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Mónica: En el contexto chileno, ¿cómo se ha instalado el enfoque territorial de los derechos humanos?
Ana: Tenemos un problema. Toda mirada territorial del hábitat está determinada por la consagración del derecho de la propiedad privada, muy profundamente anclado en nuestra historia y nuestra forma de vida. El derecho de propiedad es parte de nuestra sociedad y debemos respetarlo. Pero es importante entender que no es un derecho fundamental; es un derecho secundario y derivado; cada vez que se aplica, se excluyen a otras personas y comunidades. En este momento constituyente, tenemos la oportunidad de abordarlo, de revisarlo, de debatirlo, en equilibrio entre el interés individual, el bien común y la salvaguardia del planeta. De ahí la premura de revisar la función social y ambiental del suelo y del derecho de propiedad. Si queremos revertir la profunda segregación socioespacial de nuestras ciudades y la tremenda desigualdad del territorio; si queremos desarrollar un ordenamiento territorial, entonces debemos enfrentar la complejidad del derecho de propiedad. Si Chile resuelve centrar su carta magna desde los derechos humanos, debe incluir también las condiciones necesarias para hacerlos aplicables al territorio y las ciudades, incorporando la función social y ambiental del suelo, el control de la especulación, la captura de la plusvalía y la función pública del urbanismo.
Mónica: Para los efectos de la Nueva Constitución, el enfoque de los derechos humanos, especialmente de los derechos sociales y ambientales, permite entonces formular una articulación entre la función social y privada de la propiedad, colaborando tanto en la fiscalización de los intereses privados, cuando estos afectan el interés público, como en dar inicio a un proceso que permita revertir la marcada tendencia de la segregación urbana y de la desigualdad territorial.
Ana: Nuestro desafío es que la Nueva Constitución de Chile consagre los derechos humanos como pilar fundamental; defina al Estado como garante del cumplimiento de estos derechos y con capacidad de intervención en el territorio; revise la función social del derecho de propiedad; y defina los instrumentos necesarios para que, desde la sociedad, estemos fiscalizando la aplicación de estos principios y derechos. Estas son las condiciones necesarias para iniciar planes de ordenamiento territorial, hacer de la planificación urbana una base de entendimiento entre los intereses ciudadanos, las exigencias de calidad de vida de todas y todos, así como la fiscalización de los intereses inmobiliarios. Se trata de establecer un equilibrio, como lo hicieron en Brasil, Colombia y Ecuador, donde los principios de ordenamiento territorial están referidos en la Constitución. Con la negociación de bases comunes, poco a poco podremos hacer cumplir los derechos de las personas y de las comunidades en cada territorio, para reformular posteriormente el marco legal y normativo, desde el Código Civil a la Ley General y la Ordenanza de Urbanismo y Construcciones; y formulando políticas habitacionales que respeten a las y los habitantes en su rol protagónico para la producción y gestión del hábitat.
Mónica: Si analizamos el poder inmobiliario y el apoyo que el Estado le ha otorgado, configurando y modelando los territorios en contra de todos los principios de dignidad humana y de los derechos humanos, para el futuro ¿cómo se podría cambiar esta relación de fuerza?
Ana: El proceso constituyente, emanado de la presión política de los movimientos sociales, representa esta oportunidad única de cambiar las reglas del juego, para reconsiderar, a largo plazo, las condiciones de vida de las y los chilenos. La Constitución vigente ha favorecido las condiciones de mercado por encima de los derechos de las personas y de su dignidad. Bien sabemos que la Nueva Constitución no resolverá de inmediato los problemas que sufre la mayoría de la población; pero los acuerdos base permitirán cambiar poco a poco las prácticas políticas, económicas, la administración del Estado, la gobernanza de los territorios, la prevención de riesgos, la protección de la naturaleza y su biodiversidad. En este sentido, sobre cómo el proceso constituyente puede cambiar la relación de fuerzas en materia habitacional, urbana y territorial, lo primordial es, una vez más, la revisión de la función social y ambiental del suelo y del derecho de propiedad y los instrumentos necesarios para que el Estado y la Sociedad velen por su implementación y fiscalicen su efectividad en cada territorio.
