En Estado sólido

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En estado sólido: políticas y politización

en la construcción estatal

Chile: 1920-1950

Rodrigo Henríquez Vásquez

© Inscripción Nº 244.027

Derechos reservados

Octubre 2014

ISBN edición impresa 978-956-14-1475-4

ISBN edición digital 978-956-14-2563-7

Fotografía portada:Archivo Fotográfico del Museo

Histórico Nacional

Diseño: Francisca Galilea

Diagramación digital: ebooks Patagonia

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CIP - Pontificia Universidad Católica de Chile

Henríquez Vásquez, Rodrigo Fernando.

En “estado sólido”: políticas y politización en la construcción estatal: Chile 1920-1950 / Rodrigo

Henríquez Vásquez.

1. Chile - Política y gobierno - 1920-1950 2. Estado

2014 320.983 + DDC23 RCAA2

Para Susana y Loiquita

Índice

Introducción. El Estado desde abajo: estatismo y politización

Populismo y ampliación estatal

Los sectores populares y las demandas sociales

Estructura del libro

Agradecimientos

1. Frentes Populares: fenómeno global y realidades locales (1930-1948)

Del frente único al frente popular. La formación del ejemplo europeo

El ¿exitoso? ejemplo europeo para Chile: Francia y España (1934-1937)

Nacionalismo y comunismo en el frentepopulismo chino

Institucionalización, nacionalismo y reformismo militar: algunas variedades del frentepopulismo latinoamericano

2. Los actores políticos del frentepopulismo

El difícil frentepopulismo del doble centro: los radicales (1920-1938)

Los comunistas chilenos: entre la clase obrera y el frentepopulismo (1920-1935)

Los socialistas chilenos y la pretendida hegemonía (1933-1938)

La estructuración política del frentepopulismo chileno (1935-1937)

El conflicto político interior de frentepopulismo (1937-1938)

3. El frentepopulismo en el poder (1938-1948)

El Frente Popular en la Moneda (1938-1941)

La hegemonía y el ocaso frentepopulista: los radicales (1942-1952)

Las consecuencias de la institucionalización: los socialistas (1939-1952)

De la estrategia del Frente Popular a la exclusión: los comunistas (1938-1952)

4. El Estado y la protección social

Estatismo en América Latina (1920-1950)

Los inicios del Estado Social en Chile (1907-1925)

El Estado desde arriba (1927-1931)

La expansión estatal: entre el liberalismo y el frentepopulismo (1932-1952)

5. El pueblo: demandas, consumidores y ciudadanos

Las Subsistencias y el costo de vida

La demanda social de carne (1930-1948)

La demanda social de papas (1930-1948)

La politización de la demanda por un precio justo

Sindicalismo y politización en torno al pan

6. La protección estatal del consumo: el Comisariato General de Subsistencias y Precios

Estatismo y regulación de precios (1927-1931)

El Comisariato General de Subsistencias y Precios: el estatismo militar y revolucionario (1931-1932)

La pax liberal: el Comisariato durante Alessandri (1932-1938)

Moviendo el límite: el Comisariato frentepopulista

Las consecuencias de la intervención estatal: demandas, fiscalización y rechazo

7. Conclusiones

Fuentes y bibliografía

Introducción

El Estado desde abajo: estatismo y politización

La creación del Estado Social chileno tiene una paradoja. Fue creado por los militares (entre septiembre de 1924 y enero de 1925) y desmantelado por los militares 50 años después. La imposición de las medidas neoliberales de los Chicago Boys, en 1975, generó tensiones al interior del régimen y una férrea oposición de una facción de militares golpistas formados bajo la sombra del estatista Carlos Ibáñez del Campo, líder del golpe de 1924, que desplegó las leyes de seguridad social y las bases del modelo de ampliación estatal hasta al menos 1953, fecha del primer ajuste y luego hasta las reformas neoliberales efectuadas por la dictadura militar a comienzos de la década de 1980.1 En casi cincuenta años, el Estado chileno tuvo una transformación inédita y amplió su presencia a prácticamente todos los ámbitos de la sociedad. La creación de la seguridad social en 1925 y de la intervención estatal a partir de 1932, dieron cobertura y un incipiente poder de compra a un número significativo de personas principalmente de los sectores populares urbanos a quienes fueron orientadas dichas políticas. La permanencia e influencia de estas políticas en la experiencia y en las demandas sociales dará legitimidad social a lo que en este estudio denominaré Estado sólido, es decir, la creación, instalación y consolidación de las políticas de protección social y de consumo masivo y su recepción en los sectores populares. A partir de 1932, dicho segmento de la sociedad se incorporó al Parlamento, votando mayoritariamente por radicales, socialistas, demócratas e ibañistas hasta 1948. Esto coincidió con la ampliación sustantiva del Estado en las relaciones económicas de la sociedad.2

