La culebra sigue viva: miedo y política. El ascenso de Álvaro Uribe al poder presidencial en Colombia (2002-2010)

La culebra sigue viva: miedo y política

El ascenso de Álvaro Uribe al poder presidencial en Colombia (2002-2010)

Colección Folios

© Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín

Facultad de Ciencias Humanas y Económicas

Centro editorial

© Vicerrectoría Sede Medellín

Dirección de Investigación y Extensión – DIME

© Vicerrectoría de Investigación

Editorial Universidad Nacional de Colombia

ISBN: 978-958-775-548-0 (papel)

ISBN: 978-958-775-550-3 (IBD)

ISBN: 978-958-794-154-8 (digital)

Primera edición

Medellín, 2015

Preparación editorial

Centro Editorial Facultad de Ciencias Humanas y Económicas

Diseño de la Colección Folios: Melissa Gaviria Henao

Corrección de texto: Juan Fernando Saldarriaga Restrepo

Diagramación: Melissa Gaviria Henao

Conversión a ePub

Mákina Editorial

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la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de la

Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.

320.9

La culebra sigue viva: miedo y política: el ascenso de Álvaro Uribe al poder presidencial en Colombia (2002-2010) / Luz Margarita Cardona Zuleta -Medellín: Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Ciencias Humanas y Económicas, 2020.

1 recurso en línea (227 páginas). (Colección Folios)

ISBN : 978-958-775-548-0 (papel) - ISBN : 978-958-775-550-3 (IBD) -

ISBN : 978-958-794-154-8 (digital)

1. URIBE VÉLEZ, ALVARO PENSAMIENTO POLÍTICO Y SOCIAL.

2. COLOMBIA POLÍTICA Y GOBIERNO, 2002 - 2010.

3. SEGURIDAD CIUDADANA. I. Título. Serie

Catalogación en la publicación Universidad Nacional de Colombia

En Colombia no proliferan los estudios serios sobre la sociedad y la política contemporáneas, sin que esta afirmación la contradiga la aparición, cada vez más frecuente, de trabajos apresurados basados en consejas, en el escándalo o en acontecimientos de relumbrón destinados a satisfacer un mercado ávido de chismes. Por eso hay que celebrar la aparición de una investigación académica como ésta, en la que con la distancia propia del investigador y con una metodología y herramientas adecuadas, se aboca un asunto tan difícil de tratar como es el de presentar acontecimientos recientes que siguen gravitando intensamente en la vida política nacional. No se trata de un trabajo fáctico sobre las realizaciones o falencias de un gobierno ni tampoco del discurrir político de éste. El objetivo del libro, como bien se expresa en la introducción, está dirigido a comprender “el sistema de representación social en la vida política, a través del estudio de las modalidades de legitimación y construcción del poder presidencial en Colombia”, durante los gobiernos del presidente Álvaro Uribe. Lo que se trata en el libro es de analizar el discurso de un candidato outsider, que partió de un bajo índice de aceptación en las encuestas y al final logró unas mayorías mediante un discurso de confrontación, apelando al orden, a la seguridad, al miedo, a la amenaza terrorista. Dos hipótesis orientaron la investigación: la circulación reiterada de ideas simples, fáciles de aprehender por el público, y la polarización política.

En el primero de los cinco capítulos que componen el libro se analiza el contexto electoral en el que Álvaro Uribe triunfó para su primer mandato. Los intentos de negociación con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se habían desacreditado, en especial con el espectáculo de unas negociaciones que no avanzaban y, por el contrario, daban lugar a que este grupo afianzara su base te- rritorial y cometiera una variedad de desafueros, incluyendo el monstruoso delito del secuestro. Las Fuerzas Armadas venían recibiendo una serie de serias derrotas y ante los atropellos de la guerrilla, desafortunadamente, en amplios sectores del país iba disminuyendo la reticencia a aceptar el paramilitarismo como elemento efectivo para contener esta situación. Por lo demás, el candidato liberal Horacio Serpa, quien comenzó con un amplio apoyo que se fue desmoronando, estaba debilitado ante amplios sectores de opinión por su defensa a ultranza del gobierno del presidente Samper. Se enfrentaron entonces dos propuestas: la del candidato liberal, partidaria de la negociación y de la salida política, y la del candidato Uribe, basada en la confrontación. El discurso de Serpa, de contenido social, estaba dirigido a mitigar las desigualdades sociales. El de Uribe, quien veía en la violencia y la inseguridad el problema prioritario que se debía resolver, de manera paulatina le atrajo a “parte de la dirigencia partidaria y de su maquinaria”, incluyendo a sectores importantes de ésta dentro del Partido Liberal. En esas circunstancias imperó el discurso del miedo, de la confrontación, y los electores acudieron a las urnas para apoyar la propuesta que hacía eco a la seguridad por encima de otras consideraciones válidas y necesarias de contenido social. Sucedió algo similar a lo acontecido recientemente en Israel, donde el electorado, en las últimas elecciones, contra todo pronóstico, acató el mensaje del miedo por encima del de la reforma.