Mónica: ¿Cómo te imaginas una ciudad con el derecho a un lugar seguro donde vivir en paz y con dignidad?
Ana: Para mantener en alto la bandera del derecho a la ciudad, estoy pensando en lo que aprendí de las dirigentas del macrocampamento Los Arenales, en el norte de la ciudad de Antofagasta. Estas mujeres están luchando desde hace seis años por su lugar donde vivir en paz y dignidad. Entendieron la esencia del derecho a la ciudad y están construyendo la primera ciudad latinoamericana de Chile, una ciudad ideal que aún no existe, «pero queremos que se haga realidad»7. Con los derechos humanos como pilar de la Nueva Constitución, para estas mujeres y sus familias, para todas y todos, podremos exigir, recurrir e incidir en políticas públicas que respondan a la ciudad ideal anhelada, demostrando que es posible concretar los derechos colectivos hacia la justicia espacial, sin discriminación. Se trata de un proceso muy largo, de resistencia pacífica y desobediencia civil, de negociaciones entre sociedad empoderada y Estado social, para avanzar hacia la ciudad justa y el buen vivir.
1 Académica del Instituto de la Vivienda de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile.
2 Arquitecta y doctora en Urbanismo; presidente de Housing and Land Rights Network (HIC-HLRN); defensora del derecho humano a una vivienda adecuada desde Ciudad Común y el Comité Hábitat del Colegio de Arquitectos.
3 Alfredo Rodríguez y Ana Sugranyes, Los con techo. Un desafío para la política de vivienda social (Santiago: Ediciones SUR, 2005): disponible en:
4 Véase en Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales, en
5 Francisco Vergara-Perurich y Carlos Aguirre, «Viviendas a precios demenciales» (CIPER Chile, 2019): disponible en:
6 Alfredo Rodríguez, Paula Rodríguez y Ana Sugranyes, Con subsidio, sin derecho. La situación del derecho a una vivienda adecuada en Chile (Santiago: Ediciones SUR, 2016): disponible en:
7 Ana Sugranyes, «Pobladoras y sus derechos humanos». Revista Interquorum N°28 (2019): disponible en
La disputa de lo común más allá del momento constituyente
Paulina Cabrera Pereira8, Carolina Moore Sagredo9 y Fernando Toro Cano10
Plataforma ciudadana Ciudad Constituyente.
En octubre de 2019 las revueltas sociales11 marcan un despliegue del poder popular constituyente que remece como nunca al poder constituido: lo(s) de siempre, lo que nunca cambia, lo que tanto nos ha dañado, y al entramado institucional que lo sustenta: la reproducción social secuestrada por el mercado, un sistema político económico deliberadamente desigual y poco representativo. En medio de la rabia destituyente emerge una consigna que encarna el dolor y la precariedad de tantas, mientras proyecta también el deseo de un mejor porvenir: Hasta que valga la pena vivir dicen las calles, la gente, la esperanza compartida.
El momento que vive Chile nos invita a reflexionar y practicar aquello que nos hizo reconocernos la primavera del año 2019. Un momento común que, más allá del adjetivo que denota la superación de la noción dual de propiedad pública o privada, abre nuevas puertas. Pensar en lo común como proyección de la revuelta otorga la posibilidad de liberar los espacios físicos, sociales e institucionales de estos encasillamientos que terminan subordinados al binomio Estado o empresa privada. Así, lo común, materializado en nuevos espacios físicos, institucionales12 y simbólicos, transforma de manera colectiva las lógicas, alcances y límites impuestos por el modelo capitalista, diluyendo el carácter individualista y vertical de los espacios sociopolíticos actuales, creando un entramado comunitario horizontal, cuyos ensamblajes y confines se modifican libremente a medida que la articulación social en su conjunto así lo decida o requiera. Lo común, por tanto, es ante todo verbo, una forma de entender la acción social y política desde el vínculo, un hacer colectivo cuya voluntad de emancipación y autonomía emerge desde los espacios locales y las organizaciones que se reconocen y encuentran a través de un devenir común.
En este momento político se articulan voluntades como Ciudad Constituyente, un espacio de encuentro de organizaciones del pueblo de Chile vinculados al hábitat. Una trama articulada bajo principios democráticos, antineoliberales, ecologistas y feministas. Un espacio de comunes que busca avanzar a la vida digna en nuestros barrios, ciudades y territorios, con derechos sociales y ambientales en el centro del debate constitucional.
