La cultura como trinchera

1.LA SOCIEDAD VALENCIANA CONTEMPORÁNEA: UNA BREVE CARACTERIZACIÓN

A la hora de abordar las políticas culturales en el País Valenciano hay que tener en cuenta, previamente, algunos de los rasgos que caracterizan a la sociedad valenciana en el tránsito del siglo XX la siglo XXI, es decir, en el tránsito hacia la llamada «era global» (Hernàndez, 2008). Porque a los retos derivados de la transición a la democracia, tras casi cuarenta años de dictadura, pronto empezaron a sumarse los vinculados a un creciente proceso de globalización. Se mezclaron, así, las problemáticas de la «Batalla de Valencia» con los intentos de generar una mayor proyección transnacional del País Valenciano y el avance de las fuerzas de la modernización. Entre tanto, la economía, la demografía, la sociedad y la cultura experimentaron relevantes transformaciones, de las que, seguidamente, tan solo ofreceremos una breve síntesis, en la medida que generaron un marco en el que insertar la evolución de las políticas culturales valencianas.

El referido proceso de modernización tiene un importante hito en la aceleración de la industrialización del País Valenciano en los años sesenta y setenta, si bien a raíz de la crisis económica desatada en 1973 fue necesario rehacer el modelo de crecimiento mediante una traumática reconversión industrial. Todo ello se acompañó de la progresiva democratización de la vida política y la aproximación al escenario europeo en las formas y opciones políticas, el funcionamiento de la economía y la homologación de la vida social. En ese contexto se aprobó el Estatut d’Autonomia de 1982, que asumía las competencias por la vía lenta del artículo 143 de la Constitución, lo cual, a su vez, reflejaba el escaso peso político del País Valenciano en la nueva España democrática.1 En los años ochenta y noventa se operó un fuerte cambio demográfico, se modificó el tejido productivo del país y se produjo un incremento de empleados y capas medias urbanas, el aumento de pensionistas y jubilados, así como de estudiantes, la integración de la mujer en el mercado laboral y el debilitamiento de los porcentajes de trabajadores industriales y agrícolas (Baldó, 2009).

Los gobiernos socialistas autonómicos apostaron por un modelo de crecimiento más o menos equilibrado entre industria, investigación, servicios y turismo, pero los gobiernos del Partido Popular optaron, a partir de 1995, fecha de su llegada al poder, por el turismo, la construcción masiva y los grandes eventos y proyectos espectaculares, todo ello auspiciado por una coyuntura propicia, la de ciclo expansivo finisecular de 1996-2007 (Naredo y Montiel, 2011), que fue capaz de generar un gran número de empleos en estos sectores, al menos hasta el estallido de la crisis de 2008. Sin embargo, en términos generales han aumentado la pobreza relativa y la desigualdad, ligadas al modelo productivo desarrollado en España (Navarro, Torres y Garzón, 2011). Por una parte, la desocupación persistente y masiva de los años ochenta fue dejando paso a un modelo de paro flexible, con una creciente flexibilización y precarización de la mano de obra, que se ha agravado extraordinariamente en los últimos años, por el impacto cruzado de la crisis y los ulteriores recortes gubernamentales. Una crisis que al ser básicamente de la burbuja inmobiliaria que tanto había crecido en tierras valencianas, disparó rápidamente las tasas del paro, que pasó del 8,8% en 2005 al 28,1% en 2012.2

La oleada expansiva de la economía de la última década generó un severo desequilibrio en la estructura económica, con unos impactos medioambientales muy grandes y crecientes, sin poderse superar los déficits sociales relativos que se arrastraban históricamente. Como consecuencia, los fundamentos del bienestar fueron perdiendo solidez, a lo que hay que sumar un modelo de desarrollo valenciano que no se ha caracterizado por la sostenibilidad, y que ha estado muy ligado a unas elevadas densidades de población y de actividad económica. Como se ha esbozado, la construcción ha sido el motor de la economía valenciana, pero el modelo de crecimiento extensivo en el espacio ha tenido graves repercusiones medioambientales, como son la sobreexplotación, la contaminación y la antropización extrema (Almenar, 2007).