La consolidación estatal tuvo desde 1925 tres focos diferenciables: a) por una parte la ampliación del “Estado Social” a través de la regulación del trabajo y de la seguridad social, b) la intervención de la economía a través de controles de precios y c) el fomento de la industrialización bajo un modelo de “desarrollo hacia adentro”. Considerando sus particularidades, estos focos tienen como sustrato común la modificación de las relaciones entre el Estado, la sociedad y el mercado.3 No sólo por el cambio del modelo de acumulación del laissez-faire (totalmente deslegitimado luego de la crisis económica generada en 1929) a un modelo desarrollista y estatista a partir de la década de 1930, sino por la readecuación de los actores pertenecientes al Estado (funcionarios públicos, intelectuales y partidos políticos) con los representantes del mercado (gremios industriales, comerciales y agrícolas, empresas extranjeras y pequeño y mediano comercio) y la sociedad (movimientos sociales, beneficiados por las políticas de seguridad social y de consumo). La incorporación de los partidos marxistas (comunistas y socialistas) al Parlamento en 1932 y al Gobierno en 1938 permitió la gestación institucional del Frente Popular y el traslado del problema social al sistema político. Este argumento, presente en numerosos análisis del período, supone que la coalición del Frente Popular sobrevivió gracias a las maniobras y adecuaciones entre los partidos que lo formaron.4 Reconociendo el papel que tuvo la institucionalización de los partidos marxistas y su participación en los Gobiernos radicales, el factor que permitió la coexistencia y permanencia del Frente Popular hasta 1948 no fue generado sólo al interior del sistema político de forma autónoma (fundamentalmente partidos políticos) sino que se desarrolló junto al resto de la esfera social. A lo largo de esta investigación, se intentará demostrar otros factores que sirvieron de input al sistema político que dio lugar al Frente Popular en Chile. Un elemento importante fue la resignificación en clave local del escenario internacional, que proporcionó el lenguaje y los significados ideológicos del frentepopulismo. Sin embargo, de las experiencias frentepopulistas de Francia y España no se sacó mucho en limpio, a raíz del derrumbe de ambos en 1938 y 1936, respectivamente.

El estatismo y las demandas sociales y políticas presentes desde 1925 e intensificadas a partir de 1932 son dos factores que, junto a la institucionalización de los partidos marxistas, complementan el análisis centrado en el sistema político. Los partidos incorporaron las demandas sociales elaboradas en torno a la expansión del Estado, cuestión que permitió mantener durante catorce difíciles años, guerra mundial mediante, lo que aquí denominamos frentepopulismo. Sin esta variable no se podría explicar el conjunto de contradicciones políticas que tuvo el frentepopulismo chileno. Los reformadores sociales de este período se apoyaron en el refuerzo mutuo entre el “pueblo” consumidor y el Gobierno que permitió regular los mercados gracias a instituciones para controlar precios y dar protección social. El auge de lo que Meg Jacobs denomina “auge de la ciudadanía económica”, dependió tanto de las políticas sociales y estatistas llevadas a cabo por las elites políticas como de los movimientos sociales que demandaron protección estatal.5

El reordenamiento de las relaciones entre el Estado y la economía fue una de las consecuencias inmediatas de la llegada al poder del Frente Popular en Chile. Este reordenamiento estuvo caracterizado por diferentes grados de autonomía del Estado sobre la economía en ámbitos como el desarrollo del Estado Social y la intervención en los precios y menos en el ámbito del fomento industrial. El formato político que tuvo este reordenamiento fue a través del frentepopulismo que accedió al Estado en 1938 con partidos marxistas y sindicatos. Tanto en la formación del Frente Popular como en su desarrollo hasta 1948, se aprecia nítidamente la presencia de un rasgo que permitió su prolongación por casi diez años, a diferencia de otras experiencias europeas mucho más breves como Francia y España. A lo largo de este estudio se utilizará el concepto frentepopulismo para caracterizar la forma y el contenido de la politización tanto de actores sociales como de sus demandas sociales orientadas desde y hacia el Estado. La estructuración del Frente Popular no se constituyó sólo en la esfera del sistema de partidos sino que tuvo una orientación no menos problemática para los protagonistas que llegaron al poder en 1938, por las tensiones por satisfacer las demandas de los partidarios del Frente Popular y la de los grupos de presión industrial, comercial y agrícola.