Lo común como ejercicio del poder constituyente
El ciclo actual del capitalismo se basa en la apropiación y financiarización de los recursos para la reproducción social de la vida13. La privatización y mercantilización de derechos básicos como la vivienda, la salud, las pensiones o el agua, hoy forman parte medular en la acumulación de capital14. Lo anterior fractura la proyección de una vida digna para todas y todos, amenazando la reproducción social. El modelo de desposesión y precarización que, en alianza indisoluble con el patriarcado, ataca con más fuerza a mujeres y diversidades, se traduce en deuda, precariedad y vulnerabilidad de quienes a diario luchan por mantener sus vidas. Lo que en algún momento fue miedo, frustración y malestar desplegado en las calles a través de masivas manifestaciones en contra de un sistema patriarcal, la privatización del agua, el abuso inmobiliario o el lucrativo negocio de las pensiones, estalla develando la potencia del poder popular constituyente que dice basta de abusos. Así, el pueblo de Chile abre una ventana de esperanza una Nueva Constitución que sea terreno fértil para la dignidad y la justicia, un marco institucional que asegure una vida que valga la pena vivir.
Esta es una oportunidad excepcional para la transformación radical de nuestro modelo. Es el momento de apostar por una noción de nuestros derechos que supere los límites de lo público y lo privado, que ponga la gestión democrática y colectiva de la vida al centro en tanto ejercicio del poder constituyente en la vida cotidiana. El ejercicio de lo común, como explicamos acá, ancla el futuro en manos del pueblo, alineándose con el bienestar colectivo y evitando que el poder vuelva a cerrarse en manos de unos pocos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de lo común? A continuación presentamos cuatro elementos que nos parecen fundamentales para dar este debate. Tomamos prestados los conceptos de adjetivo, sustantivo y verbo de la lingüística para compartir una analogía que pensamos representa con claridad nuestro planteamiento.
Hablamos de lo común entendiendo que es mucho más que una característica o un adjetivo. Lo común es esa línea de fuga que permite superar el binomio público/privado tan manoseado para la designación de los espacios urbanos. Es la recuperación de los recursos necesarios para la sostenibilidad de la vida y la subordinación del mercado a la reproducción social. A la vez, lo común entiende que para una gestión verdaderamente democrática del porvenir no basta con la titularidad del Estado, sino que son necesarios –y urgentes– mecanismos vinculantes que incorporen a la ciudadanía en la toma de decisiones y la producción del hábitat en sí misma, es decir, que las comunidades tengan el derecho de producir y decidir sobre su propio entorno.
Por otro lado, creemos que lo común no es una entidad externa al pueblo. No es una acción acabada, cerrada ni unitaria, sino un proceso abierto y basado en la multiplicidad de sus protagonistas. Lo común no puede sustantivarse. La condición posibilitadora de lo común es la organización social y una gestión horizontal y transparente ante los desafíos. Su fuerza radica en la capacidad de dar respuestas conjuntas a las fragilidades colectivas15 con creatividad y adaptabilidad a las circunstancias. Por lo tanto, una concepción de lo común que intente cristalizar sus fórmulas limitando los procesos de movilización social, está condenado a disminuir su potencial y a perder la legitimidad del pueblo, tal como ha ocurrido en distintos procesos de institucionalización de las movilizaciones sociales que no han dado suficiente espacio para la expresión del poder popular más allá del momento de crear una Nueva Constitución.
De esta manera, entendemos que lo común es por sobre todo acción verbo, y como tal es el ejercicio permanente de un principio político, que pone al centro la gestión democrática de los recursos necesarios para la vida y que ordena al sistema social, político y económico hacia este objetivo16. Lo común concebido como acción nos permite mantener siempre presente que el ejercicio del poder popular constituyente no se agota en un momento puntual de apertura del sistema político que tiene fecha de término en la redacción de la Nueva Constitución. El ejercicio cotidiano del poder popular constituyente es lo que protege la potencia transformadora del pueblo de una posible captura del mercado y refuerza el anclaje de la política institucional en el bienestar colectivo a través de la autogestión, el cooperativismo, la comunalización y la autonomía.