En el ámbito demográfico, durante las últimas décadas del siglo XX la estructura generacional de la población valenciana ha cambiado muy significativamente, con transformaciones importantes en la estructura de edades y la tendencia hacia una pirámide de población claramente envejecida y mucho más regresiva que la de 1950, lo cual demuestra que el País Valenciano ha seguido la senda europea del envejecimiento demográfico, sobre todo a partir de 1981. La población valenciana pasó de 3 millones de personas en 1970 a poco más de 5 millones de habitantes en 2012, a lo que se debe añadir un 17,2% de población inmigrante. De hecho, la inmigración ha supuesto uno de los más relevantes fenómenos económicos recientes, que se ha traducido en una mano de obra barata y flexible, auspiciada por el propio modelo de desarrollo valenciano, ligado a necesidades de mano de obra en la construcción, la agricultura comercial, la hostelería y el servicio doméstico, especialmente en la atención a ancianos. En el último tercio del siglo XX la inmigración era básicamente intraestatal, de manera que las comunidades españolas con mayor presencia en el territorio valenciano eran la castellano-manchega y la andaluza. Pero en el último decenio se ha incrementó notablemente la inmigración de extranjeros, pero ya no solo de los prósperos europeos del norte que llegaban a las costas valencianas a establecer su residencia (principalmente británicos, alemanes y holandeses), sino a inmigrantes de países en vías de desarrollo (América Latina y África) y del este de Europa, que llegaban por motivos laborales, con o sin papeles.

Estos flujos migratorios hicieron crecer tanto las grandes ciudades como las coronas exteriores de sus áreas metropolitanas (Torrent, Paterna, Mislata, Alboraia, Sant Vicent del Raspeig, Torrevieja…). En la actualidad, las posibilidades de integración del sistema urbano valenciano en Europa pasan por su incardinación en el llamado Arco Mediterráneo, que se correspondería con la integración de las regiones de Andalucía, Murcia, País Valenciano, Cataluña y Baleares con tres regiones francesas y cinco italianas, además de las conexiones de tipo global establecidas a partir de los puertos y aeropuertos valencianos. Por su parte, y en clave interna de administración territorial autonómica y local, se ha ido desarrollando no sólo una nueva comarcalización (34 comarcas oficialmente reconocidas) sino también las llamadas mancomunidades de municipios (hay 23 constituidas), áreas metropolitanas y consorcios de administraciones locales, como el Consorci de les Comarques Centrals Valencianes.

Paralelamente, y durante el fin de siglo XX, se ha producido una intensa recomposición social, que ha hecho del País Valenciano una sociedad definida por la centralidad de sus amplias clases medias emergentes, asalariadas y urbanas, por la tecnificación, la diferenciación interna y la crisis de la conciencia de clase en los obreros industriales; por la pérdida del número, peso y homogeneidad de los labradores; por la creciente presencia de la mujer en todos los ámbitos del trabajo, cada vez con una mayor responsabilidad; y por el creciente número de jubilados y pensionistas, así como de jóvenes cuya cualificación es mayor que nunca. Pero también se ha podido advertir una creciente polaridad entre trabajos de calidad y trabajos precarios, así como el aumento de la segmentación social, de diferencias en la percepción de rentas, de persistencia e incluso incremento de factores de exclusión social que generan nuevas formas de pobreza y desigualdad. Lo cual ha ido unido al desequilibrio en la distribución espacial de la población, al riesgo de agotamiento de algunos recursos naturales o a la integración del multiculturalismo existente ya en la práctica. Todo ello ha convertido al País Valenciano en un «país complejo» (Romero y Azagra, 2007), que desde 2008, y tras los aparentes éxitos del modelo económico aquí imperante, ha tenido que integrar los duros impactos de la crisis económica, especialmente en los ámbitos económico y social (Alcaraz, 2009).

