La democracia en Chile

La teoría del pacto, que tenía raíz en la historia cultural de la Península, no podía estar desconectada del mundo de ideas de Occidente en su sentido más amplio. Es prudente suponer que hubo una cierta instrumentalización, que se recurría a este ideario como se manotea para esgrimir la herramienta adecuada, sin que antes esta hubiera sido parte integral de la vida cotidiana: la noción de reasumir el poder en sí misma no era del todo ajena a la cultura en la que se vivía y quizás en la cultura humana. La fuerza que adquiere la socialización de este principio quizás tiene poco que ver con la teoría misma de, por ejemplo, El catecismo político cristiano, ya mencionado. El mundo de sensaciones que reflejaba un lenguaje como este solo adquirió vigor porque las ideas que lo conectaban con el nuevo mundo político que emergía en las dos riberas del Atlántico, le proporcionaron el marco y la atmósfera en los cuales podían reproducirse y propagarse sin cesar.

Jaime Eyzaguirre, historiador que en la segunda mitad del siglo XX ayudó mucho a configurar la memoria del país sobre los siglos coloniales, pone énfasis en que la Junta de 1810 no fue una creación ex nihilo, sino que la continuación de una conciencia que se había cultivado en la tradición municipal española, después traspasada a las Indias. Los municipios habían sido un espacio de libertades locales antiguamente acariciadas, aunque sometidas y arrinconadas por el centralismo borbónico que se dejó caer con todo el peso en la segunda mitad del siglo XVIII. De esta manera, el movimiento juntista en América no habría sido más que un revivir del inconsciente colectivo.109 Si bien esto suena plausible, no hay que olvidar que la tradición municipal no es la fuente destacada de la democracia moderna, porque el cuerpo político de aquella no es una polis sino lo que devino, el estado territorial y después nacional, dentro, eso sí, de un paisaje con procesos de democratización. Se trata de instituciones que fueron utilizadas, en parte por accidente y en parte por el despertar de una nueva conciencia, para fines muy diferentes de aquellos que las habían originado en los siglos coloniales.110

No había habido ni revolución social ni habría después una polarización social marcada en los grupos dirigentes, salvo por el hecho de que, más adelante, cuando estalla el conflicto armado con los realistas, estos últimos reclutan una parte importante de su tropa entre indígenas y mestizos. La visión tradicional, que básicamente consiste en que la Guerra de Independencia se trató de un alzamiento de los criollos contra los peninsulares, en líneas generales sigue teniendo vigencia, siempre que no consideremos a los primeros como un grupo social muy homogéneo o coherente; los criollos estaban divididos, más que por una oposición organizada a la independencia, por los vaivenes de los sentimientos, tributarios del triunfo cambiante de las armas. Aunque la sociedad chilena no traducía toda la escala de clases con la que hemos estado acostumbrados a clasificarla, desde el curso del siglo XX hasta ahora subsiste el hecho de que toda sociedad humana más compleja que la tribu siempre estará articulada —entre otras posibilidades de clasificación— en tres grupos: alto, medio y bajo. Lo que cambia en la modernidad es que esta dota a la sociedad de una convergencia en estilo y de posibilidades hacia el centro o punto medio, cosa que llamamos movilidad social, masificación, a veces igualdad. Los criollos no constituían un grupo homogéneo, aunque —quizás forzados a colocarlos en categorías más nuevas— habría que decir que casi todos se hallaban en un rango que fluctuaba entre clase alta, media alta y también clase media. Como muchos grupos que han originado desarrollos nuevos, contenían en potencia una diversidad social que después se iría trasladando, en el curso de la primera mitad del siglo XIX, a espacios sociales más y más amplios de Chile.

