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© LOM ediciones Primera edición, julio de 2021 Impreso en 1000 ejemplares ISBN Imprenta: 9789560014337 ISBN Digital: 9789560014856 Imagen de portada: Daniel Alejandro Espinoza Guzmán Edición, diseño y diagramación LOM ediciones. Concha y Toro 23, Santiago Teléfono: (56–2) 2860 68 00 lom@lom.cl | www.lom.cl Tipografía: Karmina Registro N°: 106.021 Impreso en los talleres de LOM Miguel de Atero 2888, Quinta Normal Impreso en Santiago de Chile
La preocupación por el hábitat digno así como el estudio sobre las distintas formas de vida en el territorio han sido parte constitutiva del quehacer de académicas y académicos de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo en la Universidad de Chile. Estos intereses alcanzaron desarrollos significativos durante los años sesenta y principios de los setenta, principalmente en relación con las políticas solidarias de vivienda y el desarrollo del hábitat rural y urbano en las distintas regiones del país. Los últimos treinta años, con el retorno a la democracia, dichos intereses también han tenido que enfrentar el fortalecimiento de un modelo económico neoliberal que había comenzado a gestarse durante el régimen militar, lo cual sin duda ha representado un desafío para nuestro campo académico, siempre inspirado por ideas de justicia, igualdad y pluralidad.
En este contexto histórico, todavía más complejo con la crisis social, política y sanitaria que hemos vivido recientemente, resulta no sólo desafiante, sino además obligatorio comprometer la generación de conocimientos con los cambios sociales que requiere el país. Se trata de un compromiso con la sociedad en su conjunto y con la sostenibilidad de un hábitat que refleje, precisamente, la dignidad de todas y todos quienes vivimos los efectos de la planificación habitacional, el diseño urbano y la gestión de políticas públicas. En este sentido, la dignidad también debe ser una premisa constitutiva, y al mismo tiempo orgánica, para quienes proyectan la gobernabilidad de un sistema social.
Cuando un modelo de gobernabilidad falla en su función social y pública, ello afecta a las personas y a las comunidades, pero también al desarrollo de la vida y la naturaleza en todas sus formas y derechos, teniendo como consecuencia territorios contaminados, sobreexplotados e insostenibles para alcanzar la dignidad de ese mismo ecosistema en común. Si bien es cierto que la crisis social y política del último tiempo ha revelado sin matices la falta de dignidad, justicia y solidaridad en nuestro país, no es menos cierto que ello también ha evidenciado la necesidad de hacernos cargo colectivamente de nuestro futuro. Es por estos motivos que resulta relevante, tanto como ineludible, avanzar en el cambio constitucional que ha emergido de esta crisis, y en el cual la discusión sobre el hábitat y la dignidad debiese tener un lugar preponderante.
Para que este proceso cumpla las expectativas sociales, el debate sobre una Nueva Constitución tendrá que darse no sólo en la política formal o institucional, sino que también en muchas otras formas de participación. De modo que la educación universitaria y pública, en virtud de fortalecer acciones colaborativas e inclusivas, está llamada a contribuir a estos procesos de reflexión conjunta sobre el país que queremos; instancia en que nuestro quehacer académico ciertamente acudirá desde sus diversas formas de conocimientos.
La Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, comprometida con los objetivos señalados, busca aportar a la discusión por medio de este libro coordinado por académicas y académicos del Instituto de la Vivienda, promoviendo con ello un diálogo entre el espacio universitario y las diversas organizaciones sociales. Un diálogo tan oportuno como necesario en un momento que definirá el futuro de nuestro país y en el cual esperamos que el debate sobre la vivienda, la ciudad y el medio ambiente sean parte fundamental.
Profesor Manuel Amaya Díaz
Decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo
Universidad de Chile
Prólogo
A raíz del despertar de Chile en octubre del año 2019, y como parte del trabajo que realiza el Instituto de la Vivienda (INVI) de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, académicas y académicos hemos creado y participado de diversas iniciativas para discutir y problematizar el rol de nuestro hábitat, no sólo en la expresión del malestar social, sino también en la generación de la desigualdad estructural que existe en nuestro país. De esta manera, se ajustó el Magíster en Hábitat Residencial, las y los académicos dedicaron parte de su tiempo a reflexionar con sus cursos y redes sobre el tema, y se realizaron instancias abiertas para debatir y compartir los puntos de vista.