Populismo y ampliación estatal

La porosidad conceptual de los conceptos “pueblo” y “popular” se ha transferido a los conceptos tributarios de estos como “populismo” en su generalidad y “populismo latinoamericano” como expresión regional de un concepto global.6 La obra más influyente de la década de 1970 fue Populism. Its Meaning and National Characteristics de Ghita Ionescu y Ernest Gellner. Bajo una óptica funcionalista caracterizó al populismo como un conjunto de discursos, liderazgos y formas de hacer “lo político” bajo el paraguas común de la representatividad: el populismo como una forma de praxis política que media entre la sociedad y el Estado utilizando, para ello, prácticas que rebasan el marco institucional y jurídico. Sin embargo, las definiciones y las desagregaciones del concepto de “populista” son tan extensas como los casos que se describen.7 A pesar de la poca aplicabilidad de tales precisiones, las definiciones de populismo expuestas en la obra de Ionescu y Gellner se utilizaron extendidamente para caracterizar la vía latinoamericana del populismo ocurrida durante el proceso de modernización capitalista de la primera mitad del siglo veinte. La principal característica indicada por los autores antes mencionados fue la politización de diferentes sectores sociales como el “pueblo” y su incorporación como “masa” a la vida pública, sobrepasando la capacidad de absorción de las instituciones existentes. La fractura social resultante habría sido el contexto propicio para el surgimiento de liderazgos carismáticos con una retórica y en un estilo de movilización política que enfatizó la lucha moral y ética del “pueblo” contra la “oligarquía”.8 Sin embargo, la relación causal entre crisis política y “populismo” no es del todo clara. Las crisis económicas no explicarían por sí mismas, a juicio de Alan Knight, el surgimiento de los populismos, dado que es posible demostrar empíricamente que han surgido en toda clase de contextos. Igual cosa ocurriría con la consideración irracional y emotiva del populismo: la política tradicional también utiliza dichos recursos en la conformación de su legitimidad política y en la movilización de adherentes.9 Algunas definiciones utilizadas para caracterizar el populismo latinoamericano han remarcado los aspectos formales de este: a) una la relación directa del líder con sus seguidores más allá de la institucionalidad política, b) un discurso político maniqueo del “pueblo” versus la oligarquía y, c) mecanismos de articulación líder-base de naturaleza clientelar y de patronazgo.10 El principal problema que presentan estas interpretaciones es el grado de aplicabilidad a los contextos locales y la utilización mecánica de clasificaciones que no incorporan los efectos sociales y políticos de la protección estatal y la legitimidad social y jurídica que tuvo tanto en los reformadores estatales, como en la atmósfera intelectual entre las décadas de 1930 a 1950.

Una clasificación más específica aplicada al populismo chileno es la que entrega Paul Drake. Este autor sostiene que entre 1920 y 1973 el populismo chileno se caracterizó por: a) la movilización política, la retórica recurrente y los símbolos destinados a inspirar al pueblo; b) la formación y coalición heterogénea donde predomina la clase trabajadora, pero incluyendo sectores importantes de los estratos medios y altos en la dirigencia y, c) un conjunto de políticas reformistas que intentan promover el desarrollo sin provocar un conflicto clasista explosivo.11 Si bien esta caracterización es útil para identificar las prácticas políticas del populismo desde arriba, no define la recepción de dichas políticas en los beneficiados por las políticas populistas. Esta visión se focaliza en los efectos macroeconómicos de políticas expansivas tal como ha sido evaluado desde el análisis económico liberal: “El populismo económico es un enfoque de la economía que destaca el crecimiento y la redistribución del ingreso y menosprecia los riesgos de la inflación y el financiamiento deficitario, las restricciones externas y la reacción de los agentes económicos ante las políticas agresivas ajenas al mercado”.12 Habría que preguntarse por el efecto social de dichas prácticas políticas, conocer su gestación, los problemas de su instalación y el sentido que tuvo para los reformadores sociales y para los beneficiados para evaluar si tales políticas fueron irresponsables, tal como sostiene el enfoque liberal sobre este punto.13

