el rechazo a la impunidad ha permanecido.

Tal vez por ser tan de sentido común, por ser la razón de ser de todos los códigos penales del mundo, el concepto de la impunidad ha tardado mucho en pasar del derecho penal al ámbito de los derechos humanos. Si bien el derecho a un recurso judicial efectivo y un proceso justo son de los derechos civiles más antiguos y están hoy anclados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, ninguno de estos instrumentos básicos contiene expresamente un “derecho a la justicia”, entendido como derecho de las víctimas al castigo de los perpetradores de graves violaciones a los derechos humanos.

Esta idea de que la no impunidad, el castigo de los responsables de graves violaciones a los derechos humanos, sea parte de la misma lucha por las garantías de estos derechos surge en varios países latinoamericanos en el marco de las transiciones de dictaduras hacia gobiernos democráticos y de los debates que han acompañado estas transiciones con respecto al grado en que las normas de un estado de derecho podrían ser flexibilizadas para hacer posibles estas transiciones. Es en este mismo contexto, paradójicamente llamado de “justicia transicional”, en el que surgen importantes reflexiones, tanto en la sociedad civil como en el debate académico de los derechos humanos, sobre los efectos de la impunidad para una transición exitosa y la (re)constitución de un estado democrático y de derecho.

Es imposible recordar estos debates y procesos sin evocar el nombre del juez francés Louis Joinet, fallecido el 22 de septiembre de 2019 a la edad de 85 años. En su función como experto de la entonces Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías, Joinet fue encargado de estudiar el tema de la impunidad y hacer propuestas para la lucha contra ella. El juez, y también militante de derechos humanos y sociales, no quiso escribir este estudio desde la soledad de su escritorio. Por el contrario, se puso a organizar talleres convocando a víctimas y luchadores por los derechos humanos en muchos países, especialmente en América Latina, para recoger las opiniones y los criterios de quienes él consideraba los verdaderos expertos. El haber podido participar en uno de estos talleres en Chile es una experiencia grabada en mi memoria. Fruto de estas múltiples consultas, que por supuesto incluían también otros expertos en los órganos de Naciones Unidas, son los “Principios para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad” de 1997, o simplemente los Principios Joinet.

En sus memorias Joinet (2013) hace un recuento de su larga vida de militante de derechos humanos en múltiples niveles y escenarios: en Francia y el mundo, como sindicalista y organizador de base, como abogado y juez, y como servidor público en gobiernos franceses y en muchos cargos oficiales de las Naciones Unidas. Los Principios Joinet le merecen solo pocas palabras en sus memorias, porque no son más que la culminación más visible de su larga lucha contra la impunidad. “Hacer que estos 28 (1) Principios directores fueron adoptados por la ONU me ha permitido condensar la lucha de una vida entera, llevada en nombre del ¡Nunca Más!” (p.328). Para Joinet, la impunidad es “uno de los problemas clave de toda justicia, si ella pretende tener un sentido”.

En el centro de la impunidad está, según Joinet, la denegación del derecho a la verdad. “Este es el derecho primordial de las víctimas y de sus allegados, que la justicia investigue para ellas la verdad sobre aquellos quienes han destruido su vida o sus familias” (2013, p.328). La lucha contra la impunidad, en la visión de Joinet, no es simplemente la respuesta a un principio de legalidad. Sus reflexiones sobre este y otros temas legales siempre se han nutrido en primer lugar por las necesidades (y los derechos) de las víctimas. Un ejemplo muy claro se puede ver en sus propuestas en el marco del trabajo para la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, en el cual también tuvo un papel protagónico desde los primeros momentos. Para él, la lucha contra las desapariciones forzadas es a la vez una lucha contra el tiempo. Si la desaparición forzada se caracteriza por la incertidumbre de lo ocurrido, incertidumbre que ni siquiera termina con la muerte, la primera consecuencia es que el crimen no puede prescribir, porque la prescripción termina también con la búsqueda de la verdad, aniquilando este derecho fundamental. Con su gran lucidez, Joinet entiende que por esta razón el derecho a la verdad no debe quedar vinculado al derecho a la justicia, no ser considerado, en sus palabras, un “accesorio al derecho a la justicia” (p.330). Debe estar concebido y fijado en las leyes como un derecho autónomo, tal como lo hace el artículo 24 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. La pretensión punitiva de un estado de derecho termina con la muerte del acusado, y con él muere la búsqueda judicial de la verdad. Pero el derecho a la verdad para Joinet es “un derecho fundamental de las familias de las víctimas y de sus descendientes”, sin limitación temporal, sin límite de generaciones.

Estas son las razones por las que Louis Joinet ordena los “Principios para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad” de manera que el primer principio es el derecho de las víctimas a saber, seguido del derecho a la justicia y el de obtener reparación.

En el concepto de Joinet, toda la lucha contra la impunidad está pensada desde la perspectiva de las víctimas. Los derechos a la verdad y a la justicia son llamados en los Principios explícitamente “derechos de las víctimas”. Pero estos derechos de las víctimas tienen también para Joinet una dimensión colectiva que trasciende el ámbito de la relación personal entre perpetrador y víctima. El anexo de definiciones que acompaña los Principios no deja lugar a dudas:

Principio 1 – El derecho inalienable a la verdad

Cada pueblo tiene el derecho inalienable a conocer la verdad acerca de los acontecimientos sucedidos y las circunstancias y los motivos que llevaron, mediante la violación masiva y sistemática de los derechos humanos, a la perpetración de crímenes aberrantes. El ejercicio pleno y efectivo del derecho a la verdad es esencial para evitar que en el futuro se repitan las violaciones (ONU, 1997a, 1997b).