Por lo que respecta al asociacionismo y a los movimientos sociales, se ha producido un importante desarrollo, en consonancia con lo que ocurrido en Occidente, aumentando especialmente las asociaciones relacionadas con cuestiones vinculadas con los retos de la sociedad global del riesgo, como por ejemplo las asociaciones medioambientalistas, culturales y de patrimonio cultural, por la igualdad sexual, pacifistas, altermundistas o de cooperación para el desarrollo del Tercer Mundo (Hernàndez y Albert, 2008). Se trata de movimientos muy críticos con las tensiones generadas por el productivismo y el consumismo propios del capitalismo globalizado, que buscan su reorientación desde los presupuestos de una democracia integral de carácter mundial que no excluya las problemáticas de lo local. Entre estas asociaciones destacan las organizaciones no gubernamentales, las asociaciones de conservación del territorio y del patrimonio cultural, las asociaciones de defensa de la identidad valenciana, en sus diversas versiones, o aquellas que, como ocurre, por ejemplo, con Escola Valenciana, poseen una gran capacidad de convocatoria y tienen en su punto de mira la extensión y normalización de la educación en valenciano.

En el último decenio la capital del País Valenciano, Valencia, se ha insertado estratégicamente en una red global de eventos culturales y turísticos, algo muy acorde con la intensificación a gran escala de los procesos de globalización y de conectividad cultural. Hasta el punto de que ciudades menores, como Alicante y Castellón, han intentado el mismo camino, aunque a menor escala. La Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia se ha convertido en el principal elemento referencial, pues en muy poco tiempo se ha erigido en un marcador de la identidad valenciana al mismo nivel que la Valencia patrimonial y artística, mientras que la propia Ciudad ha devenido un referente iconográfico de la modernidad local. La organización de grandes eventos internacionales, junto a la proliferación de ciudades temáticas, ha supuesto para Valencia su reposicionamiento en el marco de las ciudades que compiten por asignarse la etiqueta de «ciudad global». De este modo, si bien de una manera no del todo planificada, Valencia ha estado experimentando un tránsito efectivo hacia el estatuto de «ciudad glocalizada» mediante un modelo de decidida espectacularización. Todo ello pese al disenso de les élites culturales, intelectuales y académicas o las iniciativas críticas de movimientos sociales ciudadanos (Cucó, 2013).

2.POLÍTICAS CULTURALES Y DEMOCRATIZACIÓN CULTURAL

Una vez definido el marco social contemporáneo del País Valenciano llega el momento de adentrarse en el mundo de las políticas culturales, que constituyen un elemento esencial de las dinámicas culturales que caracterizan la sociedad valenciana. Pero el acercamiento al estudio de las políticas culturales en el País Valenciano requiere una previa contextualización, referida al papel de aquellas en relación a la evolución de la democratización cultural en España. Y es que, como ha señalado Ariño (2010), en las sociedades del bienestar surgidas tras la Segunda Guerra Mundial se tomó conciencia del carácter minoritario y elitista de la alta cultura con la intención de extender al conjunto de la población el derecho al disfrute de los bienes y servicios culturales. En este contexto, «y con el fin de cimentar la acción política, aparecen las instituciones, las políticas, las estadísticas y las encuestas sobre prácticas culturales» (Ariño, 2010: 123). La orientación de estas políticas es claramente distributiva y tiene como objetivo correlativo garantizar la accesibilidad de determinados bienes al mayor número posible de personas. De este modo, las administraciones públicas tratan de legitimar su acción mediante la ampliación progresiva de los públicos.

La democratización cultural ha inspirado en gran medida la institucionalización de una administración cultural en distintos niveles, como los que trataremos en este libro dedicado al caso valenciano, hasta el punto de que los agentes que se sitúan en el Tercer Sector o el sector privado no pueden dejarse de ver, al hablar de políticas culturales, más que en relación dialéctica con las diversas administraciones culturales (autonómica, provincial y local). En España la puesta en marcha de políticas culturales modernas es inseparable tanto de la creación del Ministerio de Cultura en 1977 como de la recuperación de un régimen de libertades democráticas y la construcción del Estado de las Autonomías, estrechamente ligado a la reivindicación y promoción de las culturas de las diversas comunidades autónomas. En ese sentido, las políticas culturales de la era democrática aparecen nítidamente definidas por el paradigma de las políticas de democratización cultural, que el ministro de Cultura francés André Malraux pusiera en marcha en 1959.