El impulso no fue, como en tantos casos de la historia de estos países y de Chile en especial, una reacción exclusivamente interna, sino que vino del marco más amplio, el imperial. En un proceso largo, iniciado en enero de 1809 con el llamado formulado por la Junta Suprema Central Gubernativa, a que las distintas partes americanas del Reino tuviesen “representación nacional” por medio de un diputado —fórmula considerada insuficiente por los criollos, que se veían en inferioridad numérica ante los diputados peninsulares— y que dio lugar a la primera elección de diputados en la capitanía chilena (en la que no participó el cabildo de Santiago por descuido del presidente García Carrasco), cuyos resultados terminaron siendo anulados por un nuevo decreto de la Junta de enero de 1810, dos diputados, nominados más bien accidentalmente según un decreto del Consejo de Regencia de octubre de 1810, llegaron a las Cortes de Cádiz en representación de Chile: Manuel Riesco y Puente, comerciante chileno que residía en Cádiz, y Joaquín Fernández de Leiva.111 La ruptura de legitimidad aún no era un fenómeno claro y decidido. Había ocurrido, sin embargo, una situación completamente nueva en el devenir del Reino.

No fue un grupo homogéneo el que sostuvo la dinámica que llevaría finalmente a la independencia. En ninguna parte lo ha sido. Hay demasiados testimonios de las dudas, las volubilidades, las veleidades de ánimo y los cambios según la dirección de los vientos. El paso de la Patria Vieja a la Reconquista y a la Patria Nueva se presta para todos los ejemplos, como por lo demás ocurre en cualquier época de convulsiones, aun teniendo en cuenta que, en comparación a muchas otras partes de América hispana, la drasticidad de los cambios y el papel de la violencia física haya sido en Chile mucho menor.

Quizás siguiendo las huellas de la independencia de Estados Unidos o, si vamos más atrás, al concepto original de revolución, surgido de la astronomía, como retorno al origen de un ciclo, se ha llamado a veces a todo el período que seguiría como “revolución”.112 Por cierto, no lo fue en el sentido que adquirió el concepto en los siglos XIX y XX, sobre todo en torno a aquellos dos grandes paradigmas que fueron la Revolución Francesa y la Revolución Rusa. De lo que no cabe duda es de que en América hispana sus contemporáneos la vivieron como una gran alteración de sus vidas cotidianas. En Chile sucedió lo mismo, con menor violencia y quizás con menos percepción de sismo social y político. Es asunto de grado, comparado con otras partes de América.

En paradoja comprensible cuando la incertidumbre y el cambio adquieren presencia y pueden ser sostenidos como proyectos imprescindibles, también crece el deseo de estabilidad. El cambio y la permanencia pasan de constituir una evidencia de lo cotidiano a adquirir el carácter de lo que se anhela o se teme, y en algún grado depende de cómo configuremos la vida pública y la privada. Si en el caso de América del Norte la relación entre impuestos y representación fue lo que encendió la chispa, en Hispanoamérica hay algo parecido, aunque más vinculado con la representación política: no se quería reconocer la igualdad proporcional en la representación por parte de las Cortes de Cádiz.113 No había comenzado aquí la demanda de igualdad, sino que algo más elemental, quizás más evidente, que era el derecho a crear juntas, como lo afirmaba el mismo 18 de septiembre de 1810 el letrado José Miguel Infante: “Si se ha declarado que los pueblos de América forman una parte integrante de la monarquía, si se ha reconocido que tienen los mismos derechos y privilegios que los de la Península y en ellos se han establecido juntas provinciales, ¿no debemos establecerlas también nosotros? No puede haber igualdad cuando a uno se niega la facultad de hacer lo que se ha permitido a otros, y que efectivamente lo han hecho”.114

Los cuatro años de la Patria Vieja fueron un período muy breve como para juzgar su proyección política. Podemos decir que durante ella se manifestó la misma variabilidad institucional propia de muchos períodos de cambio acelerado y, cuestión no menor, del origen del resto de las repúblicas hispanoamericanas. Originada en la experiencia de 1808, a la desaparición —poco gloriosa— del centro fáctico y del gran símbolo de todo orden posible, el monarca, se respondió con un impulso en el cual no estuvo ausente la simple conversación de los súbditos acerca de lo que les depararía el mañana, impulso que se fue transformando en sentimiento colectivo, quizás aceptado o no con entusiasmo o resignación por una mayoría de la sociedad criolla-mestiza. Para sus contemporáneos, que habían formado parte de una sociedad en donde la alteración era solo la vida y la muerte de sus componentes, este trastorno de autoridad producto de la ausencia de su emblema mayor, el Rey, fue vivido como un cambio excitante y temible a la vez, con consecuencias que a ellos, claro, se les presentaban como revolucionarias.

