Miradas sobre la subjetividad
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El punto de Lazzarato es que la política en las sociedades de control empieza a funcionar con la construcción de modelos mayoritarios. Esto resulta claro no sólo en el modo en que las encuestas son capaces de movilizar la opinión pública en una u otra dirección a través de los medios, sino también en el hecho de que la democracia empieza a ser entendida como el esfuerzo para hacer que un mayor número de personas “accedan” a los modelos mayoritarios. Democrática será una sociedad en la que los niveles de consumo de la población se eleven al máximo, ya que esto supone que un buen porcentaje de ésta puede tener acceso a tarjetas de crédito, telefonía celular, computador personal, ipods, paquetes turísticos, préstamos bancarios, etcétera. Se trata, pues, de una democracia articulada por el mercado, en la que consumidores y ciudadanos son una y la misma cosa.
Habría que establecer, en este sentido, la distinción entre una democracia de la diferencia y una democracia de la multiplicidad. Una democracia de la diferencia es aquella que opera con la fórmula multiculturalista de la “inclusión del otro”. Al “otro” se le incluye como “diferencia”, es decir, como consumidor, como participante de un modelo mayoritario, como nuevo miembro de un “mundo” ya previamente construido. El otro puede ser diferente, pero sólo al interior de una oferta plural de mundos construidos de antemano por el marketing, vacíos de toda singularidad. Las diferencias son, en realidad, variaciones de una totalidad, mundos distintos, pero que pertenecen al único mundo posible ofrecido por el capitalismo. En una palabra: las diferencias son ofertas múltiples de vida remitidas a una sola unidad jerárquica. La democracia de la diferencia no es entonces otra cosa que la inclusión de todos, pero con estatuto de consumidores, en un mismo supermercado global. Diremos, en suma, que la democracia de las diferencias es un aparato de captura sobre la multiplicidad de mundos posibles.
Por el contrario, en una democracia de la multiplicidad no se trata de la captura de los mundos posibles en modelos mayoritarios, sino, todo lo contrario, de la proliferación de mundos posibles, pero donde cada mundo no se disuelve en la uniformidad, sino que conserva su singularidad. Aquí ya no se trata entonces de ser diferentes, sino de ser múltiples, de ser multitud. Las luchas democráticas no son entendidas aquí como orientadas hacia la “inclusión del otro”, sino hacia la evacuación de los modelos mayoritarios. Son entonces luchas por devenir-minoría.
Lazzarato nos ofrece un ejemplo de las luchas democráticas en Francia: el caso de los intermitentes del espectáculo. Éste es un ejemplo que remite además a sus primeras investigaciones sobre “el ciclo de la producción inmaterial”, pero retomadas ahora en clave de luchas democráticas en la sociedad de control. Los intermitentes son los típicos trabajadores posfordistas: personas que trabajan a destajo, sin contrato fijo, pasando de un proyecto a otro, de un empleador a otro, viviendo siempre de actividades tipo free lance y que no se ajustan, por tanto, a los modelos mayoritarios vigentes en las sociedades capitalistas de hoy: el “asalariado” y el “independiente”. Al no ser empleado ni microempresario, el intermitente no puede cotizar la seguridad médica ni las pensiones, puesto que carece de un salario fijo que le permita pagar la cuota mensual de estos servicios en el mercado.
Ahora bien, en las sociedades capitalistas contemporáneas la figura del intermitente empieza a extenderse por todos los ámbitos de la producción, pero particularmente en aquel sector que constituye la clave para la acumulación de capital en el posfordismo: el sector terciario de la economía. Es el sector donde prolifera aquel tipo de trabajador que los operaístas denominan inmaterial: gente dotada de capital cognitivo que es capturado a través de outsourcing y cuyo trabajo se paga no por el tiempo invertido en la producción de lo que venden, sino por el producto mismo que se ofrece. Es el sector donde se mueven básicamente los trabajadores de la cultura: artistas, músicos, diseñadores gráficos, artesanos, cineastas, actores, profesores universitarios, gestores culturales, programadores, etcétera. Gente, en suma, que no siempre tiene trabajo (pues andan pasando de un proyecto a otro), pero que vive trabajando siempre.