Sin embargo, como destaca Ariño, en España no se ha producido un periodo dilatado de implantación y desarrollo intenso de las políticas de democratización cultural (redistribución), con la consiguiente creación de infraestructuras, equipamientos, cuerpos de expertos, instrumentos de impulso a la participación y programas de dinamización (Ariño, 2010: 126-127). Más bien han predominado unas acciones fragmentarias, tímidas e inmaduras, sin demasiada articulación interna, que además se han visto desbordadas tanto por las específicas políticas de democracia cultural (reconocimiento) generadas en el marco de la consolidación del Estado autonómico como por el desplazamiento hacia la cultura orientada por el desarrollo económico y la espectacularización, como demuestra, en este último extremo, el caso valenciano (Cucó, 2013).

En España es cierto que, entre 1978 y 2009, ha habido un significativo crecimiento en la mayoría de los campos de actividad cultural, hasta el punto de que han llegado a generalizarse prácticas antaño minoritarias. No obstante, para que haya democratización cultural absoluta es imprescindible que exista tanto un incremento del volumen de los practicantes por aumento de la tasa de penetración (participación cultural) como una reducción de las diferencias existentes entre categorías. Así pues, si se entiende el concepto de democratización cultural en su sentido más básico y generalizado de ampliación del volumen de público, es cierto que en España se ha dado una auténtica revolución cultural en las últimas tres décadas, que ha afectado a todas las prácticas culturales, democratizándolas. Pero cuando se realiza un balance más ajustado de dicha democratización se obtiene que no se ha producido una significativa atenuación o desaparición de los sesgos participativos de signo sociodemográfico (de género, edad, nivel educativo u ocupación), e incluso es posible apreciar que en algunos casos dichos sesgos se mantienen o acentúan. Es más, no solo nos encontramos ante políticas de democratización cultural insuficientes,

sino que éstas han sido desbordadas por políticas dispersas de reconocimiento (democracia cultural) de las comunidades autónomas, y todas ellas por las ya referidas políticas de subordinación de la cultura a los enfoques económicos (desarrollo cultural, flujos turísticos, rentabilidad inmediata de los equipamientos culturales) y a los intereses políticos (singularización y espectacularización) (Ariño, 2010: 222).

Un diagnóstico a tener muy en cuenta a la hora de abordar el desarrollo de las políticas culturales valencianas, en la medida en que están muy influidas por el modelo español, hasta el punto de que algún rasgo destacado, como la tendencia a la espectacularización, aparece muy desarrollado en el caso valenciano, como tendremos oportunidad de ver a lo largo del trabajo.

3.DEL FRANQUISMO A LA DEMOCRACIA (1975-1995)

En el País Valenciano, como en el resto de España, no existía en los inicios del nuevo sistema democrático nada que se pudiera equiparar a una política cultural contemporánea. Como ha señalado Sirera (2008):

En 1975, la situación de la cultura valenciana desde el punto de vista de sus infraestructuras era poco menos que catastrófica: escasas y en precario, como fruto de una desidia sistemática por parte de las autoridades franquistas, tanto de las centrales como de las de ámbito local. Las carencias, pues, eran enormes: faltaban dotaciones tan básicas como bibliotecas o polideportivos. Y no eran menos acentuadas las carencias en otros ámbitos: el musical, el teatral o el de las artes plásticas (p. 12).

Pero, como el mismo autor indica,

en menos de treinta años el panorama cultural valenciano se ha visto profundamente alterado por las inversiones que en materia cultural se han venido haciendo (p. 13).