“El miedo como estrategia”, tema del capítulo 2, fue complementado con ideas moralizantes, simples y repetidas: la corrupción y la politiquería, el adelgazamiento del Estado, menos Congreso, menos embajadas y consulados, menos contralorías, menos vehículos oficiales…, promesas efectistas que tocaron el llamado sentido común y cuyo cumplimiento el viento se llevó.

Durante su campaña, y frente a las FARC, el candidato Uribe mantuvo la posición que venía sosteniendo desde la Gobernación de Antioquia. Sin embargo, como se anota en este libro, fue modificando la denominación de esa agrupación. Al inicio no motejó a los grupos ilegales de terroristas, sino de “grupos violentos”, y en el discurso situó en pie de igualdad a estos con los paramilitares, en contra de sectores de opinión que hacían la diferencia y reconocían legitimidad a la insurgencia. Con ese punto de partida se creó una situación nueva, pues “las negociaciones con actores del conflicto distintas a la insurgencia eran inéditas en el país hasta diciembre de 2002, cuando el gobierno de Álvaro Uribe Vélez inició negociaciones con los grupos de autodefensas”. A las FARC les propuso diálogos condicionados y la mediación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Sin embargo, las FARC, que en el mismo momento de la posesión presidencial realizaron actos terroristas, no aceptaron la oferta y como contrapropuesta “exigieron desmilitarizar los departamentos de Caquetá y Putumayo”. Es decir, un territorio tres veces superior al del Caguán. Sus acciones y propuestas allanaron el camino para que la guerra contra ellas se inscribiera en la cruzada mundial contra el terrorismo. Como lo había hecho Andrés Pastrana, Uribe buscó la internacionalización del conflicto. La diferencia consistió en que el primero invocó la diplomacia para la paz y el segundo buscó la solidaridad para la guerra.

La lucha en el campo de la representación aparece a lo largo del libro, pero especialmente en el capítulo 3 que lleva ese nombre. Surgieron nuevos conceptos y a otros se les dio un significado diferente. La cuestionada “seguridad nacional” fue sustituida conceptualmente por la “Seguridad Democrática”, de la misma manera que la tradicional democracia representativa y el Estado de derecho pretendieron ser superados por el Estado de opinión. Se acudió al discurso deslegitimador de la oposición y al oponente se le instaló en la categoría de enemigo, exacerbando el lenguaje de confrontación y la polarización, como se trata a espacio en el capítulo 4.

La reelección inmediata y el cambio en las reglas de juego, que produjo profundos y nocivos efectos, es el tema del capítulo 5. Sobre ello, el presidente Uribe tuvo una posición cambiante. La Constitución de 1991 prohibía explícita y tajantemente dicha reelección, ante lo cual el candidato Uribe expresó: “La reelección inmediata no me convence porque entonces puede el gobierno ponerse a buscarla, es una de sus expresiones. Si yo como Presidente propongo que se amplíe el periodo presidencial a cinco años debe ser para el siguiente, no para mí”. Sus palabras fueron premonitorias, porque a poco de iniciarse su mandato, uno de sus seguidores, el presidente de la Cámara de Representantes, ya la estaba proponiendo, so pretexto de que era una forma de premiar una buena labor, sin parar mientes en que el Gobierno no la había realizado, entre otras razones, porque apenas se estaba iniciando el mandato. Sin embargo, el proyecto de reforma constitucional para autorizar la reelección fue presentado y aprobado en el Congreso, con la peregrina idea de que sólo se trataba de un “articulito”. La reforma pasó a la Corte Constitucional en su calidad de guardiana de la Constitución y, en medio de peripecias que implicaron que el magistrado ponente que había rendido concepto desfavorable cambiara su posición y su voto, la reelección fue aprobada con la condición de que ella sólo abarcaría dos períodos. Esta restricción no fue suficiente porque, no satisfechos con una reelección, el presidente y sus seguidores quisieron prolongar su mandato para un tercer período. Para apoyar su intento, adujeron, entre otras razones, el ambiguo concepto de Estado de opinión como sustituto del de democracia representativa.