De forma paralela, comenzó a desarrollarse la tensión contra las autoridades que habían representado directamente al antiguo régimen. Casi todas ellas eran peninsulares, las que, más allá de su propio lenguaje de la crisis, estaban sometidas también al nerviosismo acerca de a cuál autoridad española obedecer. Sin embargo, no les cabía ninguna duda de que estaban observando de parte de los criollos la práctica de desconocer la autoridad tradicional, aunque estos últimos invocaran a su vez “tradiciones”. Era una encrucijada que tenía mucha analogía con las revoluciones, ya que en estas juega un papel clave la invocación del derecho original y originario.

18 de septiembre de 1810

Un asunto, en apariencia formal, nos puede ayudar a comprender el carácter de lo que sucedía. La elección del 18 de septiembre de 1810 como fiesta nacional ha sido a veces discutida, ya que recién se reguló en la década de 1830.115 En el Chile actual, en medios intelectuales se quiere aludir a la “construcción” del país y de su memoria, en el sentido de artificialidad cuando no como medio de ocultamiento, y se compara la fecha de instalación de la Primera Junta de Gobierno con otros eventos que se supone más reales, como la Declaración de Independencia en 1818, aunque nadie se ha podido poner de acuerdo en el día en que sucedió.116 Otros ponen el acento en la historia militar y es indudable que el triunfo de las armas en Maipú el 5 de abril de 1818 la selló de forma definitiva.

Como muchas rupturas o hechos que consideramos fundamentales a posteriori, en el momento en que ocurren son relativamente pocos, o a veces ninguno, quienes están conscientes de la carga de cambio que existe en ciertos actos aparentemente inocuos. Es probable que este haya sido el caso del 18 de septiembre de 1810. Ese día se confirmó como la cabeza del Reino de Chile a una autoridad, el presidente Mateo de Toro y Zambrano, quien, de acuerdo a la más estricta legalidad vigente, había heredado previamente el cargo como el nuevo jefe político o gobernador.117 En apariencia, nada había cambiado. Sin embargo, había sucedido un hecho trascendental: la confirmación de la autoridad no solo suponía la participación de una junta de gobierno, sino también un acto soberano antes no conocido.118

Los nombramientos ejecutivos —y algunos más— habían procedido siempre desde una cadena cuyo último eslabón se hallaba en Madrid, en la Corona; todo ello, a nombre del Rey. Ahora, en cambio, las autoridades recibieron su cargo a partir de un grupo de vecinos egregios, confrontando de manera más o menos expresa el mando de otras instancias que representaban la legalidad vigente, mudas de discurso debido al vacío de poder producido en España. La crisis de legitimidad había alimentado esa dinámica potencial que casi siempre lleva a las colonias a la autonomía e independencia. Palabra y ocasión se fundieron bruscamente a partir de la crisis de 1808 y la ruptura del velo se hizo clara ese 18 de septiembre de 1810. La elección de este día como fiesta nacional, decisión que siempre tiene algún grado de arbitrariedad, es en este caso la menos caprichosa de todas.

¿Era una revolución, un golpe blanco, una revuelta exitosa, una restauración de la legitimidad originaria? Tenía algunos componentes de cada uno. Era el inicio de una revolución, si por tal se puede comprender una experiencia de tipo estrictamente político, que sería aplicable también a los casos de secesión o independencia, aunque faltaba el ingrediente de violencia, acompañante necesario para que empleemos el concepto; como se decía, para muchos contemporáneos fue vivida como un cambio trascendental.119 Nadie llamaría una revolución al caso de Brasil en 1822, ya que el sistema político siguió intacto, aunque luego vendrían algunos cambios.120 En América hispana, la analogía está más relacionada con lo sucedido en gran parte de los países que experimentaron la segunda gran oleada de descolonización en el mundo moderno, después de la Segunda Guerra Mundial. En ambos casos, la ruptura violenta o pacífica está acompañada por la asunción de un lenguaje común a una experiencia global, potencialmente global en el caso de los países hispanoamericanos, de manera que se crean sistemas políticos que siempre podrán ser asimilados a alguna categoría general de la época.