Los derechos que tienen las víctimas en oposición a la impunidad tienen así un doble carácter. Son derechos individuales (o grupales) y al mismo tiempo son derechos de toda la sociedad. Los Principios Joinet están así en plena consonancia con la idea básica del derecho penal internacional de que los crímenes de lesa humanidad deben ser perseguidos universalmente. En el plano nacional podríamos hablar de “crímenes de lesa sociedad” porque lesionan a la sociedad entera y por lo tanto confieren un derecho, y un deber de castigarlos, para toda la sociedad. Es la sociedad que necesita y tiene derecho a conocer la verdad de estos crímenes, es la sociedad entera que necesita que se haga justicia a los perpetradores y que espera que a través de estos derechos se logre la no–recurrencia de las violaciones. Incluso en un derecho de aparente exclusividad para las víctimas directas de un crimen —el derecho a obtener reparación— se encuentran rasgos que implican a toda la sociedad; por ejemplo: cuando se trata de restablecer la buena fama de las víctimas, de su restitución en su estatus social y moral en la sociedad, en inscribir sus sufrimientos y la injusticia soportada en la memoria colectiva de la sociedad y sus programas educativos, y otras medidas reparatorias que tienen un alcance para toda la sociedad. (2)

El derecho que le sigue al derecho a la verdad en los Principios —el derecho a la justicia—, demuestra la misma característica: es un derecho individual o grupal de las víctimas y un derecho y una necesidad de la sociedad. Pero si el derecho a la reparación es un derecho que parece en primer lugar ligado a los individuos, la justicia en la tradición del derecho occidental ha pasado, desde los tiempos del derecho romano, de un derecho individual o familiar a uno que se puede ejercer solo por el estado en representación de la sociedad entera. La novedad, y en realidad es una pequeña revolución en los Principios Joinet, es que en ellos por primera vez se postula de manera explícita un derecho humano a la justicia.

Pero si el derecho a la justicia en este sentido es un derecho humano, ¿es entonces la impunidad, más allá de una grave falta a los deberes de los estados bajo el derecho internacional, también ella misma una violación de los derechos humanos? ¿Es la justicia retributiva, el castigo de un otro, un derecho humano frente al estado, un derecho cuya denegación produce un daño comparable al daño causado por el ocultamiento de la verdad sobre la suerte de un familiar desaparecido, o la negativa de conceder una reparación?

Estas cuestiones han surgido al mismo tiempo que la lucha contra la impunidad. En 1996 se realizó en Santiago de Chile el Seminario Internacional Impunidad y sus Efectos en los Procesos Democráticos, con la participación de muchos destacados abogados, otros expertos y activistas en la lucha contra impunidad. (3) Como conclusión de los nutridos y multidisciplinarios debates se acordó una Declaración de Santiago de Chile, (4) en la cual se dice sin ambages: “Consideramos que la impunidad es, en sí misma, una violación a los derechos humanos ya que agrega a la violación cometida un nuevo crimen”. La conocida médica neurosiquiatra Paz Rojas, de la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU) chilena, en su ponencia “Consecuencias médico–psicológicas sobre la persona en los procesos de impunidad”, sostuvo que la impunidad “constituye un atentado a la dignidad humana propiamente tal” (1996, sección Impunidad, párr.3).

No es casual que la insistencia más enfática con respecto a que la impunidad misma deba considerarse un crimen contra los derechos humanos sea sostenida por psicólogas/os y otras personas que acompañan a las víctimas. Son ellas/os quienes observan cómo la impunidad se transforma en un constante proceso de revictimización, porque implica no solo la negación del derecho a la justicia sino que también niega el reconocimiento de esta injusticia y así hace imposible la reparación en el sentido profundo que significa la re–habilitación de las víctimas: que reencuentren su lugar en la sociedad (Bottinelli, 2007). La revictimización bajo el impacto de la impunidad es también la denegación de la salud mental.

Y lo mismo vale para las sociedades en las cuales impera la impunidad. La impunidad es una grave enfermedad de la sociedad. Una sociedad con impunidad, por lo tanto, es una sociedad patológica. No solo destruye el sistema jurídico del estado sino también el sistema valorativo de la sociedad sobre el cual se construyen sus instituciones. Cuando las personas, las familias, las comunidades y los colectivos sociales perciben esta destrucción de los valores e instituciones que deben garantizar la justicia no les queda otro remedio que replegarse en redes nucleares donde se compartan y defiendan estos valores, a costa de la cohesión de la sociedad entera. Es esta espiral destructiva de la impunidad la que llevó al eminente jurista colombiano y defensor de derechos humanos Federico Andreu a constatar que “la lucha contra la impunidad es el eje central para la constitución de una sociedad realmente democrática. Solo cuando se logra derrumbar los muros de la impunidad, podemos erigir baluartes para la defensa de la democracia en todos los niveles de la sociedad” (Andreu, 1996, p.188). Una sociedad que convive con la impunidad demuestra una serie de patologías que solo el combate a la impunidad puede curar.