Lazzarato hace referencia particular a las luchas democráticas de los trabajadores del espectáculo, también autodenominados precarios. Son artistas, comunicadores, gente de la industria audiovisual, que trabajan a destajo (free lance) y que, a causa de la crisis del estado benefactor en Francia, ya no pueden percibir subsidios del Estado durante sus períodos de “inactividad”. Esto generó un grave conflicto laboral, pues los intermitentes empiezan a organizarse no como sindicato, sino como una red que reclama el reconocimiento del carácter socialmente productivo de sus actividades durante el tiempo de desempleo, es decir, de las actividades que ellos desarrollan “fuera del mercado”: autoformación, cooperación, investigación, ensayos, consolidación de redes sociales, afectivas, intelectuales, etcétera. Como puede verse, se trata justo de aquellos aspectos que el capitalismo actual tiende a explotar sin compensación por tratarse de actividades realizadas “fuera del tiempo de trabajo”. La lucha de los intermitentes es, pues, una lucha por el reconocimiento de que el trabajo para el mercado no es la única forma de producción, sino que existe una multiplicidad de formas de trabajo que son socialmente productivas, aunque no correspondan a modelos mayoritarios. Se trata de lo que los operaístas definen como “trabajo vivo”.
La lucha de los intermitentes no es para ser “incluidos” en un modelo mayoritario de trabajo, sino para afirmar su singularidad como intermitentes, a la vez que para criticar la privatización de la producción social inmaterial. No luchan entonces para ser mayoría, sino para “devenir-minoría”, en el sentido explicado anteriormente. Son luchas que han sido replicadas por otros movimientos sociales en Europa, como aquellos que reclaman el libre acceso a las ideas e innovaciones tecnológicas que producen los trabajadores inmateriales en su tiempo de no empleo. Las iniciativas de software libre, copy-left, creative commons, etcétera, obedecen precisamente a la idea de que el “trabajo vivo”, aquel realizado por los trabajadores inmateriales antes de ser capturado como mercancía por las empresas, es un trabajo social y, por lo tanto, debe ser puesto gratis al servicio de toda la comunidad. Esto quiere decir que el conocimiento, en lugar de ser apropiado por la empresa privada mediante los regímenes de propiedad intelectual, debe ser totalmente accesible a las redes sociales que lo produjeron. De este modo, el libre acceso a los bienes inmateriales se está convirtiendo en uno de los “derechos fundamentales” reclamados por la joven izquierda europea contemporánea. Es también el reclamo de muchos estudiantes en Francia, Alemania y Gran Bretaña, quienes exigen la creación de universidades donde la investigación que hacen ellos mismos y sus profesores circule libremente por todo el conjunto social, en lugar de universidades orientadas hacia la investigación para la empresa, lo que hoy día se llama “investigación pertinente”. Es un reclamo por el estatuto social y no empresarial de la Universidad.
El enemigo común de todos estos nuevos frentes de lucha es la economía global neoliberal, que se sostiene sobre la captura del trabajo vivo de los trabajadores cognitivos. Formarse en una actividad y aprenderla a hacer forma parte del trabajo vivo porque dependen de la constitución de redes sociales afectivas, cognitivas y volitivas (lo que autores como Virno y Negri denominan el general intellect), aquellas precisamente que son capturadas noopolíticamente en las sociedades de control.
Para terminar, quisiera concluir con una frase de Lazzarato que resume su concepto de noopolítica y la estrecha vinculación entre economía y cultura, tema central de su reflexión: “El cajero automático es un sistema de regulación y de control sin significado, ya que me recuerda sin cesar el saldo de mis signos sin poder, y modula así, constantemente, la necesidad de trabajar”.
Bibliografía
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Buscar el paraíso en la boca del lobo: ¿sujetos y actores concretos en violencias difusas?{1}
ASTRID FLÓREZ{*}
Guerra y sujeto, qué odiosa ecuación para toda analítica. Ecuación
viva, vivida, plano donde lo único que resuena dulce es la posibilidad
de la innovación [...] la perspectiva del sujeto es la de la lucha dentro
de esta guerra, ¡guerra a la guerra!