En medio de este momento histórico, cuando estamos ad portas de redactar una Nueva Constitución, como INVI nos motivó la idea de contribuir tanto desde nuestros saberes como desde nuestros vínculos sociales, generando un espacio de debate y reflexión que integra miradas académicas y territoriales para abordar una necesaria y urgente pregunta: ¿Cómo avanzamos hacia un hábitat digno desde una Nueva Constitución?
Quisiera agradecer especialmente al equipo editor de este libro, que asumió el proceso curatorial y de coordinación de los textos producidos por integrantes del Instituto y activistas sociales, con quienes hemos trabajado de manera individual y colectiva. Este libro combina distintas visiones que hemos construido tanto desde la academia como desde el activismo, del cual muchas veces también somos parte. Me alegra, como directora del INVI, que esta publicación vea la luz y que, como parte de la Universidad de Chile, contribuyamos con nuestras ideas, posturas y herramientas al debate público sobre el hábitat residencial, para el primer proceso constitucional democrático, paritario y plurinacional de la historia de Chile.
Mariela Gaete-Reyes
Directora del Instituto de la Vivienda
Agradecimientos
El debate sobre el habitar digno y la Nueva Constitución se está desarrollando en diferentes espacios académicos, activistas, barriales, e incluso en lugares tan cotidianos como en nuestras casas. Reunir tan diversas reflexiones sobre el tema ha sido una tarea enriquecedora que no hubiera sido posible sin el apoyo de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, que a través de su Decanato y de la Dirección de Investigación y Creación nos dieron el respaldo para llevar a cabo esta iniciativa. De la misma manera, el Instituto de la Vivienda, desde su Consejo y Claustro, nos entregó la confianza como equipo editor para coordinar durante estos meses la elaboración del libro. También queremos dar las gracias al equipo del blog INVITRO, que aportó con la compilación de fotografías que reflejan las problemáticas de la ciudad y sus potencialidades.
En este proyecto fue central el trabajo y apoyo de LOM ediciones, que a través de Silvia Aguilera tuvo desde un comienzo la mejor disposición a la idea de escribir sobre las ciudades y la Nueva Constitución, haciendo a esta publicación parte de la Colección 18 de Octubre, a la que esperamos contribuir con otras perspectivas sobre el momento actual.
Nuestros sinceros agradecimientos también a cada autora y autor de los ensayos, y a las y los participantes de las conversaciones que contiene este libro, quienes dedicaron su tiempo y trabajo para contribuir a un proyecto que complementa miradas, saberes y experiencias. De la misma manera agradecemos a Daniel Espinoza Guzmán, autor de la fotografía de portada, que retrata la ciudad desde sus habitantes durante la revuelta social, así como también a las y los autores de las fotografías que componen este proyecto, y que autorizaron su uso desinteresadamente.
Introducción
La desigualdad que vivimos en Chile ha alcanzado niveles intolerables para la población. Así lo hemos visto desde antes del 18 de octubre del 2019, momento en que diferentes sectores de la sociedad dijimos basta y ocupamos las calles para expresar nuestro malestar por un sistema abusivo, que deriva en las precarias condiciones de vida que experimenta la gran mayoría de la población. Una revuelta que comenzó por un alza de precios del sistema de transporte metropolitano, pero que prontamente se expandió a cuestionar de manera estructural el sistema político, económico y social del país, hasta instalar la urgente necesidad de cambiar la Constitución Política de Chile.
Así, la desigualdad en múltiples dimensiones, que han evidenciado largamente tanto movimientos sociales como la academia, se instaló con más presencia en el debate público, y temas como la marginación de parte importante de la población, la injusticia y violencia de género, la privación de derechos y la privatización de bienes comunes naturales, entre otros, se han puesto en el centro de la discusión constituyente.
A raíz de lo anterior es que vemos el proceso constituyente como una oportunidad histórica donde el rol del hábitat, las y los habitantes y la relación social con el territorio se hagan parte, recogiendo las reflexiones, experiencias y propuestas de quienes han estudiado e intervenido activamente en la materia. Es por ello, que nos motivamos a coordinar este hermoso proyecto que aglutina visiones que se han desarrollado en la academia y en las calles, y que se concentran en esta publicación a partir de ensayos, conversaciones e imágenes, abordando las diferentes dimensiones de un hábitat digno en la Nueva Constitución.