Para Sirera, la política cultural autonómica de los años ochenta (en lo que a dotaciones se refiere) se desarrolló en dos direcciones. La primera, la creación de centros que diesen apoyo, y coordinasen, infraestructuras ya existentes o en curso de realización. La segunda, la construcción de edificios emblemáticos. Posteriormente, el triunfo del PP en las elecciones autonómicas de 1995 (precedido por el obtenido en las municipales de la capital valenciana, 1991), tras algunos meses de indefinición, cuajó en el terreno cultural en una política basada prioritariamente en la potenciación de las grandes infraestructuras y los eventos igualmente grandiosos. Desde 1995, la política cultural conservadora continuó por la senda de las grandes inversiones en infraestructuras culturales, con la pretensión de lograr una gran visibilidad nacional e internacional para el País Valenciano. Según Sirera (2008: 8),

Si para los gobiernos socialistas los objetivos culturales prioritarios fueron la modernización de la Comunidad y la resolución de los principales conflictos que la atenazaban (singularmente, el lingüístico), los del Partido Popular que les han sucedido han desarrollado una política cultural en dos direcciones. Por una parte, tratando de dar satisfacción a las formas más tradicionales de entender y practicar la cultura. Por la otra, reforzando la modernidad antedicha y la proyección internacional de la Comunidad a través de grandes eventos culturales y deportivos, gestionados habitualmente por instituciones, sociedades y fundaciones creadas ad hoc.

Pero, para entender la puesta en marcha de la administración pública cultural valenciana hay que recordar el proceso de institucionalización del propio marco autonómico, que suponía la recuperación y actualización de la Generalitat Valenciana. El primer Consell Preautonòmic del País Valenciano se constituyó en abril de 1978, bajo la presidencia de Josep Lluís Albiñana, que no consiguió sus primeras transferencias hasta los decretos ley de enero y febrero de 1979. Los partidos políticos intentaron ponerse de acuerdo para definir el modelo de nuevo estatuto de autonomía. Tras las elecciones de 1979 el nuevo Consell se vio envuelto en una lucha de intereses entre la mayoría socialista y los consellers de la Unión de Centro Democrático (que provenían de las Diputaciones provinciales). Después de un tiempo de discrepancias se designó a Enrique Monsonís como presidente en funciones de la Generalitat y tras diversas discusiones se puso en marcha el Estatut d’Autonomia, que resultó aprobado en 1982 y oficializó la denominación de Comunitat Valenciana para el territorio valenciano. En 1983 obtuvo la victoria en las elecciones autonómicas el PSPV-PSOE (Partit Socialista del País Valencià), que gobernó entre 1983 y 1995, año en que el Partido Popular venció en las elecciones, cosa que también volvió a suceder en 1999, 2003, 2007 y 2011.

En consecuencia, a la hora de analizar las políticas culturales en el País Valenciano deberemos distinguir un primer período preautonómico entre 1978 y 1982, del que casi no se dispone de información, dada la precariedad institucional del propio ente autonómico; un segundo período, de gobierno socialista con mayoría absoluta, entre 1983 y 1995, y un tercer período correspondiente a una mayoría conservadora con dos subperíodos: entre 1995 y 1999, a raíz de un pacto en el gobierno de la Generalitat Valenciana entre el Partido Popular y Unió Valenciana (partido regionalista conservador); y a partir de 1999, con el gobierno en solitario del Partido Popular y con mayoría absoluta.

Antes de entrar a describir y analizar los datos disponibles respecto a la política cultural en el País Valenciano para los años referidos, justo será sintetizar, para contribuir a una adecuada contextualización, el panorama que sobre la política cultural de los años ochenta y noventa realiza la relevante monografía de Rausell (1999). Según su trabajo, en general el gasto público en cultura de las comunidades autónomas en relación al presupuesto total consolidado entre 1985 y 1994 fue de un 2,39%, siendo las magnitudes más elevadas las de aquellas comunidades autónomas con competencias transferidas de manera más pausada, y no con grandes competencias transferidas, que diluyen el peso de la cultura a favor de la sanidad o la educación, como es el caso del País Valenciano, cuyo promedio de gasto público en cultura para el período referido es del 1,31% del presupuesto.