FABIÁN ACOSTA
En Colombia, todas las personas podemos narrar una historia de violencia, bien sea por experiencia propia o bien de oídas. ¿Qué puede explicarlo? ¿Quiénes pueden darnos una respuesta satisfactoria al respecto? Quiero explorar un primer camino: los procesos de socialización en Colombia han estado marcados por una fuerte violencia de orden material y simbólica que ha contribuido a la conformación de subjetividades subordinadas, que a su vez son el fundamento de un proyecto social y estatal autoritario que se puede respirar en cada esquina. En la base de este problema se encuentra una cultura política intransigente que no reconoce la diversidad de modos de ser y existir; lo que podría explicar algunas causas y lógicas de la guerra que vivimos.
Pese al difícil conflicto armado colombiano, la realidad contrasta con una cantidad enorme de expresiones públicas frente a esas múltiples formas de violencia que nos invaden —así lo han demostrado las movilizaciones de febrero, marzo y julio pasados—. Se asiste a un tipo de acción colectiva contestataria (García, 2005) en la que participan una multiplicidad de actores sociales que se enfrentan a una grave crisis humanitaria y a una autonomización fuerte de sus proyectos sociales en busca de alternativas a la guerra. Las expresiones públicas masivas no son per se democráticas, pacíficas o propositivas, no gustan a todos, ni sus participantes asisten de manera consciente y altruista.
Muchos de nosotros enfrentamos cada día preguntas de nuestros hijos pidiendo explicaciones sobre el mundo en que vivimos, preguntas más profundas y explicaciones convincentes para nuestros estudiantes o más elaboradas para los colegas. ¿Cómo explicar este contraste de formación entre los grandes grupos activos y una masa de individuos indiferentes aislados frente a la pantalla de sus televisores, la Internet o la música? El papel de la educación nos permite mediar en este abismo sin tender puentes invisibles.
Las respuestas no van al vacío. Detrás de quienes aparentemente sólo escuchan hay universos, algunas veces insondables; pero el reto es orientar en ese conocimiento del propio ser.
¿Realmente somos esta guerra que vivimos? ¿Qué somos en medio de esta guerra?
La guerra, aunque pretenda ser borrada del lenguaje por parte de los actores estatales o del Gobierno, tiene dos caras que la evidencian y que desempeñan un papel central: su primer rostro es el de la violencia armada de carácter político y sus efectos secundarios. Es un conflicto que se prolonga desde el encuentro de las culturas afro, española e indígena, y que atraviesa la historia como una lanza que marca el continuo de nuestra experiencia. Como enfrentamiento entre partidos data de 1948. Hoy, E. Pizarro, la describe como un conflicto armado interno, irregular, prolongado en el tiempo, con fuertes raíces ideológicas y más recientemente marcado por el recurso del terrorismo; también considera que es de baja intensidad (1000-10 000 muertes políticas al año) y que sus principales víctimas son civiles gracias al combustible del narcotráfico.
Actualmente, esta guerra deja al 10% de la población desplazada (en el último trimestre cerca de 118 000 personas se sumaron a esta lista, y se calcula que han abandonado alrededor de seis millones de hectáreas presionados por las armas de grupos ilegales que luchan contra el Estado o de la mano con éste). El lugar donde muchos recuerdan los juegos infantiles, las izadas de bandera del colegio o las primeras novias, hoy hace parte de una amplia red de terrenos cuyo promisorio destino será la producción agrícola a gran escala de los biocombustibles. Estas tierras han sido recolonizadas por proyectos armados autoritarios que prometen —nuevamente— una inserción al mercado internacional, el progreso y el bienestar para todos, mientras causan lógicas de opresión y desarraigo para otros.
La libertad fue otro de los sueños con que nos despertó la modernidad; sin embargo, en el último semestre, doscientas veintisiete personas más han sido secuestradas y, mientras buscamos noticias de ellas, alrededor de otras doscientas cincuenta fueron amenazadas por su participación en actividades colectivas demandando lo que la Constitución de 1991 garantizaba formalmente.
De la sentencia que hiciera Clausewitz{2} sobre la guerra como la prolongación de la política por otros medios, traigo a colación un grafiti que complementa esta idea: “la economía es la extensión de la guerra por otros medios”.
