La situación de la violencia relacionada con las drogas en México del 2006 al 2017

Índice de contenido

Portadilla

Legales

Índice de abreviaturas

Prólogo / Luis Arriaga Valenzuela, SJ

Presentación / José Antonio Guevara Bermúdez

Resumen

1. Introducción

2. Metodología

3. Antecedentes contextuales

3.1. Actores

3.1.1. Las Organizaciones de Tráfico de Drogas (OTD)

3.1.2. Las Fuerzas Armadas del Estado

4. Ley aplicable

5. Organización

5.1. Cártel del Golfo (CDG)

5.2. Cártel de Juárez (CDJ)

5.3. Cártel de los Arellano Félix (CAF) / Tijuana

5.4. Cártel de Sinaloa (CDS)

5.5. Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)

5.6. La Familia Michoacana (LFM)

5.7. Los Caballeros Templarios (LCT)

5.8. Los Zetas

5.9. La Organización Beltrán Leyva (OBL)

5.10. Conclusión sobre el nivel de organización

6. Intensidad

6.1. Situación de violencia que involucra al Cártel de Juárez (CDJ)

6.2. Situación de violencia que involucra al Cártel de Sinaloa (CDS)

6.3. Situación de violencia que involucra al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)

6.4. Situación de violencia que involucra a la Familia Michoacana (LFM)

6.5. Situación de violencia que involucra a los Caballeros Templarios (LCT )

6.6. Situación de violencia que involucra a Los Zetas

6.7. Situación de violencia que involucra a la Organización Beltrán Leyva (OBL)

6.8. Conclusión sobre el nivel de intensidad

7. Conclusión

Table of Abbreviations

Foreword / Luis Arriaga Valenzuela, SJ

Preface / José Antonio Guevara Bermúdez

Executive Summary

1. Introduction

2. Methodology

3. Contextual background

3.1. Actors

3.1.1. Drug Trafficking Organisations (DTOs)

3.1.2. State Armed Forces

4. Applicable law

5. Organisation

5.1. Cartel del Golfo (CDG)

5.2. Cartel de Juárez (CDJ)

5.3. Cartel de los Arellano Félix / Tijuana (CAF)

5.4. Cartel de Sinaloa (CDS)

5.5. Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG)

5.6. La Familia Michoacana (LFM)

5.7. Los Caballeros Templarios (LCT)

5.8. Los Zetas

5.9. Organización Beltrán Leyva (OBL)

5.10. Conclusion on the Level of Organisation

6. Intensity

6.1. Situation of Violence involving Cartel de Juárez (CDJ)

6.2. Situation of Violence involving Cartel de Sinaloa (CDS)

6.3. Situation of Violence involving Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG)

6.4. Situation of Violence involving La Familia Michoacana (LFM)

6.5. Situation of Violence involving Los Caballeros Templarios (LCT)

6.6. Situation of Violence involving Los Zetas

6.7. Situation of Violence involving Organización Beltrán Leyva (OBL)

6.8. Conclusion on the Level of Intensity

7. Conclusion

Bibliography

Diseño original: Danilo Design

Diseño de portada: Ricardo Romo

Diagramación: Rocío Calderón Prado

La situación de la violencia relacionada con las drogas en México del 2006 al 2017: ¿es un conflicto armado no internacional?

Leiden Derecho Internacional Humanitario - Reporte Clínico – Serie No. 28 (2018)

Traducción al español: Laura Martín del Campo Esteta

Revisión de estilo de la traducción: José Antonio Guevara Bermúdez

Traducido al español con el permiso de la Universidad de Leiden a partir de la versión original en inglés, publicada con el título:

The Situation of Drug-Related Violence in Mexico from 2006 - 2017:

A Non-International Armed Conflict?

Leiden IHL Clinic Report-Series No. 28 (2018)

La presentación y disposición de La situación de la violencia relacionada con las drogas en México del 2006 al 2017 son propiedad de los editores. Aparte de los usos legales relacionados con la investigación, el estudio privado, la crítica o la reseña, esta publicación no puede ser reproducida, ni en todo ni en parte, en español o cualquier otro idioma, ni registrada en o trasmitida por un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, sea mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético, electroóptico, por fotocopia, o cualquier otro, inventado o por inventar, sin el permiso expreso, previo y por escrito de los editores.

