El pensamiento económico del reformismo criollo

A mediados del siglo xviii, con la obra de Montesquieu, se introduciría una corriente que desde finales del xix sería bautizada como “utilitarismo neomercantilista”. El neomercantilismo enfatizaba el papel civilizador del comercio y la utilidad común concebida como un conjunto de obligaciones recíprocas, anclada todavía en las esencias del Antiguo Régimen, en lugar de abogar por el simple individualismo; utilitarismo del que se extraen consecuencias para la filosofía y el gobierno, que a su vez ha de asumir la tarea de promover el fomento económico y contempla la persecución de la felicidad por los individuos. Ese “utilitarismo neomercantilista” enlaza con la vertiente colonial del programa colbertista en cuanto este alienta el desarrollo dirigido de la agricultura en ultramar y la colonización, para ello, de nuevos territorios, a fin de alimentar el volumen de intercambios y la acumulación de ingresos mercantiles y fiscales en manos del Estado, base de su grandeza. José Enrique Cobarrubias ha analizado sus fundamentos programáticos y su adopción —y adaptación— en la Nueva España, asociándolos a la colonización del norte por Escandón (Nueva Santander), entre otros, y a las ideas defendidas por el visitador José de Gálvez sobre los proyectos para la Alta California, propuestas que se completarían en la época del virrey Bucarelli con políticas asistenciales y la difusión de saberes útiles. En cuanto al pensamiento “utilitario”, Covarrubias señala las figuras de Juan Benito Díaz de Gamarra y de José Antonio de Alzate; del primero destaca sus ideas próximas a las de Feijoo, pero también la similitud con los principios de Antonio Genovesi (Cobarrubias, 2005).

A efectos de identificar la transición al liberalismo, desempeñó un papel más destacado el llamado “mercantilismo liberal”, aparente contradicción de términos que encierra la liberalización de las prohibiciones y las exclusividades comerciales, monopólicas. El “mercantilismo liberal” comenzaría a despuntar en Inglaterra y alcanzaría difusión a medida que se extendían las críticas hacia las compañías privilegiadas y se percibían sus desventajas. Antonio Genovesi sería uno de sus difusores mejor aceptado en la Europa meridional y a través de España en los dominios de América. Si algún eco trasciende del pensamiento de Adam Smith, las ideas que prevalecen son las sustentadas por Genovesi y otros autores tenidos por menores o por divulgadores en el panorama intelectual europeo del xviii.

El “mercantilismo liberal”, diferenciado del colbertista, que se definía por la exclusividad, vendría a ocupar un pensamiento intermedio entre el fomento de la agricultura en las colonias, convertidas en mercados reservados de las metrópolis, con un comercio reglamentado por el Estado y administrado mediante compañías privilegiadas, y esa misma función de los territorios de ultramar, pero basada esencialmente en el interés de los agentes económicos y la libre circulación de mercancías, como sostendría la economía política “clásica”, liberal. Con la finalidad de auspiciar la afluencia a Europa de materias primas y de alimentos a bajo precio, y de conseguir simultáneamente la extensión de los mercados para los productos de la metrópoli, debían crearse las condiciones para la expansión de la producción agraria y de la población de las colonias, sin renunciar, en consecuencia, al monopolio mercantil de la metrópoli. El plan incluía abrir los puertos de uno y otro lado del Atlántico al comercio interno del imperio, que implicaba dejarlo en manos particulares, lo que con una expresión equívoca se llamó comercio libre (Llombart, 1992, pp.117-118).

En la práctica mercantilista clásica de las potencias europeas que no tuvieron acceso a las regiones mineras, en la reformulación colonial colbertista, en el llamado “utilitarismo neomercantilista”, en el “mercantilismo liberal”, la expansión de la producción agraria destinada al comercio trasatlántico se convirtió en un objetivo preferente. Para llevarlo a cabo, se hacía preciso un aumento de la población de las colonias mediante la emigración europea y la mejora de las condiciones para lograr un crecimiento vegetativo sostenido. No obstante, el modelo de plantaciones en el trópico y zonas subtropicales introducía una variante singular: la emigración forzada en calidad de esclavos de centenares de miles de ellos, de millones en medio siglo.