Los otros medios a los que se refiere el grafiti, probablemente, estén relacionados con algunas de las conclusiones de un estudio independiente realizado por el Centro de Investigaciones para el Desarrollo de la Universidad Nacional que, al corregir cifras de pobreza, estima que el 70% de los colombianos no pueden garantizar el acceso a una canasta básica con los ingresos que perciben —mientras los más pobres reciben la cuarta parte del ingreso promedio, las capas más altas obtienen cinco veces más de este promedio, y alrededor del veinte por ciento de los más ricos concentran el 52% del ingreso nacional.
En estas circunstancias, está claro que las condiciones materiales de subsistencia para los colombianos no son sencillas. Las movilizaciones del primer semestre de este año evidencian el despertar de formas de expresión diversa. Hay quienes consideraron las marchas como una expresión de la voz cívica nacional, mientras que otros analistas señalaron que se trataba de una nueva forma de manipulación de la opinión pública a favor de un Gobierno cuya legitimidad es aceptada internacionalmente, pero cuestionada en muchas de las regiones del país por movimientos sociales, ONG (organizaciones no gubernamentales) y activistas de derechos humanos. Hemos mostrado hasta ahora que la construcción de marcos sociales para la subjetivación con propósitos democráticos a través del consenso ha sido un proceso fallido y que la supervivencia material presenta grandes restricciones en Colombia. A continuación, esbozaremos algunos elementos para analizar la acción colectiva en función de la relación entre Estado y sociedad.
Los marcos de socialización de los últimos veinte años depositaron toda su confianza de renovación en la nueva Constitución de 1991, por lo cual se creyó posible la reconstrucción del consenso nacional hasta entonces fracasado. Frente a los postulados de la modernidad, que garantizaban un tipo de subjetividad basada en la interacción racional mediante la suscripción de un “pacto social” entre individuos libres, el esfuerzo institucional por normalizar la tradición de violencia (y evitarla) permitiría estabilizar a la sociedad colombiana y ganar en legitimidad. El tránsito de una democracia restringida y excluyente a una democracia procedimental perfectible bajo la consagración del Estado social de derecho operó como el mejor “pacto de paz” que garantizaría —por fin— el inicio de una nueva experiencia política y social para los colombianos (Múnera, 2008).
Sin embargo, la Constitución es hoy una colcha de retazos que ha perdido su unidad: las violencias políticas no sólo no se detuvieron, sino que escalaron en intensidad, frecuencia y horror. El régimen político fue seriamente cuestionado por la penetración de dineros del narcotráfico y éste continuó su parasitaria inserción en la sociedad colombiana. En nombre de la guerra —o mediante la supuesta búsqueda de la paz— fueron elegidos dos presidentes encargados de la pacificación del país: por medios muy distintos, los Gobiernos de Pastrana y Uribe así lo intentaron.
De esta manera, es posible sostener desde el punto de vista de Múnera: [...] desde una perspectiva práctica, la Carta Política hizo parte de una estrategia de paz y de guerra implementada por las élites dominantes, que posibilitó la fragmentación y el debilitamiento de la insurgencia, contribuyó a la deslegitimación de los grupos guerrilleros que siguieron alzados en armas, fortaleció la legitimidad de las instituciones estatales, y permitió que el Gobierno y las Fuerzas Armadas continuaran desarrollando una guerra regular e irregular, en la que los paramilitares entrarían a representar un papel protagónico, con su secuela de violaciones de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad (2008: 36).
Por ello, se puede afirmar que se ha configurado un Estado autoritario donde la figura del Estado social de derecho fue tan sólo un momento de interrupción entre dos tipos de democracia excluyente. Se multiplicaron las formas de hacer la guerra aun con la vigencia del nuevo consenso que representaba la Constitución de 1991. Las fuerzas guerrilleras acusaron al Gobierno nacional de continuar el terrorismo de Estado, argumento que éste desconoce y al que responde actualmente con una fuerte política de “lucha contra el terrorismo”, mecanismo aplicado por estas organizaciones insurgentes (37).