Creemos, a su vez, que no es posible delinear un devenir común desde las prácticas sociales desvinculadas del territorio. Lo común, comprendido como acción que ocurre en y con el territorio, permite trascender el entendimiento del espacio como un ente apolítico, y pensarlo en cambio como dispositivo capaz de articular nuevos modos dinámicos y radicales de imaginar, reclamar y transformar las relaciones entre las personas y sus territorios; por ende, un espacio profundamente político. En específico, esta comprensión del espacio como receptor y agente de las pugnas y anhelos colectivos, permite proyectar que las luchas que han gestado este momento constituyente seguirán consolidándose y disputando con más fuerza la recuperación de la vida digna para todas y todos.
Finalmente, comprendemos que aunque territorial, el ejercicio de lo común ha de mantener siempre una proyección con vista a la disputa global contra el neoliberalismo. La expresión local de las desigualdades en nuestro hábitat es la contracara de la acumulación de capital a escala global17, por lo que la articulación de movimientos sociales a nivel local debe mirar también hacia otras latitudes, buscando tácticas y estrategias para disputar la hegemonía con creatividad, compañerismo y rebeldía18.
Horizontes comunes de la Ciudad Constituyente
El momento destituyente movilizó la defensa contra la privación y la desigualdad de la vida urbana, abriendo una oportunidad única para resignificar lo urbano en el marco de un horizonte común. En Ciudad Constituyente buscamos aportar a este desafío poniendo la producción de lo común en el horizonte político y en las prácticas que nos articulan. Nuestras propuestas emergen de la colaboración y la deliberación entre organizaciones que miramos lo urbano desde distintas perspectivas. Organizaciones que hemos trabajado, disentido y finalmente acordado una serie de «Propuestas para un habitar digno en la Nueva Constitución» en la asamblea que periódicamente nos reúne y desde la que buscamos incidir en el proceso constituyente. Entendemos, sin embargo, que nuestra articulación no se agota en la Convención Constitucional y que debe abarcar por sobre todo la movilización social que acompaña este periodo. ¿Cómo proyectamos en el tiempo un futuro común? A continuación presentamos algunas ideas que nos parecen fundamentales al momento de delinear un horizonte colectivo que se consolide como una alternativa radical al actual modelo y permita así la transformación del modo en que nos relacionamos.
Un proyecto común antineoliberal y ecologista implica sustituir la actual mercantilización del espacio construido, del entorno natural y de nuestras vidas por la defensa de la dignidad en nuestros espacios domésticos, barriales y de nuestro ecosistema. Al endeudamiento, como mecanismo de opresión y control, se suman las precarias condiciones materiales visibles en la proliferación de campamentos y altos niveles de allegamiento y hacinamiento. Mientras una vivienda adecuada en Chile es un lujo para una minoría, la mayoría de la población vive endeudada, hacinada, allegada, habita en un campamento o paga arriendos abusivos en condiciones precarias. Es fundamental luchar por un cambio de modelo que ponga el valor social, la naturaleza y la reproducción de la vida en el centro, por sobre intereses económicos. Dicho de otro modo, instaurar el interés colectivo como la base de nuestras relaciones, nos permite trascender nociones individualistas y superar el paradigma de tenencia en propiedad como único modo seguro de habitar que, en definitiva, ha promovido el beneficio de unos pocos en desmedro de la mayoría.
Este proyecto ha de ser también radicalmente democrático. El futuro común debe ser representativo del escenario político local, responder a la diversidad de circunstancias y temáticas territoriales y reflejar, en sus decisiones, la inteligencia colectiva de las comunidades. A su vez, debe pensarse en relación con los movimientos globales de transformación democrática, feminista y antineoliberal. Esto implica generar articulaciones que permitan una coordinación simultánea entre asambleas barriales y redes trasnacionales que se oponen a la mercantilización de nuestras vidas, en diversas veredas y lugares del mundo. Navegar por los ejes local-global y dentro-fuera de las instituciones en estructuras horizontales de colaboración potencia la tensión creativa que posibilita la sostenibilidad de la vida a la luz de los principios de solidaridad, del bien común y de la igualdad de oportunidades para las mayorías.