Era un golpe blanco, en cuanto se mantuvieron ciertas formas legales, aunque con una dinámica que muy pronto, aun suponiendo que hubiera perdurado el reconocimiento al Rey, habría llevado a un grado de autonomía que transformaría de manera bastante completa el tipo de gobierno español en América y en Chile. Al no existir una monarquía constitucional, no se podía distinguir entre jefatura de Estado (Rey) y gobierno, lo que hubiera permitido reclamar legitimidad a las juntas sucesivas en la Península. El hecho de haberse apoderado de la letra de la legalidad vigente, aunque más dudosamente de su espíritu, hizo que toda otra interpretación de los hechos, como aquella que sostuvieron la Real Audiencia o las causas que llevaron al motín de Figueroa, solo podía expresarse como revuelta, aunque no careciera de alguna base de legitimidad. En realidad, en esto estaban las raíces de una guerra civil, que es como se ha llegado a considerar las guerras que siguieron al movimiento juntista en América.121

Si bien en muchas partes las consecuencias de mediano plazo de las juntas fueron terribles conflictos que asolaron a varios países, se ha apuntado que es muy difícil considerarlos una revolución; no hubo un cambio social como el que, por ejemplo, se puede vincular al modelo de la Revolución Francesa, que aceleró varias transformaciones sin crearlas del todo. En cuanto al 18 de septiembre de 1810, los vecinos que conformaron el cabildo abierto eran algo más que lo que se llama un grupo de notables; representaban lo que con un lenguaje más nuevo podría llamarse grupos medio altos y altos. Las cabezas que emergieron como líderes del movimiento eran aquellas de los “notables”, aunque muy pronto el origen de cada uno sería más variado.122

Sin embargo, en el aspecto formal no existe una diferencia muy grande con el caso de Estados Unidos, donde granjeros y comerciantes y algunos manufactureros o fabricantes constituían la vasta masa del Congreso de Filadelfia y firmantes de la Declaración de Independencia. Los norteamericanos la han llamado “revolución” porque los mismos fundadores consideraban que efectuaban una de tal tipo, aunque en el sentido original con que la palabra se había empleado, como restitución de derechos olvidados, como rescate de un sentido original.123 Las comparaciones terminan ahí, ya que en esta América anglosajona habían existido prácticas de autogobierno y había más relación vital con el clima intelectual europeo. Lo que hay que rescatar, sin embargo, es que la democracia moderna no nació ni podía nacer de una manera que satisficiera a prácticas de dos siglos después, o de tres siglos, si perdurase. Es, en cambio, un proceso de acciones que nacen de manera más o menos consciente o más o menos espontánea, muchas veces sin prospección y que, con el paso del tiempo, al vivirlo y experimentar sus tensiones y contradicciones, va desarrollándose y ajustándose como lo que consideramos una democracia más perfecta o más posible. Puede derivar también en otro tipo de régimen moderno, aunque en ellos exista también apelación a la legitimidad que se considera más auténtica, la democrática. No por ello llegaron a ser democracias.

Todo esto estaba condensado en ese día cargado de transformaciones potenciales, que fue el 18 de septiembre de 1810. La mejor prueba de ello fue que, si bien es probable que muchos en Santiago no hayan tenido clara noción de lo que sucedía, a actores y a entidades hostiles no les cabía duda de que se desarrollaba algo que tendría que entrar en colisión con la práctica de la monarquía, tal como ella se había dado durante tres siglos.

Patria Vieja y maldición del origen

De todas maneras, el maleficio hispanoamericano (o latinoamericano) de la inestabilidad institucional parecía difundirse en Chile con la misma generosidad que en otras partes. A los cambios en la composición de la Junta seguirían lo que después serían llamados golpes. No fueron seguidos de hechos particularmente sanguinarios, aunque quizás a ello contribuyó el que solo en 1813 comenzaran las hostilidades y la violencia con las tropas enviadas por el virrey José Fernando de Abascal. Sería una auténtica guerra anticolonial. Como muchas de estas, no solo sería una guerra civil, sino que, al menos en su germen, también una guerra internacional, considerando que los conflictos en América ocuparon un papel relevante en el sistema internacional de comienzos del XIX.