Desafortunadamente, la Constitución no logró desactivar la ola de violencia generalizada que el país vivía ni desmontar un régimen social profundamente inequitativo en lo socioeconómico y excluyente en lo político-cultural. Por su parte, las redes sociales fueron desarticuladas o reestructuradas en función de la guerra, y las víctimas del conflicto fueron creciendo de manera alarmante.
Actores sociales y subjetividades en la guerra
¿Cómo podemos leer entonces las movilizaciones ciudadanas del primer semestre? ¿Qué tipo de subjetividad expresa hoy en medio de la guerra? Al respecto, se observa que el análisis de las subjetividades en Colombia, en particular de la acción colectiva, ha sido fuertemente influenciada por las fuentes teóricas del marxismo desde la dialéctica y la lucha de clases. Por otra parte, desde 1980, se fortaleció una corriente de interpretación culturalista que se alimentó del constructivismo, del giro lingüístico en filosofía y de los estudios culturales (García, 2005: 155). Sin embargo, “[...] lo que existe es una gran hibridez de concepciones, resultado de lo cual los grupos y movimientos sociales son vistos como los actores colectivos de las clases subalternas, que a través de sus luchas van creando sus propias identidades históricas y logrando su propia emancipación” (ibídem).
La lectura de la acción colectiva también ha estado marcada por una perspectiva de clase en los sectores campesinos y obreros, de los estudios regionales y de la construcción de identidades con relación a las minorías étnicas y de ciudadanía. Es evidente que los paradigmas de clase han sido desbordados por la multiplicidad de actores, de motivos y formas de acción que revelan la agitada movilización del primer semestre.
Dentro de este panorama, García, en su línea argumentativa, sostiene que en Colombia nos enfrentamos a un “Estado colapsado”, es decir, que hace presencia bajo las formas y atributos del Estado constitucional, pero que es incapaz de imponer sus objetivos frente a los actores locales, armados o civiles, y por esta razón debe ceder y negociar con aquéllos. Para avanzar en su perspectiva, García considera que el Estado colapsado es propio de una sociedad híbrida donde se combinan rasgos modernos y premodernos, civiles y difusos, cuya relación entre Estado y sociedad se denominaría “país difuso”. El ejemplo más claro de esta concepción se refiere a las zonas de colonización, franjas flexibles y porosas donde los conflictos que allí se viven son reflejo de los problemas no resueltos por el país moderno. Así, estas zonas se caracterizan porque “Muchos de los elementos de la crisis que ha vivido Colombia durante los últimos veinte años se presentan en su estado más bruto: la violencia, la corrupción, [los] conflictos sociales, la debilidad del Estado, la privatización de la justicia, la marginalidad, la debilidad de las identidades sociales, la vulnerabilidad individual, la imprevisibilidad de la vida y el derrumbe de las expectativas sociales” (167).
De acuerdo con esta interpretación, podemos sostener que los derechos liberales que le dieron forma y concreción a la subjetividad moderna en los países europeos, en Colombia se ven sustituidos por la importancia del estatus y las redes de mediación establecidas con personas influyentes o poderosas en el ámbito local, lo que genera altos niveles de dependencia conformando “ciudadanos a medias” (que acuden a redes de protección y al uso de derechos). Esta situación se caracteriza por la ausencia de referentes valorativos comunes en grupos e individuos, lo que da lugar a sociedades poco cohesionadas con un alto índice de comportamientos instrumentales.
De manera paralela, se observa una red de instituciones débiles con actores sociales muy fuertes, relación que se denomina “sociedad difusa”, donde los actores se resisten a someterse al poder público del Estado y establecen procesos de negociación constante. De esta forma, se genera una prevalencia de actores locales capaces de poner en tela de juicio el poder del Estado.
La reflexión sobre la subjetividad cuenta con una amplia producción. Si se comprende el poder como acto, implica situarlo en el contexto de las prácticas sociales y de los actores (Múnera, 1997: 66). En este sentido, la categoría de subjetividad puede resultar demasiado abstracta, por lo cual optaremos por referirnos a los actores sociales populares. La lógica de los actores sociales se orienta por un proceso de autorrepresentación de los agentes sociales mediante la movilización de recursos y la creación de un contexto simbólico afectivo que le imprima sentido a sus acciones.