La incorporación de nuevos sectores sociales al Estado ha sido comúnmente descrita como una consecuencia del “populismo” latinoamericano en que los líderes populistas cooptan a los sectores populares a través de su incorporación al Estado. Consecuentemente, las negativas evaluaciones del populismo realizadas desde el liberalismo y otros sectores han subrayado la ineficiencia económica que desata el fenómeno de ampliación estatal y sus efectos más nefastos como la inflación y el aumento del gasto público asociado.14 La perspectiva liberal y la neoliberal han tendido a minimizar la “interferencia” del Estado en la economía, promoviendo la casi nula presencia de regulaciones estatales en el mercado. Sin embargo, desde la sociología de la economía, autores clásicos como Max Weber hasta los más recientes han señalado que incluso las economías más orientadas hacia el mercado dependen de estructuras políticas y jurídicas estatales que están interconectadas. El Estado, la sociedad y la economía son esferas de actividad mutuamente constituyentes en permanente reestructuración como consecuencia de su interacción: la economía se encuentra incorporada en las estructuras sociales y políticas; el mercado se incorpora a la sociedad, que a su vez ha sido estructurada por el Estado.15

Aunque el desarrollo y expansión estatal redefinió las relaciones Estado-Mercado, esta expansión fue desde “arriba”, como la resistida Caja de Seguro Obligatorio de 1925. Estas políticas permitieron la integración social mediante la ampliación de la cobertura de la protección social y la integración mediante el acceso al consumo de alimentos considerados como “de primera necesidad”. Para ello, los reformadores sociales se valieron de la legitimidad social de las ideas de “protección social” y “consumo” frente a situaciones como la especulación y la desprotección social. La legitimidad del interés público por sobre el interés privado fue el elemento que dio sustento al desarrollo del Estado que permitió su crecimiento, reordenamiento y saturación desde 1925 hasta 1973.

Los sectores populares y las demandas sociales

Si observamos la construcción del poder estatal durante el período 19321952 sólo desde sus características (en beneficiados, en presupuesto y en el aumento de la burocracia y legislación) veremos que tiene un comportamiento de sostenido aumento. A pesar de las duras críticas que recibió el sistema de protección social tanto por parte del informe de la Misión Klein Sacks y de la vanguardia económica neoliberal de la Universidad de Chicago, el sistema de protección social mantuvo su crecimiento tratando de arreglar las evidentes fallas de su funcionamiento. Una manera de comprender el sostenido aumento de cobertura es a través de la legitimidad social que tuvieron dichas políticas más allá de la materialización de la economía política keynesiana y la formación de una cultura de masas. Resulta necesario conocer cómo se produce la intersección entre la esfera estatal con la esfera económica y social a través de la experiencia económica cotidiana mediante la cual se puede apreciar el efecto de estas políticas. Habría que evaluar si las políticas de protección social y de consumo de subsistencias pudieron desarrollar, al menos de manera incipiente, lo que la historiadora estadounidense Meg Jacobs denomina “ciudadanía económica”. Al estudiar la relación entre las políticas estatales implementadas entre 1900 y 1960 en EE.UU., Jacobs señala que aunque en EE.UU. no se desarrolló un Estado de Bienestar como el modelo europeo (por no contar con protección de salud estatal), sí se pudo desarrollar una fuerte regulación del mercado por una serie de leyes e instituciones que promovió el sindicalismo, el control de precios y un programa keynesiano de pleno empleo. A través del apoyo de un fuerte movimiento sindical y de políticas de protección del consumo, el Gobierno Federal intervino en los salarios y en los precios generando un fuerte debate sobre los posibles efectos inflacionarios de estas medidas. Las políticas de aumento del poder adquisitivo llevadas a cabo por estos reformadores pocketbook politics durante la segunda Guerra Mundial, contaron con amplios apoyos sociales: sindicatos, grupos de consumidores organizados que apoyaron a su vez el aumento de los salarios. A ellos se les unieron grupos de mujeres de todas las clases sociales y razas, realizando activismo a favor de la bajada de los precios. A esta movilización en respaldo de las políticas estatales de consumo, Meg Jacobs la ha denominado “construcción del Estado de abajo hacia arriba”.16 Estas políticas a favor del consumo en EE.UU. incidieron en la creación de un “consumidor ciudadano”, como señala Lizabeth Cohen en su estudio A Consumers’ Republic:The Politics of Mass Consumption in Postwar America. Este consumidor ciudadano, a diferencia del “consumidor comprador” que actúa por el interés propio, actúa políticamente por el bien de la nación, sobre todo durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial.17 Su estímulo (en términos keynesianos como demanda agregada) permitió a los reformadores sociales del período de entreguerras resolver las principales consecuencias del capitalismo industrial: el desempleo y la inflación. Para Keynes el papel del Estado es clave en la generación de demanda agregada. Esta se refiere al total de gasto de los consumidores, las empresas, el Estado y del sector exportador, y depende de factores como la política monetaria y la política fiscal. Para Keynes es el Estado el que debe decidir las medidas correctivas para fomentar el nivel de demanda agregada y de esta forma asegurar el pleno empleo, evitar la caída del ingreso real y generar las oportunidades de empleo. Por ello, el Estado tiene la responsabilidad de controlar la demanda agregada a través del aumento del gasto fiscal. Según este modelo, el fin del Estado sería la satisfacción de las demandas sociales.18 Estas, a juicio de Keynes, tienen un objetivo político y social.

