Hijas e hijos de la Rebelión. Una historia política y social del Partido Comunista de Chile en postdictadura (1990-2000)

C apítulo 1 ¿El derrumbe de las catedrales? El PC chileno de cara al colapso del comunismo y el retorno a la democracia (1990)

A fines de 1990, el ex diputado comunista Luis Guastavino editó un libro titulado Caen las catedrales. Reunía textos políticos y entrevistas concedidas a diversos medios durante ese agitado año. El título de su obra se convirtió en una de las metáforas más conocidas y utilizadas para describir la compleja situación del PC durante aquel año. El enfrentamiento contra los agoreros que desde dentro y fuera de la organización anunciaban su fin, marcó la existencia de la organización durante ese año. Este se había iniciado pletórico de expectativas para la mayoría de los chilenos, los que a fines de 1989 habían optado por el abogado demócrata cristiano Patricio Aylwin para que encabezara el primer gobierno democrático tras los años de la dictadura del general Pinochet. Sin embargo, la alegría del fin de la dictadura pronto dio paso al realismo, las concesiones y los pactos con la derecha, que caracterizarían a la transición democrática chilena. La decepción pronto rodearía a los comunistas y otros sectores de izquierda. Así enfrentaron los comunistas chilenos el inicio de la última década del siglo XX: por un lado, con la amenaza del peligro de extinción de proyecto político de transformación que habían desarrollado durante gran parte del siglo; por otro, con el dolor de ver que el sueño democrático por el que habían luchado durante la dictadura estaba lejos de cumplirse.

En efecto, para entender el desenvolvimiento de la crisis del PC durante 1990, es fundamental mencionar el campo cultural en el que esta se desarrolló. El 11 de marzo, el dictador Augusto Pinochet, que había perseguido ferozmente a la izquierda chilena durante 16 años y medio, entregaba el poder ejecutivo a Patricio Aylwin, el líder de la oposición. Esta salida de la dictadura había significado que la oposición reconociera la institucionalidad creada por el régimen. El costo de la llamada «transición pactada» implicaba la legitimación de una institucionalidad que estaba lejos de aproximarse a los cánones de las democracias occidentales. Por ejemplo, el Senado tenía nueve integrantes designados por Pinochet, lo que le daba mayoría parlamentaria a la derecha, a pesar de haber sido derrotada en las elecciones de 1989; el poder judicial estaba compuesto por los mismos integrantes que habían tenido una actitud cómplice durante la dictadura, todos designados por el dictador saliente; la Constitución asignaba un papel «garante» a las fuerzas armadas, que, a través del Consejo de Seguridad Nacional, tenían derecho a veto sobre el poder civil. Esto, sumado a que Pinochet permaneció al mando del ejército durante casi toda la década, provocaba que su figura continuara siendo muy relevante en la vida política del país. Por último, la autonomía del Banco Central y las disposiciones constitucionales que garantizaban la existencia de leyes laborales antisindicales, aseguraban la continuidad del modelo neoliberal. De esta manera, la coalición gobernante, a pesar de poseer mayoría electoral, se movía en aguas políticas muy complejas, producto de la poderosa presencia del legado dictatorial. Este argumento fue utilizado sistemáticamente para explicar el no cumplimiento del programa democratizador prometido al país en las elecciones presidenciales de 1989, ganadas por la oposición29.