Fue frecuente —y subsiste entre algunos historiadores— identificar estas políticas con la fisiocracia, interpretada como una mera reorientación de la acumulación de metales y del intervencionismo que promovía las manufacturas para la exportación y, con ello, la acumulación de superávits comerciales, sustituidos por una atención preferente hacia la agricultura, creadora sostenible de riqueza y base de la expansión de la población. Hace tiempo se llamó la atención sobre el equívoco. En la historiografía española lo señalaron Ernest Lluch y Lluís Argemí en su libro Agrarismo y fisiocracia en España, cuando nos recordaban que las ideas resumidas por nosotros en los párrafos precedentes formaban parte de las ideas agraristas que se extendieron durante el siglo xviii, mientras la fisiocracia —una variante del agrarismo— implicaba un determinado sistema cerrado de ordenación económica y política que apenas llegó a ser sostenido por una escuela de pensadores (Lluch y Argemí, 1985).

En la América del último tercio del setecientos y la primera década del ochocientos circularon ideas que reaccionaban en contra de los monopolios exclusivos de la metrópoli, plagados de reglamentaciones y de privilegios que encarecían los precios y dificultaban los intercambios comerciales.3

Asientos, compañías privilegiadas, consulados reforzados en su aspecto jurisdiccional, grandes intereses agremiados, itinerarios mercantiles casi imposibles y muy costosos, todo cuanto representaba el antiguo mercantilismo perjudicaba las manufacturas de la propia metrópoli al condicionar la adquisición de materias primas y limitar sus mercados, y de otro lado restringía la expansión y la prosperidad de las colonias en una época en la que se sucedían las novedades en el mundo atlántico. Son los tiempos de la prosperidad de las Indias Occidentales británicas y la todavía más prodigiosa de las Antillas francesas, de los intercambios de colonias por conquistas que se libraban en el mar Caribe y en sus costas próximas, de las protestas de los colonos franceses de Saint-Domingue que arrancaron en 1767 a su metrópoli el exclusif mitigé, de la independencia de las Trece Colonias y la apertura limitada al comercio con ese nuevo e inesperado aliado de la monarquía española, con la que los franceses contrabandearon cuanto pudieron después de la formación de los Estados Unidos, del incremento de la demanda en Europa de los frutos tropicales, de la revolución francesa en el Caribe y de la revolución de los esclavos en Haití, de las guerras napoleónicas que a partir de 1796 abrieron los puertos hispanoamericanos al comercio con aliados y neutrales por espacio de dos décadas.

La emergencia y el desarrollo de un pensamiento crítico con los privilegios, prohibiciones y restricciones de diferente grado, abierto al fomento agrícola para la exportación que impulsara el comercio en general e insertara por fin, o lo hiciera de manera plena y decidida, a las economías americanas en la economía mundial predominante que se articulaba en torno al atlántico norte, en el capitalismo que asistía al nacimiento de las sociedades industriales y a la expansión del comercio como nunca antes se había conocido, tuvo lugar en diferentes ciudades del imperio español por los mismos años, con argumentos coincidentes en muchos casos, con matices claros en otros. La presentación de estas ideas tiene cursos diferentes. Así, por ejemplo, encontramos a un sujeto, Juan Francisco Creagh, natural de Santiago de Cuba, en cuyo cabildo ocupa el cargo de regidor, que había hecho del contrabando su actividad ordinaria, por lo que llegó a ser apresado y confinado en la villa de Trinidad, de la que logra escapar para refugiarse en la corte española. Una vez en Madrid, después de recibir el nombramiento de apoderado del ayuntamiento al que pertenecía, el 13 de junio de 1788 elevaba al rey una representación en la que solicitaba para Santiago de Cuba la más amplia libertad de entrada de esclavos exentos del pago de derechos, así como de herramientas para la agricultura y útiles destinados a la fabricación del azúcar, entre otras peticiones dirigidas al fomento de la agricultura y la liberalización de las exportaciones (Marrero, 1984, p.11).