1a. edición, Guadalajara, 2019.

DR © Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO)

Periférico Sur Manuel Gómez Morín 8585, Col. ITESO,

Tlaquepaque, Jalisco, México, CP 45604.

www.publicaciones.iteso.mx

DR © Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos

Tehuantepec 142, Col. Roma Sur

Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, CP 06760.

ISBN 978-607-8616-53-4 (Ebook HTML)

Digitalización: Proyecto451

COMISIÓN MEXICANA DE DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS, A.C.

CONSEJO DIRECTIVO

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INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE OCCIDENTE

RECTORÍA

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DIRECTOR

Índice de abreviaturas

Prólogo DR. LUIS ARRIAGA VALENZUELA, SJ (1)

LA SITUACIÓN DE LA VIOLENCIA RELACIONADA CON LAS DROGAS EN MÉXICO DEL 2006 AL 2017: ¿ES UN CONFLICTO ARMADO NO INTERNACIONAL?

México está sumido en una ola de violencia armada sin precedentes en su historia reciente. Desde hace al menos una década, los derechos humanos de cientos de miles de personas (mexicanos y extranjeros, particularmente migrantes centroamericanos en tránsito) han sido violentados de manera sistemática y, en el caso de algunas violaciones concretas (como la tortura y la desaparición en ciertas regiones del país), de manera generalizada.

Existe un amplio consenso en el sentido de que esto derivó, por un lado, de la “guerra contra las drogas” y la militarización extrema de la seguridad pública en el país (inaugurada por el gobierno de Felipe Calderón y continuada por los de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador). Por otro lado, derivó también del aumento cualitativo y cuantitativo de la violencia perpetrada por actores no estatales vinculados a la delincuencia organizada.

En no pocas regiones del país, la población quedó inerme entre la cruenta violencia de las organizaciones criminales y la violencia desproporcionada de las fuerzas de seguridad.

Como es sabido, el marco conceptual y normativo de los derechos humanos ofrece un conjunto consolidado de conceptos y normas aplicable en contextos como este. Un “lenguaje” para “nombrar” la violencia; un recurso para denunciar el comportamiento de los perpetradores y, sobre todo, para exigir jurídica y políticamente justicia y reparación para las víctimas, así como la no repetición para la sociedad en su conjunto.

Personalmente, a mi paso por la dirección del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, obra social de la Compañía de Jesús, pude constatar de primera mano cómo este bagaje de los derechos humanos es útil y potente para develar realidades de opresión y encauzar, en un lenguaje cuya legitimidad aceptan todos los actores, las demandas de las víctimas.

Desde la óptica de los derechos humanos, pocos se atreverían a negar que México está atravesando por una crisis de derechos humanos. (2) Por lo tanto, parece no haber controversia sobre la competencia de distintas instancias especializadas en derechos humanos, jurisdiccionales y no jurisdiccionales, nacionales e internacionales, para abordar la situación en su conjunto y los casos específicos, con el fin último de lograr que los derechos humanos sean respetados, protegidos y garantizados, y que posibles futuras violaciones sean prevenidas.

Pero desde otras perspectivas, la dimensión cuantitativa de la violencia (es decir, el masivo número de asesinatos, desapariciones, actos de tortura y desplazamiento forzado, entre otros) ha llevado a distintos analistas a preguntarse si la situación que enfrenta México es propiamente hablando un “conflicto armado interno”.

Como recordará el lector, en 2017 el informe anual sobre conflictos armados del International Institute for Strategic Studies (IISS) causó gran revuelo y controversia al resaltar que el conflicto en México había sido el segundo más violento del mundo en el año 2016, solamente superado por el de Siria, pero por encima de los de Irak y Afganistán. (3)

La discusión sobre la categorización de la situación de violencia en México como un “conflicto armado interno” se ha comenzado a dar, más allá de los círculos de la prensa y la política, también en los ámbitos académico y de la sociedad civil. De esta manera, desde las universidades y las organizaciones de la sociedad civil nos preguntamos si la situación de violencia armada en México (sin duda brutal y extendida por prácticamente todo el país) puede ser (o incluso si debe ser) entendida como un “conflicto armado no internacional” (CANI), según lo estipulado por el Derecho Internacional Humanitario (DIH).