El libro se divide en tres capítulos y comienza con quienes protagonizan esta historia: las y los habitantes, quienes posibilitaron este proceso y que ejercen en la vida cotidiana resistencias y transformaciones de sus espacios domésticos, barrios y territorios. Así invitamos a pensar «Una Constitución desde sus habitantes», donde las y los diferentes autores nos acercan al habitar desde los derechos humanos, la construcción de lo común y la relevancia de lo cotidiano y la movilidad, entre otros. Lo anterior invita a entender las diferentes realidades que existen en las ciudades, las cuales sólo emergen en cuanto exista reconocimiento y participación en la toma de decisiones.
Este reconocimiento nos permite abordar en el segundo capítulo el potencial transformador de «Una Constitución para un nuevo habitar», que se haga cargo de los cambios de paradigmas a los que nos desafía el siglo XXI y la crisis del modelo neoliberal. Las y los autores de esta sección nos interpelan a pensar un nuevo modelo de desarrollo desde la sostenibilidad ambiental, el feminismo, la inclusividad, la función social del derecho de propiedad y la memoria.
Finalmente, el tercer capítulo nos invita a pensar críticamente aquello más cercano a nuestra intimidad y realidad cotidiana, y a entender la vivienda como «El derecho a habitar más allá de una casa». En este apartado, las y los autores abordan la idea de hábitat residencial que supera los muros de nuestras casas, un concepto de habitar con contexto, organización, procesos de lucha y autogestión, pero también con espera, discriminación y exclusión. Estos y otros temas sin duda deben ser parte no sólo del debate constitucional, sino también de las políticas públicas que deriven de este.
Sin duda queda mucho por debatir y construir. Esperamos que este breve recorrido y compilación sea un aporte a la discusión de cómo concebimos el hábitat desde las personas y la naturaleza, y cómo ese habitar se aborda en el debate constitucional, nutridos desde la teoría, pero principalmente con la participación y el reconocimiento de las experiencias de cada habitante, cada realidad y cada barrio.
© Daniel Espinoza Guzmán
© Milena Bustos Meneses
Ciudad y derechos humanos
Conversación entre Mónica Bustos Peñafiel1 y Ana Sugranyes2
La conversación de Mónica y Ana otorga un punto de referencia inicial y marco conceptual y jurídico fundamental para entender, en términos generales, cómo el habitar tiene relación con el proceso constitucional. A través de la revisión de distintas ideas en torno a los derechos humanos, los derechos individuales y colectivos, los llamados derechos sociales y ambientales, el derecho a una vivienda adecuada o ‘digna’, y finalmente, el derecho a la ciudad, esta conversación permite situarse en el debate constituyente desde la noción de los derechos y con especial énfasis en la revisión de la función social y ambiental del suelo y del derecho de propiedad.
Mónica: Vivimos un momento excepcional y todo indica que, en este proceso constituyente, los derechos humanos son clave para avanzar hacia una mejor calidad de vida de todas y de todos los chilenos. ¿Nos puedes explicar cómo se construyen los derechos humanos?
Ana: Los derechos humanos se construyen en un lento proceso continuo, de conquistas y derrotas, que ha costado miles y miles de vidas. Representan el cuerpo legal internacional de la humanidad, de la dignidad humana, y son una unidad indivisible de obligaciones de Estado. Los derechos emergen de las transformaciones permanentes de la Sociedad; se exigen en movilizaciones sociales y se precisan en instrumentos legales y normativos para que el Estado garantice su cumplimiento. En otras palabras, surgen desde la sociedad y van evolucionando hacia nuevos derechos desde las prácticas de la convivencia entre las personas, desde cada realidad territorial, política y dinámica. Sin embargo, las leyes son estáticas y debemos revisarlas periódicamente y volver a llevarlas a menudo al tablero, volver a entenderlas y a reglamentarlas, porque las prácticas de convivencia de la sociedad cambian, porque surgen nuevos valores que se traducen en nuevos derechos. En este momento constituyente excepcional que vivimos en Chile, los derechos humanos representan un pilar sobre el cual debemos acordar nuestras bases comunes de convivencia.
Mónica: ¿En la práctica de la vida qué representan los derechos humanos?