A estas condiciones políticas objetivas se le debían unir otros elementos. Uno de los principales era que se había hecho hegemónico el sentido común que sostenía que la forma de terminar con la dictadura había sido por medios pacíficos. La apelación a que «la alegría ya viene» de la campaña opositora durante el plebiscito de 1988, cuyo resultado fue fundamental para evitar la prolongación del mandato de Pinochet, hizo que las fuerzas de izquierda, que alentaban fórmulas más confrontacionales, incluso armadas, perdieran legitimidad. Hacia 1990, la condena a la violencia política era un consenso en el marco de una sociedad cansada de esta luego de casi 16 años y medio de dictadura30. Por el contrario, la llamada «democracia de los acuerdos», proclamada por el gobierno y un sector de la derecha, ponía en el centro del quehacer político y cultural de la época la mirada hacia el futuro, tratando de olvidar el pasado. Por este motivo, se intentó terminar y negociar la problemática generada por la violación a los derechos humanos durante el régimen militar, que, como se comprobó años más tarde, alcanzaba al mismísimo general Pinochet. Por último, un país viviendo un delicado proceso de cambio político, como Chile en aquel año, no podía dejar de recibir de manera influyente los espectaculares acontecimientos registrados que en Europa del Este habían decretado el fin del campo socialista. Esto, unido a la crisis política que enfrentaba Mijaíl Gorbachov en la Unión Soviética, consolidó la noción del «fin de la historia» y el triunfo del liberalismo a nivel planetario. En el país, uno de los principales énfasis de la recepción de estos sucesos fue utilizarlo como fundamento para la continuidad del modelo neoliberal implementado por la dictadura. En resumen, el Chile de 1990 comenzó a desarrollar un régimen político que ha sido definido como una «democracia semisoberana», en alusión a sus limitantes para expresar de manera realmente democrática la voluntad ciudadana31.

Este fue el clima político en el que se desenvolvió la crisis del PC. Esta tuvo un doble origen: uno exógeno, relacionado con la crisis del campo socialista, tal como le ocurrió al resto de los partidos comunistas alrededor del planeta. El segundo origen fue endógeno, producto de los cuestionamientos internos a la línea política seguida por el PC durante los años de la dictadura y especialmente en la coyuntura de término de esta. Esta crisis la hemos tratado ampliamente en un trabajo anterior32, y en esta oportunidad volveremos a ella en el siguiente capítulo de este libro. De esta manera, podremos ahondar en otros aspectos para explicar la forma como la dirección y la militancia del PC vivieron esta compleja coyuntura.

Como señalábamos más arriba, en esta crisis se conjugaron cuestiones estrechamente relacionadas con la histórica coyuntura política que Chile vivió entre fines de 1989 y comienzos de 1990, a saber, las primeras elecciones presidenciales en 20 años y el fin de la dictadura del general Pinochet. Desde nuestro punto de vista, para entender las definiciones del PC en esta fase crítica, es necesario contemplar las dimensiones más subjetivas de la política, lo que puede explicar las dificultades para adaptarse a las nuevas condiciones que experimentaba el país. En efecto, el PC se había jugado por una salida insurreccional de la dictadura. La apuesta había sido que, en base a la movilización popular, se pondría fin al régimen y se dejaría atrás su legado político y económico. Se desmontaría el andamiaje jurídico, se castigaría a los culpables de la violación de los derechos humanos y se recuperarían los derechos laborales para los trabajadores. Esta apuesta de romper con la institucionalidad creada por la dictadura, tuvo expresiones concretas en la vida cotidiana de los militantes y, en algunos casos, les implicó perder su vida, ser detenidos y sometidos a salvajes torturas, quiebres familiares, exilio y la dureza de la vida clandestina. En ese sentido, para muchos, el partido se convirtió en la razón más importante de su existencia.

En el caso de «David», alto dirigente del FPMR durante la dictadura, perdió contacto total con su familia (madre, hermanos, etc.) por casi 9 años: «estuvimos totalmente incomunicados, no sabían si vivía, si estaba muerto…no tenían nada claro respecto a mí». Sobre la familia, el mismo «David» explica que nunca pudo construirla, solo tuvo relaciones de pareja pasajeras. Acerca de los hijos, señala que tuvo «dos hijos que no están conmigo, viven en…‘en algún lugar del mundo’…A la niña por ejemplo, la vi nacer, estuve con ella hasta los cuatro meses… después la vi cuando tenía cuatro años, y, posteriormente la vi cuando tenía 11 años…». «Daniel», por otro lado, describe que vivió 5 o 6 años de clandestinidad absoluta: «Hubo momentos malísimos… uno añoraba tener una persona de confianza con la cual poder conversar algo íntimo… hacer recuerdos. Porque con los compañeros de trabajo tampoco podía hacer ni recuerdos del pasado, ni hablar de tu familia…». Por último, «Manuela», recordaba lo que experimentó cuando un compañero muy cercano fue asesinado por los organismos de seguridad del régimen: «…cuando esa persona se muere, y más aún, se muere siendo consecuente con sus ideas, ¡es muy fuerte el golpe! ¡Es muy terrible! Además…yo no pude ir ni siquiera a su funeral… No pude ni siquiera saludar a su mamá y decirle ‘señora, yo tuve el honor de conocer a su hijo’… esas cosas te quedan adentro, como una rebeldía…»33.