Por supuesto, la pregunta sobre si la violencia en el país constituye un CANI no se resuelve de manera fácil ni automática. Desde la perspectiva técnico–jurídica, las respuestas son complejas y no están libres de controversia. Es un debate abierto y lo tenemos que abordar.

Desde el ITESO pensamos que la discusión sobre la clasificación del “conflicto” es relevante. Por ello, en colaboración con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), ofrecemos al lector este informe.

El reporte, elaborado por la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Leiden, ofrece un análisis técnico–jurídico sobre la clasificación de la violencia armada en México. La pregunta central que se aborda es si la situación en México constituye un CANI. Para ello, el reporte rastrea las dos dimensiones clave en la clasificación de un CANI: la intensidad del conflicto (en términos del número de víctimas y otros elementos) y la dimensión organizacional de los grupos armados criminales que se enfrentan a las fuerzas del Estado mexicano. Con base en este análisis, la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Leiden concluye que ambos criterios se cumplen.

Esto, por supuesto, exige discusiones más amplias. Particularmente, en el iteso nos tenemos que preguntar si la distinción tajante entre las fuerzas del Estado y las organizaciones delictivas no termina soslayando que en múltiples regiones del país lo que acontece más bien es un fenómeno de macrocriminalidad, al que le son propias estructuras criminales mixtas en las que ya no puede trazarse la línea entre los agentes estatales y los agentes no estatales, como mostró el caso Ayotzinapa. En este sentido, es posible que los desgastados organigramas de las organizaciones criminales que presentan los medios de comunicación o que difunden las autoridades federales tras la captura de algún alto mando del crimen disten de ser una caracterización apropiada.

Al margen de lo anterior, desde el iteso nos tenemos que preguntar también si en efecto la caracterización de la situación de México como un CANI, la posibilidad de aplicar a este contexto el DIH y la calificación de las atrocidades ocurridas en el país como crímenes de lesa humanidad susceptibles de ser conocidos por la Corte Penal Internacional (CPI), verdaderamente abren caminos concretos de justicia y verdad para las víctimas de este México lastimado. Para una institución como la nuestra, esa es en última instancia la pregunta primera y última, pues lo que ha acontecido en nuestra nación en los últimos tres lustros nos exige plantear soluciones concretas, plausibles y de cara a las víctimas. Desde luego, estas preguntas quedan todavía en el aire.

Mediante la publicación de este informe, no obstante, esperamos contribuir, al menos en parte, al desarrollo de una discusión que estamos convencidos necesitamos tener.

1- Rector del ITESO. Abogado y doctor en Educación para la Justicia Social por la Universidad Loyola Marymount, en Los Ángeles, California, con un posdoctorado por el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Stanford, en Palo Alto, California. Ha colaborado en la defensa y promoción de los derechos en distintas organizaciones, entre ellas, el Centro de Derechos Indígenas, en Chiapas (2001–2002). Fue director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, en la Ciudad de México (2006–2011).

2- Alejandro Anaya–Muñoz y Barbara Frey, Mexico’s Human Rights Crisis (University of Pennsylvania Press, 2018); Open Society Foundation, ‘Undeniable Atrocities. Confronting crimes against humanity in Mexico’ (2016).

3- Elizabeth Roberts, ‘Report: Mexico was second deadliest country in 2016’ (CNN, 11 de mayo de 2017) consultado el 1 de septiembre de 2018; David Argen, ‘Is Mexico really the second–deadliest country in the world?’ (The Guardian, 11 de mayo de 2017) consultado el 1 de septiembre de 2017.

Presentación

JOSÉ ANTONIO GUEVARA BERMÚDEZ (4)

LA GUERRA CONTRA LAS DROGAS EN MÉXICO ¿ES UN CONFLICTO ARMADO INTERNO?