Esta presentación sucinta sólo abarca algunos temas de los tratados en el presente libro y tiene como objeto incentivar la lectura de la obra, con la cual el lector saldrá intelectualmente enriquecido. Resta decir que la autora toma posición frente a los temas tratados, pero con profesionalismo, sin insultos y sin jerga, con lo cual se diferencia de gran parte de los que escriben sobre estos tópicos, que lo hacen acudiendo a un lenguaje agresivo y descalificador, tratando lo superfluo en lugar de lo esencial, y dejando de lado el raciocinio, el análisis y la información, para dejar el campo a la pasión.

Álvaro Tirado Mejía

Profesor emérito de la Universidad Nacional de Colombia

AGRADECIMIENTOS

A mi esposo Fernando Botero, agradezco su apoyo incondicional, sus lecturas atentas y sus comentarios críticos. A mi familia, especialmente a mi madre Leonilde Zuleta, por los sacrificios de estos años.

A los profesores Renán Silva, director de la investigación de tesis doctoral, y a Hugo Quiroga, codirector en Argentina, agradezco su generosidad intelectual por compartir conmigo los “trucos del oficio”. Francisco Delich, Marcelo Cavarozzi, Waldo Ansaldi y Javier Sanín S. J. realizaron una lectura cuidadosa del trabajo y señalaron con franqueza sus aciertos y debilidades. Espero haber sabido interpretar sus recomendaciones.

Debo agradecer a las personas que trabajan en el Doctorado en Ciencia Política de la Universidad Nacional de Rosario (Argentina), especialmente a la profesora Claudia Voras, directora de Posgrados de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales.

A las historiadoras Andrea Idárraga y Ana María Uribe agradezco su valiosa colaboración en este arduo proceso.

La presente investigación se hizo en el marco de una Comisión Especial de Estudios para la realización del Doctorado en Ciencia Política en la Universidad Nacional de Rosario, permitida por las directivas de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín. Mi sentimiento de gratitud para la Universidad Nacional por apoyar igualmente la publicación del libro.

Introducción

1. COLOMBIA, ENTRE LA ESTABILIDAD DEMOCRÁTICA Y LA VIOLENCIA

Es un lugar común, en la historiografía política reciente, el reconocimiento de que Colombia ha fluctuado en los últimos treinta años entre varias fuerzas: unas que tienden a la profundización de la democracia, a la instalación del pluralismo político y al fortalecimiento de las instituciones; y otras que empujan al país a la fragmentación social, al rechazo de la institucionalidad y a la violencia.1 Las primeras fuerzas se expresan en la Constitución Política de 1991, que instauró diversas formas de participación y control ciudadano, y reconoció el carácter pluriétnico y la diversidad cultural de la nación, al tiempo que incorporó derechos de segunda generación. Las segundas fuerzas se manifiestan en el incremento de la criminalidad, en la proliferación y la superposición de distintas formas de violencia. Para decirlo en términos de Daniel Pécaut, “orden y violencia” se han superpuesto en diversos momentos, mezclándose “estabilidad democrática y episodios de violencia de gran amplitud”.2 Esta combinación ha permanecido a lo largo del siglo xx y diferencia el devenir político de Colombia con respecto a los otros países latinoamericanos.

A finales de la década de los setenta, el fenómeno de la violencia se tornó más complejo. El narcotráfico hizo su irrupción y logró penetrar en forma paulatina las distintas esferas de la vida social, incluso las guerrillas, especialmente las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC),3 se beneficiarán más tarde del auge de los cultivos ilícitos. Los primeros grupos paramilitares hicieron su aparición a principios de los años ochenta promovidos, al parecer, por narcotraficantes,4 como represalia al “secuestro y la extorsión de las guerrillas”.5 En un primer momento, las operaciones armadas de estos grupos tuvieron como blanco a las guerrillas izquierdistas; posteriormente, la violencia paramilitar alcanzó a otros grupos que consideraban base social o simpatizante de la insurgencia: organizaciones campesinas, oposición política de izquierda, dirigentes sindicales y sociales, organizaciones defensoras de derechos humanos.