A lo largo de este estudio se considerará que los sectores populares se constituyen a partir de la definición y articulación de las demandas sociales formando un “pueblo”. El concepto de pueblo nominaliza al con-junto de demandas sociales que conforman al “grupo social”. El predominio de una u otra demanda marcará la aparición de dos lógicas distintas de articulación política: una en la que prevalece la equivalencia de un conjunto de demandas y otra en la que prevalece la lógica de la diferencia. La articulación del pueblo se produce gracias a que las demandas específicas se vuelven equivalentes.19 El “pueblo”, por tanto, no será considerado como un objeto social sino un concepto retórico que se sustenta en una contradicción fundamental para su formación social: pueblo v/s oligarquía, pueblo v/s fascismo. La peculiaridad del populismo es que genera la división de la totalidad de lo social en dos campos políticos antagónicos. Lo “popular”, sostiene el politólogo Ernesto Laclau,“no es un concepto científico univocal sino que tiene el valor de una noción teatral. Lo popular designa la posición de ciertos actores, que los sitúa en contra del grupo hegemónico y no siempre en la forma de confrontación”. Consecuentemente, el “pueblo” puede autorrepresentarse y autoconstituirse, pues no es un dato empírico sino una relación de “posicionalidades”.20 El “pueblo”, dentro de este esquema, sería una construcción que nace de la articulación de demandas insatisfechas que logran ensamblarse gracias a la equivalencia producida entre ellas. Esta “lógica de la equivalencia” del populismo supera a la lógica de la diferencia y permite la articulación. Por esta razón, el “pueblo” no es tanto una expresión ideológica construida sólo desde el sistema político, sino que una relación real entre agentes sociales que permite constituir la unidad de un grupo. Lo que se está relacionando en este caso no serían identidades dadas (con naturaleza social) sino demandas insatisfechas que logran unificarse. Toda demanda insatisfecha que sea absorbida en una cadena de equivalencias forma el lazo desde donde se construye el “pueblo” como un actor colectivo.21 En Chile, la articulación frentepopulista se constituyó en torno a diferentes demandas sociales que confluyeron en la intervención del Estado.

Las secuelas sociales de la crisis económica de 1930 generaron las condiciones para la legitimación del Estado como organizador de la vida social. La premisa keynesiana sostuvo que si el Estado podía fomentar la acumulación de capital y rentabilidad privada, estimularía el consumo y con ello la satisfacción de las demandas sociales. Así, junto con favorecer el desarrollo de la industria y el mercado, el Estado mejoraría las condiciones de vida y el empleo de los sectores históricamente marginados de los beneficios del capitalismo. La participación del Estado en el mercado, ya sea desde el fomento a la intervención, a partir de la década de 1930 y hasta 1970, no se definió como anticapitalista, sino en la fijación de un nuevo límite entre el Estado y el mercado, utilizando para ello los dispositivos teóricos del keynesianismo en una primera etapa hasta la década de 1950, y luego del desarrollismo de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL).22