En diciembre de 2006, Felipe Calderón Hinojosa en su calidad de Presidente de la República, dio inicio al primer operativo en el que participaron conjuntamente el ejército, la marina, la Policía Federal (PF) y la Procuraduría General de la República (PGR), entre otras instituciones; para restituir el mando de la autoridad sobre el territorio y la población, combatir el narcotráfico, así como “recuperar la normalidad y tranquilidad de los mexicanos que habitan” en Michoacán. (5) Para el comandante en jefe de las tres fuerzas armadas, (6) se trataba de una guerra en la que estas eran una pieza fundamental, no escatimó el costo en recursos económicos y vidas humanas. Fue una guerra contra la delincuencia, el crimen organizado, el narcotráfico y los enemigos de México. (7)

Desde entonces, miles de soldados y marinos fueron desplegados en zonas rurales y urbanas para combatir a las organizaciones criminales y supuestamente desempeñar actividades de seguridad pública —prevenir, investigar y procesar delitos y faltas administrativas— que, conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponden exclusivamente a las instituciones de carácter civil. (8)

En ese contexto, en los últimos casi 12 años se han registrado incontables casos atribuibles a las fuerzas armadas de detenciones arbitrarias, de la aplicación sistemática de tortura (incluida tortura sexual), de ejecuciones extrajudiciales y de desaparición de personas. Además, se han reportado miles de enfrentamientos no solo entre las fuerzas castrenses oficiales y grupos de la delincuencia, sino también entre esos grupos armados entre sí, lo que ha producido una gran cantidad de personas heridas, muertas, bienes destruidos y población que huye o es forzada a desplazarse de su lugar de residencia. En general, los índices de esos delitos y las violaciones a derechos humanos han llegado a niveles intolerables.

Diversos órganos y organismos internacionales, después de visitar el país, han reconocido de manera coincidente que México atraviesa una condición anómala de seguridad que ha generado una proliferación de delitos cometidos tanto por la delincuencia organizada como por los agentes del Estado que alegan combatir el crimen.

El Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), encontró que desde que se inició la política contra el narcotráfico en diciembre de 2006 los “atentados contra el derecho a la vida [han escalado] a un nivel intolerable”. (9) También afirmó

[...] que es bien sabido que, en cualquier país, a los soldados que realizan labores policiales les cuesta mucho renunciar al paradigma militar. Por lo general, la forma en que han sido adiestrados hace que no sean aptos para mantener el orden público. El principal objetivo de un cuerpo militar es someter al enemigo valiéndose de la superioridad de su fuerza, mientras que el enfoque de derechos humanos, que debe ser el criterio para juzgar cualquier operación policial, se centra en la prevención, la detención, la investigación, el enjuiciamiento y solo contempla el uso de la fuerza como último recurso, permitiendo el recurso a la fuerza letal únicamente para evitar la pérdida de vidas humanas. El Relator Especial advierte que la aplicación de un enfoque militar al mantenimiento de la seguridad pública puede crear una situación en que la población civil se vea expuesta a toda una serie de atropellos. (10)

Por su parte, el Relator sobre la cuestión de la tortura de la ONU señaló que

México atraviesa una compleja situación de seguridad pública. La delincuencia organizada es un desafío para las autoridades y la población. Desde 2006 y bajo la denominada “guerra contra el narcotráfico” se han instrumentado medidas para regular la detención, investigación y combate de la delincuencia organizada, incluyendo el despliegue de fuerzas armadas que cumplen funciones de seguridad pública, llegando a 50,000 efectivos en 2012. (11)

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) afirmó que “México atraviesa una grave crisis de violencia y de seguridad” a partir del inicio del gobierno del expresidente Felipe Calderón en 2006 con la llamada “guerra contra el narcotráfico”. Encontró que la situación de violencia ha llegado a niveles alarmantes, lo que ha dado como resultado que más de cien mil personas hayan perdido la vida, decenas de miles han desaparecido y cientos de miles hayan sido forzadas a desplazarse en el interior del país. Se percató de que, a pesar del recambio presidencial en diciembre de 2012, la política de seguridad seguía igual. “Esta situación ha disminuido significativamente el respeto y goce de los derechos humanos”. (12)