En los años ochenta, el fenómeno guerrillero continuó en expansión. Esta década fue especialmente importante para las FARC. A partir de su Séptima Conferencia y en el Pleno de Comandantes, realizado entre los años 1982 y 1983, esa guerrilla va a decidir dar un viraje estratégico y convertirse en un “verdadero ejército revolucionario”, de carácter “ofensivo”. Pretendían, por esta vía, superar la fase de guerra típica de guerrillas, caracterizada por lo que Waldmann denominó hit and run, algo así como golpear y correr, dada la debilidad de las fuerzas insurgentes frente a los ejércitos profesionales.6 Las FARC venían librando una guerra de guerrillas desde sus orígenes en los años sesenta. La incorporación de la sigla EP (Ejército del pueblo) a su nombre original simbolizó su decisión de cambio; desde entonces se autodenominaron FARC-EP. Producto de este giro estratégico y de las fuentes de financiación disponibles, sus frentes crecieron de manera significativa7 con respecto al estancamiento mantenido en las décadas de los sesenta y los setenta.8

Sin embargo, para ese momento, ningún colombiano pensaba que el país estuviera en el “umbral de una guerra civil”.9 También en esta década “el terror político de derecha hizo su entrada en escena”.10 En estos años se inició un proceso sistemático de exterminio contra dirigentes sindicales, líderes estudiantiles y defensores de derechos humanos. El caso más representativo fue el exterminio de la Unión Patriótica (UP).11 Quienes ejecutaron el exterminio fueron “reclutados de grupos de narcotraficantes y paramilitares”, y aunque las guerrillas emprendieran acciones parecidas contra dirigentes de los partidos Liberal y Conservador, el número de víctimas no fue similar.12

Pese a los acontecimientos señalados, el conflicto armado y su duración todavía no eran objeto de atención por parte de la opinión pública, en tanto otros sucesos atraían más su interés.13 Al mediar la década de los ochenta, grupos de narcotraficantes, mediante la práctica sistemática del terror, centraron la atención del público. Estas organizaciones emprendieron acciones indiscriminadas y selectivas contra funcionarios del alto Gobierno, jueces y policías, buscando doblegar al Estado a favor de sus propios intereses.14 Tres candidatos a las elecciones presidenciales de 1990 fueron asesinados, en una macabra confluencia de intereses de mafias del narcotráfico y grupos de paramilitares, con la anuencia de algunos sectores de las Fuerzas de Seguridad del Estado.

2. LAS NEGOCIACIONES DE PAZ, ENTRE LA ESPERANZA Y EL DESENCANTO

Ya desde el año 1982, durante el gobierno de Belisario Betancur, se había puesto en marcha una serie de iniciativas de diálogo y negociación, tendiente a poner fin a la “violencia propiamente política”, es decir, aquella que provenía de grupos alzados en armas contra el Estado legítimamente constituido y que podía ser resuelta mediante este mecanismo.15 Estas iniciativas fueron, en general, bien recibidas por el público, sobre todo en períodos electorales; una vez instalados los diálogos, la opinión ha sido propensa a desilusionarse ante los escasos resultados de los mismos.16

Los analistas del conflicto atribuyen los escasos resultados de las negociaciones de paz a varias causas: estos procesos fueron asumidos, incluso por los distintos gobiernos, como un movimiento táctico, tendiente a mejorar la posición de las partes en el conflicto, de tal modo que después de los diálogos de paz sobrevino un reacomodamiento de sus actores.17 La improvisación, el mal diseño y la concepción de la estrategia de negociación18 puesta en marcha por los distintos gobiernos han sido señalados como otro obstáculo para el avance de las conversaciones de paz.19 Los procesos de diálogo, una vez emprendidos, encuentran resistencias en sectores de derecha que suelen aparecer como “enemigos de la paz”,20 cuando consideran que cualquier avance en la mesa de negociación significa una concesión excesiva a la guerrilla en detrimento de sus propios intereses (concepción minimalista de la paz). Otra contribución al fracaso de los diálogos son las pretensiones maximalistas de la guerrilla en términos de paz. En una visión cercana a las teorías de la violencia estructural, estas organizaciones creen que a la paz se llega sólo cuando el país haya superado los problemas de pobreza y exclusión social.

Consecuentes con esta visión, las FARC presentaron, en las negociaciones de paz adelantadas entre los años 1998 y 2002, una agenda de cien puntos que versaba sobre los más diversos temas, incluida una reforma agraria y modificaciones al modelo de desarrollo económico imperante. Muchos de los temas de la agenda eran imposibles de realizar en el corto y mediano plazo, superaban las posibilidades de un gobierno elegido por un período de cuatro años y desconocían el ciclo electoral.