Así, la modificación drástica de los objetivos políticos de la organización no era una medida sencilla para la dirección del PC. Una muestra la constituía la crisis que estalló en 1987 entre la dirección y el brazo armado del partido, el popular Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Ese año se quiso limitar su accionar luego del fracaso del atentado contra Pinochet en 1986, cuestión que había generado un nuevo cuadro político, donde la violencia política perdía protagonismo. Sin embargo, las medidas de la dirección sobre su aparato armado produjeron el desgajamiento de parte importante de este organismo. La antigua acusación de «reformismo» contra los dirigentes del PC fue desempolvada por los «rodriguistas». Esta crisis demostró que un sector significativo de la militancia, que se había comprometido con el éxito de la «Rebelión Popular» o que, derechamente, se había hecho comunista al calor de la épica revolucionaria que esta poseía, no estaba dispuesto a abjurar fácilmente de ella34. Parte importante de la legitimidad de la dirección clandestina encabezada por Gladys Marín se basó en ser impulsores de esta línea política. Desde nuestra óptica, este aspecto es el que explica, en buena medida, las continuidades de las posiciones más radicales del PC durante los primeros años de los gobiernos democráticos.

Pero, por otra parte, para la dirección comunista era indiscutible que, con la asunción de Patricio Aylwin a la primera magistratura del país las condiciones políticas habían cambiado. Por lo tanto, la tensión se producía respecto al grado del cambio de la orientación política de la línea del partido. ¿Había que dar un corte radical a la Política de Rebelión, incluyendo sus expresiones armadas?, ¿había que incorporarse al gobierno? Como la coalición (especialmente la Democracia Cristiana) excluía al PC por sus posiciones favorables a la violencia y su adscripción a un marxismo considerado ortodoxo, ¿había que «hacer méritos» para congraciarse con los nuevos gobernantes?, ¿había que renunciar a los credos, tal como lo había hecho el Partido Socialista? En el fondo, la disyuntiva era respaldar o no al gobierno democrático. No hubo dudas en la necesidad de descartar del uso de formas armadas de lucha durante el nuevo período. Por otra parte, excluirse de la coalición de gobierno no era decisión fácil para el PC, pues durante la dictadura había promovido constantemente coaliciones e intentos de acuerdo con el centro político. Además, se sentían partícipes del proceso que había permitido el fin de la dictadura; por lo mismo, ¿por qué marginarse de la coalición que encabezaba dicho proceso? Tradicional articulador de pactos con partidos de centro, resultaba una novedad que el PC quedara fuera de los principales debates de la arena política.

En resumen, la dicotomía entre mantener los principios y la ética partidaria que le habían entregado la mística para resistir los embates represivos de la dictadura y rebelarse con «todas las formas de lucha» en su contra, versus la necesaria adaptación de los contenidos políticos e ideológicos en la nueva etapa democrática, estuvo en el centro de gravedad de la crisis partidaria que estalló en 1990. Como una manera de resolver esta disyuntiva, el PC proclamó una posición de «independencia constructiva» ante el gobierno democrático. Es decir, no era opositor a este; de hecho, se recordaba que los comunistas habían llamado a votar por Aylwin; empero, se reservaba el derecho a ser críticos de una administración que avizoraban insuficientemente decidida a contrarrestar el legado de la dictadura.