Ana: Los derechos humanos son esa aspiración o utopía de los seres humanos hacia la dignidad y el buen vivir; son una señal de emancipación. La Carta Universal de los Derechos Humanos (1948), pactada en las Naciones Unidas al salir de los horrores de las guerras mundiales, fue un grito de «Nunca más»; o un intento, porque siguen reproduciéndose atrocidades de guerras, desplazamientos y nuevas formas de esclavitud alrededor del mundo. Estos derechos consagrados son el único marco legal internacional al cual podemos recurrir para reclamar su cumplimiento, luchar en contra de su violación y exigir reparaciones; como, por ejemplo, aquí en Chile, por la represión en contra de las manifestaciones civiles, exijamos la liberación de las y los más de dos mil detenidos desde hace más de un año y sin juicio. Las sociedades y sus Estados, a través de la institucionalidad de Naciones Unidas, siguieron trabajando los términos de los derechos humanos, llegando a suscribir dos grandes tratados en el año 1966: el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). Ambos tratados constituyen obligaciones de Estado. Aquí en Chile también. Sin embargo, en la historia de los últimos cuarenta años, enfrascados en la Constitución vigente, hemos estado dominados por principios consagrados por las condiciones de mercado más que por el bien común, viviendo en una lógica que favorece más el objetivo del desarrollo personal que el de la solidaridad entre todas, todos y todes.
Mónica: ¿Ésta es una explicación de la diferencia entre los derechos individuales y colectivos?
Ana: La construcción de los derechos humanos siempre es reflejo de diferencias y acuerdos entre miradas más individuales y colectivas de los derechos. Es la capacidad de equilibrar ambos enfoques. La historia de los derechos humanos pertenece a la tradición liberal del mundo occidental, anclada en el desarrollo del capital, de la burguesía y de valores individuales. Pero, desde finales del siglo XX, se multiplican fórmulas y precisiones de derechos colectivos, que surgen desde las variadas luchas sociales de resistencia en contra de la era neoliberal y de las nuevas formas de colonización, de las tradiciones patriarcales agresivas, de los efectos depredadores del modelo de desarrollo y en favor del bien común, del buen vivir y el resguardo de la naturaleza y su biodiversidad. En este momento constituyente, el mayor desafío para el debate en Chile es precisamente esto: motivar espacios de discusión, en los cuales confrontemos las diferencias y complementariedades entre los derechos de unos pocos y de la mayoría, los intereses particulares y los colectivos, las obligaciones privadas y las públicas, el bien individual y el bien común, avanzando hacia formas más solidarias y menos individualistas en nuestra convivencia. El resultado de este debate será el que marcará la importancia que tendrán los derechos humanos en la Nueva Constitución.
Mónica: Para nosotras y nosotros que trabajamos los temas de la vivienda, del hábitat y de la ciudad, ¿cómo se relacionan los derechos humanos con el territorio?
Ana: Una primera constatación: los derechos humanos no se realizan en el aire. La construcción de la dignidad humana debemos relacionarla con el lugar donde habitan los sujetos de estos derechos. En este sentido, hablamos de los derechos al hábitat, equivalentes a las demandas ecologistas del cohabitar el planeta. Desde nuestra disciplina, cuando hablamos de vivienda, el barrio o la ciudad, existen derechos humanos precisos, especialmente entre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, DESCA, llamados también ‘derechos sociales y ambientales’. Para ilustrar esta mirada territorial de los derechos humanos, quiero contar un ejercicio que realizamos en el Comité Hábitat y Vivienda del Colegio de Arquitectos en 2015, cuando el tema constituyente empezaba a repuntar. Con el raciocinio esquemático arquitectónico produjimos este mapa, que dio vueltas por América latina en artículos y conferencias. Un mapa de ideas y factores relacionados con la dignidad humana a ser considerados cuando analizamos el espacio, como lugar donde viven personas, familias y comunidades.
Mapa de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Fuente: Comité Hábitat y Vivienda del Colegio de Arquitectos de Chile
(primavera de 2015)
Mónica: De esta idea de los derechos al hábitat, ¿cómo entramos a la concreción del derecho a la vivienda digna?