La limitación de la violencia puede también haber tenido otro origen, cual fue el esfuerzo de las autoridades por dotarse de nuevas instituciones y conjugarlas con normas generales o aquello que llamamos constitución. Así apareció la primera de ellas, el “Reglamento para el arreglo de la autoridad ejecutiva provisoria de Chile”, sancionado el 14 de agosto de 1811.124 Le siguió el “Reglamento constitucional provisorio” de 26 de octubre de 1812.125 Hubo una clara excepción a este esquema: fue la ejecución de un jefe militar peninsular, el coronel Tomás de Figueroa —de aquí, el Motín de Figueroa—, quien se levantó contra la Junta de Gobierno el día en que debían efectuarse las primeras elecciones legislativas del país (1° de abril de 1811).126 Al ser derrotado en su empeño, enfrentó el expeditivo pelotón de fusilamiento en la madrugada siguiente y su cuerpo arrojado al foso de los delincuentes, trasladado a la Catedral tras la Reconquista.

Es natural que Figueroa no se considerara a sí mismo un amotinado, sino que tiene que haberse visto como una espada restauradora de los gobernantes de derecho. En esta acción había un germen de guerra civil y de tragedia. ¿Quién era el constitucionalista? Lo mismo podría preguntarse para 1973 en atención a la declaración de la Cámara y la respuesta de Salvador Allende. Por un lado, estaba el derrumbe de la autoridad tradicional, que hundía sus raíces en el tiempo y en normas que de allí habían emanado; estaba también todo el conjunto legal de las Leyes de Indias y, en la práctica, de tres siglos que Figueroa debió haber sentido que eran violados de un plumazo. Estaba también la caída vergonzosa de la monarquía que, al ser absoluta, ponía en crisis al Estado, lo que era también un llamado implícito a que los actores de las unidades básicas del Imperio quisieran asumir la responsabilidad por su propio fuero, tal cual se hizo al comienzo en la Península.

La Patria Vieja fue un período organizativo erigido sobre instituciones que, en su nueva existencia autónoma a la Corona, no dejaron de ser entidades extraordinariamente frágiles ni de estar sometidas a la intriga cotidiana y a los cambios de pareceres más o menos rápidos que caracterizan a este tipo de situaciones, aunque con escasa violencia en comparación a otros episodios revolucionarios. En estos lares, como en otras partes de la América española, el poder virreinal comenzó a moverse con las dificultades de comunicación y de recursos propios de la hora, portando la clara noción de estar confrontando una revuelta contra los poderes establecidos que, más allá de las declaraciones que reconocían a Fernando VII como la cabeza del reino, se proponía desconocer lo que la Corona miraba como el derecho legítimo.

Las operaciones militares en América por parte de las autoridades virreinales se encontraron con la resistencia criolla, lo que en muchas partes del continente llevó a largas y sanguinarias luchas, aquellas sin Dios ni ley. Las hostilidades ayudaron a crear los “partidos” de realistas y patriotas, cuyas composiciones no coincidían del todo con el binomio peninsular-criollo ni eran del todo claras en lenguaje programático. El conflicto poseía muchos rasgos de guerra civil, más que los de una pura guerra de descolonización.