Creagh se esforzaba en conseguir para la región oriental de Cuba las gracias que poco antes, en 1786, se habían reconocido a Santo Domingo y que también pretendían los habaneros. Pero Creagh iba más lejos al esperar que fueran reconocidas como legales las prácticas a las que se dedicaban muchos de sus paisanos comerciantes, un libre comercio avant la lettre. En 1791 lo encontramos entre los suscriptores de un tratado de legislación con los títulos de “Abogado y Regidor de la Isla (sic) de Cuba, y su Diputado” (Pérez y López 1791, la lista la encabeza Antonio Porlier, ministro de Gracia y Justicia).

Hay tres elementos que contribuyen a explicar la coincidencia temporal en la expresión y difusión de estas ideas a las que hacemos referencia: a) las consecuencias de las disposiciones dictadas por la Corona; b) el momento en el que se encuentran los intereses económicos locales y las expectativas de su promoción; y c) debemos añadir, además, un aspecto institucional: los síndicos de los consulados de comercio fueron algunos los principales receptores y difusores —y adaptadores— de las teorías agraristas y del llamado “mercantilismo liberal” en las décadas que transcurren de 1790 a 1810, asimismo enseñadas en las universidades después de las últimas reformas de la década de 1780. La circulación de ideas quedó reforzada en algunos casos por el conocimiento personal o la coincidencia temporal de varios de sus portavoces en la corte o en otras ciudades de la monarquía.

En la denuncia de los monopolios y privilegios mercantiles se forma el pensamiento del americano libre que poco después reclamará asumir en sus manos su destino. Pero la secuencia no es directa, inmediata, ni todos los que abogan por libertades comerciales y económicas seguirán la deriva de la ruptura con España. Ni siquiera todos los principales ideólogos de esta crítica fueron criollos, sino que hallamos no pocos funcionarios peninsulares en las reales audiencias, intendencias y universidades que sostienen principios semejantes, considerando la necesidad de la reforma de la monarquía y su prosperidad, que obviamente se unen a la prosperidad y la felicidad de los “españoles americanos”.

Con variaciones en las ideas expresadas por los autores y entre regiones, en la época referida encontramos una expresión de reformismo económico criollo o criollizado en Manuel Belgrano y Mariano Moreno, en el Río de la Plata; en Victorián de Villava, en Charcas; en Miguel de Salas y José Joaquín de Mora, en Chile; en Miguel de Lastarría, en Perú; en Antonio de Nárvaéz y José Ignacio de Pombo, en Nueva Granada; en Francisco de Arango y Parreño, en Cuba; en Antonio Sánchez Valverde, en Santo Domingo, etcétera. Fuera del imperio español, con las oportunas diferencias, encontramos algo semejante en el martiniqués Moreau de Saint-Mery o en los colonos franceses de Saint-Domingue que abogan por su autogobierno parcial. Propuestas similares parecen encontrarse en otras realidades coloniales. El caso de Brasil apunta en esa dirección y, al igual que sucede en el caso hispanoamericano, los precedentes que abogan por las reformas se suceden desde comienzos del siglo XVIII, en un discurrir paralelo de imperios disímiles con problemas comunes cuyo estudio comparado apenas ha avanzado.

Por pensamiento económico del reformismo criollo entendemos un estado de opinión tejido de nuevas ideas económicas que beben del “mercantilismo liberal” y el agrarismo, que son adoptados, adaptados y también reelaborados y enriquecidos a la luz de las condiciones de la América colonial, de prácticas corporativas cuyos intereses se expresan en representaciones y memorias, y de controversias acerca de las políticas económicas dictadas por la monarquía. En ese sentido, se distancia de la alta teoría, de los ensayos de economía política de raíz europea, aunque por otra vía, en las condiciones del imperio español de América en el que centramos la principal atención, forma un corpus de principios, análisis y deducciones que corresponden al nacimiento de la economía política en Hispanoamérica y de los principales territorios que la conformaban.