Ana: Desde hace varios años, las demandas sociales expresan el ‘derecho a la vivienda digna’. El concepto responde a una definición que usaba el Relator Especial para el Derecho a una Vivienda Adecuada de Naciones Unidas: «el derecho de toda persona a vivir en un lugar seguro, en paz y con dignidad». Es el reclamo justo de millones de personas en todo el país, que viven en condiciones difíciles de hacinamiento y precariedad, en las poblaciones y en los conjuntos de vivienda social; que recibieron una vivienda poco digna y en un entorno adverso, violento y desintegrado;3 que luchan por la identidad y arraigo de su barrio;4 que no pueden endeudarse aún más por ‘viviendas a precio demencial’;5 que sufren arriendos y subarriendos abusivos; o que optaron por construir su propio hábitat en comunidad, cooperativa, toma o campamento.
Mónica: Desde el enfoque de los derechos humanos, ¿cómo se explica el derecho a una vivienda adecuada?
Ana: Entre los componentes del enfoque territorial de los derechos humanos –el suelo, el agua o el aire– el tema habitacional se centra en el Derecho Humano a una Vivienda Adecuada. Este pertenece al tratado de los derechos sociales y ambientales. El derecho a una vivienda adecuada cubre varios atributos: la seguridad de tenencia, reflejada en la propiedad individual y colectiva, en el arriendo, cesión de uso y comodato; la calidad física y habitabilidad del bien material; la respuesta a las demandas más apremiantes; la localización y el costo de adquisición y de mantenimiento; también la adecuación cultural.6 Las personas, familias y comunidades aspiran a una infraestructura básica y quieren estar cerca de su lugar de trabajo, tener escuelas, centros de salud y otros servicios y equipamiento de calidad, algo que hoy en día se conoce como «geografía de las oportunidades», concepto que sugiere la importancia del lugar donde vivir en paz y dignidad; una vez más, la idea del habitar colectivo: la ciudad. Además de estos atributos o cualidades, el derecho a la vivienda siempre se analiza y enfoca desde otros derechos humanos, entre los cuales, están el derecho a la no-discriminación, los derechos de las mujeres, los derechos a la información; y, ahora, por las exigencias del cambio climático, los derechos ambientales.
Mónica: A partir de estos atributos, cuyo cumplimiento representa una obligación de Estado, ¿cómo está la situación del derecho humano a la vivienda en Chile?
Ana: En Chile, vemos una política habitacional donde el Estado pretende facilitar el acceso a un techo para la población que no tiene acceso al mercado formal. Estas políticas públicas del Estado subsidiario han reducido la vivienda a una mercancía; se estima ahora que más del 30% de la población vive en viviendas inadecuadas; sufriendo los efectos discriminatorios de la segregación urbana y desigualdad territorial. Son políticas públicas que evidencian dos problemas mayores: por un lado, el financiamiento de la vivienda es un modelo que no tiene en cuenta a la gente, protagonistas de la producción y gestión del hábitat; y por otro, la ausencia de una política de suelo que acompañe la producción de viviendas. En este momento constituyente tenemos la gran oportunidad de ir transformando la inercia y pasividad de postulantes a subsidios y/o beneficios, para que lleguen a ser ciudadanas y ciudadanos con derechos.
Mónica: Es decir, el derecho a la vivienda no puede desvincularse del derecho a la ciudad…
Ana: En efecto, al entender que la vivienda, más que «cuatro paredes, un techo y un título de propiedad», es «un lugar donde vivir en paz y dignidad», pasamos de lo individual a lo colectivo, pasamos de la casa propia a la convivencia en la ciudad. El derecho a la ciudad se formuló en Francia de los años sesenta, entre bidonvilles y migrantes magrebíes. En América latina, se consolidó entre movimientos sociales y prácticas de reforma urbana; se transformó en la voz de resistencia en contra de todo tipo de desalojo y abuso inmobiliario, también de reivindicación por la vivienda digna en la ciudad justa; llegó a traducirse en pactos de entendimiento entre reclamos ciudadanos y gobiernos locales. Es un eslogan en boga y se está difundiendo ahora como parte de la agenda global urbana de Naciones Unidas. El derecho a la ciudad aún no forma parte de los derechos humanos. Es el equivalente urbano de nuevos derechos colectivos en construcción; es un derecho difuso, o sea un derecho que abarca y conlleva diversos derechos humanos. El derecho a la ciudad es la expresión urbana de derechos colectivos, como los ya conquistados por los pueblos indígenas, u originarios, o por las comunidades campesinas en torno a la soberanía alimentaria.