No obstante, los diálogos de paz emprendidos en los años noventa arrojaron algunos resultados: la desmovilización del Movimiento 19 de Abril (M-19), el Ejército Popular de Liberación (EPL), el Quintín Lame,21 el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y la Corriente de Renovación Socialista (CRS). Con los primeros cuatro grupos se desmovilizaron cuatro mil personas.22 No obstante, en la interpretación de Malcolm Deas, estos resultados fueron rápidamente olvidados.23

Pero la desmovilización de esas guerrillas no trajo consigo la paz. Otras organizaciones que no se incorporaron a la vida democrática, en particular las FARC (guerrilla más numerosa), continuaron expandiéndose hacia nuevas zonas entre 1993 y 1997. Para el año 1998, este grupo realizaba operaciones en una porción significativa de los municipios colombianos, mientras el Ejército de Liberación Nacional (ELN) fortalecía su presencia en varias regiones, especialmente en el Magdalena Medio y Arauca.24 Las FARC, mediante acciones de aniquilamiento a la fuerza pública, daban evidencias reales de su decisión política de avanzar hacia una nueva fase de la confrontación militar, la guerra de posiciones o de movimientos.25

Así mismo, afirma Pécaut, desde el año 1993, los paramilitares dejaron de ser pequeños grupos para convertirse en una “verdadera fuerza” e iniciaron la guerra por recuperar el control de las regiones de Córdoba y Urabá.26 El departamento de Córdoba27 había sido dominado en la década pasada por el EPL; la subregión de Urabá28 fue, en los años ochenta, bastión de las FARC y epicentro del enfrentamiento de esa organización con el EPL y, posteriormente, con los grupos paramilitares. Los sindicatos bananeros quedaron en medio de esta guerra, unos influenciados por el EPL, otros por las FARC. La autodenominación de los grupos paramilitares en esas regiones, Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), da cuenta de esa reconquista y del dominio territorial que adquirieron. Así mismo, de su intento por avanzar en su organización y coordinación política.

En el año 1998 culminó el mandato de Ernesto Samper Pizano. Este gobierno enfrentó una crisis de legitimidad, ocasionada por el llamado “Proceso 8.000”,29 escándalo político que involucraba de manera directa al presidente por haber permitido que los dineros del narcotráfico financiaran su campaña presidencial. En marzo de 1996, el Departamento de Estado de Estados Unidos descertificó al país, y posteriormente, luego de que la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes de Colombia absolviera al presidente de cualquier responsabilidad en el escándalo (absolución ampliamente cuestionada también en el ámbito interno), aquel país decidió, en julio de ese mismo año, suspender la visa al mandatario.30

Durante la crisis del gobierno de Samper, las guerrillas aprovecharon la coyuntura para fortalecerse. Fueron cuatro años sin diálogo y negociación, algo inusual desde 1982. Tanto las FARC, como el ELN, habían hecho explícita su intención de no tener diálogos con Samper, administración que calificaban de “narcogobierno”,31 carente de “legitimidad”.

En este contexto de escalonamiento de la guerra, los colombianos eligieron a Andrés Pastrana Arango, político conservador, hijo del expresidente Misael Pastrana Borrero.32 El acontecimiento que desencadenó su triunfo fue la declaración pública de las FARC de querer volver a la mesa de negociación, en caso de que éste resultara elegido. El voto de los colombianos en esta ocasión fue sin duda un voto a favor de la paz (del diálogo conducente a ella). Que esta organización armada se mostrara dispuesta a entablar conversaciones después de cuatro años de estar suspendidas, manifestaba su interés por oxigenarse políticamente después de sus éxitos militares.33

Sin embargo, el guiño de las FARC a Pastrana Arango, en la interpretación de Alfredo Rangel, constituía una desautorización a Serpa Uribe como defensor de la paz. El analista en temas de seguridad y defensa se preguntó por el origen de esa descalificación a Serpa e intentó explicar la posición del grupo guerrillero de cara a las elecciones presidenciales que se acercaban, y en tal sentido afirmó:

Es probable que hayan [las FARC] descalificado a Serpa porque como poder real que se sienten —y son— en el país, estimen que su interlocutor debe ser un verdadero representante del otro poder, que cuente con toda la confianza y el respaldo del establecimiento y de las fuerzas militares, y Serpa, la verdad, no los tenía […] Para Rangel, la decisión de las FARC, no obstante su “tufillo elitista”, respondió al más “crudo realismo político”.34

Para el exconsejero de paz Jesús Antonio Bejarano,35 las intenciones del grupo guerrillero eran difíciles de interpretar; sin embargo, para él, las FARC, con su comportamiento político, estaban dando indicaciones contundentes de que con Horacio Serpa las negociaciones serían más complejas, pues no les generaba credibilidad ni confianza. “¿Por qué? Habría que averiguarlo”.36

3. EL FRACASO DEL PROCESO DE PAZ Y EL ASCENSO DE ÁLVARO URIBE VÉLEZ