Desde una perspectiva eurocéntrica, los autores que comprendemos en la citada denominación, los reunidos en esta obra, los citados y otros que podríamos añadir, serían meros receptores y difusores de las doctrinas elaboradas en Europa. E incluso, desde una concepción académica restringida, algunas representaciones, determinados proyectos de expansión de uno u otro sector económico, las controversias entre sectores mercantiles expresadas por consulados y otros ajenos a estos debieran quedar fuera de la noción de “pensamiento”, reservada a las ideas estructuradas y expuestas conforme a criterios formales comúnmente aceptados. Desde la perspectiva de la decolonialidad es posible encontrar una lógica expositiva vinculada a las necesidades de cada realidad regional americana —y por su dependencia de un mismo poder imperial, también común—, cuya finalidad última es persuadir a las autoridades de la monarquía de la conveniencia de ciertas políticas y cuya utilidad beneficiaría tanto a los habitantes de las colonias como a la hacienda real y al comercio en general. La ciudad letrada criolla, al igual que reelabora los principios del iusnaturalismo, del derecho natural y de gentes, adecuándolos a las necesidades locales, y para hacerlos más aceptables los tamiza pasándolos por los filtros de la cultura establecida, política y religiosa, dentro de las condiciones en la que se desenvuelve auspicia un modo de pensar los problemas y las soluciones económicas: lleva a cabo una adopción fragmentada de ideas, proporciona un modelo original de contribución a la economía política que unas veces descansa en la crítica de privilegios y prohibiciones, en un sentido liberalizador, y en otras llega más lejos al elaborar un modelo de economía colonial inserta en el mundo mercantil-industrial del incipiente capitalismo y es capaz de articular empresa, mecanización y conservación, y potenciación del trabajo esclavizado.

Este pensamiento “criollo” —eminentemente criollo, aunque, como venimos señalando, compartido también y a veces alentado por funcionarios españoles confrontados con la realidad americana desde sus empleos en la intendencia, la fiscalía de la audiencia o la universidad—, es un pensamiento práctico, conocedor de la teoría económica en grado variable pero menos interesado en una determinada doctrina concebida como cuerpo cerrado que en su utilización como fuente y como autoridad, subordinada siempre a la resolución de situaciones concretas en una coyuntura —o varias sucesivas— en las que el mercantilismo basado en la exclusividad resulta francamente insuficiente. En consecuencia, casi siempre adopta una posición comprensiva hacia los intereses de la monarquía y a la vez se muestra crítico con las inercias, la defensa de los intereses consolidados por grupos de voluntad monopólica y las reformas emprendidas que juzga desacertadas, etcétera. Sus diagnósticos no implican una evaluación del modelo colonial en su conjunto o del agotamiento de políticas que no hayan sido previamente abandonadas o al menos discutidas por las mismas reformas. Sin embargo, las reflexiones, incluso en memoriales y representaciones, suelen aportar antecedentes, una exposición de las condiciones críticas que se desean superar y propuestas que han de ser leídas a la luz de los nuevos tiempos y de la creación de riqueza por procedimientos distintos de los establecidos.

La obra que presentamos se enmarca en el acercamiento a esta realidad intelectual. El lector advertirá la pluralidad de enfoques de las contribuciones, en gran parte debido a la diversidad de aportaciones de los casos estudiados: desde autores con una obra identificativa —Luís da Cunha, Francisco Narváez, Sánchez Valverde, Arango y Parreño, Manuel Belgrano, Juan José Castelli, Manuel José de Lavard, Félix de Azara, Francisco de Herrera, Malaspina…—, a representaciones específicas en el contexto de un proyecto o un conflicto de intereses sectoriales, o la sistematización y popularización de la economía política a comienzos de la vida republicana, que implica un cambio de actitud de los receptores una vez superada la dependencia imperial.