Aunque en Chile la situación fue menos violenta, la definición final fue entregada a la suerte de las armas. Entre tanto, se dieron los primeros pasos del autogobierno que culminarían en una república, por lo demás caracterizada por todas las alteraciones y rivalidades que fueron emergiendo entre los diversos líderes o caudillos del proceso político-militar. La rivalidad clásica de este momento fue la que protagonizaron Bernardo O`Higgins y José Miguel Carrera, el primer “golpista” de la historia —aparte de la Junta de 1810, según se ha dicho— que tenía semejanza con la pugna entre el jefe político-militar vs. el caudillo revolucionario, además amante de la audacia y la aventura. Alcanzó a asomarse un desarrollo que echaría raíces a través del primer Congreso Nacional, en los Reglamentos de 1811 y 1812, y algunas instituciones educativas, inspiradas en un trasfondo de Ilustración que había entre los ahora patriotas.127 En 1812, el gobierno de Carrera, por intermedio del comerciante sueco Mateo Arnaldo Haevel, encargó una imprenta a Estados Unidos, desde cuyas prensas, enriquecidas por la prosa de Camilo Henríquez, salió La Aurora de Chile, el primer periódico del país.128 A medida que la democracia se iría desarrollando con sus vaivenes, estas parecían creaciones obvias; en su propio tiempo, constituían las primeras piedras de la práctica republicana. Desde luego, hay que evaluar cuánto y cómo calaron todas estas instituciones y referencias en la mentalidad y en la vida práctica de los criollos; aquí hay una disonancia con las raíces del mundo hispánico.129

Guerra y precaria reconquista

Muy pronto, esos primeros fundamentos perdieron su brillo inicial al estallar la guerra en 1813 y 1814. Al finalizar la ocupación de España por las fuerzas napoleónicas en 1813, la Corona reunió fuerzas para la reconquista de América que, en un principio y en términos puramente militares, fue un éxito casi completo, con la notable y vital excepción del Río de la Plata.130 La guerra en Chile detuvo el desarrollo institucional, aunque en un mediano plazo no alcanzó a dar pábulo a un caudillaje militar que impidiera la formación de una clase política republicana, si bien esta emergería más propiamente entre la segunda y la tercera década del siglo. Aparecen las figuras-tipo de O’Higgins y Carrera. El primero, hijo del exgobernador de Chile y exvirrey del Perú, Ambrosio O’Higgins, emergería después como la principal figura política y militar de todo este período.131

En la guerra chilena germinó un aspecto que tenía correlación con lo que ocurría en el resto del continente. Ambos bandos practicaron reclutamiento forzoso, pero con algunos importantes matices de diferencia. Mientras los criollos eran en su gran mayoría líderes insurgentes y propietarios que, en muchos casos, movilizaban a su propia gente del campo, las tropas realistas se reclutaban de manera más característica entre los mapuches y en lo que se denomina “sectores populares”. Se ha especulado que los sectores indígenas y, en parte, los mestizos veían en los criollos a los propietarios que se comportaban con la dureza del amo y de ellos esperaban maltrato, mientras que las autoridades propiamente españolas podían ser consideradas una instancia de intermediación. Se habría temido más a los criollos que a los representantes de la Corona.132 Es probable que esta sea una esquematización imprecisa. De lo que sí no cabe duda es que el conflicto terminó por adquirir un carácter de guerra civil, como se ha insistido. Para hablar en un lenguaje más contemporáneo, el conflicto se iniciaba tanto como uno de descolonización como de confrontación armada interna. Algunas de las conflagraciones de la segunda gran oleada de descolonización posterior a 1945 también tuvieron este rasgo.

La primera etapa de la guerra terminó a fines de 1814 con lo que parecía el triunfo absoluto de las armas realistas. De acuerdo a muchos análisis, este resultado militar no estaba preordenado, sino que, como lo implica la expresión “la suerte de las armas”, el azar habría cumplido su papel, en especial por medio de una falta de inteligencia entre Carrera y O’Higgins. Sin embargo, aunque soy reacio a compartir el determinismo histórico, es difícil mirar el triunfo realista como la posibilidad de un restablecimiento que perdurase. Se ha explicado que el factor predominante en el paisaje histórico es la tendencia a la autonomía o independencia de las colonias; y que la rebelión en toda América fue demasiado profunda como para después haber permitido una restauración sólida y duradera del dominio español. Para esto último, hubiera tenido que someterse a gran parte de los criollos a una especie de servidumbre o cooptación. Por ejemplo, la experiencia de Cuba demostró que había capacidad y, en todo caso, voluntad de persistencia en la Corona en conservar sus posesiones, a pesar de toda la experiencia política y social de una España en crisis a lo largo del siglo XIX. Para la cooptación, se requería de una plasticidad política de la cual la España de la primera mitad del XIX dio pocos ejemplos.