Finalmente, concebimos este proyecto común desde el entendimiento de los cuidados como una responsabilidad colectiva de la que debemos hacernos cargo como sociedad toda, liberando a los cuerpos y espacios que históricamente se han vinculado a estas tareas. Un horizonte común precisa construir un habitar libre de violencia física y simbólica, que reconozca las pluralidades y diversidades de experiencias de vida que confluyen en el territorio desde una perspectiva interseccional. El futuro debe asegurar una vida digna para todos, haciéndose cargo de las desigualdades de raza, género, clase, estatus migratorio, entre otros.
El potencial transformador de lo común
Las revueltas populares del 2019 lograron fisurar las bases del modelo que ha organizado y oprimido a nuestra sociedad por décadas, abriendo una oportunidad para delinear el futuro que queremos. De este espacio-tiempo surgen lugares de encuentro como Ciudad Constituyente, donde nos articulamos y organizamos con el fin de que el potencial transformador de lo común permee las relaciones sociales, la acción colectiva y la ciudad en su totalidad.
Hemos propuesto que lo común, en tanto estrategia política que trasciende el actual orden capitalista y patriarcal, debe liberarse de su adjetivación y como verbo fluir a través de la articulación permanente. Concebir lo común como acción que se produce en y con el territorio, permite entender tanto el espacio construido y natural como agentes activos y creativos de ese devenir común que queremos delinear. En este sentido, los territorios no son sólo la expresión espacial de las problemáticas sociales, como la segregación sociorresidencial, sino también son productores y catalizadores de las luchas y demandas colectivas que nacen a partir de las distintas experiencias de vida.
El momento destituyente desnudó las estructuras de la injusticia y refundó espacios de encuentro en los que la sociedad se opuso, con la fuerza de la organización, a la dureza urbana capitalista. El vigor del poder constituyente y la multiplicidad de pulsiones transformadoras del presente que lo conforman, debe permanecer y fortalecerse para mantener el vigor y radicalidad democrática de cambio. El potencial transformador de la Nueva Constitución no será definido por su texto definitivo, sino por la capacidad y contundencia de las fuerzas sociales para poner la justicia en el centro del proceso constituyente, y de sostener con convicción el principio de lo común en la institucionalización del nuevo marco constitucional. El devenir común entonces no llega ni se cierra en algún punto: lo común emerge, se produce y se reproduce sólo a partir de la fuerza articulada de las prácticas cotidianas. Sólo así será posible construir un futuro digno para todas y todos.
8 Integrante de Ciudad Constituyente y activista en Barcelona en Comú y la European Municipalist Network. Cientista política y estudiante del Máster de Estudios Urbanos y Metropolitanos de la Universidad Autónoma de Barcelona.
9 Arquitecta, integrante de Ciudad Constituyente.
10 Académico del Instituto de la Vivienda de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Director de la Corporación Ciudad Común.
11 Entendemos que no hay una revuelta unitaria, sino múltiples pulsiones impugnando el poder establecido y que en la articulación de esta pluralidad reside el desafío de la construcción de lo común.
12 Yochai Benkler, «La economía política de los bienes comunes». Sin Permiso (2005): disponible en
13 Silvia Federici, Reencantar el mundo: el feminismo y la política de los comunes (Madrid: Traficantes de sueños, 2020). Nancy Fraser, Los talleres ocultos del capital. Un mapa para la izquierda (Madrid: Traficantes de Sueños, 2020).
14 Peter Linebaugh, Stop, Thief!: The Commons, Enclosures and Resistance. (Oakland: PM Press, 2014).
15 Ana Méndez de Andés, David Hamou y Marco Aparicio, eds., Códigos comunes urbanos: herramientas para el devenir-común de las ciudades (Barcelona: Icaria editorial, 2021).
16 Christian Laval y Pierre Dardot, Común. Ensayo sobre la revolución en el siglo XXI (Barcelona: Gedisa, 2015).
17 Naomi Klein, «Reclaiming the commons». New Left Review Nº9, 2001, 81-89.
18 Michael Hardt y Antonio Negri, Commonwealth, el proyecto de una revolución del común (Madrid: Ediciones AKAL, 2011).
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