En los últimos tres lustros, la historia del pensamiento económico latinoamericano relativa a los siglos XVIII y primera mitad del XIX ha conocido un impulso notable en comparación con épocas anteriores; no obstante, la privilegiada atención que ha merecido y continúa mereciendo la incidencia de los informes Kemmerer en las décadas de 1920 y 1930 y, sobre todo, la identificación del pensamiento económico de América Latina con el periodo de la postguerra y la creación de la CEPAL. Los estudios sobre el siglo XIX vienen a centrarse en la recepción de la economía clásica y en los debates sobre proteccionismo y comercio exterior. Los reducidos estudios sobre el siglo XVIII destacaban la recepción previa del mercantilismo y, en su caso, la formación intelectual en materia económica de algunos políticos y escritores relevantes en las respectivas historias nacionales. Los seminarios establecidos en varias instituciones, las monografías, las obras colectivas, han alumbrado un panorama sobre las ideas mercantiles, agrarias, fiscales y monetarias que ahora resulta mejor conocido, particularmente para el caso de México (Martínez y Ludlow, 2007; Martínez, 2009; Romero, 2009; Sánchez, 2014).

El camino recorrido en estos últimos trabajos ha resultado muy fructífero, a la vez que nos hallamos, según nos parece, lejos de alcanzar una meta plenamente satisfactoria. La presente obra se reclama en la citada dirección. Incursiona en el análisis de varios de los personajes y espacios antes mencionados; sus contribuciones se ocupan de los diagnósticos y planes de reforma formuladas por miembros de las élites criollas en primer lugar, pero también por funcionarios de las administraciones virreinales e intelectuales de la península ibérica, activos en ambos lados del Atlántico o que consideraron la importancia de las posesiones ultramarinas para los proyectos de renovación metropolitanos.

La primera contribución, de la autoría de Matilde Souto, analiza la coyuntura posGuerra de Sucesión y su impacto en Nueva España. La autora pone en el centro de su análisis la mirada de los grandes almaceneros de la ciudad de México sobre las consecuencias que tuvieron el Tratado de Utrecht y las primeras reformas de los Borbones, llevados al trono de España al iniciar el siglo.

A lo largo del siglo anterior, los grandes comerciantes “mexicanos” —muchos de ellos habían nacido en la península, puntualiza Souto, pero consideraban a Nueva España como su “patria económica”— habían afianzado su control sobre el comercio en el virreinato, el de las Filipinas, además de los intercambios con la capitanía general de Guatemala en su lado del Pacífico. Matilde Souto muestra cómo esta autonomía, juntamente con la complejidad del reino, hicieron difícil la introducción de grandes cambios. Estos traían consigo la presencia de ingleses no solo en el puerto de Veracruz, sino también en el interior del reino, comerciando sus mercancías y aun introduciéndose en el rescate de la plata, mientras que la regularización de las flotas hacía aumentar la llegada de barcos y mercancías vía Sevilla y Cádiz a Veracruz y otros puertos novohispanos. En las representaciones que funcionarios del Consulado de México elevaban al rey se hacía patente, observa la autora, la perspectiva americana del comercio atlántico y del Pacífico. Los almaceneros veían a ingleses y flotistas peninsulares por igual como “extranjeros” que “los desafiaban en su propio territorio”. En sus críticas y propuestas los miembros del consulado pedían disminuir el número de barcos que llegaban desde la península inundando al virreinato con mercancías: eran imposibles de “digerir”; y prohibir la internación tanto de comerciantes ingleses como españoles, así como la intromisión de los segundos en el “comercio con China”. La controversia entre las comunidades mercantiles mencionadas sobre el control del mercado novohispano, el comercio con Oriente, la producción y extracción de la plata, analizada por Matilde Souto, muestra intereses encontrados, resistencias a reformas y cambios introducidos a raíz de la última guerra, así como el desafío a monopolios creados en ambos lados del Atlántico.

Los orígenes del reformismo luso-brasileño se estudian en la contribución de Nelson Mendes Cantarino y Fernando Ribeiro Leito Neto quienes se enfocan en don Luís da Cunha, embajador de Portugal en diferentes cortes europeas, escritor de memorias y pareceres en las que este diplomático ilustrado compara políticas imperiales de otras potencias con las que estaba implementando la corte de Lisboa. Desde las últimas décadas del siglo xvii y primeras del xviii, haciendo uso de “la economía política como herramienta para la percepción de la realidad económica y como instrumento para la viabilidad de un proyecto de reforma”, da Cunha buscaba una “gran estrategia” que descansaría en la “prosperidad económica, la fuerza militar y el liderazgo político”. Objetivo de esta estrategia sería alcanzar la independencia política de la monarquía portuguesa frente a sus rivales externos que ejercían presión sobre ella. En dos escritos analizados por Cantarino y Leite —las Instrucciones Políticas de 1731 y el Testamento Político de los años cuarenta— don Luís hace un diagnóstico de las “sangrías” que estaba sufriendo el reino y propone remedios, muchos de ellos inspirados en una concepción mercantilista de la economía. Hace hincapié en la necesidad de una balanza comercial equilibrada, en el aumento de la población, en una creciente producción manufacturera, sobre todo de paños de lana de amplio consumo y en una mayor explotación de las tierras, tanto en la península ibérica como en los territorios de ultramar.

Insiste en la necesidad de hacer crecer la armada con el fin de una mayor defensa del comercio ultramarino. Critica la presencia de conventos y monasterios cuyos integrantes constituían una población improductiva, en su opinión, además de que estas instituciones sustraían capitales de la circulación e impedían inversiones en la producción agrícola, manufacturera y el comercio. Otros blancos de la crítica de Cunha eran el exceso de festividades que inducían a la población al ocio, así como el proceder de la Inquisición que había llevado al abandono del país por judíos y cristianos nuevos que llevaron consigo sus capitales, tan necesarios para el reino. Luís da Cunha, sostienen los autores, tenía una visión global del imperio portugués con sus factorías y posesiones en Asia, África y América. Especial atención debía poner la corona a Brasil, observa don Luís, por sus riquezas minerales y su diversidad de suelos que propiciaban cultivos comerciales muy rentables.

Guadalupe Pinzón trabaja en su artículo el tema de las pesquerías de perlas en las costas noroccidentales de Nueva España y los proyectos para su mayor aprovechamiento. Esta actividad de larga tradición en la zona era vista por funcionarios virreinales y por el visitador José de Gálvez como un posible impulso al desarrollo de las provincias de Sinaloa y Sonora, en conjunción con una mayor explotación de las minas de oro, plata y cobre. Se esperaba del aumento y de una mayor vigilancia de las navegaciones perleras un impacto positivo en los contactos marítimos, en el tráfico de cabotaje, en el crecimiento poblacional, con la fundación de poblaciones y puertos, y en los ingresos fiscales. La creación del Departamento Marítimo de San Blas obedecía a los objetivos mencionados, todos ellos enfocados a un mayor desarrollo de la zona, que a su vez facilitaría la defensa de las costas ante agresores externos, así como la pacificación de los indígenas de las provincias noroccidentales del virreinato. Diferentes modalidades de organización de la extracción de perlas son discutidas en el trabajo con base en correspondencia e informes: asientos, licencias y el proyecto de creación de una compañía comercial a semejanza de otras que se fundaron en el siglo en regiones periféricas de la América española. Como en otros proyectos de reforma, también aquí entraban en juego argumentos como “combatir el ocio” de la población, de crear riquezas para particulares y para el Estado.